Escribe Claudio Funes

El legislador provincial de Córdoba Ezequiel Peressini de Izquierda Socialista/FIT, viajó a Chile para llevar la solidaridad al pueblo movilizado. La visita es continuidad de la que hicieron anteriormente Mónica Schlotthauer, diputada nacional, y Mercedes De Mendieta, legisladora electa por la ciudad de Buenos Aires, ambas integrantes de Izquierda Socialista.

Peressini estuvo presente el pasado lunes 18 de noviembre en la multitudinaria protesta en Plaza Italia (rebautizada Plaza de la Dignidad por los luchadores), junto con nuestros compañeros y compañeras del MST de Chile, integrante de la Unidad Internacional de los Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI). Como parte de sus actividades, Ezequiel también estuvo en Valparaíso donde participó de reuniones con trabajadores portuarios y con integrantes de las asambleas de la ciudad.

El parlamento, ese engendro corrompido por el dinero de los ricos, que nunca votó una ley a favor del pueblo, nos quiere volver a engañar proponiendo un plebiscito para ver si queremos una nueva constitución cuando en realidad ¡hace 30 días que el pueblo viene votando con sus movilizaciones que se vaya Piñera! […]

Rechazamos este acuerdo porque:
- Significa, por omisión, un apoyo total a Piñera de los partidos de la oposición que lo suscriben. Es un acuerdo entre cuatro paredes, para mantenerlo en el poder, porque parte por reconocer a este gobierno como legítimo interlocutor y niega, por tanto, cualquier posibilidad de sacarlo como piden millones en las calles. […]

- No acordaron ninguna medida económica inmediata, como terminar con la cesantía, los bajos sueldos, el alto endeudamiento, las pensiones de miseria, y el saqueo de los derechos sociales y los recursos naturales, junto con las privatizaciones. […]

- Nada dice acerca de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por militares y carabineros. […]

- La propuesta de plebiscito es diseñada para el próximo año, esperando que en estos meses se desactive la masiva movilización nacional. Además, esperan que les dé tiempo para reprimir impunemente a quienes nos manifestamos en contra, silenciar a la oposición de izquierda, y desarmar las asambleas territoriales y barriales que cuestionan el acuerdo.

- […] Las dos opciones del acuerdo son una maniobra para defender el legado de Pinochet. En el caso de que sea Convención Ciudadana (lo más parecido a Asamblea Constituyente), el quórum para cambiar la constitución actual es de 2/3 y esto impide cualquier cambio pues le da poder de veto a Piñera y la UDI o, lo que es lo mismo, sólo puede haber un cambio si los grupos económicos lo aceptan. La otra opción es que la mitad de los delegados sean parte del corrupto parlamento. Ni la una, ni la otra, permitirá realmente cambiar esta constitución y ponerla al servicio del pueblo, de la clase trabajadora, los pueblos originarios, la juventud, las disidencias y las mujeres. La verdadera asamblea constituyente soberana será aquella convocada por el pueblo movilizado que previamente haya terminado con el gobierno de Piñera.

La Mesa de Unidad Social (MUS) ha rechazado el acuerdo. Saludamos este rechazo pero otra vez se quedan a mitad de camino ya que siguen sin levantar el que se vaya Piñera que es el reclamo generalizado del movimiento y no le ponen fecha a la huelga nacional que mencionan. […]
Por esto, desde el MST llamamos a rechazar este acuerdo. A seguir más movilizados que nunca; construyendo, fortaleciendo, y coordinando a nivel nacional las asambleas territoriales y organismos de base que han surgido en estos días de lucha para que se transforme en la alternativa de conducción autónoma nacional, que la gran movilización necesita […]

¡Fuera Piñera!
¡No al corrupto acuerdo!
¡Por un plan económico de emergencia obrero y popular!
¡Juicio y castigo a todos los milicos, pacos y responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos!
¡Por una verdadera asamblea constituyente libre y soberana convocada por el pueblo movilizado!
¡Por un gobierno de los que luchan, de los trabajadores y trabajadoras y sectores populares!

