Escribe Miguel Lamas
El XIX Congreso del Partido Comunista Chino (que se reúne cada cinco años), con 2.287 delegados, supuestamente representativos de 89 millones de miembros (aunque el proceso de elección es ultraburocrático y la incidencia de las bases casi inexistente), terminó concentrando todos los poderes fundamentales del país en el presidente Xi Jinping: la jefatura del Partido Comunista, del Estado y del ejército. El discurso del presidente destacó el refuerzo del “socialismo con características chinas”, un invento ideológico que significa la dictadura del Partido Comunista y la apertura al capitalismo mundial (es decir, de socialismo nada). La economía china está dominada por grandes trasnacionales, asociadas o directamente occidentales (europeas, yanquis, japonesas y en los últimos años también por la inversión de trasnacionales chinas asociadas a las de otros países en África y Latinoamérica).
Escribe Miguel Lamas
Para hoy de noviembre está convocada una huelga general y se preparan grandes movilizaciones. Es la respuesta popular ante la intervención de los poderes autonómicos y el encarcelamiento de parte del gobierno catalán, ordenado por la fiscalía del Estado central y el gobierno derechista de Rajoy.
El Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, se refirió a las detenciones del ex presidente Boudou y del ex ministro Julio De Vido.
Giordano señaló: “De Vido y Boudou están presos. Izquierda Socialista sostiene que todos los funcionarios y empresarios corruptos deben ir a la cárcel y devolver lo que se robaron. Ellos deben demostrar que no tuvieron nada que ver con su enriquecimiento ilícito, las coimas con la obra pública y los negociados capitalistas como el soterramiento del Sarmiento. Son ladrones de guante blanco que deben estar tras la rejas en forma inmediata”.
La cita fue el lunes en el Centro Cultural Kirchner. Allí asistieron, y aplaudieron, la “crema” de los grandes empresarios nacionales y extranjeros que operan en el país, 19 gobernadores (incluyendo los supuestamente más “opositores” Alicia Kirchner o Miguel Lifschtiz), la cúpula de la CGT, el episcopado de la Iglesia Católica y referentes de otras religiones, algunos rectores de universidades nacionales, los jefes de las fuerzas armadas y la Policía Federal y miembros de la Corte Suprema, entre otros. Detrás de un cartel que decía “consensos básicos” el presidente Macri llamó a una especie de “gran acuerdo nacional”. Con la excusa del “compromiso para combatir la pobreza”, dijo que lo central es reducir el gasto público y bajar los impuestos. “Ahora o nunca”, sostuvo. Se trata del discurso macrista de siempre: todo eso permitiría que “vengan las inversiones” y así “se generarían más puestos de trabajo”.