Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
29/3/24

El gobierno negacionista de Milei difundió este 24M, de manera provocadora, un video del cineasta Santiago Oría, que tiene un despacho en la Casa Rosada, dando cuenta de la versión de los genocidas sobre lo ocurrido en la década del 70 y el posterior golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976/1983. En el video se niega el genocidio, a los 30.000, enarbola otra vez la teoría de los dos demonios y pide “memoria completa” para resarcir a los militares asesinos. Una política que vino enfrentando y derrotando nuestro pueblo a fuerza de lucha y movilización durante décadas.

El video, aunque burdo, reedita el debate. Por eso es necesario reafirmar de entrada lo que venimos sosteniendo. Hubo un golpe y fue terrorismo de Estado con el objetivo de frenar el ascenso obrero y popular de entonces e implementar un plan económico de entrega y saqueo al servicio de las multinacionales y el imperialismo. Y alertamos sobre los nuevos peligros. Por ejemplo, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un proyecto de ley para que la justicia otorgue prisión domiciliaria a militares condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 75 años. Propuesta en la que coinciden Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Fernández Meijide y la Iglesia Católica. El obispo Olivera, en una misa de Semana Santa ante jefes de las tres Fuerzas Armadas, dijo: “No debe haber venganza, hoy se los sigue silenciando y etiquetando con miradas parciales e ideologizadas” (Clarín, 28/3). Están hablando de condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, delitos cometidos contra la población civil y por ende, no prescriben con el tiempo.

En el video aparece hablando el siniestro personaje “Tata” Yofre, ex titular durante el menemismo de la mafiosa central de inteligencia SIDE, quien escribió 15 libros con la versión de los genocidas. Y el ex montonero Luis Labraña, quien se adjudica haber inventado la cifra de los 30 mil bajo este argumento: “Fue una mentira necesaria para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”. ¿Se puede ser tan miserable y mentiroso? En el video se denuncia “el negocio de los derechos humanos, que todo fue por plata”. Repugnante.

Sobre la cifra de los 30.000 desaparecidos (Labraña dice que solo fueron 4.000), se reveló ya en 2006 con documentos desclasificados por Estados Unidos, que los propios militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. El cálculo fue aportado por militares argentinos del Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, como parte de los informes sobre el Plan Cóndor[1] (nota de Hugo Alconada Mon, La Nación, 24/3/2006, “El Ejército admitió 22.000 crímenes”). También el diario Clarín dio cuenta de la noticia bajo el título "Un informe de EE.UU. dice que hubo 22.000 desaparecidos." El diario El País en el año 1978 hablaba de 30.000. Los organismos de derechos humanos señalan, que al final de todos los juicios, la cifra incluso puede ser superior. Negar a los 30.000, como ya lo había hecho Macri, va unido a negar el genocidio. Y negar el genocidio es desconocer lo que ya fue probado bajo distintas formas, hasta por la justicia.[2] Que la dictadura se valió del aparato del Estado para secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer forzadamente a miles de personas, robar bebés nacidos en cautiverio y tantas otras atrocidades.

En el video se dice que lo ocurrido “fue una guerra, que en toda guerra hay excesos y muertos de los dos bandos”. Como cantamos a lo largo de los años “no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del Proceso”. Tan siniestro es Labraña que llega a decir “desde ambos lados (guerrilleros y militares) peleábamos por la libertad”. ¡De qué pelea por la libertad habla este sujeto de militares que ejecutaron un genocidio!
Los negacionistas tildan de “terroristas” a las y los desaparecidos, la gran mayoría luchadoras y luchadores obreros, populares y juveniles. Y si se refieren a las organizaciones armadas, las mismas ya habían sido desarticuladas en gran parte antes del golpe. Hay que recordar que en 1975 el gobierno de Isabel Perón y Luder firmaron decretos de “aniquilamiento”.[3]