17 de noviembre de 2019

*Ver declaración completa en http://www.uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/95-declaraciones/2411-2019-11-19-14-03-13

Escribe Guido Poletti

Las movilizaciones populares en Chile ponen énfasis en “los 30 años”, refiriéndose al tiempo de vigencia que lleva la constitución pinochetista promulgada en 1980. Este texto fue supuestamente “aprobado” por el 65,71% en un plebiscito ese año, en medio de la dictadura, sin registros electorales, ni la posibilidad de hacer ningún tipo de campaña en contra.

La constitución del ‘80 planteaba la existencia de senadores vitalicios nombrados por la dictadura, entre ellos el propio Pinochet, y de otros designados por las propias Fuerzas Armadas. También establecía la “inamovilidad” de los jefes militares de la dictadura. Estas cláusulas recién serán derogadas en 1989. Pero hay muchas otras, las que sientan las bases del modelo económico chileno, que siguen vigentes. Así, el artículo 19 plantea que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las jubilaciones, dejándolas en manos privadas, e interviniendo “sólo subsidiariamente”. Ahí está la base de lo que existe en la realidad, escuelas, centros de salud y AFP (fondos jubilatorios) privados, para ricos y un deterioro absoluto, orillando con la inexistencia, en el ámbito estatal.

La constitución de 1980, además, le otorga al presidente poderes casi dictatoriales: tiene la atribución exclusiva en la presentación de los proyectos de ley en los temas más importantes, como los económicos. No existe, además, la figura jurídica de “renuncia” del presidente, que sólo puede ser removido por medio de un complejísimo proceso, casi imposible de realizar.

La misma constitución no contempla el llamado a una constituyente para modificarla. Los cambios sólo los puede realizar el propio Congreso por mayoría de 2/3 de sus miembros y no se contempla llamado a plebiscito alguno.

Lo que pasó después de Pinochet

Pinochet lograría permanecer en el poder casi una década más. Finalmente, terminó llamando a un nuevo plebiscito, donde planteaba quedarse hasta 1997, pero esta vez fue derrotado por el “no”. Así se abrió una transición muy regimentada, bajo el marco jurídico de la constitución de 1980, tras algunos pequeños cambios consensuados entre Pinochet y los distintos partidos de la oposición patronal de entonces.

A partir de ese momento gobernó la “Concertación” entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, junto con otras fuerzas menores. Pasaron los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). Luego se produjo el primer triunfo de las fuerzas de la derecha, asumiendo Sebastián Piñera (2010-2014). Al término de su mandato, volvió a ganar Michelle Bachelet (2014-2018), ahora con una coalición ampliada llamada Nueva Mayoría, también integrada por el Partido Comunista, que llegó a tener dos ministros en el gabinete. Las últimas elecciones presidenciales marcaron el retorno de la derecha al gobierno, otra vez con Sebastián Piñera, en 2018.

Como vemos, pasaron 30 años de vigencia de la constitución pinochetista y casi 20 de gobiernos elegidos por el voto, la mayoría de ellos de la Concertación, y nada cambió. Hoy el pueblo trabajador en las calles dice basta y exige que se vaya Piñera. Pide también, junto a un conjunto muy grande de demandas populares, el llamado a una constituyente libre y soberana. Para terminar con la constitución de la dictadura, incluyendo con su método amañado y dictatorial de “reformarla”. Correctamente, el pueblo chileno movilizado plantea que deben ser ellos mismos, sin ninguna restricción, los que elijan quiénes y cómo debe redactarse una nueva constitución.

