Aug 05, 2020 Last Updated 3:52 PM, Aug 5, 2020

Extracto de la intervención de Mercedes Trimarchi, diputada provincial (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad y dirigenta de Isadora, sección argentina de la UIT-CI, en el “Plenario general de la conferencia”.

Somos parte de las luchas contra los planes de ajuste que todos los gobiernos aplican, con la excusa de la pandemia, para descargar la crisis sobre la clase trabajadora. La reforma previsional, los despidos y la precarización laboral, que nos afectan más a las mujeres, travestis, trans, no binarias y a la juventud en todo el mundo.

Desde 2015 estamos atravesando la cuarta ola de luchas feministas, que es global y que hace temblar la Tierra con las movilizaciones y los paros internacionales cada 8 de marzo contra la violencia de género.

Fue equivocada la política del PO, que durante quince años se negó a integrar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es una campaña que surgió de los encuentros nacionales de mujeres.  

Quiero resaltar la importancia de la coordinación entre las organizaciones feministas y socialistas en la disputa contra la cooptación del movimiento por los gobiernos de doble discurso, que usan el fantasma de la derecha (avance de los evangélicos, la Iglesia Católica) para frenar nuestros reclamos y sacarnos de las calles.

Solo confiamos en la fuerza de la movilización independiente de los gobiernos para conquistar nuestros derechos, poder decidir sobre nuestro cuerpo, ganar el mismo salario por la misma tarea, que paren de matarnos al grito de Ni Una Menos.

Esta lucha cotidiana no elude la pelea más estratégica de nuestra organización internacionalista y revolucionaria. Buscamos unir la lucha antipatriarcal a la lucha anticapitalista, para que ambos sistemas caigan juntos. Vamos por una sociedad socialista en la que no haya lugar para la explotación ni la opresión.

 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista en el FIT Unidad

En 2018 senadores peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos juntaron los treinta y ocho votos necesarios para impedir el derecho al aborto en nuestro país en acuerdo con las iglesias. Así, le dieron la espalda al reclamo de millones que nos encontrábamos en las calles exigiendo el fin de la clandestinidad. A dos años de aquella jornada histórica seguimos reclamando #AbortoLegalYa.

Luego de que la #MareaVerde impuso la despenalización social del aborto, ganara las calles y el debate, el gobierno, junto a los partidos patronales y las iglesias, se unieron en una cruzada contra las mujeres y disidencias para que no saliera la ley. Con la votación desfavorable, y a pesar de las lágrimas de muchas, no nos fuimos derrotadas aquella madrugada del 9 de agosto. Bajo la lluvia, levantamos una vez más nuestro pañuelo verde y nos juramos seguir peleando por nuestro derecho a decidir al grito de “va a ser ley”, y en menos de un mes y medio, el 28S, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, estábamos en la Plaza de Mayo cantando “aborto legal en el hospital”.  

En 2019, por octava vez, volvimos a presentar con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto el proyecto de ley. Pero esta vez los partidos patronales establecieron que, como era año electoral, no “convenía” hablar de aborto porque les “restaba” votos y decidieron que no se trate en el recinto. 

Pero por más que intenten ocultar el tema, en la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 al año. El aborto es una realidad y un problema de salud pública. Por eso, el Frente de Izquierda Unidad es la única alianza electoral que en el Congreso y en las calles levanta la bandera del aborto legal, seguro y gratuito.

Llegamos a 2020 sin aborto legal, pero Alberto Fernández tuvo que reconocer en la asamblea legislativa del 1º de marzo que era necesario despenalizarlo y fue allí donde se comprometió a tratarlo. Él dijo que enviaría un proyecto propio y distinto del elaborado por el movimiento de mujeres nucleado en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, hasta el momento no solo no lo dio a conocer, sino que se excusa con el argumento de la pandemia. Dice que hay otras urgencias ahora y que no se tratará en el corto plazo. Parece que, para el presidente, las secuelas por abortos inseguros y la muerte de las mujeres pobres por esa causa no son algo urgente.

