Escribe Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI

La asunción el 20 de enero de Joe Biden, un veterano del partido demócrata, marca un cambio político respecto de los cuatro años del “emperador loco” Trump. El nuevo gobierno intentará que las aguas desbordadas del descontento social retornen a su cauce, pero no cerrará el capítulo de la exacerbada polarización social y política, dada la profundidad de la crisis. Internacionalmente buscará, a diferencia de Trump, actuar concertadamente con sus aliados imperialistas para sostener su dominio contra los pueblos.

El discurso inaugural de Biden reflejó de manera muy clara su orientación. Celebró la “democracia” y la “grandeza” de los EEUU, exaltó la “unidad” nacional como salida para la crisis sanitaria, económica y social. Finalmente, llamó a “volver a hacer de EEUU la fuerza dirigente para el bien” a nivel mundial. Esta versión de los demócratas de la vuelta a la grandeza perdida, no deja de recordar la consigna trumpista de “hacer a los EEUU grandes nuevamente”, aunque lo procure por métodos diferentes. Y es que el telón de fondo de las disputas entre demócratas y republicanos es la crisis de dominación del imperialismo estadounidense, acelerada durante el gobierno de Trump.

El demencial ataque de una turba de ultraderechistas al Capitolio el 6 de enero no solo fue el corolario de la derrota política y electoral de Trump, también fue un indicio de la crisis política, que se acentúa en el marco de una enorme crisis sanitaria, con más de 400 mil muertes por la pandemia del covid19, y la crisis económica y social que corre paralela a ella. Más del 10% de la población padece inseguridad alimentaria y alrededor del 15% se encuentra en la pobreza, una proporción que se duplica para la comunidad afroamericana por el racismo estructural. Estas condiciones fueron las que vieron estallar la poderosa rebelión antirracista en el verano de 2020, durante la cual más de 25 millones de personas en unas dos mil ciudades se movilizaron.

Todo ello explica que el gobierno de Biden se vea obligado a hacer algunas concesiones, atendiendo a la presión del descontento social como a la necesidad de prevenir futuros estallidos sociales. En su primera semana en el poder, firmó decenas de órdenes ejecutivas y memorandos revirtiendo, unas veces más simbólicamente que otras, muchas de las políticas de Trump. Retornó al Acuerdo de París sobre el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud. Se comprometió, vagamente, a promover la equidad racial. Levantó el veto al ingreso al país de personas de siete países de mayoría musulmana. Incorporó a los inmigrantes indocumentados al censo nacional. Eliminó la prohibición de ingreso de personas transgénero al ejército. Estableció algunas medidas para enfrentar la pandemia del covid19. Interrumpió la ampliación del muro en la frontera con México. Revocó el permiso para la construcción del oleoducto Keystone que atravesaba tierras indígenas para transportar crudo canadiense. Elevó el salario mínimo federal a USD$15 la hora.

El proyecto de paquete de medidas de Biden para paliar los efectos de la crisis es de USD$1,9 billones de dólares. Ya se implementaron para estos fines gastos estatales de USD$2,9 billones entre marzo y diciembre de 2020. El nuevo plan incluye las inversiones para vacunación, reapertura de escuelas, ayudas para la alimentación, pagos directos a la población y subsidios a empresas. Estas inversiones se combinarían con moratorias de desalojos y suspensiones de cobros de deudas educativas. Se han realizado comparaciones entre estas medidas y el New Deal de Roosevelt durante la década de los 1930s. En realidad las medidas actuales son mucho más modestas y es evidente que el plan de Roosevelt tampoco acabó con el desempleo o la miseria. Pero las medidas pueden generar expectativas en sectores del pueblo trabajador estadounidense.

Dado el carácter burgués e imperialista del Partido Demócrata, que es uno de los pilares del bipartidismo a través del cual gobiernan los capitalistas estadounidenses, no se propondrá realizar cambios sustanciales. Aunque puedan parecer audaces algunas de las primeras medidas de Biden, rápidamente se impondrá la negociación y la construcción del consenso bipartidista en las políticas gubernamentales. Ya una de las tímidas medidas de Biden, la suspensión por tres meses de las deportaciones, fue revocada por una corte federal.

Construir una alternativa de izquierda

Se aprecia mucho más el verdadero carácter del nuevo gobierno a la luz de las recientes exigencias sociales como salud pública universal, desfinanciamiento de los cuerpos policiales para invertir en educación y asistencia social o ante el problema de la destrucción ambiental y el cambio climático.

Biden ya gobernó durante 8 años como vicepresidente de Obama y en su larga carrera legislativa, ha sido promotor de leyes que profundizan la criminalización de la pobreza y castigan especialmente a las comunidades más oprimidas, como los negros y los latinos. Durante las protestas antirracistas aclaró que está en contra de disminuir el presupuesto millonario de las policías. Las intenciones de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nueva legislación contra el “terrorismo doméstico”, que terminen usándose para criminalizar la protesta y los movimientos sociales, también tienen precedentes en los aportes de Biden a legislaciones como la Ley Patriota aprobada luego del 11 de septiembre de 2001.

