Escribe Agustin Gigli, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad Esquel
 
El 21 de noviembre, en horas de la tarde, jóvenes de la comunidad mapuche se encontraban en el interior de la Lof Quemquemtrew, en la zona Cuesta del Ternero, cercana a El Bolsón, provincia de Rio Negro, cuando fueron abordados por dos personas de civil armadas que dijeron “estar cazando” en el territorio. Los peñi lamuen (hermanos de la comunidad) Elías Garay y Gonzalo Cabrera, desarmados, les pidieron que bajen las armas y en ese momento fueron acribillados a balazos a quemarropa. Los asesinos están ligados a terratenientes y mineras de la zona.
 
Elías Garay falleció en el lugar y Cabrera fue herido y permanece aún internado.  La comunidad permanecía rodeada por fuerzas de seguridad como la COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, creada por la policía de Rio Negro en el 2012) y la Gendarmería Nacional.

Los miembros de la COER reciben instrucción extrema para combatir “acciones de alta peligrosidad”, según serían sus objetivos, esto incluye, atacar distintas acciones del pueblo que lucha.  Este cuerpo de especialistas fue instalado por la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Rio Negro) hace dos meses en la ruta de acceso a la comunidad para custodiar los intereses de los hermanos Rocco (ver columna). Nadie podía superar ese control sin autorización policial, creando de hecho un sitio a la comunidad que no recibía ni alimentos. Un tiempo después también aterrizó la Gendarmería Nacional enviada por Aníbal Fernández, ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. O sea, el asesinato se llevó a cabo en una comunidad cercada por las fuerzas represivas provinciales y nacionales, y con controles aéreos por drones. Nada de lo que ocurría en su interior era ignorado por esas fuerzas, que “permitieron” el ingreso de “cazadores”. Es fácil inferir que liberaron el movimiento de los asesinos. Querían escarmentar el reclamo de los pueblos mapuches sobre el territotio que les pertenece y que nunca fue relevado por la gobernadora (ver recuadro) para no afectar los intereses de los empresarios.

Todos los partidos políticos tradicionales, tanto nacionales como provinciales, difunden lemas y consignas que estigmatizan a las comunidades originarias, tildándolos de “terroristas” y “violentos”. Entre los más perseguidos, reprimidos y abandonados se encuentran Los Tobas (Qom) y los Wichí en el norte, y las distintas comunidades mapuches en la Patagonia. Los conflictos más fuertes se vienen desarrollando en la zona de Vaca Muerta en Neuquén; en cercanía del Lago Mascardi (próximo a Bariloche) donde el grupo Albatros de la Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel; en el Pu Lof Cushamen en Chubut donde la gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en 2017; y en los últimos meses en las cercanías del Bolsón (Río Negro) donde mataron a Garay. Todas estas acciones represivas, ordenadas por los gobiernos de distinto signo, buscan disciplinar a pueblos originarios y evitar entregarles las tierras que les pertenecen (según la Ley 26.160) para poder desarrollar su economía, alimentarse y vivir según su cultura ancestral. Estas tierras son avasalladas por los grandes empresarios beneficiados para que sigan con la deforestación y la mega minería de oro ,plata y litio, liquidando los reservorios de agua dulce, para negocios inmobiliarios y emprendimientos turísticos para los ricos. Es una pelea a muerte por la tierra y sus riquezas. Los gobiernos y sus fuerzas represivas cuidan los intereses de los Benetton, Lewis, Zorreguieta, Emiratos Árabes, Roemmers, Burco, el Arzobispado de San Isidro y muchos más. Todos los gobiernos son los principales responsables de este hostigamiento.
 
Juicio y castigo a los asesinos

A solo cuatro días del crimen de Elías Garay, tanta fue la conmoción, el repudio y las acciones que se realizaban y preparaban en distintos puntos del país que el gobierno de Rio Negro decidió “encontrar” a los autores. Se trata de dos asesinos vinculados a la explotación maderera de la familia Rocco y a empresas mineras. Es decir, los grandes empresarios se quedan con las mejores tierras y luego asesinan a sangre fría con total impunidad a quienes pelean por un pedazo de tierra para sobrevivir.

Exigimos para ellos juicio y castigo con cárcel perpetua. Exigimos también que se investigue la cadena de responsabilidades políticas de alto nivel que permitieron el ingreso de estos asesinos y los fines “aleccionadores” que perseguían. Reclamamos el cese de las campañas de odio racista, que intentan crear un “enemigo interno” y militarizar la región de un lado y el otro de la cordillera para seguir saqueando y explotando el territorio en beneficio de un grupo minoritario de ricos y multinacionales.

Apoyamos incondicionalmente la lucha de los pueblos originarios por sus tierras, y seguiremos siendo impulsores de las acciones de solidaridad con esa justa lucha porque es parte de defender las riquezas para que sean usufructuadas por el pueblo trabajador y los pueblos originarios.