Extracto de la declaración de la UIT-CI

Las centrales sindicales de Colombia vienen preparando desde hace dos semanas un gran paro nacional para este 21 de noviembre. Se espera que sea el más grande en años y millones se movilicen contra las políticas de ajuste del gobierno de Duque avaladas por el FMI […]

El paro nacional se realiza contra los proyectos de reforma laboral, tributaria y pensional del gobierno, que integran el llamado “Paquetazo” y suponen flexibilización laboral para jóvenes, menos impuestos a las grandes empresas y más impuestos a los trabajadores, y la privatización del sistema jubilatorio. […]

Adhieren a la convocatoria más de 150 sindicatos, gremios y asociaciones. También se preparan para movilizarse la Minga Indígena y los estudiantes que reclaman el cumplimiento del acuerdo firmado el año pasado en materia de presupuesto para la educación pública.
Una de las organizaciones que adhiere a la convocatoria, los Colectivos Unidos, hace un llamado a todos los sectores obreros y populares a sumarse, reflejando el espíritu de la lucha: “desde su casa en la madrugada de este 21, haciendo sonar las cacerolas; desde el sindicato que hace su Asamblea para discutir entre sus trabajadores la necesidad del Paro Nacional; desde el barrio en la Junta de Acción Comunal…” […]

En el marco de las grandes luchas que se vienen gestando en Latinoamérica, es crucial rodear de solidaridad y apoyo a los trabajadores, campesinos, indígenas y a la juventud colombiana, que protagonizarán el paro del 21 de noviembre.

19/11/ 2019

*Ver declaración completa http://uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/95-declaraciones/2414-colombia-apoyemos-el-paro-nacional

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, volvió a mostrar su carácter ultrareaccionario al enviar al Ejército y la Policía a desalojar el bloqueo de la planta de YPFB en Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto. Días antes había reprimido brutalmente una marcha de campesinos cocaleros del Chapare. Hay bloqueos y protestas en todo el país desconociendo a Añez. Pero la gran debilidad de la resistencia popular es la dirección. En especial del MAS y la COB. Los dirigentes del MAS negocian una “salida electoral” con el gobierno. Evo Morales desde México llama al dialogo “nacional”

Escribe Luis Covas

A pesar de que la derechista senadora Añez llegó al poder por medio de un golpe cívico-militar, no logra estabilizar la situación del país. Bolivia sigue en medio de una profunda crisis política. El imperialismo, las multinacionales y la oligarquía boliviana están preocupados. Hasta ha llegado una misión de la ONU para tratar de encauzar la crisis, junto con la Iglesia y la Unión Europea. Su objetivo es consolidar una salida pactada. Pero no les resultará sencillo. Les quedan dos alternativas: elecciones acordadas o la ida hacia un régimen directamente dictatorial, que imponga una derrota al movimiento de masas. Justamente la situación está indefinida porque no han podido aún, pese a la represión, derrotar a los sectores populares que siguen movilizados repudiando al autoproclamado gobierno de Añez.

Añez busca fortalecerse con represión

En su debilidad, el gobierno de Añez busca fortalecerse apoyándose en las Fuerzas Armadas y en la represión. El martes 19, con un enorme despliegue militar y policial desalojó el bloqueo popular en Senkata que impedía la distribución de carburantes a todo el departamento de La Paz, como parte de las medidas de lucha por desconocimiento del gobierno. Dejando dos muertos. Días antes estuvo la represión criminal en Sacaba y el decreto de impunidad a los militares para reprimir (ver recuadro). A lo que se sumó el decreto de Jeanine Añez otorgando un aumento de presupuesto a las fuerzas armadas.

Pero no logran un gobierno de derecha homogéneo. No hay un plan claro ni único. Al punto que fue el derechista y racista de Luis Camacho, de la región de Santa Cruz, quien reclamó insólitamente, elecciones para el 19 de enero. Diciendo que tendría un acuerdo con la burocracia de la COB para ese plan: “la propuesta se da luego de mantener reuniones y alcanzar acuerdos con representantes de la ciudad de El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB), la Asociación de Productores de Coca de La Paz y los Interculturales [...] Con estos sectores hemos acordado mantener una misma posición. Dando un plazo hasta el día jueves para que podamos tener un Tribunal Electoral que refleje el sentimiento del pueblo boliviano” (Infobae, 19/11). Habría una pelea por como serían unas futuras elecciones y con quienes. ¿Con o sin el MAS? ¿Con Camacho y sin Mesa?