Que se apruebe el proyecto de la #MareaVerde

El proyecto de ley de la campaña fue elaborado por el movimiento feminista y recoge los aportes del debate parlamentario de 2018. En el texto se establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde y tiene estado parlamentario, es decir, que se podría votar ahora si existiera la voluntad política de hacerlo. Pero los bloques mayoritarios del Frente de Todos y de Cambiemos se niegan.

Desde Isadora e Izquierda Socialista somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la consideramos un espacio muy valioso de coordinación federal. Es más, por ser heterogéneo y reunir más de setecientas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, ha logrado en sus quince años mantenerse independiente de los gobiernos de turno, y ahí están su fortaleza y su potencia. Por eso, con la fuerza que hemos construido en tantos años, hoy más que nunca tenemos que mantener viva a la campaña y a la ofensiva para que se discuta nuestro proyecto. No es tiempo de tener paciencia, como pretenden las organizaciones políticas que integran el Frente de Todos. Entendemos las expectativas que hay en el proyecto de ley que presentará Alberto Fernández, pero la realidad es que nadie conoce su redacción y que el único proyecto que existe con estado parlamentario es el de la campaña, que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Ese es nuestro proyecto y debemos defenderlo frente a cualquier otro negociado a nuestras espaldas y que no contenga nuestras demandas. Tenemos que apostar a la movilización feminista independiente de los gobiernos de turno, esa es nuestra única garantía para conquistar nuestros derechos. Tal como nos lo prometimos hace dos años, cuando dijimos que el aborto va a ser ley. ¡Que se vote el proyecto de la campaña, queremos #AbortoLegal2020!

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El proyecto de ley para regular el teletrabajo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado con media sanción, con el apoyo de peronistas kirchneristas y macristas, es un nuevo ataque a nuestros derechos como clase trabajadora y, en especial, contra las mujeres.

Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) muchas trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, continuamos con nuestro trabajo pero desde nuestras casas. Es verdad que de esta manera se evitaron muchos contagios, no solo en los lugares de trabajo sino también en el transporte público. Pero esta situación excepcional por la pandemia no debe institucionalizarse, como pretende esta ley, cuando termine la cuarentena, porque implicará un retroceso en nuestros derechos laborales.

De acuerdo con una encuesta realizada por Quiddity publicada en el diario La Nación el 10 de julio, casi el 40% de las personas que están realizando sus tareas con esta modalidad durante la cuarentena admiten que están trabajando más horas que antes. Y esto es así porque no hay límites en los horarios y no se respeta la jornada laboral. Cuesta más concentrarse y, sobre todo, cuando hay otros miembros de la familia a los cuales atender. Nos mandan correos electrónicos a cualquier hora y nos piden trabajos sin respetar los horarios de descanso. Además, ninguna empresa se hace cargo del aumento del consumo de electricidad o de gas o, incluso, de la reparación y mantenimiento de los equipos electrónicos que utilizamos para trabajar.

Quienes están a favor de esta ley argumentan que, de aprobarse, se terminarían los abusos por parte de las patronales porque en el texto del proyecto aparece tipificado el derecho a la desconexión, el respeto a la jornada laboral y la entrega de dispositivos electrónicos por parte de la empresa. Pero sabemos muy bien que esto no ocurrirá, porque al estar en soledad y en la casa tenemos muchas menos posibilidades para organizarnos colectivamente con compañeras y compañeros para enfrentar estos atropellos patronales que solo buscan aumentar sus ganancias.

Las tareas de cuidado seguirán recayendo sobre nosotras

Por otro lado, nos quieren convencer de que esta ley sería un avance para quienes tenemos la responsabilidad de cuidar a otras personas, porque en su artículo 6° enuncia: “Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

En primer lugar, este tipo de cuidados debería estar a cargo del Estado y no recaer en una persona (que por el orden patriarcal termina siendo una mujer) que lo hace gratuitamente y que, además, tiene otro trabajo. Pero a la vez también será una trampa para nosotras que, con años de lucha, logramos acceder al mercado laboral fuera de nuestras casas y aun así, con muchas más desventajas que los varones. Techo y paredes de cristal, brecha salarial, acoso laboral, solo por nombrar algunas de las consecuencias que pagamos por haber ingresado en el mundo de la producción que estaba reservado a los hombres.