La rivalidad con la potencia capitalista china continuará, pero procurando presiones concertadas con el imperialismo europeo. Biden mantendrá un apoyo férreo al Estado colonial y racista de Israel. No está claro si retomará el acuerdo nuclear con Irán, o si volverá al giro de Obama en la relación con Cuba. En relación con Venezuela se reiteró el apoyo al autodenominado gobierno interino de Guaidó. No se levantan las criminales sanciones petroleras contra un país arruinado por el saqueo boliburgués desde mucho antes.

Aunque la medida contra el oleoducto Keystone fue recibida con entusiasmo por el activismo ambientalista y las comunidades indígenas que lucharon por años para lograr esa conquista, Biden no pretende abandonar los subsidios al fracking. Incluso la suspensión del otorgamiento de concesiones petroleras en el Ártico es solo temporal.

Socialist Core (simpatizantes de la UIT-CI) planteó, luego del ataque derechista al Capitolio, una propuesta programática para la unidad del movimiento antirracista, la juventud, el movimiento de mujeres y el movimiento de trabajadores, tomando las principales exigencias de las protestas antirracistas del año pasado y atendiendo a la necesidad de levantar un importante frente que luche contra la extrema derecha y por una agenda de reivindicaciones ante el gobierno de Biden y el Partido Demócrata.

Por otro lado, la construcción de un partido independiente de izquierda es un paso imprescindible para ofrecer una perspectiva distinta al eterno reciclaje del “mal menor” entre los dos partidos de la burguesía. La organización Socialistas Democráticos de EEUU (DSA) podría cumplir un rol fundamental en la construcción de esta alternativa si rompe con el Partido Demócrata, llevando a la práctica una decisión ratificada desde hace muchos años en sus conferencias nacionales. Es crucial que deje de ser el “ala izquierda” de los demócratas. De lo que se trata es de que los millones que se han movilizado heroicamente el verano del año pasado, que han protagonizado centenares de huelgas, tengan finalmente su propia herramienta política, para luchar por los verdaderos cambios de fondo y por un gobierno de los asalariados, los explotados y oprimidos.

Escribe Miguel Lamas

Gran parte de los medios de información hablan del “gran éxito” de Israel en la lucha anti-Covid, señalando que ya vacunó al 30% de su población, de nueve millones de habitantes, con la primera dosis de Pfizer, mientras que 8% ya recibió la segunda. Esto contrasta efectivamente con índices muy bajos de vacunación en Europa y los Estados Unidos, y casi nulos en los países semicoloniales. ¿Pero de qué es “ejemplo” Israel?

En primer lugar, y como sucede históricamente con el Estado racista de Israel, es ejemplo de discriminación. El plan de vacunación contra el Covid-19 abarca solo a los ciudadanos israelíes, incluidos los 600.000 colonos sionistas de Cisjordania, pero excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza bajo la ocupación militar israelí.

Además, Israel mantuvo todo el año 2020, y mantiene, en plena pandemia el bloqueo de la Franja de Gaza, lo que impide aún más el buen funcionamiento de su sistema de salud, sometido a medio siglo de ocupación y más de un decenio de bloqueo, ya que no puede atender las necesidades de su población. La pandemia de Covid-19 y la falta de acceso justo a las vacunas no han hecho más que agravar la discriminación y la desigualdad que sufre la población palestina.

Mientras el pequeño territorio de Gaza permanece bloqueado, Cisjordania está ocupada militar y económicamente en sus mejores tierras. Se apropiaron hasta del agua dulce para sus 600.000 colonos, que privan a los palestinos de medios de vida. Es decir, los territorios palestinos que abarcan solo una quinta parte de la Palestina histórica (el resto es del Estado de Israel) están bloqueados u ocupados y totalmente sometidos económicamente. La Autoridad Palestina es una formalidad sin recursos ni soberanía.

La pandemia se convirtió en otra herramienta del sionismo para destruir la sociedad palestina y seguir intentando expulsar a su población hacia otros países árabes.

Israel, campo de prueba de Pfizer y desastre social

El Estado de Israel, en medio de una crisis política, tendrá elecciones en marzo. Su gobernante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, está siendo fuertemente cuestionado por corrupción. Intenta aparecer como “el salvador” de Israel contra el Covid-19.

El acuerdo con Pfizer, además del altísimo precio pactado de 38 dólares por cada dosis (en Europa es de 24 dólares), convierte a todo el país en un campo de pruebas porque el Estado de Israel se comprometió a entregar de inmediato a Pfizer todas las historias clínicas de los vacunados.

