Para defender la escuela pública, los salarios y los derechos docentes, hay que luchar contra el ajuste de Fernández y los gobernadores. Llamamos a la unidad de los sectores combativos y anti burocráticos para enfrentar el pacto de la burocracia de CTERA con el gobierno, y avanzar en una nueva conducción democrática y de lucha.

1. Hoy el mundo está cruzado por dos pandemias: la del coronavirus y la social. Millones de contagiados, centenares de miles de muertos por COVID. Y, si veníamos de una crisis económica del capitalismo mundial desde el 2008, esta ha pegado un salto tal que se considera la peor de su historia, salvo las dos guerras. Con miles de millones de pobres y de personas sin acceso al agua, se profundizan las diferencias sociales a extremos inéditos, como que los 8 capitalistas más ricos del mundo posean lo mismo que 3.700 millones de personas.
   
   
2. Todos los gobiernos, las multinacionales, banqueros y grandes empresarios, han decidido fuertes medidas de ajuste, para que la crisis nuevamente la paguemos los trabajadores y el pueblo. Cuentan con el apoyo de las burocracias sindicales de todos los colores, que pactan con ellos desmovilizar y que pasen el ajuste.
   
   
3. Pero luego de un impasse por la irrupción del Covid, y pese al rol desmovilizador de las conducciones burocráticas y reformistas, los trabajadores y sectores populares vamos retomando las luchas que en 2019 recorrieron el mundo. La más importante es la rebelión en EEUU en repudio al asesinato de George Floyd, a manos de la policía racista. Y se combina con la convulsión social en un país con 40 millones de desocupados, con un presidente negacionista como Trump, con más de 5 millones de contagiados y más de 165 mil muertos. Pero ya hay luchas en todos los continentes y esa es la dinámica general, como lo acaba de mostrar el pueblo del Líbano exigiendo la renuncia del presidente.

4. En la Argentina el gobierno de Alberto Fernández va en la misma línea internacional. Sus medidas garantizan las ganancias de los grandes empresarios y multinacionales, con subsidios millonarios y pago de salarios y aportes patronales. En medio de la emergencia pagó puntualmente miles de millones de dólares al FMI y a los banqueros de los Fondos Buitres. Y ahora acaba de llegar un acuerdo celebrado por toda la oposición patronal y por el FMI, acuerdo que reconoce todo el fraude de la bicicleta financiera y la fuga de capitales con el gobierno de Macri y hará que todo el pueblo argentino les pague más de 50 mil MD. Ahora se apresta a acordar con el FMI, que exigirá una serie de medidas aun más anti populares para garantizarse el pago de la deuda. Hay casi 500 mil nuevos despedidos, millones de desocupados y de niños en la pobreza absoluta. Se congelan y hasta rebajan los salarios. Mientras el gobierno tiene el doble discurso de “defender a los que menos tienen” o que enfrentará a los empresarios, “los vivos de siempre”, en realidad no toma ninguna medida en ese sentido. Las amenazas de cobrar impuestos a las grandes riquezas o de expropiar a la estafadora Vicentín, fueron pura espuma.

5. Y el gobierno, luego de implementar una correcta cuarentena temprana que evitó un desastre sanitario, inició muy prontamente la “flexibilización” de la cuarentena, ante el reclamo de las grandes empresas. Millones de trabajadores se ven obligados a viajar en transporte público. Y la falta de ayuda alimenticia y económica necesaria a desocupados, trabajadores en negro, cuentapropistas o pequeños comerciantes, los obliga a arriesgar su salud para salir a buscar el peso. Por todo eso es que crece exponencialmente el número de contagiados y muertos por Covid. Y la dinámica es muy preocupante.
   
   
6. Todas estas medidas anti populares del gobierno, las ha realizado con el aval de la burocracia sindical de la CGT y CTA. Han permitido los despidos, las rebajas y congelamientos salariales, el no funcionamiento de las paritarias, la rebaja de las jubilaciones, la flexibilización de la cuarentena, que no haya protocolos sanitarios en miles de empresas y un gran etcétera de agachadas. Todas las luchas que se han dado, fueron por fuera y a pesar de la burocracia sindical, fábricas por despidos, LATAM, mineros, camioneros, estatales, trabajadores de salud, docentes. Y esta será la dinámica general de las próximas luchas: desbordar a las conducciones traidoras. En estas luchas surgen miles de nuevos activistas. Y crece la coordinación del sindicalismo combativo, que apoya y trata de unificar a los luchadores, nucleados en el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) que encabeza el ferroviario Rubén Pollo Sobrero, junto a centenares de dirigentes y delegados, como los del Sutna, docentes de ADEMYS, los SUTEBA Multicolores y las oposiciones y minorías de gremios docentes, los médicos de la Cicop, Ceramistas de Neuquén, etc.

