Escribe Mariana Morena

La juventud y el pueblo nicaragüenses siguen en las calles exigiendo la salida de Ortega. La semana pasada hubo masivas jornadas de protesta y el segundo paro nacional. Al mismo tiempo, recrudeció la represión de las bandas gubernamentales, que ha elevado la cifra de muertos a más de trescientos cincuenta. Las “negociaciones” promovidas por la Iglesia no evitan que avance la movilización popular revolucionaria para derribar a la dictadura.

Miles de nicaragüenses tomaron nuevamente las calles de Managua, Jinotega, Estelí, León, Granada y Masaya, entre otras ciudades, para exigir el cese de la represión en todo el país y la dimisión de Ortega. Fueron tres jornadas de protesta en el proceso de rebelión popular iniciado el 18 de abril ante el intento del gobierno de imponer una reforma previsional pactada con el FMI, que finalmente debió retirar. Pero este primer triunfo fortaleció al pueblo nicaragüense para seguir la movilización pidiendo que se vaya Ortega.

El jueves 12 de julio hubo multitudinarias marchas y plantones en las principales ciudades convocados con el lema “Juntos somos un volcán”. Durante la jornada, “¡que se vaya Ortega del poder!”, “¡qué pide el pueblo, que se vaya el carnicero!”, “el pueblo de Nicaragua está cansado de esta dictadura”, fueron algunas de las consignas gritadas o levantadas en pancartas. El viernes 13 tuvo lugar el segundo paro nacional de 24 horas, convocado por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que reúne a empresarios, académicos, estudiantes, campesinos y organizaciones civiles-, y respaldado por las cámaras patronales, que rompieron con el régimen al ver el peso de la movilización. Se sumaron el 90% de los comercios, supermercados, centros comerciales, grandes distribuidoras de alimentos, bancos y gasolineras, mientras las avenidas se mostraban vacías pese a que el gobierno garantizó el transporte público. Para el sábado se organizó una caravana de vehículos que recorrió los barrios de Managua que están bajo asedio de las milicias de encapuchados de Ortega.

La oleada de terrorismo orteguista no se detiene

En las últimas semanas Ortega puso en marcha una “operación de limpieza” con el objetivo de desmontar las alrededor de doscientos barricadas y bloqueos de carreteras que se levantaron en todo el país como forma de protesta y defensa frente al accionar violento de las bandas del gobierno. En medio de esa ofensiva, el domingo 8 de julio tuvo lugar la matanza de 21 personas en los municipios de Diriamba y Jinotepe en Carazo, a unos 40 kilómetros de Managua, seguida de una ola de secuestros de jóvenes y referentes sindicales y campesinos. Al día siguiente, hasta un grupo de obispos católicos que se acercaron como mediadores fueron agredidos por las bandas gubernamentales, junto con periodistas y paramédicos.

Según el informe más reciente de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), entre el 19 de abril y el 10 de julio se registraron más de 350 muertos (en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años) y 2.100 heridos. Hay además unos 260 desaparecidos: las llamadas “fuerzas combinadas” del gobierno ejecutan un plan de “cacería” casa por casa en busca de opositores.

La represión continuó durante el fin de semana. El viernes 13 fuerzas paramilitares asaltaron el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), ocupada por un centenar de estudiantes desde hacía más de dos meses, y asediaron durante horas la iglesia contigua en la que se refugiaron los jóvenes. Hubo otros dos muertos y decenas de heridos. El domingo al menos diez personas murieron en tres ciudades del Pacífico. La ola terrorista llevó a que la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli, ex guerrillera sandinista que viene denunciando internacionalmente al gobierno de Ortega, advirtiera en una entrevista con una agencia de noticias alemana que “en Nicaragua se puede producir un genocidio sin precedentes en América latina”.

El dictador no quiere negociar. El pueblo tampoco.

Los ataques recrudecieron días después de que el presidente afirmó que no dejará el poder ni adelantará las elecciones, y tildó de “golpistas” a todos los que se manifiestan en su contra. Pero ¡que se vaya Ortega! sigue siendo el grito en las calles de Nicaragua pese a la sangrienta represión gubernamental. Incluso en localidades como Masaya, que fueron bastiones de la lucha del sandinismo contra la dictadura somocista en los ´80 y que hoy son símbolo de la resistencia contra el ex guerrillero sandinista, los pobladores se atrincheraron el último viernes para impedir que una caravana que lideraban Ortega y su mujer, Rosario Murillo, no pudiera ingresar en la ciudad.

