Escribe Francisco Moreira
La cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus cambió la vida de toda la población. Sin embargo, existen enormes diferencias en cómo la viven los sectores populares y los empresarios. La falta de respuestas del gobierno y su complicidad con las patronales profundizan las críticas condiciones de vida de los trabajadores y los obliga a exponerse al contagio.
La pandemia irrumpió en medio de la crisis de los sectores populares. Para muchas familias el “quedate en casa” es imposible de cumplir en estas condiciones y son obligadas a romper la cuarentena. El año 2019 terminó con 16 millones pobres. Por eso en los barrios las colas a la intemperie para acceder a un bolsón de comida son de varias horas. En las villas viven cuatro millones de personas en condiciones de “hacinamiento crítico”, donde el 93,5% no tiene acceso a la red de agua corriente. Los trabajadores y sus familias son golpeados por los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Miles son empujados a seguir haciendo changas para sobrevivir o, quienes tienen empleos en negro, siguen siendo obligados a ir a trabajar, aun en actividades no esenciales. Son ellos quienes sufren los abusos policiales.
El contraste con la vida que llevan los empresarios durante la cuarentena es brutal e indignante. La cómoda vida en barrios privados no les ha impedido romper la cuarentena a gusto. Por ejemplo, Gustavo Nardelli, dueño de la agroexportadora Vicentín, fue encontrado junto a su esposa paseando en su yate de lujo por el río Paraná. Vicentín, en quiebra, adeuda, entre otros, al Banco Nación 300 millones de dólares. Otro caso es el del empresario de medios Marcelo Tinelli, quien no se privó de viajar a Esquel con su familia y utilizar un avión sanitario para abastecerse. El caso del empresario gastronómico rosarino Daniel Dutra es grotesco, violó la cuarentena quince veces y sigue en libertad.
El gobierno, con su doble discurso, viene avalando despidos, suspensiones y rebajas salariales, profundizando la crisis de las familias trabajadoras, presionadas para romper la cuarentena. El “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos no alcanza. Tampoco los bolsones de comida y todas las medidas necesarias para resolver todas las necesidades del pueblo trabajador. Por eso desde Izquierda Socialista exigimos una cuarentena sin despidos, suspensiones ni rebaja salarial. Reclamamos la triplicación del ingreso familiar de emergencia y un urgente plan de obras públicas. Para ello hay que crear un fondo de emergencia sobre la base de dejar de pagar la deuda externa y cobrar un impuesto de 10% a las grandes fortunas y a la facturación de las grandes empresas.