7. Estos elementos de la realidad económico, política y social, se replican en el sistema educativo y en la situación de la docencia. Más allá del doble discurso progresista y de algunos cambios cosméticos en relación al gobierno de Macri y Cambiemos, y a pesar de que muchísimos docentes tienen expectativas en que este nuevo gobierno de los Fernández y el peronismo aún puede mejorar las cosas, la política que está aplicando Trotta en educación sigue los mismos lineamientos generales que los gobiernos anteriores, como el de los Kirchner. Sigue con la política que exige el Banco Mundial, el BID y los grandes empresarios. Ataque y congelamiento de salarios, a los derechos laborales docentes, desinversión de la escuela pública promoviendo la privatización del sistema educativo, manteniendo los subsidios a la educación privada, ajustando a los docentes y jubilados, manteniendo las evaluaciones externas, las reformas en los niveles medio y terciario, vaciamiento de obras sociales y caja de jubilaciones. Es lo que seguirán haciendo Fernández y los gobernadores, y que deberemos enfrentar.
   
   
8. Las medidas de Fernández y los gobernadores las aplican con el aval de la burocracia docente de CTERA y demás gremios amigos. Hace unos días aceptaron el 0% de aumento para la segunda parte del año. En muchas provincias no tienen aumento salarial desde 2019, como en Santa Fe donde dirige AMSAFE Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. En otras directamente no cobran o lo hacen en cuotas y con deudas como Chubut o Santa Cruz. Reivindicaron que Trotta dio una línea de créditos para que los docentes compremos nuestra propia computadora para trabajar, que no sirvió para nada. Y están dejando que avance el regreso presencial a las aulas con el “protocolo burbuja” de Trotta, como en San Juan.
   
   
9. La docencia en estos años realizamos infinidad de conflictos, salimos por miles enfrentando las políticas de ajuste y privatización. Las maestras salteñas, de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, CABA, en Buenos Aires y varias provincias más. Fueron luchas que se rebelaron a los frenos de las burocracias provinciales y de CTERA. Por eso siguieron surgiendo y fortaleciéndose organismos de lucha como los plenarios provinciales de delegados convocados por los SUTEBA Multicolores en Buenos Aires, ADEMYS en CABA, SUTE en Mendoza, GDA en Formosa, las asambleas autoconvocadas en Salta o Chubut, la coordinación de las seccionales y directivos opositores de ATEN o ASMAFE Rosario y otras, las oposiciones en Córdoba, Santa Cruz, y en varias provincias.
   
   
10. Las traiciones de CTERA y los burócratas de la lista Celeste, como Baradel, Monserrat, López, Guagliardo, Alesso, Goodman, son la razón principal por la que tanta lucha y voluntad docente no haya logrado grandes triunfos contra los gobernadores y el gobierno nacional. Las desorganizan y las aíslan por provincia y lugar, destruyendo la razón de ser de CTERA: coordinar y unificar las luchas docentes en todo el país. Por eso nosotros buscamos y llamamos permanentemente a que las luchas se coordinen y nacionalicen. Les exigimos a CTERA y sus dirigentes que llamen a medidas nacionales en apoyo, pero mientras reclamamos a las conducciones provinciales que realicen asambleas, le den continuidad a la lucha y busquen la nacionalización y coordinación con los docentes combativos y otros gremios en lucha, para evitar el aislamiento y el desgaste.
    
    
11. Por eso desde Docentes en Marcha también impulsamos la coordinación nacional de la oposición docente, para apoyar las luchas. Y también para conformar un frente antiburocrático opositor que pueda disputarle a la burocracia de CTERA y en todas las provincias las conducciones de los sindicatos, para ponerlos al servicio de la democracia y los reclamos docentes. Hay que retomar la coordinación que impulsamos desde hace unos años con el Encuentro Nacional de Docentes Opositores, que sirvió para organizar la pelea contra los ajustes de Macri y Cambiemos y apoyar provincias en lucha. Esa coordinación también se debe extender al resto de los trabajadores que luchan contra el ajuste y que enfrentan a las burocracias de sus sindicatos. Por eso desde Docentes en Marcha llamamos a que todos los luchadores nos sumemos al Plenario del Sindicalismo Combativo, PSC.