Desde la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional repudiamos la represión de Ortega y denunciamos a la “mesa de diálogo” que encubre el plan del imperialismo, la Iglesia y los empresarios por una salida negociada para anticipar las elecciones generales, impunidad para Ortega y que siga una economía al servicio de los de arriba. Amplios sectores de la juventud y del pueblo desconfían del “diálogo” y por eso ha seguido movilizándose. Incluso sectores como los de Masaya desconocieron, semanas atrás, el llamado a levantar los “tranques” (los cortes de calles y barricadas).Llamamos a la más amplia solidaridad con el pueblo nicaragüense por ¡abajo Ortega! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Justicia para las víctimas y plenas libertades democráticas! Por la formación de comités de autodefensa popular! Por una coordinadora de la juventud y el campesinado que organice la movilización popular revolucionaria para terminar con el gobierno patronal y represivo de Ortega y avanzar por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y la juventud.

Escribe Juan Carlos Giordano

El Fondo intenta hacer creer que “ha cambiado”. Macri y Dujovne hablan de un FMI bueno, que ahora se preocupa “por los más vulnerables”. La realidad devela la mentira. Donde se aplican los planes del FMI hay más crisis, pobreza y ajuste. Y por supuesto, rebeliones populares.

En Haití acaba de caer este sábado 13 el premier Jack Lafontant tras una gran marcha pidiendo su cabeza. El 6 y 7 de julio hubo huelgas generales y cortes de rutas ante el aumento aconsejado por el FMI de 38% en la gasolina y de 51% en el querosene, usado por las mayorías populares para tener luz. Un día después de anunciar el ajuste el aumentazo cayó y ahora la marea de protesta se llevó puesto al primer ministro. El acuerdo con el FMI se firmó en febrero. También se reclama la dimisión del presidente Jovenel Moise. El 60% de la población de Haití está en la pobreza y al FMI no se le ocurrió mejor idea, “para proteger a los más vulnerables”, que aumentar el combustible popular.

En Jordania (uno de los países más “estables” de Oriente Medio, al que no lo había “tocado” la primavera árabe rebelión que tiró abajo a varias dictaduras de la región), también fue obligado a renunciar en junio su primer ministro Hani al Mulki, tras implementar un programa de ajuste del FMI. A cambio de un préstamo de 723 millones de dólares (supuestamente para aliviar una deuda que insume el 94% del PBI) se obligó a ese país a bajar subsidios y a subir impuestos (aumentando el número de contribuyentes en un 6%). El Ramadán (día de ayuno) no impidió que las protestas fueran masivas. Las medidas del FMI dispararon el precio de la electricidad, el agua y los combustibles. Hubo una huelga inmediata y protestas diarias en todo el país. El presupuesto 2018 impuso impuestos a los productos básicos (antes subvencionados), así como la subida del transporte público. El precio del pan se duplicó. El rey Abdullah II está en problemas, 200.000 personas se concentraron frente a los edificios oficiales.

En Túnez (norte de Africa), enero de este año estuvo marcado por movilizaciones contra el ajuste presupuestario y reformas de austeridad impulsadas por el gobierno nacional y el FMI, por un acuerdo firmado en 2011. El pago de los intereses de la deuda implica el 22% del presupuesto nacional.

Grecia, años atrás, acordó un crédito stand by por 40.000 millones de dólares, algo similar a lo que hizo Macri, con el compromiso de reducir el déficit fiscal hasta 2060, es decir, un ajuste permanente por 42 años más. Esto ya provocó la peor recesión del siglo en tiempos de paz, con caídas del 40% del salario real, jubilaciones y planes sociales. La desocupación supera el 22% (50% entre los jóvenes), lo que repercutió en la tasa de suicidios que aumentó 40%.

En Nicaragua, el FMI recomendó aumentar la edad jubilatoria (de 60 a 65) e incrementar el aporte mensual de los trabajadores (de 6 a 15%). Esto desató una rebelión contra el gobierno ajustador de Ortega, encabezada por jóvenes universitarios, junto a trabajadores, campesinos y jubilados, que consiguió hacer retroceder los planes de Ortega que reprimió a más no poder (ver página 11).

