Jul 15, 2020 Last Updated 7:32 AM, Jul 15, 2020

Escribe Nicolás Nuñez, legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 9 de junio Liberpueblo, el organismo de derechos humanos impulsado por el Partido Comunista Revolucionario, hizo pública su definición de romper con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ). Lo hizo a través de una carta donde tergiversa la trayectoria reciente del espacio.

El EMVJ se creó al cumplirse veinte años del inicio de la dictadura cívico-militar y, desde ahí en adelante, se constituyó en una referencia no solo para las masivas convocatorias de cada 24 de marzo, sino también en la pelea en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. Fue este espacio el que levantó reclamos importantísimos, como el de la aparición con vida de Julio López y de Luciano Arruga, durante los gobiernos kirchneristas; el repudio a la designación del genocida César Milani a cargo del Ejército, y sostiene, además, una militancia firme y constante para que avancen los juicios contra los milicos superando las trabas que ponen la Justicia y los gobiernos.

Asumido el gobierno de Alberto Fernández, esta orientación de lucha independiente chocaba naturalmente con la nueva ubicación que asumió el PCR al incorporarse al Frente de Todos, primero, y al gobierno nacional, después. Para muestra, basta ver la página oficial de Liberpueblo, donde no hay ninguna mención al ciberpatrullaje, a la desaparición y asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, a la golpiza y abusos que sufrió la comunidad Qom en Chaco, al espionaje a los mineros de Andacollo en Neuquén ni a la represión de los trabajadores del frigorífico Penta. ¿Cambió el EMVJ como dice el PCR en su comunicado? ¿O más bien cambió el PCR, que ahora tiene funcionarios gubernamentales y diputados y oculta la represión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales? La realidad es clara.

El EMVJ ante Macri

El centro del razonamiento del PCR es que durante el gobierno de Macri el EMVJ se achicó y se hizo más sectario. Para eso se vale de argumentos como que se retiraron organizaciones y que el Encuentro no habría señalado ni comprendido la verdadera gravedad que tuvo la represión durante el gobierno de Cambiemos. Veamos.

Es cierto que algunas organizaciones se retiraron del Encuentro en ese período, pero fueron aquellas que, como Patria Grande, se adelantaron al PCR en su incorporación al kirchnerismo y, por lo tanto, era natural que se separen de un espacio que mantiene independencia de todos los gobiernos. En contraposición, en este período terminaron de cristalizarse dentro del EMVJ otras organizaciones importantes, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), de Pérez Esquivel. 

A su vez, que el EMVJ no tuvo una posición sectaria lo demuestra el impulso de unidad de acción con organismos kirchneristas para enfrentar el otorgamiento del 2x1 a los genocidas, o para movilizarse una y otra vez acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Al calor de esas peleas, el EMVJ llegó a definir en sus documentos que Cambiemos impulsaba un agravamiento cualitativo en la situación represiva y el intento de fortalecer el aparato represivo del Estado. Por eso, cada declaración tuvo como centro la denuncia del accionar del gobierno nacional. De hecho, en las consignas del 24 de marzo de 2019 el PCR vetó denunciar a los gobernadores provinciales que reprimían y se terminó consensuando, para mantener la unidad, la fórmula elíptica de denunciar a los cómplices de Macri”. No hubo ninguna imposición sectaria ni política rupturista ni búsqueda de uniformidad política”, como miente el PCR.

Una ruptura que es una nueva capitulación

Es real, como dice el texto de Liberpueblo, que en los últimos años se agudizaron los debates dentro del EMVJ. Pero esto no se debió a una transformación sectaria, sino al giro político properonista que fue tomando el PCR. El razonamiento de este partido maoísta tiene el mismo error de método de alguien que, arriba de un tren en movimiento, piensa que es el paisaje que ve por la ventana lo que se mueve y no el propio tren. El Encuentro sigue firme en sus principios de lucha, quien se desplaza es la locomotora de capitulaciones del PCR, que tiene una larga trayectoria en esa dirección.

Desde su apoyo al gobierno de Isabel Perón en los tiempos de la Triple A a su activa militancia a favor del triunfo de Carlos Menem, hasta su acercamiento al gobierno de Néstor Kirchner para luego hacerse “anti-K” y hacer acuerdos con Francisco De Narváez. Y ahora su retorno al redil del peronismo da cuenta de la “elasticidad” de esta organización que se dice comunista y revolucionaria. La premisa maoísta de que hay que buscar un sector burgués nacional progresivo lo ha llevado a chocar una y otra vez contra la pared, pero jamás a revisar sus preceptos.

Rechazamos los ataques y las mentiras de quienes quieren encubrir una nueva capitulación. Defendemos la trayectoria y el presente de lucha independiente de todos los gobiernos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sostenemos que tiene y tendrá un lugar importantísimo en la lucha por frenar la represión que obligadamente intentará aplicar el gobierno de Fernández para hacer pasar el ajuste. Así como también en la pelea por lograr que los genocidas vayan presos y terminar de una vez con la impunidad de ayer y de hoy.