Lógicamente, a la empresa farmacéutica, además de vender millones de vacunas, le interesa tener en sus manos y usar en su beneficio económico la máxima información posible sobre los efectos secundarios y la inmunidad que vaya generando su vacuna. Las de Pfizer y Moderna son las primeras vacunas de ARN de la historia de la humanidad, una nueva tecnología aún no suficientemente probada, que recibieron luz verde por parte de las autoridades estadounidenses y europeas por la vía de la emergencia sanitaria. Así no hay datos claros sobre si puede prevenir la transmisión del virus y proteger a largo plazo.

Como sucede en casi todos los países del mundo, las consecuencias económicas de la pandemia en el sistema capitalista son durísimas y profundizan la desigualdad social entre los mismos ciudadanos israelíes. Mientras sectores económicos vinculados a las altas tecnologías no solo siguieron trabajando plenamente, sino que prosperaron en estos meses, otros se encuentran al borde del colapso. Las familias más pobres quedan al margen del sistema educativo por mala conexión a internet y por falta de computadoras. Hay centenares de miles de nuevos desocupados y también de ocupados que son obligados a aumentar su carga laboral sin aumento salarial.

Es decir, Israel, lejos de ser un “ejemplo” ante la pandemia, muestra y agudiza el carácter racista, genocida y profundamente explotador del Estado sionista.

Escribe Görkem Duru, dirigente de la UIT-CI

Las movilizaciones se han sucedido en Túnez desde la noche del 14 de enero. El levantamiento popular que comenzó en diciembre de 2010 demandando trabajo, pan y vida digna, derrocó el 14 de enero de 2011 al dictador Ben Ali, que había gobernado el país por veinticuatro años. ¡El pueblo tunecino reclama una nueva revolución! “¡A no temer! ¡Las calles pertenecen a la gente!”, dicen en las protestas masivas.

Previo al décimo aniversario de la revolución tunecina, que disparó un proceso revolucionario que se extendió a muchos países del norte de África y Medio Oriente, el gobierno tunecino declaró cuatro días de cierre y prohibición de acciones callejeras y marchas con la excusa de aplicar medidas contra la pandemia de Covid-19.

Aunque los funcionarios del gobierno del tecnócrata Mesishi, que llegó al poder en septiembre de 2020 con el apoyo de una mayoría significativa en el Parlamento (Los Hermanos Musulmanes Partido Tunecino Movimiento Nahda, el Corazón de Túnez, Regeneración, Larga Vida a Túnez, el Bloque Nacional y el Partido del Futuro están entre los que apoyaron) justificaron esta prohibición por un interés de “salud pública”, su objetivo central era impedir las movilizaciones por el décimo aniversario de la revolución. De hecho, las demandas sociales y económicas que dieron a luz al levantamiento popular que puso fin al régimen dictatorial en 2010 no se resolvieron en estos diez años. Por el contrario, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos son más inaceptables que entonces. Después del derrocamiento de Ben Ali el principal objetivo de los bloques gobernantes tunecinos era asegurar la continuidad de las políticas de explotación capitalista haciendo arreglos democráticos parciales dentro de los negociados de siempre. Y la forma en que amplios sectores de la izquierda tunecina entendieron el proceso revolucionario fue esencialmente formado por una perspectiva gradualista/etapista que sostenía que la democracia debería ser construida primero y que las transformaciones sociales y económicas ocurrirían después en el tiempo.

El resultado de esto fue que las masas tunecinas fueron condenadas a mayor desempleo, pobreza, explotación y desigualdad por esas conquistas democráticas parciales. La corrupción no se detuvo y continuó profundizándose, la deuda externa del país se incrementó en aproximadamente 75% desde 2010. Los partidos burgueses firmaron un acuerdo de cuatro años con el FMI en 2016 para procurar una salida a la crisis en su favor y trataron de hacer que los trabajadores paguen el costo de la crisis con nuevos planes de ajuste. Es precisamente por esta situación que tuvieron lugar más levantamientos en el país en 2013 y 2016, otra vez con las mismas demandas, a saber, trabajo, pan, y vida digna. Y ahora las masas tunecinas están nuevamente en la escena de la historia reclamando su revolución.

Hoy, con la pandemia de Covid-19 que viene desarrollándose desde hace casi un año, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos empeoraron aún más. Mientras el gobierno impone prohibiciones con la excusa de la “salud pública”, el desempleo oficial en el país alcanzó 18%/19% y uno de cada tres jóvenes está desempleado. En la región del Medio Oeste del país, que era el centro del proceso revolucionario que comenzó en 2010, estos índices son aún más altos. En el Medio Oeste, tradicionalmente la región del país con menos inversión, casi 50% de la población trata de vivir con $1.5/2 por día. Mientras la población carece de la posibilidad de cubrir las necesidades básicas, como una alimentación saludable y vivienda, los gobernantes pretenden que los trabajadores y la juventud muestren su alianza a una democracia “enferma”.