En el video también aparece el testimonio de María Cristina Viola, hija del capitán Viola, muerto en un ataque del ERP en 1974 cuyos autores fueron en su mayoría juzgados y condenados. Desde nuestra corriente orientada por Nahuel Moreno y el PST[4] siempre repudiamos estas “acciones ejemplares” de la guerrilla, desligadas de las masas, pero rechazamos que se las pretenda equiparar con el terrorismo de Estado reeditando la teoría de los dos demonios.
El video, a su vez, polemiza con el kirchnerismo mediante falsedades. Yofre, tras reivindicar los indultos bajo el gobierno peronista de Menem[5] y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida[6] de Alfonsín, se lamenta que éstas últimas habrían sido anuladas por el kirchnerismo. Miente. Fue un triunfo de la lucha popular, no producto de los gobiernos de Néstor y Cristina. Fue Patricia Walsh, diputada de Izquierda Unida, quien presentó por primera vez un proyecto de ley con ese reclamo. Lucha que seguimos dando desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia que se viene movilizando de manera independiente de todos los gobiernos. Denunciando a Alfonsín, Menem, Duhalde, De la Rúa. A los gobiernos kirchneristas durante los cuales desapareció Julio López, se puso al represor Milani como Jefe del Ejército, nunca se abrieron los archivos de la represión y se siguió pagando la deuda externa que viene de la dictadura. Al repudiable Macri, al gobierno de Alberto y Cristina, y ahora nos encuentra en esta gran lucha por derrotar el brutal plan motosierra y negacionista de Milei-Villarruel.

Este debate no se trata de una batalla “cultural o ideológica”, como algunos lo pintan. Es una batalla concreta, de todos los días, de vida o muerte. Porque se trata de saber si hay que liberar e indemnizar a quienes cometieron un genocidio, como dicen los ultraderechistas-negacionistas, o, en cambio, de seguir luchando para encarcelar a todos los genocidas que faltan, seguir con los cómplices civiles de la dictadura (grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, burócratas sindicales, la cúpula eclesiástica), reclamar que se abran todos los archivos de la represión y terminar con el plan económico que se implementó con Martínez de Hoz en base a un endeudamiento externo que bajo distintas formas se mantiene hasta nuestros días.
El video, en resumen, es otro acto desesperado en este caso de este gobierno ultraderechista que, a 48 años del golpe intenta contrarrestar los enormes logros de ese gran triunfo revolucionario democrático protagonizado por nuestro pueblo trabajador que tiró abajo a la dictadura sangrienta, logrando encarcelar a centenares de genocidas, siendo un gran ejemplo para en el mundo. Batalla que continuamos desde 1983 contra todos los gobiernos que brindaron impunidad.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad aspiramos a que este aporte sirva para seguir fortaleciendo esta lucha tan importante, que logrará sus frutos definitivos cuando conquistemos un gobierno de la clase trabajadora, con una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.

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1. El Plan u Operación Cóndor fue un sistema represivo, de persecución a opositores y de terrorismo de Estado coordinado entre Estados Unidos y militares y servicios de inteligencia de países del Cono Sur en la década del 70, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, al que se sumaron luego Perú y Ecuador. Hubo un juicio en Argentina donde se probó que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras.
2. "No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”. Confesión de Jorge Rafael Videla, Presidente de facto de la última dictadura militar, en el libro Disposición Final de Ceferino Reato, 2012.
3. En 1975 se firmaron 4 decretos por parte del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, "bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa", la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que "sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".
4. Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, cuyo máximo dirigente fue Nahuel Moreno. El PST tiene los primeros asesinados bajo la Triple A del gobierno peronista 73/76 y más de 100 asesinadas y asesinados bajo la última dictadura militar 1976/1983.
5. Se conoce como indultos de Menem a 20 decretos sancionados el 6/10/89 y 30/12/90 por el entonces presidente peronista que perdonó a militares de la última dictadura, entre ellos a miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, a Martínez de Hoz y a líderes de organizaciones guerrilleras, entre otros.
6. La ley de Punto Final (23.492/1986), bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, fue para cerrar el proceso judicial contra los genocidas ante miles de denuncias que no habían sido parte del juicio a las juntas en 1985. La ley dio un plazo de treinta días tras el cual caducaba el derecho a reclamar. Como en ese plazo hubo miles de denuncias más, provocó la sublevación de Aldo Rico y los carapintadas en Semana Santa de 1987, exigiendo impunidad. Alfonsín con la venia del PJ pactó con ellos impulsando la Ley de Obediencia Debida (1987) que dispuso la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes bajo la dictadura. En 2003 el Congreso declaró nulas de nulidad absoluta a ambas leyes de la impunidad, permitiendo que se reabran los juicios.