12. Dentro de la oposición tenemos acuerdos para enfrentar las medidas del gobierno y las capitulaciones de las burocracias, que nos permiten luchar unidos. Y también debates y diferencias, que no deben impedir la unidad. Hay sectores como la CCC/PCR/Azul y Blanca, que se están pasando al lado del apoyo al gobierno. Si ellos siguen con esa política, de apoyo al gobierno por encima de los intereses de los docentes, coincidiendo con la burocracia Celeste, no pueden seguir actuando en la Multicolor. Llamamos a los docentes que apoyan a la Azul y Blanca, a que les exijan que rompan con su apoyo al gobierno y retomen la unidad multicolor con los opositores. Otras agrupaciones opositoras, como los dirigentes de “Rompiendo Cadenas” por ejemplo o del colectivo “Otro sindicalismo es posible”, dudan en salir a denunciar claramente al gobierno como ajustador y a la burocracia Celeste como traidora, ante las expectativas que el nuevo gobierno concitó en muchos docentes y trabajadores. Pendulan entre “denunciar” o “aconsejar” al gobierno y a la burocracia, llevando confusión a los luchadores docentes sobre el ajuste y la desmovilización que impone la burocracia. Los llamamos a que definan una oposición clara y frontal contra el gobierno y que también se sumen al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Con una política similar actuaban los docentes de la Marrón/PTS, que priorizaban la unidad de acción con la burocracia Celeste por sobre la unidad con los sectores combativos, dividiendo la coordinación y la fuerza de las acciones de lucha impulsadas por la oposición. Afortunadamente hace unas semanas se incorporaron al PSC, después de más de dos años atacándolo equivocadamente, lo que es un gran avance para fortalecer la oposición combativa. Ahora es fundamental que sean consecuentes con este paso unitario y que no dividan más la unidad multicolor en la base docente, ni en las luchas ni en las elecciones, como ocurrió en ATEN Neuquén, por ejemplo, donde la división permitió que la burocracia recuperara el sindicato. A aquellos dirigentes opositores que aún siguen actuando bajo los lineamientos de las conducciones burocráticas de la CTA de Yasky, Micheli o Godoy, en la FND, los llamamos a que abandonen esos espacios y se retomen la unidad y la coordinación nacional de docentes opositores, y se integren al PSC. Llamamos al resto de las agrupaciones con las que actuamos juntos en las multicolores y el PSC, como Tribuna/PO, a que no duden en apoyarse en esa unidad para impulsar la lucha cotidiana. Exigiéndoles a todas las burocracias que rompan sus pactos con los gobiernos y llamen a planes de lucha, pero confiando en que la consulta democrática a las bases nos da la fortaleza necesaria para salir a luchar, aunque la burocracia no quiera hacerlo. Fortaleciendo polos antiburocráticos que, además de dar pelea en las elecciones sindicales, se potencien como organismos de coordinación y lucha, que superen la inacción de la burocracia. Esa debe ser la razón central de la coordinación opositora, ponernos al servicio de luchar unidos en defensa de la educación pública y el salario.

13. Para todas estas tareas es que llamamos a todos a integrarse a Docentes en Marcha y fortalecer la multicolor, impulsar la coordinación nacional de docentes opositores, fortalecer el PSC, y las alternativas unitarias, democráticas y de lucha en cada sindicato y en CTERA. Debatamos en las comisiones y en el plenario general, buscando las mejores propuestas de resoluciones para este nuevo Encuentro Nacional.

La necesaria cuarentena producto de la pandemia del Covid 19, arrojó intempestivamente a la educación al uso de la virtualidad como forma de mantener de algún modo, la continuidad del vínculo educativo.

La circunstancia, sin embargo, empalmó con un propósito que viene siendo ambicionado por las empresas de servicios educativos (como la Global Educational Industry) para acelerar el negocio de la privatización de la educación, por un lado. Por otro, por el estado y los dueños de escuelas, para instalar modalidades de teletrabajo que reduzcan los costos laborales.

A su vez, dado que los gobiernos no proveyeron dispositivos ni conectividad gratuita a docentes y estudiantes, se ha incrementado la brecha social en el acceso al derecho a la educación que ha producido una alarmante pérdida de escolaridad, así como de nivel de rendimiento del ciclo lectivo en curso.

Con Macri-Bullrich-Zinny, la intervención de las empresas de servicios educativos para usufructuar del presupuesto educativo, fue abierto y desembozado. Con Fernández-Trotta, la política educativa emplea el doble discurso y se viste de celeste y blanco. Desaparece el direccionamiento explícito a plataformas digitales privadas de las páginas de los ministerios, pero no significa la ruptura con esta política ni con la implementación de los planes del Banco Mundial. Ya que hay en curso acuerdos para la realización de proyectos educativos con la fundación de George Soros, por ejemplo.

Además, si bien la Ley del Teletrabajo, recientemente aprobada, no incluye a educación, la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional señala la perspectiva de que el gobierno prepare la instalación de la virtualidad más allá de la pandemia en todos los niveles educativos. No es sólo por el negocio de las plataformas, sino que apunta a convertir la educación en un servicio esencial (como decretó Larreta en CABA) y atacar el derecho de huelga, utilizando la virtualidad para reemplazar a los docentes en lucha, por ejemplo. No es casual que la gobernadora y el CPE de Santa Cruz retome el uso de la plataforma “con voz, para vos”, creada luego del largo conflicto docente 2017.

El borrador de Documento “Base de Política Educativa: hacia una reconfiguración del sistema educativo”, del ministerio de Educación nacional, luego de una descripción de la realidad de la educación en cuarentena, haciendo empatía con el esfuerzo realizado por la docencia, indica propuestas de transición para el regreso a clases. Estas propuestas fueron base para el Protocolo “burbuja” de Trotta. Pero, a su vez, anuncia la necesidad de redimensionar el sistema educativo a largo plazo. Plantea que hay que repensar los niveles de enseñanza, preparar el trabajo por áreas, armar grupos por ciclos y no por grados, rediseñar los contenidos curriculares y las relaciones laborales y que, la virtualidad, estará integrada a ese nuevo diseño. Se plantea, de este modo que la virtualidad signifique menos docentes, flexibilización laboral y ajuste.