Es precisamente por estas circunstancias que el país ha sido testigo de movilizaciones espontáneas en más de quince ciudades en los últimos cinco días, en principio lideradas por la juventud y los desempleados jóvenes. El gobierno trata de intimidar a las masas con represión y coerción convocando al ejército a intervenir en muchas regiones, demostrando nuevamente que el “miedo” de la gente es la principal razón de imponer las prohibiciones recientes. Trata de dinamitar los más fundamentales logros democráticos de la movilización revolucionaria de 2010 deteniendo a más de 630 jóvenes y arrestando a algunos de ellos. Los Hermanos Musulmanes, Partido Tunecino Movimiento Nahda, uno de los partidos gobernantes, llamó a su juventud, aconsejándole que no participaran de las protestas y que actúen en conjunto con las fuerzas del orden. Su intento de dividir a las masas una vez más revela su carácter contrarrevolucionario. Sin embargo, a pesar de estos intentos de intimidación, los tunecinos reclaman que “las calles pertenecen a la gente” y continúan con sus acciones demandando la liberación de los presos y el cumplimiento de sus demandas económicas y sociales. La misma consigna se escucha en las calles de Túnez: “¡La gente quiere destruir al régimen!”.

Aunque es difícil predecir cómo se desarrollarán las acciones en el país, es necesario resaltar unos pocos puntos basados en las lecciones del levantamiento popular de 2010 y las revueltas de masas que siguieron en 2013 y 2016. Dado que las demandas de la revolución apuntaban a la transformación social y económica y no serán satisfechas en el actual orden burgués, ningún gobierno que asumió en estos diez años ha sido capaz de mantener un orden estable en el país.

En estos diez años, que vieron una lucha constante entre el pueblo oprimido y los gobernantes que a veces recurren a tácticas democráticas reaccionarias para la supervivencia del orden capitalista (el discurso de unidad nacional, el Pacto de Cartago firmado en 2016) o, como vemos ahora, tratando de intimidar a las masas con la violencia. La burocracia del Sindicato General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), la más importante organización de la clase en el país con poder político significativo desde la independencia de Túnez, apoya la “transición democrática” de 2011 y asume un rol en ella, y más tarde firma el Pacto de Cartago de 2016. Estos movimientos claramente demuestran que la burocracia sindical sigue las tácticas de la reacción democrática y cuida los intereses de la burocracia más que los de la clase trabajadora. Al pedir a las masas que evite actos de violencia y considere el diálogo, declara que todavía mantiene esta posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las movilizaciones revolucionarias de 2010-2011 las bases de UGTT que formaban parte de la lucha presionaron desde abajo y obligaron a la burocracia sindical a tomar posición. En este sentido, está claro que la participación organizada de la clase obrera tunecina, así como de las bases de lucha dentro de la UGTT en el proceso de levantamiento, será decisiva para el desarrollo de las movilizaciones.

Amplios segmentos de la izquierda tunecina, que adoptan la postura de que debe existir un período de espera indeterminado entre las tareas democráticas y sociales de la revolución, no luchan por lograr un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo. Por eso no impulsaron, en los últimos diez años, formar una dirección política alternativa en nombre de los trabajadores tunecinos. Ésta sigue siendo la tarea más urgente de los últimos diez años y para el Túnez de hoy. Es decir, la construcción de una organización y una línea política que tenga como objetivo romper con el orden existente junto con las masas combatientes y defender la independencia política de la clase. Hoy en día, para lograr este objetivo, las masas movilizadas tienen que construir sus propios órganos de autoorganización/defensa en coordinación entre sí y desarrollar aún más esta coordinación en torno de un programa de acción de emergencia para convertirlo en un poder político alternativo. Estas son las tareas más fundamentales que tenemos por delante.

Como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores tunecinos por el trabajo, el pan y una vida digna. ¡Apoyamos la movilización de las masas tunecinas desde un punto de vista político, programático y organizativo y hacia la ruptura con el régimen actual y el orden de explotación capitalista!

¡Liberación inmediata de todos los presos políticos! ¡Fuera el ejército y la policía de las calles!

¡Inmediata cancelación de todos los acuerdos con el FMI!

¡Expropiación de todas las instituciones públicas privatizadas sin compensación!

¡Dejar de pagar la deuda externa inmediatamente! ¡Los fondos destinados al pago de la deuda deben ser usados para mejorar los servicios de educación y de salud y crear empleos en el sector público!

¡Establecer comités populares independientes para luchar contra la corrupción! ¡Aquellos involucrados en corrupción deben ser juzgados bajo control de estos comités!

¡El pueblo quiere destruir al régimen!

¡Por una economía centralizada y planificada!

¡Luchemos por un gobierno de los trabajadores!