 

Este viernes 12 de junio a las 11 horas vamos a la Embajada de Uruguay (Arenales 1.392, CABA) para exigir la inmediata libertad de Sebastián Romero (PSTU), detenido en Uruguay desde el 30 de mayo.
El pedido de extradición de Romero fue enviado a la Cancillería Uruguaya por eso vamos a reclamar su pronta resolución y su libertad inmediata.
Junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia va a estar presente el legislador electo de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Nicolás Núñez.

Núñez señaló: “Exigimos la extradición e inmediata libertad de Romero quien fue procesado por participar de las jornadas de lucha del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra el robo jubilatorio del gobierno de Macri que contó en aquella oportunidad con el aval y los votos de senadores y diputados del peronismo. Romero está preso por luchar siendo víctima de una campaña por demonizar a los luchadores y a la izquierda. Exigimos su inmediata libertad y el desprocesamiento de todos los luchadores”.

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Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con una coordinación llamativa, saltaron a la luz denuncias contra el accionar de actividades de espionaje llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri que involucran directamente a Gustavo Arribas, quien estaba a cargo de la AFI, y a agentes ligados a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta información surgió del testimonio de un narcotraficante "arrepentido” que habría sido contratado por la AFI para poner una bomba y realizar tareas de espionaje y a partir de que la nueva gerencia de la AFI habría encontrado carpetas y computadoras con pruebas y listados. 

En ese marco se divulgó un hecho gravísimo, que es que el gobierno de Macri no sólo espiaba a opositores peronistas, sino también a más de cuatrocientos periodistas y organizaciones de izquierda. Los informes que se conocieron son en torno de la cumbre del G20 que se hizo a fines de 2018, cuando vinieron Trump y presidentes de todo el mundo. Para ese evento se gastaron 1.500 millones de pesos en el dispositivo de seguridad. Ahora se supo que, como parte de ese operativo, se hicieron seguimientos ilegales a periodistas y la izquierda. Infiltraron una reunión convocada por los compañeros del PTS para recabar información. Incluso, en la ficha aparece el PTS como en “observación progresiva”, o sea, no empezó ni terminó ahí la investigación. Asimismo, se revelaron operaciones en comedores barriales, donde también hicieron tareas de espionaje sobre el MST. 

Todo esto formó parte del intento de fortalecimiento del aparato represivo que impulsó el gobierno macrista, que incluyó el encubrimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la “doctrina Chocobar” y, también, un accionar ilimitado de los servicios de inteligencia.

Una continuidad del espionaje kirchnerista

El kirchnerismo ahora se rasga las vestiduras frente a estas revelaciones, pero la realidad es que desde el gobierno de Néstor Kirchner se hizo uso y abuso del Proyecto X, espionaje ilegal a cargo de la Gendarmería, que fue en particular usado contra los luchadores obreros y populares y la izquierda. Fue Horacio Verbitsky quien precisó que Aníbal Fernández fue el que lo puso en funcionamiento. El mismo Aníbal Fernández que metió preso a nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero con denuncias falsas por un incendio de trenes. También se dio el caso de Américo Balbuena, un infiltrado de la Policía Federal en los medios de comunicación independientes. Y no olvidemos que pusieron al jefe del espionaje del Ejército, y genocida, César Milani, a cargo de esa fuerza, y le dieron un presupuesto enorme para tareas de “espionaje estratégico”. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández se mantienen esas prácticas. Apenas asumió se detectó un infiltrado en una asamblea de trabajadores del INTI, y más recientemente Gendarmería espío a los mineros de Andacollo. A eso sumemos el “ciberpatrullaje” de las redes sociales que impulsa la ministra Frederic. Son tareas de vigilancia y espionaje que se combinan con los hechos represivos gravísimos que estamos viviendo. Como la desaparición y muerte de Luis Espinoza en Tucumán y el violento ataque a la comunidad qom en Chaco, donde aún ningún policía fue detenido.

Desmantelar el aparato represivo

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. En lo inmediato, también exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo el país. Basta de abusos policiales en los barrios populares. Cárcel a los asesinos de Luis Espinoza y a los policías que agredieron salvajemente a la familia Qom en Chaco.   

Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste. Hoy en todo el mundo, a partir de la rebelión en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, está creciendo un movimiento muy progresivo que denuncia la violencia racial, pero también los atropellos policiales a escala planetaria.  

Tenemos que tomar ese impulso para frenar el espionaje y la represión a los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Nicolás Núñez
Legislador electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