Cabe recordar que, con un discurso más explícito, estas propuestas están contenidas en el diseño de Secundaria del Futuro, la UNICABA del PRO en CABA y el caso del plan Sigo de la Reforma de adultos con el kirchnerismo en Santa Cruz. Así mismo, la reciente constitución de la Comisión Nacional de Evaluación de la Calidad educativa, según la Ley 26206, integrada entre otros por los grandes empresarios nucleados en la UIA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la CGT, son un avance de la evaluación externa funcional al mundo empresarial, que impusieron los organismos internacionales durante el kichnerismo.

Tenemos entonces, estas problemáticas a debatir y posicionarnos: la virtualidad, el teletrabajo y los protocolos de la vuelta a clases.

En este marco decimos que: reivindicamos el hecho de que la docencia, en general, durante la cuarentena no apeló a las plataformas oficiales para su trabajo, ni al uso de programas prediseñados por empresas. Con gran esfuerzo y creatividad, armó sus propias propuestas pedagógicas virtuales, lo que ha impedido la generalización del comercio de las empresas privadas en sus clases y, en general, el “espionaje” de los ministerios de su tarea. Aunque el CIDI (Ciudadano Digital) de Córdoba es un antecedente peligroso del control estatal sobre nuestra vida laboral.

Por otro lado, a pesar del gran esfuerzo realizado por la docencia, se han profundizado las desigualdades y se agravó la brecha social: muchos alumnos de amplios sectores populares quedaron afuera, excluidos, sin conectividad ni tecnología para las clases virtuales. Para los docentes, significó una sobre carga laboral, la extensión de los horarios de trabajo, exigencias en la presentación de informes diseñados sin tener en cuenta la realidad de los y las estudiantes, la persecución y el hostigamiento en una pretendida exigencia de no “perder el vínculo pedagógico”, la falta de cobertura de cargos, los gastos económicos para acceder a la conectividad y mejorar los soportes tecnológicos, con bajos salarios, entre otras penurias laborales.

No nos oponemos al uso de la tecnología, no somos ludistas del siglo XXI, y no descalificamos el uso de la virtualidad en una nueva combinación de la tarea educativa reinventando, seguramente, cuestiones pedagógicas, siempre entendida como soporte, complemento de un proceso de enseñanza aprendizaje que se da en presencia, no como reemplazo y menos como precarización de nuestras condiciones laborales, y ajuste.

Nos oponemos a la flexibilización laboral en el teletrabajo, al reemplazo de docentes por “coordinadores” virtuales. Defendemos las conquistas de nuestro Estatuto Docente, el régimen de concursos públicos, la estabilidad laboral, salario por jornada laboral, entre otros. Defendemos la relación docente-estudiante centrada en la presencialidad que favorece la interacción entre pares. Rechazamos el home-schooling permanente, como violatorio de los derechos de la niñez y adolescencia a la subjetivación-socialización secundaria, fuera del ámbito familiar, primario.

Pero sabemos que en pandemia no podemos volver a clases, porque no están dadas las condiciones sanitarias en medio de los picos más altos de contagio, con edificios escolares que mantienen todos los problemas de infraestructura anteriores a la pandemia.

El “protocolo burbuja” de Trotta es inadmisible. Resulta ridículo pensar en la posibilidad de aulas burbujas, bimodalidad, sala de aislamiento, etc., cuando hay cursos de 50 alumnos, y escuelas sin gas ni agua. Sin embargo, el ministro y los gobernadores empujan para que se comiencen las clases presenciales. En San Juan, esta semana se inicia la vuelta a clases en algunas escuelas del interior de la provincia, donde no hay registrados casos de coronavirus (lo que no quiere decir que no haya). Será, una vez más, responsabilidad del gobierno nacional, provincial y de la burocracia sindical, las consecuencias sanitarias que esta medida absurda pueda ocasionar.  En San Juan el gobierno pretendía, incluso, que los docentes compartieran el uso de máscaras.

En otras provincias los gobiernos también quieren regresar a cualquier costo, en plena pandemia, como en Santa Cruz. Nosotros llamamos a la docencia a exigir a los dirigentes sindicales que rechacen cualquier retorno presencial mientras estemos en pandemia. No se puede jugar con la salud de docentes, estudiantes y las familias. Hay que garantizar la tecnología y conectividad necesarias para mantener las clases virtuales y llegar a todos los estudiantes, mientras dure la pandemia.

Ante esta realidad proponemos:

-Rechazar el protocolo de Trotta y cualquier otro protocolo para volver a clases. No se vuelve a clases presenciales en medio de la pandemia y sin presupuesto.

-Denunciar mediante campañas la falta de condiciones edilicias, sanitarias y laborales para la vuelta a la presencialidad y de solidaridad con las provincias donde se inicien procesos de exigencia y lucha por el uso de protocolos.

-Impulsar la unidad con la comunidad para llevar adelante los reclamos.