                                                                      19 de enero de 2021

Socialist Core, simpatizantes de la UIT-CI

El 6 de enero una turba de cientos de ultraderechistas tomó el Capitolio, interrumpiendo la ratificación formal del resultado de la elección presidencial por parte del Senado. Cientos de fanáticos armados ocuparon el edificio durante varias horas y obligaron a los senadores a huir del lugar. La jornada dejó cinco muertos, entre ellos un policía y una atacante abatida por la policía.

Trump venía maniobrando desde antes de la elección para desconocer un resultado adverso, cuestionando la validez de los votos por correo. Luego, al perder la elección, dedicó semanas a intentar revertir en los tribunales el resultado, agitando denuncias de fraude, incluso presionando al secretario de Estado de Georgia para que cometiera fraude o al vicepresidente Pence para que no proclamara a Biden como ganador. En estas maniobras y el desconocimiento de las elecciones participó un importante número de congresistas y senadores republicanos. El 6 de enero Trump se dirigió desde una tarima a la concentración de fanáticos de ultraderecha y la exhortó a dirigirse al Capitolio a apoyar a los senadores y congresistas republicanos que objetaban el resultado electoral y a presionar a los indecisos o contrarios a impugnar la elección.

El ataque al Capitolio es un síntoma de la profundidad de la crisis del régimen político capitalista estadounidense.

Muestra también la polarización política y social cada vez más extrema, en el contexto de la mayor crisis económica y sanitaria en más de cien años. En ese marco el ataque del 6 de enero es muy grave porque representa un aumento en la confianza de la ultraderecha, alimentada por la impunidad que le han brindado por largo tiempo las autoridades en sus acciones criminales, y de manera directa por la agitación de Trump.

Los gritos al cielo de los políticos del sistema sobre la condición fundamentalmente “antiamericana” del ataque del 6 de diciembre son alardes de hipocresía. La historia estadounidense está llena precedentes, toda clase de “pogroms” en los que bandas de racistas han atacado gobiernos locales, a organizaciones obreras y comunidades afroamericanas. Y a nivel internacional son incontables los grupos criminales de extrema derecha que han recibido financiamiento y apoyo político por parte del imperialismo estadounidense.

Naturalmente, la acción se ha revertido contra Trump. Biden y los demócratas, así como numerosos medios de comunicación, han calificado el ataque como una insurrección o golpe de Estado.

La acción de la extrema derecha fue una jugada desesperada de Trump, derrotado electoral y políticamente, no con el objetivo de tomar el poder del Estado, sino para consolidar su base social de extrema derecha como parte de la disputa por el liderazgo del partido Republicano. Pero el intento de disciplinar al partido al liderazgo de Trump profundizó las divisiones. Mike Pence y Mitch McConnell no acompañaron su aventura, e incluso algunos congresistas y senadores dieron marcha atrás en su apoyo al desconocimiento de la elección luego del 6 de enero.

En realidad, en la acción no participó ningún sector de las fuerzas armadas, ni hubo un llamamiento a las fuerzas armadas a intervenir, no hubo un intento de conformar un gobierno de facto o de atrincherarse en el Capitolio y llamar a una insurrección generalizada. No hay indicios de una estrategia insurreccional o golpista. A un nivel más estructural, ningún sector importante de la burguesía está persiguiendo una estrategia de liquidar el régimen existente para realizar una contrarrevolución e imponer una dictadura.

El 11 de enero se inició un proceso de impeachment contra Trump por incitar una insurrección, aprobado dos días después por el Congreso, que de tener éxito impediría que pueda presentarse como candidato en la elección presidencial de 2024. También ha habido llamados al vicepresidente Mike Pence a aplicar la 25va enmienda y destituir a Trump. Sin embargo el impeachment sería casi simbólico ante la gravedad de los crímenes de Trump.

La connivencia del régimen con la ultraderecha

Desde su relación con Bannon hasta los actuales vínculos de su asesor Steve Miller y de su hijo Donald Jr., con los grupos fascistas, Trump no ha ocultado su simpatía con las agrupaciones de tendencias fascistas. Ante el ataque por parte de fascistas en Charlottesville, Trump les saludó como “buena gente”. Durante un debate presidencial exhortó al grupo paramilitar Proud Boys “retrocedan y esperen” (“stand back and stand by”). Criminalizó al antifascismo. Al calor de su agitación se realizaron en noviembre y diciembre movilizaciones de extrema derecha en Washington DC. El propio 6 de enero, forzado a llamar a sus legionarios a retirarse, Trump reiteró su “amor” por ellos.