La mayoría de los acuerdos desde 2008 están en la misma sintonía. Son iguales a todos los firmados en los nefastos años ´90. Nada ha cambiado. También fueron víctimas países como Bielorrusia (devaluó su moneda 25%), El Salvador (con tremendos tarifazos), México (con privatizaciones y recortes a los trabajadores), o Polonia (con un ataque a los jubilados y a la edad jubilatoria), entre otros.

El FMI y todos los gobiernos son socios en estos ajustes capitalistas provocando un alto costo social para los trabajadores, los jubilados, la juventud, las mujeres y los demás sectores populares. Por eso hay luchas y rebeliones.

El antecedente de diciembre, donde miles nos movilizamos contra el robo jubilatorio, es el espejo en que se tiene que mirar Macri.

Escribe Gabriel Massa

El 18 de julio el Knesset (Parlamento de Israel) votó por escaso margen -62 votos contra 55- una ley que declara a Israel “Estado nación del pueblo judío” en el que solo “los judíos tienen derecho a su autodeterminación”. Se establece además que el hebreo es la única lengua oficial, anulándose así el árabe como segunda lengua. Además, la ley declara a Jerusalén capital de Israel. Y da apoyo explícito y alienta la fundación de más colonias 
en los territorios ocupados por las tropas israelíes en Cisjordania.

Israel, que no tiene constitución, se rige por “leyes fundamentales” votadas por su Parlamento. Esta nueva ley fundamental, la número 12, va directamente en contra del texto de la declaración fundacional del Estado de Israel en 1948 que sostenía “la completa igualdad de derechos sociales políticos” para “todos sus habitantes” sin importar su religión, raza o sexo. Lo que supuestamente otorgaba plena ciudadanía al 20 por ciento de población árabe palestina y otras minorías que habitan el territorio. En realidad esa declaración era solo una cortina de humo para ocultar que la fundación de Israel era un robo de sus tierras al pueblo palestino. Lo que requirió un genocidio con cientos de miles de árabes asesinados y millones desplazados hacia los países vecinos.
La resolución inicial de la ONU avalada por Estados Unidos, las potencias europeas y la Unión Soviética entonces gobernada por Stalin, aseguraba que los palestinos tendrían su propio Estado en la mitad de lo que era su territorio, abarcando Cisjordania y Gaza y teniendo a Jerusalén como su capital.
Sin embargo, en sucesivas guerras contra las naciones árabes, Israel tomó el control militar de las tierras supuestamente reservadas para los palestinos, obligando a éstos a sobrevivir en campos de refugiados o ciudades ocupadas durante décadas, o a emigrar. Al mismo tiempo impuso continuas medidas de opresión contra los residentes árabes al interior de Israel lo que los ubicó como ciudadanos de “segunda”.
Lo que intenta el gobierno de Benjamin Netanyahu, con pleno aval de Donald Trump, es continuar una nueva ofensiva contra el pueblo palestino buscando legalizar esa situación de hecho de control militar y político por Israel de todo el territorio de la antigua Palestina. Esa nueva ofensiva tuvo su antecedente más inmediato en el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv -la actual capital de Israel- a Jerusalén el pasado 14 de mayo. Dicho traslado fue respondido con multitudinarias movilizaciones de protesta del pueblo palestino en Gaza, reprimidas a sangre y fuego por las tropas sionistas.

La falsa solución de “los dos Estados”
Voceros de la Unión Europea se unieron al Vaticano y a grupos árabes y políticos judíos opositores en Israel y en Estados Unidos, asegurando que la nueva ley establece un “apartheid” contra los palestinos en Israel. En realidad, ese apartheid existe desde la fundación del Estado de Israel y se ha ido profundizando con el correr de las décadas. Lo que hay que denunciar es que lo que se pretende es darle un mayor estatus “legal” al régimen racista, genocida y de expansión militar permanente contra los árabes que existe en Israel desde su fundación.
Al mismo tiempo la Unión Europea y sus aliados aseguran que la nueva ley entorpece los esfuerzos por concretar la salida de “los dos Estados”. Esta salida, que surge de acuerdos firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1992 en la ciudad de Oslo, reafirmaba el derecho de los palestinos a tener su propio “Estado” junto al de Israel, ocupando Cisjordania (margen occidental del río Jordán) y Gaza, con capital en Jerusalén oriental. 
Con la firma de ese acuerdo la OLP instaló un “gobierno” de la “Autoridad Palestina” en la ciudad de Nablus, que supuestamente ejerce soberanía sobre Cisjordania y Gaza. Pero en los hechos la presencia militar israelí nunca cesó como nunca abandonó su control de la totalidad de Jerusalén y su pretensión de convertirla en su capital.
La realidad ha demostrado que frente a ese monstruo racista y genocida permanente que es Israel la salida de los dos Estados es una utopía. La única salida para terminar con el régimen de apartheid es con la destrucción de Israel y la construcción de un Estado palestino laico, democrático y no racista en todo el territorio de Palestina. La nueva agresión que significa la ley votada ahora por el Knesset tendrá tarde o temprano también su respuesta del heroico pueblo palestino, el que, más allá de las traiciones de sus dirigentes, nunca ha dejado de luchar por el derecho a su existencia.