Las patronales pregonan los “beneficios” del teletrabajo en general, pero especialmente dirigido a las mujeres. Hablan del tiempo que se gana al “estar en casa” evitando los traslados y que hasta se “ahorraría” el costo de contratar a una niñera. Todo un discurso que intenta esconder la superexplotación que vivimos las trabajadoras. Está cantado que, aunque la ley hable de “personas que tengan a otras a su cargo”, sabemos que estas tareas de cuidado recaerán sobre nosotras. No hay duda de que a las primeras que mandarán a trabajar a sus casas será a las mujeres. No es casualidad que nos quieran “devolver” al espacio doméstico una vez más. Para muchas, estar en un lugar diferenciado para el trabajo tiene varias ventajas, como la posibilidad de estrechar vínculos fuera del ámbito familiar, de organizarse colectivamente, de disponer de un espacio/tiempo específico para esas tareas y para el desarrollo personal. La lucha de años por el ingreso de las mujeres en el mercado laboral, principio básico de nuestra autonomía económica, se está viendo amenazada por esta norma. No podemos permitir semejante atropello, debemos organizarnos para que se respeten nuestros derechos conquistados y, a la vez, contra la doble jornada laboral que recae sobre nosotras. Basta de violencia laboral contra las trabajadoras.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las cifras de femicidios y transtravesticidios en nuestro país siguen siendo alarmantes: uno cada veintisiete horas, a lo que se le suma el aumento de la violencia de género durante la cuarentena. Las medidas resultan insuficientes a pesar de los 18.000 millones de pesos destinados al plan.

El gobierno presentó el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género para el período 2020-2022. El anuncio lo hizo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta junto a Alberto Fernández en Olivos, el pasado 3 de julio. Sin dudas, era uno de los anuncios más esperados ya que la violencia machista no cesa.

El informe tiene 235 páginas en las que se enumeran 27 medidas y 144 acciones. Con el título rimbombante en el prólogo “Más que un plan, un cambio de paradigma”, la ministra sostiene que “estamos impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo forman parte de esta definición de políticas de protección integral”. Palabras contundentes, pero veamos en concreto cuáles son las medidas que propone.

En relación con la formación laboral y el empleo, aparecen una serie de capacitaciones para que las víctimas puedan acceder a un mejor trabajo. A su vez, propone una mesa de diálogo con las cámaras empresariales para promover la incorporación de licencias por violencias de género en el sector privado. De lograrse las licencias con goce de sueldo serían un paso adelante muy valioso. Por otro lado, se lanza el programa Acompañar, que consiste en dar una ayuda económica a las personas que se encuentran en situación de riesgo. Pero esa ayuda solo será de 16.875 pesos y por seis meses. 

En relación con el acceso a la vivienda, si bien el plan habla de construir/refuncionalizar doce refugios en todo el país y de armar un convenio con los hoteles para que se destinen plazas para albergar transitoriamente a las víctimas, no vemos que haya una verdadera solución habitacional para quienes se vean obligadas a irse del hogar donde se encuentra el violento. Creemos que sería fundamental dar una solución a esta problemática, por ejemplo, acondicionando ya las viviendas ociosas que existen y con un plan de viviendas a corto plazo para que quienes sufrieron violencia de género tengan su casa propia.

En relación con la línea 144 que recibe las denuncias por violencia de género, correctamente se propone en el plan mejorar la coordinación con otras líneas nacionales y, a la vez, se compromete a incorporar más trabajadorxs. Esto es importante porque actualmente se encuentra totalmente desbordada debido al aumento de las llamadas que hubo desde el inicio de la cuarentena. Pero haciendo caso omiso a los reclamos de quienes ya están trabajando en la línea, las nuevas incorporaciones serán con contratos tercerizados y, de esta manera, continuará la precarización que vienen denunciando desde hace años lxs trabajadorxs.

