Escribe Simón Rodríguez

La “ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” promulgada este 8 de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente, erigida en el órgano del poder supremo, pasará a integrar un lugar muy extraño en la historia de la legislación represiva latinoamericana. Propuesta por Maduro en agosto, luego de la durísima represión a las protestas que transcurrieron entre abril y julio, la ley se propone “erradicar toda forma de odio” y “preservar la paz y la tranquilidad pública” (artículo 1°). Para ello establece que “la actuación del Estado […] se regirá” por los “valores y principios […] Vida, Paz, Amor” (artículo 2°). Pero tras esta declaración de “amor estatal” viene una batería de herramientas represivas. Por ejemplo se autoriza al Estado a imponer a los disidentes “atención psicoterapéutica” como mecanismo de “prevención contra el odio” (artículo 8°). Una perversión institucional que recuerda las prácticas del estalinismo y el nazismo.

Escribe Miguel Lamas

Mientras el gobierno de la proclamada República de Catalunya huyó sin oponer la menor resistencia a la intervención del Estado español a sus instituciones, la disolución de su Parlamento y el encarcelamiento de medio gobierno, el pueblo salió masivamente a las calles esta última semana reclamando la libertad de los presos en la movilización más grande de las últimas décadas en Barcelona (algunas fuentes calculan más de un millón).

La preocupación recorre todos los lugares de trabajo. Miles de compañeros se preguntan qué va a pasar con la nueva reforma laboral y el serio riesgo de perder derechos y quedar flexibilizados. También inquieta la rebaja de las jubilaciones. Y, en los próximos días, se empezarán a sentir los nuevos tarifazos. Se trata de un nuevo y mayor ajuste donde no hay medias tintas: beneficia directamente a las patronales y perjudica a los trabajadores.

La Cámara de Diputados se aprestaba al cierre de esta edición a aprobar el proyecto “ley de responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional”. El Diputado Nacional de Izquierda Socialista/FIT Juan Carlos Giordano la rechazó de plano: “Con esta ley se va a perdonar a los empresarios corruptos”.