Pero no se trata tan solo de Trump. Todo el partido Republicano ha considerado como un importante capital político a esa constelación de extrema derecha, que va desde evangélicos fanáticos hasta neonazis, pasando por grupos de supremacistas blancos, ultraliberales, sectas conspirativas y demenciales como Qanon, antivacunas, antisemitas, etc. Algunos ahora fingen horrorizarse como el Dr. Frankestein ante su creación, pero son corresponsables junto a Trump de haber alimentado al monstruo. Mientras que el partido Demócrata ha demostrado su incapacidad para enfrentar a este peligroso fenómeno, pues su interés ha girado constantemente en torno a llegar a acuerdos con los republicanos. Ambos partidos, pese a sus diferencias, son representantes de las multinacionales y los banqueros. Por eso luego de su elección, el discurso de Biden ha hecho énfasis en la “reconciliación”.

Diversos reportajes periodísticos muestran que el FBI ya había advertido de la amenaza que suponía la movilización reaccionaria desde al menos finales de diciembre, pero no se organizó ningún operativo para impedir que los fascistas tomaran el Capitolio. El día del ataque se realizaron muy pocos arrestos. Miembros del Servicio Secreto, la Seguridad Nacional (Homeland Security), el gobierno del Distrito de Columbia, el Pentágono, la Guardia Nacional, la Fuerza de Tareas Conjuntas, habían hablado con la prensa sobre la amenaza, pero no hicieron nada. Ante la escandalosa incompetencia, sospechosa de complicidad, el jefe de la Policía del Capitolio tuvo que renunciar. Obviamente la presidencia no coordinó ninguna acción defensiva y Homeland Security también es señalada por complicidad.

El contraste no podría ser mayor entre el tratamiento brindado por las autoridades a los grupos de ultraderecha y las protestas antirracistas del verano de 2020. Durante dichas protestas hubo alrededor de 14 mil detenidos entre el asesinato de George Floyd el 25 de mayo y la primera semana de junio. Cientos de periodistas fueron atacados por la policía, hubo decenas de manifestantes asesinados. Hasta el día de hoy permanecen en la cárcel cientos de presos políticos vinculados a las protestas. En total se desplegaron unos 100 mil guardias nacionales y militares de otros componentes para atacar las protestas. La escala de la represión no fue mayor debido a que el intento de Trump de militarizar el país fracasó por falta de apoyo en las fuerzas armadas.

Grupos de ultraderecha ya están organizando nuevos ataques para el 17 de enero en Minnesota y Michigan. Paramilitares ya habían tomado el capitolio de Michigan en abril con discursos negacionistas en relación con la pandemia, y planearon secuestrar al gobernador de Michigan en octubre.

Perspectivas ante el gobierno de Biden

Las ilusiones en “volver a la normalidad” que abrigan algunos de quienes votaron por Biden, o en que puede haber cambios positivos para el pueblo trabajador, los migrantes o el movimiento antirracista, se estrellarán contra la realidad. Biden es un político tradicional que ya gobernó junto a Obama y fue corresponsable de los programas de austeridad aplicados durante la crisis de 2007-2008. También promovió legislaciones represivas y de encarcelamiento masivo, al igual que Kamala Harris. Fue en esa vieja “normalidad” en la que se incubaron todos los elementos de la actual crisis y que facilitaron el ascenso de Trump.

Biden, con el control de ambas cámaras, demostrará una vez más que el Partido Demócrata gobierna a favor de los capitalistas, de las multinacionales, los banqueros y que no defiende los intereses de los afroamericanos, latinos, las mujeres, la clase trabajadora y demás sectores explotados y marginados. La crisis económica y social está en un punto álgido. Han fallecido más de 385 mil personas por la política criminal y negacionista de Trump ante la pandemia. Millones han perdido sus empleos y se ven amenazados por la miseria. La salud está en gran medida privatizada, pero Biden no tiene intenciones de cambiar esa situación.

La amenaza de la ultraderecha continuará. Los distintos gobiernos demócratas y republicanos y las instituciones del Estado capitalista no han tenido ningún interés en destruir a ese movimiento, tal y como quedó demostrado una vez más durante el ataque al Capitolio.

El gobierno de Biden y los demócratas tampoco pretenden destruir ese movimiento. Ellos siempre dejaron correr, desde sus gobiernos, la represión racista y el accionar de los grupos de ultraderecha. La burocracia sindical de la AFL-CIO, ligada al partido Demócrata, rechazó el ataque al Capitolio pero no tomó ninguna medida para preparar a los sindicatos para dar una respuesta No se puede confiar ni tener expectativas en ellos. Solo la movilización desde abajo puede parar a la ultraderecha.

Una propuesta para la unidad

Depende del movimiento antirracista, de los sectores populares, de las bases obreras, de las mujeres, de la juventud, poner en pie un poderoso frente que ponga a los fascistas en retirada. Experiencias como la de Boston en agosto de 2017, cuando miles de manifestantes acorralaron a unos pocos cientos de fascistas, o el propio poderoso movimiento de Black Lives Matter han demostrado que con la masividad de la movilización se puede ganar terreno y quitarle las calles a la ultraderecha. Así como el pueblo griego derrotó a los neonazis de Amanecer Dorado, de igual manera el pueblo trabajador estadounidense puede derrotar la impunidad.