El aborto voluntario no es parte del plan del gobierno

Por último, y no por ello menos importante, queremos señalar que no aparece mencionado el aborto voluntario como una política necesaria y urgente para terminar con la violencia que implica la clandestinidad. No solo es el maltrato por parte de quienes obstaculizan los derechos ya conquistados, como son los abortos legales por causales, sino que también son violentadas las personas que acuden a los centros de salud por complicaciones de abortos mal practicados. Las internaciones por este motivo, de acuerdo con el último dato disponible del Ministerio de Salud de la Nación, ascienden a 39.025 personas en 2016.

Por todo lo expuesto creemos que el plan que presentó el gobierno es insuficiente. Por supuesto que tiene incorporadas algunas de nuestras demandas, y eso es producto de años de nuestra lucha callejera e incansable. Exigimos que se cumplan inmediatamente. Pero no nos podemos engañar, este plan no responde a todos nuestros reclamos ni tampoco a todo por lo que luchamos. Por eso debemos seguir movilizadas como lo venimos haciendo, y también organizadas de manera independiente de todos los gobiernos. Esa será la única garantía para conquistar nuestros derechos. Lo dijimos en las calles, en las redes y lo volvemos a decir, queremos que se cumpla el #NIUnaMenos y el #AbortoLegal.

 

 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista, FIT-Unidad

Las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries sufrimos todo tipo de maltrato y discriminación. Durante el aislamiento preventivo y obligatorio que rige en nuestro país desde el 20 de marzo la violencia de género aumentó. Tanto es así que las llamadas a la línea 144 que atiende las denuncias aumentaron casi 40%, según lo reconoció Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ONU ya había recomendado a los distintos mandatarios que tomen medidas especiales para contener y acompañar a las víctimas durante la pandemia, ya que en contextos de aislamiento y encierro la violencia recrudece. 

En la Argentina las cifras de femicidios y transtravesticidios se mantienen altas. Desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio, según el Observatorio de la Casa del Encuentro se registraron sesenta y siete femicidios. De hecho, durante la cuarentena bajaron todos los delitos menos la violencia de género. Pese a esto, el ministerio no ha tenido una política pública que revierta esta situación. A seis meses de la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández y con una situación de emergencia sanitaria y social sin precedentes, las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries continuamos sin respuestas.

Un informe publicado el 24 de junio en el portal lavaca.org  revela que solamente se ejecutó 26,48% del presupuesto asignado para ese ministerio. Es sorprendente, ya que a esta altura del año debería acercarse al 50%, más si se tiene en cuenta que el presupuesto total es miserable e insuficiente y por el aumento de la violencia machista. El riesgo de la subejecución del presupuesto reside en que se reasignen partidas de dinero que no se usaron a otros sectores. Así lo plantea la normativa vigente, trimestralmente se deben rendir cuentas sobre lo que se gastó y, en el caso de que no se haya gastado todo lo asignado para ese período, el Poder Ejecutivo puede destinar las partidas no utilizadas a otros sectores. De concretarse, es sumamente peligroso, ya que reduciría aún más el escaso presupuesto.

Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad hacemos un llamado de atención frente a esta subejecución. Pero sobre todo decimos que es inadmisible que se destinen solo $11 por mujer por año para combatir la violencia de género, lo mismo que ya había designado Macri en 2019. Contar con un presupuesto acorde para atender esta problemática, que es de vida o muerte para las mujeres e identidades no hegemónicas, es fundamental. Exigimos aumento del presupuesto para construir nuevos refugios y acondicionar los que ya existen, junto con una política integral de atención a las víctimas. Exigimos acompañamiento psicológico con perspectiva de género y patrocinio legal gratuito, una vivienda para quienes se vean obligadas a irse de la casa en la que se encuentra el violento y un subsidio económico que cubra la canasta básica. Estas medidas son urgentes. Necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género con un presupuesto acorde, a partir del no pago de la deuda externa, la quita de subsidios a la Iglesia Católica y un impuesto a las grandes riquezas para que la crisis no la paguemos las mujeres trabajadoras y los sectores populares.

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