En el medio de una situación de violencia que no para de crecer (incluyendo ataques a balazos contra restaurantes y bares por parte de bandas narcos que exigen pagos por “protección”) se comenzó a destapar el escándalo del espionaje ilegal que el ex ministro de seguridad provincial Marcelo Saín habría comandado, contra dirigentes políticos, sindicales y sociales. Nada que envidiar a Macri y su espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Recordemos que Marcelo Sain se hizo conocido a nivel nacional por su particular verborragia contra los sectores que lo cuestionaban, repartiendo insultos para todos lados, incluído al propio gobernador peronista Perotti. Pero una investigación que se está conociendo en estos días, y cotidianamente ahonda la crisis del gobierno provincial, pone en evidencia para que usan los políticos patronales a las fuerzas de seguridad y de inteligencia: espiar a los opositores, pero nada para investigar a las bandas narco, que actúan con total impunidad y al amparo de la propia policía. Esta situación ya ha derivado en la renuncia de más de diez funcionarios actuales del Ministerio de Seguridad, y se sospecha que el propio Perotti podría ser procesado, como responsable político de este escandaloso espionaje.

Un apartado especial merece recordar la defensa encendida de Marcelo Sain que esbozaron en varias oportunidades el diputado provincial Carlos Del Frade, Ciudad Futura y figuras “progresistas” del Peronismo como la diputada provincial Matilde Bruera, argumentando que este personaje nefasto “luchaba” contra las mafias y estaba “transformando” la policía. Otra mentira más que la centroizquierda de la provincia compra, para beneplácito del peronismo.          

Corresponsal

El lunes 22 de noviembre un grupo de encapuchados atentaron contra la redacción del diario Clarín, arrojando coctéles molotov sobre su fachada. Por suerte ningún trabajador resultó herido. Nos sumamos al repudio a dicho atentado, al igual que lo han hecho los trabajadores de Clarín y el sindicato de Sipreba. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, pronunciándonos por el pleno derecho a la libertad de prensa.

Escribe Agustin Gigli, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad Esquel
 
El 21 de noviembre, en horas de la tarde, jóvenes de la comunidad mapuche se encontraban en el interior de la Lof Quemquemtrew, en la zona Cuesta del Ternero, cercana a El Bolsón, provincia de Rio Negro, cuando fueron abordados por dos personas de civil armadas que dijeron “estar cazando” en el territorio. Los peñi lamuen (hermanos de la comunidad) Elías Garay y Gonzalo Cabrera, desarmados, les pidieron que bajen las armas y en ese momento fueron acribillados a balazos a quemarropa. Los asesinos están ligados a terratenientes y mineras de la zona.
 
Elías Garay falleció en el lugar y Cabrera fue herido y permanece aún internado.  La comunidad permanecía rodeada por fuerzas de seguridad como la COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, creada por la policía de Rio Negro en el 2012) y la Gendarmería Nacional.

Los miembros de la COER reciben instrucción extrema para combatir “acciones de alta peligrosidad”, según serían sus objetivos, esto incluye, atacar distintas acciones del pueblo que lucha.  Este cuerpo de especialistas fue instalado por la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Rio Negro) hace dos meses en la ruta de acceso a la comunidad para custodiar los intereses de los hermanos Rocco (ver columna). Nadie podía superar ese control sin autorización policial, creando de hecho un sitio a la comunidad que no recibía ni alimentos. Un tiempo después también aterrizó la Gendarmería Nacional enviada por Aníbal Fernández, ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. O sea, el asesinato se llevó a cabo en una comunidad cercada por las fuerzas represivas provinciales y nacionales, y con controles aéreos por drones. Nada de lo que ocurría en su interior era ignorado por esas fuerzas, que “permitieron” el ingreso de “cazadores”. Es fácil inferir que liberaron el movimiento de los asesinos. Querían escarmentar el reclamo de los pueblos mapuches sobre el territotio que les pertenece y que nunca fue relevado por la gobernadora (ver recuadro) para no afectar los intereses de los empresarios.

Todos los partidos políticos tradicionales, tanto nacionales como provinciales, difunden lemas y consignas que estigmatizan a las comunidades originarias, tildándolos de “terroristas” y “violentos”. Entre los más perseguidos, reprimidos y abandonados se encuentran Los Tobas (Qom) y los Wichí en el norte, y las distintas comunidades mapuches en la Patagonia. Los conflictos más fuertes se vienen desarrollando en la zona de Vaca Muerta en Neuquén; en cercanía del Lago Mascardi (próximo a Bariloche) donde el grupo Albatros de la Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel; en el Pu Lof Cushamen en Chubut donde la gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en 2017; y en los últimos meses en las cercanías del Bolsón (Río Negro) donde mataron a Garay. Todas estas acciones represivas, ordenadas por los gobiernos de distinto signo, buscan disciplinar a pueblos originarios y evitar entregarles las tierras que les pertenecen (según la Ley 26.160) para poder desarrollar su economía, alimentarse y vivir según su cultura ancestral. Estas tierras son avasalladas por los grandes empresarios beneficiados para que sigan con la deforestación y la mega minería de oro ,plata y litio, liquidando los reservorios de agua dulce, para negocios inmobiliarios y emprendimientos turísticos para los ricos. Es una pelea a muerte por la tierra y sus riquezas. Los gobiernos y sus fuerzas represivas cuidan los intereses de los Benetton, Lewis, Zorreguieta, Emiratos Árabes, Roemmers, Burco, el Arzobispado de San Isidro y muchos más. Todos los gobiernos son los principales responsables de este hostigamiento.
 