En lo inmediato y de modo urgente, para dar continuidad a la virtualidad en mejores condiciones y pensar en la posibilidad de la terminalidad en los distintos niveles, exigimos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales: - Garantizar el acceso gratuito a la conectividad, sin límites de datos y con la velocidad adecuada. - Otorgar todos los insumos tecnológicos para docentes y estudiantes - Cubrir todos los cargos y horas cátedras mediante ofrecimientos virtuales. - Participación docente en la elaboración de las adecuaciones curriculares y cuestiones vinculadas a la terminalidad y debatir en cada escuela qué hacer con la acreditación. -Derecho a la desconexión. Rechazar toda sobre carga laboral y persecución producto del teletrabajo. Que se respete la carga horaria asignada según cargos y/ u horas cátedra. Rechazar la bimodalidad. -Rechazamos la modificación del artículo 109 de la LEN y denunciar su utilización para instalar el negocio de las plataformas y el avance de la reforma educativa en el camino de la privatización de la educación. -Rechazamos esta falsa virtualidad que, con la excusa de la pandemia, profundiza la intervención del sector privado en el diseño e implementación de la política educativa, dando lugar en forma directa a la precarización laboral. -Rechazamos que se declare a la educación “servicio esencial” con el objetivo de cercenar derechos docentes, como el derecho a huelga. Sí que se declare la emergencia educativa para garantizar partidas inmediatas de presupuesto para cubrir las necesidades de la virtualidad (conectividad y tecnologías gratuitas para docentes t estudiantes), para salarios, infraestructura escolar y nombramientos de cargos faltantes. Rechazar el acuerdo del gobierno, la UIA y la burocracia sindical para que el ajuste y la crisis la paguemos los trabajadores. Inmediata convocatoria a un plan de lucha nacional. Reapertura de paritarias por aumento salarial ya.

Cambia el signo político de los gobiernos patronales, pero todos privilegian el pago de la deuda externa por sobre la inversión en salud y educación.  Ahora, con el gobierno de Alberto Fernández, la historia vuelve a repetirse. En el marco de una crisis sin precedentes, se destinaron 5.000 millones de dólares a cumplir con vencimientos a los acreedores y se terminó firmando un acuerdo con los bonistas en el que se pagarán 15.500 millones de dólares más de lo que se ofreció inicialmente. Fernández había anunciado que iba a empezar a pagar esta parte de la deuda recién dentro de tres años, pero finalmente comenzará a hacerlo el año próximo, con la brutal crisis económico social aun a cuestas.   En los próximos meses, iremos a un nuevo acuerdo con el FMI, a cambio del cual se pedirán ajustes estructurales, profundizando también los que se refieren a la educación pública. La deuda externa es un mecanismo de sujeción política que usa el imperialismo para intentar digitar el destino del país. En materia educativa el imperialismo busca seguir avanzando en desligar a los estados de países semi coloniales como el nuestro, de la tarea de financiar y garantizar el sistema educativo.

Es por eso que año tras año se destinan cifras siderales para el pago de la deuda externa, mientras que el presupuesto educativo se desfinancia cada vez más. La Ley de Educación Nacional votada en 2006, establece que la inversión mínima en educación debe ser equivalente al 6% del PBI. Pero nunca se llegó a esa cifra, ni en la gestión de Cristina Kirchner, pese a que decía que lo estaba cumpliendo. Ese 6% sería hoy, si se cumpliera, aún insuficiente para las necesidades mínimas de funcionamiento del sistema educativo y de los salarios docentes e infraestructura escolar.

Pero hace años que el presupuesto educativo viene disminuyendo en términos reales. Entre 2016 y 2020 hubo una caída del 34%. El presupuesto educativo 2020 corresponde tan solo al 5,1% del total del presupuesto del país. Del magro presupuesto existente para educación, el 76% corresponde al sistema universitario. Según la ley de educación técnica sancionada durante el kirchnerismo, el presupuesto para esa rama debería llegar al 0,20% del total, pero en 2020 es solo del 0,10%.

Las reformas educativas de los 90, mantenidas por los gobiernos subsiguientes, transfirieron la mayor parte del financiamiento del estado nacional hacia las provincias, lo que genera, a su vez, desigualdades en el financiamiento por provincia. Esto se puede medir teniendo en cuenta el gasto presupuestario por alumno. Por cada peso que se invierte por alumno en CABA, se invierten 0,25 en Formosa, por la diferencia de recursos entre una y otra provincia.

Además del desfinanciamiento, los gobiernos, orientados por el FMI, usan otra herramienta para deslindar al estado de la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema educativo: la privatización. Esta política implica distintos ataques a la educación pública, estatal y gratuita:  avanza en privatizar todos los sectores posibles del sistema educativo, limpieza, seguridad, mantenimiento, cursos, formación, programas educativos no conveniados, etc. Se profundiza la instalación de servicios educativos privados en todos los niveles (antes de la ley menemista no eran aceptados), mientras se recorta el presupuesto para la educación pública con graves falencias de infraestructura y falta de personal. En el año 2018 la matricula privada representaba el 32,9% de la matricula nacional en nivel inicial, y en CABA, por primera vez la matricula privada superó a la estatal.

En el marco de la profunda crisis educativa que atraviesa el país, rechazamos rotundamente la política de subsidios estatales a la educación privada. En el caso de las escuelas confesionales, que representan la mayoría dentro del ámbito privado, el subsidio llega al 50% de la matrícula. A las privadas no confesionales, de forma solapada también se las subsidia. Frente a la posibilidad del cierre de estas escuelas ante la crisis económica, reclamamos que el estado las estatice de forma inmediata, garantizando la continuidad laboral de los docentes y la continuidad pedagógica de los estudiantes.