Pero también será necesaria esa movilización unitaria para enfrentar la política antipopular del futuro gobierno de Biden. Con un maquillaje “democrático” y “antitrumpista” van a seguir favoreciendo a los grandes empresarios y banqueros que los apoyaron.

Es urgente convocar un encuentro nacional de organizaciones populares bajo el liderazgo de Black Lives Matter, las organizaciones comunitarias, de trabajadores, de mujeres y de la izquierda, para avanzar hacia un programa de exigencias común y una agenda de movilización. Contra la ultraderecha y también por exigencias sociales y económicas al nuevo gobierno ante la brutal crisis económica, social y sanitaria. Los Socialistas Democráticos (DSA) tienen la responsabilidad de ayudar a construir este frente unitario de lucha.

Estas son algunas propuestas iniciales para la discusión democrática de un programa unitario:

Desfinanciamiento de la policía y cárcel a los policías racistas.

Libertad a los presos políticos del movimiento antirracista.

Fin a la política de encarcelamiento masivo. Fin de la privatización de las cárceles. Cierre de los campos de concentración de inmigrantes de ICE.

No a los intentos de los demócratas de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nuevos instrumentos legales que restrinjan el derecho a la protesta.

Juicio y castigo para Trump y los dirigentes fascistas por su rol en el ataque criminal del 6 de enero y otros ataques criminales. Basta de impunidad para la violencia de la ultraderecha.

Salud pública gratuita y universal.

Aumento del salario mínimo a $15 por hora y una renta básica universal hasta el fin de la crisis.

Igual pago por igual trabajo para hombres y mujeres.

Altos impuestos a los grandes grupos económicos y bancos. Que ese dinero y el de los recortes a los presupuestos policiales vaya a educación, salud y asistencia social.

No a la supresión de votantes, que afecta desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. No al gerrymandering.

No al colegio electoral. Elecciones directas, una persona-un voto. Representación proporcional en el Congreso y abolición del Senado.

Sabemos que no son tareas sencillas. Pero la movilización masiva y coordinada en todo el país puede abrir el camino de cambio.

Convocar a un Encuentro nacional sería un gran paso para coordinar las luchas. La otra gran tarea pendiente es la necesidad de construir una alternativa política unitaria de la izquierda por fuera del bipartidismo. Se necesita superar la división existente en la izquierda anticapitalista. Sería muy importante que los Socialistas Democráticos (DSA), que es la organización más numerosa de la izquierda, sean parte de esta construcción. Deberían dar el paso de romper con el Partido Demócrata. Es necesario avanzar hacia la construcción de un partido amplio, unitario e independiente de la izquierda. Los cambios de fondo solo los puede llevar a cabo un gobierno del conjunto de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos.

Socialist Core, Simpatizantes de la Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
15 de enero 2021

Los aberrantes y repudiables hechos del Capitolio, de los Estados Unidos, muestran la gravedad de la crisis política del imperialismo.

Escribe Miguel Sorans, dirigente Izquierda Socialista, de Argentina, y de la UIT-CI

Las imágenes del 6 de enero de cientos de ultraderechistas y simpatizantes de Trump, asaltando e irrumpiendo en el Capitolio han sido de un lógico impacto mundial. Son hechos inéditos que muestran la gravedad de la crisis que sufre el imperialismo norteamericano y también el peligro que representa el trumpismo como movimiento de ultraderecha, reaccionario y racista. Muchos lo han calificado de un intento de “golpe de estado” y parte de un “plan insurreccional” para impedir que asuma Biden y sostener a Trump en el poder.

Desde ya que eso era lo que quizás creían muchos de los y las participantes neofascistas y racistas que irrumpieron violentamente en el Capitolio. Pero no consideramos que se haya tratado un intento de golpe de estado. No era ese el plan de Trump y menos aun de algún sector de la burguesía y las FFAA yanquis.

En realidad, se trató más de un manotazo de ahogado de Trump, que intentaba, con esa movilización reaccionaria, seguir manteniendo su popularidad en ese movimiento ultraderechista de la sociedad norteamericana. Esa acción fue otra expresión de su derrota política. No de alguien que está en ascenso. Sino derrotado y en retroceso.  

Era previsible que Trump siguiera con nuevas acciones provocativas de su campaña sobre que hubo “fraude” y que “le robaron la elección”. Con esa acción antidemocrática no pretendía concretar un golpe de estado sino fortalecer, hacia el futuro, su base social neo fascista y sostener el control del Partido Republicano.

Tan solo estaba que ni lo apoyó, en su impugnación a Biden, el vicepresidente Pence. El jefe de los republicanos de la Cámara de Representantes. Kevin Mc Carthy calificó la acción de “antiestadounidense” e “inaceptable”. El ex presidente republicano, George Bush repudió la acción y a Trump expresando que “así es como se discuten las elecciones en una republica bananera”.