En el marco de una causa de espionaje ilegal perpetuado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri aparece un listado de 500 periodistas afectados y organizaciones de izquierda, entre ellas PTS que integra el Frente de Izquierda Unidad. El informe de inteligencia fue construido en base al accionar de un agente infiltrado en convocatorias de trabajadores en la víspera de la llegada de Donald Trump al país bajo el gobierno de Macri, así como también sobre organizaciones barriales y el reparto de la entrega de alimentos a comedores, entre otras actividades espiadas.
Estos hechos muestran una continuidad entre el Proyecto X de Sergio Berni durante el gobierno kirchnerista -quien hacía tareas inteligencia sobre las protestas obreras-, las cuales continuaron con el gobierno de Macri y Cambiemos y el Ministerio de Seguridad de Bullrich. Ahora siguen con el nuevo recambio gubernamental. Ya han sido denunciadas bajo este gobierno del Frente de Todos tareas de espionaje sobre asambleas de trabajadores del INTI y la lucha de los mineros de Andacollo de Neuquén, a la vez que se ha lanzado el ciberpatrullaje en redes sociales motivando ya procesamientos y detenciones.
El espionaje interno está prohibido por ley, pero gobiernos peronistas, radicales y el macrismo lo han utilizado al servicio de sus políticas. Desde Izquierda Socialista manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de este repudiable accionar ilegal, exigimos el inmediato esclarecimiento de los casos y el castigo a los culpables. Y reiteramos una vez más que hay que desmantelar el aparato de inteligencia y todo el aparato represivo que todos los gobiernos han sostenido desde la dictadura hasta estos días.

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Escribe Nicolás Núñez, legislador electo CABA

Ramona Medina, la referente de La Poderosa en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), falleció después de haber sido internada tras contagiarse de Coronavirus. Su caso fue uno de los cientos que fueron anunciándose a lo largo de estas semanas en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el momento que el virus llegó al país se sabía que podía hacer estragos ahí donde se acumulan décadas de abandono consciente por parte de los gobiernos de turno. Ramona estuvo a la cabeza de señalar cuando la advertencia pasó a ser un hecho de la realidad. “Nos mataron a Ramona” dicen sus compañeros y compañeras, y tienen razón. Su muerte es un crimen social con responsables políticos.

Desde que comenzó la crisis del Coronavirus mucho se ha dicho sobre que “el virus no distingue clases sociales”, algo que puede ser relativamente cierto en términos biológicos. Ahora bien, las políticas de los gobiernos sí distinguen clases sociales, y por eso, a fin de cuentas, en Argentina y en todo el mundo, la mayor parte de infectados y muertos corresponden a los sectores populares.

En la Ciudad de Buenos Aires la realidad es clara. Los primeros centenares de casos se acumularon en los barrios más ricos de la Ciudad, los casos importados de las vacaciones en el extranjero. Al transformarse en miles, esos barrios han reducido drásticamente la velocidad de contagio, y el virus ahora se “importa” en la salida a buscar un sustento para hacer frente al hambre. Y se multiplicó allí donde ni siquiera se cuenta con agua para lavarse las manos. Ese desplazamiento no es azar, es una decisión política.

Las políticas de los gobiernos distinguen clases sociales, por eso Larreta tuvo protocolos para el “take away” del café importado, pero ningún protocolo para el resguardo allí donde miles viven hacinados. Distinguen clases sociales y por eso el agua que provee AySA no se cortó en Belgrano, se cortó en la 31 y la 1-11-14. Distinguen clases sociales, y por eso hubo rápido aislamiento en el lujoso Hotel Panamericano (cuatro estrellas) para quienes venían de un Buquebús en el que se detectó un caso, pero a los familiares de Toribia Balbuena, la primera fallecida en la 31, los “aislaron” (once personas) en su misma casa en unos mínimos metros cuadrados.

¿A esta altura, acaso alguien duda que la eterna postergación de la urbanización del Barrio Padre Mugica no responde a otra cosa que a la voluntad todopoderosa del negociado inmobiliario porteño? Hay que decir la realidad: los “desarrolladores inmobiliarios”, los especuladores del metro cuadrado que quieren desalojar a los habitantes de la 31 para extender Puerto Madero hacia el norte, CE-LE-BRAN los contagios en el barrio. Un virus les ahorra el trabajo a sus topadoras.

Las políticas nacionales también distinguen clases sociales, por eso los laburantes sufren centenares de miles de despidos y se avala una reducción del 25% del salario, mientras el impuesto a las grandes fortunas para hacer frente al Coronavirus no aparece por ningún lado. A los sectores más vulnerables se les ofrecen apenas $10mil, mientras al FMI se le pagan 320 millones de dólares. ¿Acaso esta plata metida en los barrios populares no podría en estos dos meses haber servido para combatir el contagio que todos pronosticaban y sucedió?

Ambos gobiernos guardan una responsabilidad ante este crimen social. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que ni el gobierno de la Ciudad y ni el de la Nación han tomado: un fondo de emergencia en base a un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de $30mil, combatir el hambre, y también fortalecer el sistema de salud.

Exigimos justicia para Ramona y medidas urgentes para combatir al coronavirus en los barrios humildes. Enviamos nuestro apoyo a sus familiares que también han sufrido el contagio, y a sus compañeros y compañeras de La Poderosa que hace tiempo vienen militando la visibilización de estas realidades que la cobertura mediática de Larreta (incluso en los medios kirchnerista) oculta.

Nuestra solidaridad va de la mano de exigir, y comprometernos a pelear por, terminar ya con esta ciudad al servicio del lucro y no de sus habitantes. Si no es ahora frente a la crisis monumental del coronavirus, ¿cuándo? Si ésto no empieza ya por los barrios humildes, ¿por dónde? Si no es ante la necesidad de salvar miles de vidas, ¿para qué?

¡Justicia para Ramona, los gobiernos son responsables!

Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

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