En este marco de una gran avanzada de la privatización, dos de los niveles más afectados han sido el nivel terciario y el inicial, dos puntas fundamentales del sistema educativo.

La fragmentación y la desigualdad son muy profundas. Existen escuelas públicas pobres y escuelas privadas con recursos. En el nivel inicial los gobiernos no invierten y permiten que la falta de jardines maternales para niños desde los 45 días, sean cubiertos por jardines privados, que cumplen esa función social que debería garantizar el estado. Jardines emparentados, además, con la necesidad de igualdad para las mujeres para ir trabajar. Y, a partir de los 4 y 5 años, por ley los niños deben asistir de manera obligatoria a la educación. Desde Docentes en Marcha impulsamos una única educación estatal, pública, gratuita, científica, con perspectiva de género y no dogmática, sin darle cabida al negocio de la educación privada, que atenta contra el derecho social a la educación estatal y gratuita.

En este marco de crisis del nivel inicial, miles de maestras jardineras están desempleadas o casi desempleadas y precarizadas salarialmente. Además, nosotros proponemos que los jardines privados, con dueños o “cooperativas”, dentro de empleados de comercio o entidades religiosas, se estaticen y sean parte del sistema educativo estatal público y gratuito. Y que se garanticen, al pasar al estado, los derechos laborales de sus docentes.

RESOLUCIONES COMISION 2: Financiamiento, privatización, nivel inicial

No al pago de la deuda externa. Plata para educación y salud pública, salario, jubilación y vivienda.

- Aumento presupuestario equivalente al 10%del PBI o al 25% del presupuesto nacional en base al no pago de la deuda externa y un fuerte impuesto a las grandes empresas.

Basta de desigualdad educativas y presupuestaria entre las provincias. Renacionalización del sistema educativo y del financiamiento del mismo.

- Basta de subsidios a la educación privada. Separación de la iglesia y el estado.

-Estatización de toda escuela privada que cierre o despida, garantizando la continuidad laboral de los docentes y pedagógica de los estudiantes. Ningún docente despedido. Respeto de los derechos laborales adquiridos.

-Universalización del nivel inicial público estatal. Creación de todos los cargos necesarios. Construcción de las aulas y edificios propios

Presupuesto para acondicionar todos los edificios escolares en el marco de la pandemia.

Defensa de los derechos laborales de todos/as trabajadores docentes que trabajan en educación privada. No a la discriminación por raza, religión o género.

- libertad de organización sindical para las, les y los trabajadores docentes. No a la persecución patronal por luchar.

- no a la política de SADOP que acuerda con los gobiernos y las patronales avalando los ajuste sobre los derechos laborales.

Que se garantice la obligatoriedad de 3, 4 y 5 años. Creación de todos los cargos necesarios. Construcción de las aulas y edificios propios. Provisión de los recursos lúdicos necesarios.

Creación de jardines maternos-parentales en todos los turnos, incluyendo vespertino de 45 días a 2 años para el acceso laboral de las mujeres y de las/les y los estudiantes.

Los distintos gobiernos y funcionarios de turno y los últimos, kirchneristas, macristas y el actual peronismo de Fernández, vienen aplicando un ajuste en la educación que también atraviesa la realidad de nuestras Obras Sociales. En líneas generales los aportes de los docentes a las obras sociales provinciales son un porcentaje importante del salario. En Santa Cruz es el 6,4%, con carga familiar. En provincia de Buenos Aires el IOMA representa el 4% de los salarios de los trabajadores y 4% de aportes patronales. En CABA el 6%, en Córdoba APROS descuenta el 4,5%.

A pesar de los enormes fondos que recaudan estas Cajas, todos los días nos hacemos eco de las denuncias de compañeros que no reciben la atención adecuada, que no hay servicios médicos porque se suspenden o no nos cubre diferentes estudios especializados o tratamientos complejos, o simplemente no permiten más de dos estudios por mes.

La medicación oncológica y la de HIV generalmente se retrasa por falta de pago. No se cubren tratamientos con traslados, pese a acuerdos inter provinciales. Este abandono llevó a la muerte de compañeros y compañeras como los más conocidos de Gabriela Ciuffarella, de Lomas de Zamora o el Negro Bravo de Santa Cruz, entre tantos otros. Hay denuncias de docentes que no reciben atención, ni siquiera de hisopados, por COVID. Y miles de casos de abandono como Mabel Levandosky e Iván Ocantos de Lomas, que para recibir atención tuvieron que organizarse y movilizarse.

Hay una responsabilidad de los gobiernos de turno, que vaciaron sistemáticamente las obras sociales, y desviaron fondos para otros negociados o para sostener la Salud Privada, como acaba de hacer Axel Kicillof en Provincia de Bs. As., que les entregó 400 millones de la caja de IOMA.

En CABA, por ejemplo, el vaciamiento de la OBSBA se dio a través de la desregulación. Miles de docentes hartas de la mala atención, espera para los turnos, con trámites de autorizaciones largos y engorrosos, con la falta de opciones de centros de atención, se volcaron a pagar doble obra social, afiliándose también a otras.  