Juicio y castigo a los asesinos

A solo cuatro días del crimen de Elías Garay, tanta fue la conmoción, el repudio y las acciones que se realizaban y preparaban en distintos puntos del país que el gobierno de Rio Negro decidió “encontrar” a los autores. Se trata de dos asesinos vinculados a la explotación maderera de la familia Rocco y a empresas mineras. Es decir, los grandes empresarios se quedan con las mejores tierras y luego asesinan a sangre fría con total impunidad a quienes pelean por un pedazo de tierra para sobrevivir.

Exigimos para ellos juicio y castigo con cárcel perpetua. Exigimos también que se investigue la cadena de responsabilidades políticas de alto nivel que permitieron el ingreso de estos asesinos y los fines “aleccionadores” que perseguían. Reclamamos el cese de las campañas de odio racista, que intentan crear un “enemigo interno” y militarizar la región de un lado y el otro de la cordillera para seguir saqueando y explotando el territorio en beneficio de un grupo minoritario de ricos y multinacionales.

Apoyamos incondicionalmente la lucha de los pueblos originarios por sus tierras, y seguiremos siendo impulsores de las acciones de solidaridad con esa justa lucha porque es parte de defender las riquezas para que sean usufructuadas por el pueblo trabajador y los pueblos originarios.

Escribe Atilio Salusso
 
La familia Rocco está usufructuando las tierras donde fusilaron al joven mapuche Elías Garay. Fue beneficiada por una concesión a noventa años. ¡Sí! noventa años. Es decir, se quedan por décadas con tierras fiscales (del Estado) para hacer sus negocios.

Rocco es un empresario local beneficiado a su vez por condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables. En 1999 el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos aprobó las solicitudes de Plantación Forestal donde aparecen 100 hectáreas para Rocco, 200 para Héctor Magnetto (Papel Prensa), 362 para Luciano Benetton (Tierras Sud) y 1.000 para Federico Ochoa (Tierras Tecka).

Rocco inició ese negocio con un capital de doce mil pesos. En 2012 recibió apoyos económicos no reintegrables enmarcados en la Ley 25.08 de Inversiones para Bosques Cultivados, y se le condonaron deudas por los períodos anteriores al 2021, es decir, nunca pagó nada desde 1999 hasta ahora. También Rocco fue exceptuado del pago de la Tasa de Servicios Municipales en un 100% en 2021, dibujando en la cara de los ciudadanos de El Bolsón y Río Negro lo que representa y significa tener una “sociedad de responsabilidad limitada”.

Estos datos son oficiales y reproducidos por el periodista Gustavo Figueroa (Pressenza, 26/09/21, Neuquén), el cual se pregunta: “¿Qué objetivos persigue la explotación del territorio en manos de familias que son beneficiadas ininterrumpidamente por el Estado y que retribuyen de forma miserable a la sociedad y al espacio territorial que explotan? ¿Qué consecuencias produce la plantación de árboles foráneos sobre el territorio, pasando por encima inclusive de los elementos de la naturaleza circundantes (ríos, lagos, valles, cerros, cascadas, montañas)? ¿Cuánta agua consume un “bosque” de pinos o eucaliptos? ¿Tendrán la misma suerte las familias preexistentes que habitan el territorio hace cientos de años? ¿Por qué en esas listas de beneficiarios aparecen tan pocos nombres de familias originarias?”

Escribe Atilio Salusso

La ley 26.160 data desde 2006. Obliga a realizar un relevamiento de tierras indígenas mientras se prohíben los desalojos de las comunidades. Pero pasaron quince años (once bajo gobiernos peronistas y cuatro del macrismo) y solo se hizo el 42% de esos relevamientos. Esto obedece a que se oponen los Benetton, las mineras, petroleras y el negocio inmobiliario, intereses para quienes responden los distintos gobiernos y las y los diputados y senadores de los partidos patronales. Dicha ley se venía prorrogando antes de que caiga, pero esta vez no ocurrió. Vencía el pasado 23 de noviembre y no se prorrogó a pesar de que se aprobó en comisiones. El Frente de Todos se negó y el gobierno tuvo que apelar a un decreto. Pero las comunidades que acampan frente al Congreso desde hace semanas reclaman la prórroga por ley ya que el decreto puede ser cuestionado. “Las topadoras están esperando”, dicen.

Con ese reclamo, el 23 se hizo una gran marcha rodeando al Congreso, siendo nuestros diputados de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer los únicos de los 257 de la Cámara que apoyaron y hablaron en el acto y radio abierta.

Giordano y Schlotthauer vienen acompañando el acampe desde el primer día, pidieron por varias notas una sesión (incluso antes de las elecciones del 14N) para votar la prórroga y se comprometieron a seguir defendiendo todos sus reclamos.

Además de la prórroga, las comunidades pelean también para que se les entregue la propiedad comunitaria de la tierra en virtud del reconocimiento constitucional a ese derecho y que cesen las muertes como ocurrió con el pueblo mapuche en el sur y los distintos avasallamientos.
Tanto el Frente de Todos como el macrismo les dan la espalda a los pueblos originarios. Solo la izquierda apoya decididamente sus demandas y lucha por una salida de fondo para resolverlas.