Daniel Ortega se envalentonó luego de que su “operación limpieza” lograra desalojar la semana pasada a los activistas en las calles y barricadas de Masaya y otras localidades. Ahora rechaza toda negociación con la Iglesia Católica y otros sectores para adelantar elecciones, pero siguen las movilizaciones masivas en Managua.
Miles de militares, policías y paramilitares se han lanzado en todo el país reprimiendo duramente a los manifestantes que reclaman que se vaya Ortega, al que denuncian por corrupto y dictador. Hasta el 10 de julio se contaban 306 civiles muertos entre la oposición al gobierno y 45 bajas entre las fuerzas represivas. Esa cifra necesariamente habrá aumentado con el accionar represivo de los últimos días, en particular durante el ataque a Masaya el 18 de julio.

A pesar de la durísima represión y de que el gobierno salió a rechazar cualquier negociación sintiéndose fortalecido, el 20 de julio hubo una gran movilización en Managua con miles de manifestantes reclamando el fin de la represión y que se vaya Ortega.
Mientras tanto el imperialismo yanqui pretende presionar al gobierno de Ortega con nuevas sanciones económicas contra Nicaragua. Como sabemos, esas sanciones golpean fundamentalmente al pueblo y no favorecen ninguna salida positiva. Tampoco responde a las demandas del pueblo movilizado la postura de la Iglesia Católica de negociar un adelanto de las elecciones presidenciales (que deberían ser en 2021) para 2019 y controladas por el mismo gobierno de Ortega.
Como venimos sosteniendo desde estas páginas la solución pasa por seguir avanzando con la movilización, la organización popular y la formación de comités de autodefensa la constitución de una coordinadora de la juventud y el campesinado para terminar con el gobierno patronal y represivo de Ortega avanzando hacia un gobierno de los trabajadores, los campesinos y la juventud.
G.M.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda realizará un acto frente a la Cancillería Argentina en repudio a la visita de Rajoy. El Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el FIT, Juan Carlos Giordano, quien será el orador del mismo, señaló: “Vamos a repudiar al presidente ajustador y represor del pueblo catalán que visita nuestro país de la mano de Macri”.

Giordano, agregó: “Macri va a declarar ciudadano ilustre y recibe con todos los honores al presidente corrupto y represor del pueblo catalán, Mariano Rajoy. Rajoy, la monarquía y su justicia tiene detenidos a dirigentes y trabajadores que luchan por la independencia de Cataluña. Desde el referéndum de fines del año pasado donde ganó el SI, Rajoy y sus fuerzas represivas contestó con presos, 1.500 heridos, agresiones fascistas, páginas web censuradas y otros atropellos. Ante la venida de Rajoy ratificamos todo nuestro apoyo al pueblo catalán en su lucha por la autodeterminación nacional y reclamamos por la libertad de todos los presos”.

Giordano finalizó: “Rajoy viene con 70 empresarios para seguir haciendo negociados. Rajoy es representante de Repsol, Telefónica, los bancos Santander y BBVA, Indra (la del negocio con los escrutinios electorales) y Gas Natural Fenosa (beneficiada con los tarifazos del gas), entre otros empresarios mafiosos. Macri dice que estas patronales nos van a salvar, mientras la multinacional francesa Carrefour, por ejemplo, quiere despedir a cientos de trabajadores y la yanqui Cargill suspendió a otros tantos trabajadores en Argentina. ¡Fuera Rajoy representante de banqueros y multinacionales negreras y explotadoras!”

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Juan Carlos Giordano

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