En Santa Cruz, la CSS (Caja de Servicios Sociales) está intervenida hace 34 años. Producto de la actitud demagógica para la campaña del 2019 la gobernadora, Alicia Kirchner, elevó a la legislatura provincial un proyecto de ley, que fue sancionado en noviembre del 2019, para reestructurar la organización y funcionamiento de la obra social, modificando así la ley 364 de creación de la CSS.

Bajo el pretexto de poner fin a la intervención, esta nueva Ley amplía la participación del Ejecutivo provincial en el Directorio, quedando en desventaja la participación de los trabajadores.

Además, encubre el desfinanciamiento de estos 34 años y la considerable deuda de los municipios que desde hace años no elevan los aportes de sus afiliados municipales. Además de no contar en estos 34 años de intervención con balances y rendición de cuentas, a pesar de las denuncias judiciales. De hecho, la Caja sigue intervenida, ya que no se llamó a elecciones.

Asimismo, debemos vincular a la problemática de la Obra social, el funcionamiento y modificaciones de nuestro Régimen de licencias a través del ministerio de salud pública, sin respetar nuestros convenios, y el pésimo y privatizado en muchas provincias, funcionamiento de Reconocimientos Médicos.

El Contexto de la Pandemia agrava cualitativamente este panorama crítico de la salud de los y las trabajadores y sus familias, la falta de inversión en los hospitales, sin insumos, con escasa tecnología y falta de profesionales. Hoy ya colapsados en muchas localidades del AMBA y también en provincias como Jujuy, o en Río Gallegos, Santa Cruz, por la desinversión en la salud pública.

En Caba hay miles de denuncias sobre las condiciones de las guardias y la larga espera para tener el resultado del hisopado. El tratamiento con plasma no se comenzó a realizar hasta hace pocos días, cuando un docente pelaba por su vida. La denuncia por las redes, tomada por cientos de docentes, logró que se incorpore el tratamiento con Plasma en OBSBA.

La burocracia sindical de CTERA y de los gremios provinciales, deja correr esta política de vaciamiento y en muchos casos es hasta cómplice, ya que está en las directivas de las obras sociales y no sale a denunciar los casos de corrupción. Es fundamental que tomemos la lucha por la defensa de nuestras obras sociales, llevando la exigencia a los sindicatos que pongan esta temática como uno de los puntos fundamentales en la lucha contra el ajuste del gobierno.

Llamamos a que los sindicatos y agrupaciones combativos, tomemos los reclamos de la docencia y de los grupos de familiares que luchan por atención, y unifiquemos esta pelea.

Resoluciones:

1. Denunciar al gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores por su política de vaciamiento de las Obras Sociales de los trabajadores del Estado y la Educación. También denunciamos el desvío de los Fondos de nuestra Obra Social para todo tipo de negociados. Todo esto produce el abandono de compañeros enfermos crónicos y terminales, que no reciben sus tratamientos y medicación y son condenados a la muerte.
2. Denunciar a Ctera y el FUDB por su política cómplice frente al vaciamiento de las Obras Sociales de los trabajadores.

Exigir a los gremios un Plan de lucha para:

-Rechazar el vaciamiento. No a la financiación de la Salud Privada con fondos de nuestras Obras Sociales.

- Que el dinero de los Aportes sea destinado a las Prestaciones de los Afiliado, con particular atención de los casos de pacientes con discapacidad

- Por la Apertura de todos los Libros. Obras Sociales dirigidas por los Trabajadores. Elección Democráticas de los Vocales o Representantes de los Trabajadores en las Entidades.

- Por Aumento de Presupuesto para Salud

- Por un Sistema Único de Salud Estatal, Gratuito y de Calidad. No Pago de la Deuda Externa e Impuesto a las Grandes Fortunas.

3. Impulsamos la más amplia unidad de Acción por los puntos programáticos planteados con los Sindicatos Opositores de los gremios Estatales y con las Comisiones de docentes, estatales, afiliados y familiares afectados por el Abandono de las Obras Sociales.
4. Frente a la Actual Situación de Pandemia: exigimos que ningún docentes y trabajadores estatales afiliados queden sin la inmediata atención, detección y cobertura de tratamiento del COVID.

Sin duda alguna, el gobierno de Macri y el actual gobierno de Fernández, con sus leyes y decretos aplicaron un tremendo ajuste sobre las jubilaciones en general y pretenden avanzar sobre el régimen jubilatorio docente y las cajas previsionales provinciales, en esto que denominan “armonizar” con el régimen del ANSSES de Nación.

Recordemos las jornadas de lucha del 18 y 19 de diciembre del 2017, marco en el cual se votó, con complicidad del PJ, la nueva movilidad jubilatoria, Ley Ómnibus, que con la pretendida “reparación histórica”, significó un nuevo ajuste. Esa misma ley incluía la “Armonización” con nación de las cajas provinciales en 180 días. No pudieron implementarlo.