El MAS busca una negociación con el gobierno y los militares

Sectores populares y del campesinado cocalero, que son base del MAS, resisten al gobierno de Añez con bloqueos y otras formas de protesta. Pero ese movimiento se debilita en la medida que su dirección da señales claras de buscar una salida negociada con el propio gobierno derechista de Añez y los militares. El propio Evo Morales desde México da esas mismas señales, al decir claramente que ya se “siente expresidente” o asegurando que “no piensa ser candidato” en pos de la “pacificación del país” (reportaje a la BBC). Hasta dijo que ya tiene pensado abrir un restaurante en su pueblo. También les recuerda a los militares que fue su gobierno quien más presupuesto les dio.

Esto se volvió a mostrar en el sorpresivo levantamiento, el martes 19, de la convocatoria a la Asamblea de diputados y senadores que domina en mayoría el MAS. Cuando el gobierno decía que allí podrían votar su destitución y el retorno de Morales, ellos salieron a desmentirlo. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Mónica Eva Copa (MAS), difundió un comunicado en el que señala que no se iba a realizar el encuentro de diputados y senadores “a efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación del país”. La presidenta del Senado agregó “que el MAS está dispuesto, si es necesario, a trabajar por tiempo y materia hasta consensuar nuevas elecciones” (informe de agencia El Deber 19/11). Más claro imposible. La política central de Morales y los dirigentes del MAS pasa por buscar un pacto para llegar a elecciones en donde se les resguarden sus lugares. No es el centro movilizar para derrotar al gobierno reaccionario. A lo sumo aprovechan la resistencia popular para esa negociación, a esto se le añade la nueva traición de la dirección de la COB que no apoya los bloqueos y las protestas.

Por eso es más necesario que nunca apoyarse en los sectores obreros, juveniles, campesinos y populares que desde un primer momento han buscado un camino de lucha contra el gobierno reaccionario y derechista de Añez, sin subordinarse a la política del MAS y Morales. Y que rechazan toda salida negociada y pactada con el gobierno represor de Añez. Como lo señala Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador (ARPT), sección de la UIT-CI, para derrotar el intento de instalar un régimen de derecha reaccionario hay que movilizarse y lograr “formar una Asamblea Popular con representantes de organizaciones de base de trabajadores de la ciudad y el campo, de jóvenes e indígenas para resolver el futuro del país y garantizar elecciones realmente limpias y libres sin restricciones para ningún candidato de los sectores populares”. Y luchar, entre otros puntos, por el no pago de la deuda; por la verdadera nacionalización de la minería y los hidrocarburos. El camino es la lucha organizada y no la negociación con la derecha reaccionaria y los militares.

Repudio a la represión asesina militar en Sacaba

El viernes 15 de noviembre las fuerzas militares y policiales desataron una represión criminal sobre una marcha de campesinos cocaleros del Chapare que marchaban hacia La Paz reclamando que se vaya el gobierno de la derechista Añez. Fueron brutalmente reprimidos en la localidad de Sacaba, ubicada a 13 kilómetros de Cochabamba, dejando al menos diez campesinos muertos, 50 heridos y 169 detenidos.

Los campesinos del Chapare se movilizaban con banderas bolivianas y wiphalas cuando la policía les impidió el ingreso a la ciudad de Cochabamba. Las escenas grabadas en videos son reveladoras de la salvaje represión. Todos los muertos lo fueron por balas de plomo que usan las fuerzas seguridad.

La Central Obrera Boliviana (COB), luego de la sangrienta represión, emitió un vergonzoso comunicado llamando a la “paz social” y a “respetar el orden constitucional”.
Por otro lado, el MAS, que impulsaba esa movilización, no abandonaba su política de diálogo con funcionarios del gobierno de Añez y saludaba la mediación de la ONU.

Mientras tanto Añez aprobaba el Decreto Supremo Nº 4078, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas durante los actos de represión.
Como lo señalara ARPT, nuestra organización hermana de Bolivia. “Repudiamos la represión asesina militar policial en Sacaba” [...] Exigimos el cese de la represión militar y policial contra el pueblo. Libertad a los presos por manifestar y pleno derecho de manifestación política, reunión y expresión”.