Después vino Fernández y a pesar de que en campaña aseguró que la prioridad eran los jubilados, mandó a la legislatura la Ley de emergencia “Proyecto de solidaridad social y reactivación productiva” que suspendió la ya repudiada movilidad de Macri, otorgó por decreto nuevos aumentos, con porcentajes menores a los que hubiesen sido aplicados con la Ley macrista. O sea, un nuevo robo y ajuste. Actualmente con la aplicación del nuevo decreto, aumentan un 6,12% (aplicando la suspendida movilidad hubiese sido del 10, 9%) y la jubilación mínima para un jubilado es de $16.864

Esta ley de Fernández-Moroni contemplaba, además, en sus artículos 51 y 52, que suspendía la movilidad jubilatoria, el 82% móvil, a docentes universitarios, de la Ciudad de Bs As y de las cajas transferidas por seis meses.El repudio y lucha de los gremios como Ademys, AGD UBA se hizo sentir y empujaron a que Ctera se expresara en contra y solicitara la anulación de esos artículos, cosa que se logró

Los docentes siempre hemos tenido que luchar para defender nuestro régimen jubilatorio y lo cierto es que se han ganado batallas. Lamentablemente en algunas provincias los gobiernos han avanzado, con reformas totales o parciales.

Armonizar con Nación significa ajustarse a las condiciones de la jubilación de Anses en los requisitos de edad, años de servicios, determinación del haber jubilatorio inicial y movilidad. Esto es perder conquistas y derechos: elevar la edad a 60 mujeres, 65 hombres; con 30 años de servicios.

A las conocidas reformas previsionales que hemos apuntado en el encuentro anterior de DEM, vemos que en Formosa (2016), Santa Cruz (2010), hubo reformas que van de cambiar el cálculo de los haberes, a aumentar los aportes, y/o incluir los llamados aportes solidarios, o sea seguir aportando como pasivo: Debemos sumar el gran ajuste de este año en Córdoba por parte del gobernador Schiaretti.  La reforma jubilatoria en Córdoba es uno de los ejemplos más acabados de una serie de ajustes que comenzaron en el 2008, y que “armonizan” a la baja a partir del cambio en el modo de cálculo de los haberes iniciales, que con la nueva Ley 10.694 de este año, se realizará sobre las últimas 120 remuneraciones mensuales (10 años) Además los aumentos se percibirán 60 días después de otorgados a los activos.

En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof intenta avanzar en la armonización. A través del decreto provincial 261/2020 estableció un convenio con el ANSES a cambio del giro de $6000millones de pesos por el ejercicio del 2017. Manifestando en dicho decreto que el ANSES se compromete a financiar el déficit del sistema previsional de la Provincia.  Con ese decreto, convalida décadas de vaciamiento de la Caja Previsional de la Provincia de Buenos Aires (IPS), dejando establecido que se encuentra en déficit. Este argumento también es el de Alicia Kirchner para mantener el aporte solidario y el de Schiaretti y todos los gobiernos provinciales. Argumento que rechazamos, porque lo que llaman déficit es en realidad robo, usar los fondos de los aportes para otros fines,  el no cumplimiento de los aportes  del estado, las numerosas sumas en negro que compone el salario docente que influyen negativamente en los haberes jubilatorios de muchas provincias.

Con el gobierno de Macri decíamos que el objetivo era alcanzar armonizar nacionalmente y el peligro de un haber único jubilatorio de pobreza. Consideramos que, con variantes y doble discurso, esa amenaza sigue vigente.

Desde Docentes en Marcha decimos:

Derogación de todas las reformas previsionales provinciales que significan pérdida de derechos, ajuste y armonización con Nación. Algunas de ellas son:

Derogación de la ley 10694, “Solidaridad y Sostenibilidad del sistema previsional” en la provincia de   Córdoba.

Derogación de la Ley 10806,  “Ley de Emergencia Solidaria “en la provincia de Entre Ríos,  sancionada el 2 de julio de 2020.  Avanza hacia un mayor recorte salarial en los haberes jubilatorios (reducción del 82% móvil), ya que con esta ley los jubilados y pensionados   aportaran, según la grilla  salarial , solidariamente a partir del 4% y los activos del 16 % al 18% , teniendo la grilla salarial y el salario a bolsillo. 

Defensa y recuperación del régimen especial docente, jubilación con 25 años de servicio y sin límite de edad. ¡Ningún aumento de la edad jubilatoria!

 Defensa y recuperación del 82% móvil. Blanqueo del salario, pasando al básico todas las cifras en negro. ¡Ningún aumento por fuera del básico!

¡Medicamentos gratuitos para los jubilados, especialmente los oncológicos!

¡No al vaciamiento del ANSSES, del PAMI, IOMA  y de la Caja de Jubilaciones! Ponerlos bajo el inmediato control de los trabajadores activos y pasivos.

Por cajas previsionales bajo el control de los trabajadores, trabajadoras y jubilados.

Llamamos a todos los sindicatos a luchar contra la armonización y contra jubilaciones de pobreza.

Coordinar los reclamos y las luchas de todos los jubilados estatales.

Apoyar las iniciativas de lucha generadas por el sector, como la que están realizando ahora los Jubilados Autoconvocados de Río Cuarto.  Generar campañas en las Redes Sociales.

Impulsar la conformación de Jubilados en Marcha en todas las provincias, organizando a los docentes jubilados luchadores que defiendan este programa.