Ningún sector militar adhirió. Pudo haber apoyo o dejar correr de un sector de la policía, hasta hubo quienes se sacaron selfis con los racistas. También pudo haber policías que dispararon. Una mujer, ex miembro de la fuerza aérea y simpatizante de Trump, murió, y se habla de otros muertos y heridos. Pero como lo han denunciado voceros del movimiento antirracista Black Lives Matter, otra reacción policial hubiera existido si se trataba de una protesta afroamericana.

Tal rechazo hubo al asalto al Capitolio, en la dirigencia republicana y las amenazas de hacerle juicio político, que al otro día Trump tuvo que salir con un mensaje “aceptando” que Biden debe asumir. Aunque también haya anunciado que no va a concurrir a su asunción.

Lo del Capitolio fue otra expresión de lo que ya definimos en la UIT-CI como de extrema polarización que no existe en otros países. “Esta polarización ha crecido con la crisis social combinada con la rebelión antirracista, el crecimiento del movimiento obrero, de mujeres o contra el cambio climático” (declaración de la UIT-CI. 11/11/2020). En esa declaración advertíamos que “Trump pierde pero se consolida como líder de una extensa franja social ultraconservadora, reaccionaria y racista (…)  Trump se apoya en millones de personas de la tradicional base social de racistas, neofascistas, grupos de odio de supremacistas blancos, milicias armadas de la derecha, de xenofobia visceral, odio a feministas, ambientalistas” (…) Millones creen en el discurso “locoide” de que Biden puede “llevar al socialismo”, que se “va a Cuba y Venezuela” y que Biden es parte de la “ultraizquierda” que va a “destruir” los Estados Unidos. A mayor crisis social, crisis económica y luchas populares, mayor crecimiento del polo racista y fascistizante” (idem).

Todo esto se puso de manifiesto en las bandas de racistas y supremacistas blancos que intervinieron en el asalto al Capitolio.

Cuando asumió Trump en 2016 lo definimos como un personaje neofascista. Lo que también señalamos que eso no era igual a que el gobierno de Trump pudiera transformar al régimen político norteamericano en fascista. O sea, pasar de una democracia burguesa imperialista a una dictadura del estilo Mussolini o Hitler.

Y eso se ha confirmado con la culminación del gobierno de Trump por medio de una derrota política electoral. Luego de una rebelión popular de masas contra su gobierno y su represión policial racista luego del crimen de George Floyd.

Trump fortaleció la grave polarización social y al ya existente movimiento de masas racista, supremacista blanco, facho, antisemita, homofóbico, etc. que existe en los Estados Unidos. Por eso no se puede minimizar que haya obtenido más de 70 millones de votos. Pero el marco de lo sucedido el 6 de enero en el Capitolio es la derrota político-electoral de Trump. Por eso está por verse cual será el futuro político de Trump. Habrá que ver si la acción del 6 de enero no termina volviéndose en su contra.

Para colmo, el día anterior a la acción sobre el Capitolio, el Partido Republicano hasta perdió las elecciones de senadores en Georgia. Esta derrota deja empatado el Senado con lo cual los republicanos pierden el control del Senado luego de muchos años de dominarlo.  Además, es la primera vez que un candidato de origen afroamericano, considerado progresista, del Partido Demócrata gana una senaduría en ese estado.

Otra victoria para Biden y los demócratas. No hay que perder de vista que la derrota de Trump ha sido la expresión electoral de la gran rebelión popular antirracista que desató el crimen de George Floyd. Esa lucha sigue presente y vigente. Y eso lo va a sufrir el nuevo gobierno capitalista de Biden.

Todo esto ratifica que en Estados Unidos existe una crisis política inédita y grave para el país que es el eje del imperialismo mundial. Lo que vendrá no es tanto un peligro de golpe de estado sino la continuidad de esa crisis global social económica, política y militar. Un imperialismo aún dominante, pero en una crisis cada vez más profunda. Crisis que va al compás de la crisis del sistema capitalista-imperialista y de las luchas y polarización social mundial.

La perspectiva es hacia nuevas expresiones de crisis política pero ahora en el mismo gobierno demócrata de Biden. Porque tiene que enfrentar una grave crisis social, económica y de salud por la pandemia del Covid19.

La crisis social puede traer nuevo ascenso en las luchas sindicales o antirracistas, pero también más sectores que se vayan hacia la ultraderecha. O sea, que se siga fortaleciendo la polarización social tan particular de los Estados Unidos y que haya mayores acciones violentas de los grupos de ultraderecha racistas y de supremacistas simpatizantes o fanáticos de Trump. Ese peligro no es menor y será parte de la realidad a combatir.

En este marco, sigue siendo clave la tarea y el desafío, no exclusivo de la UIT-CI sino de toda la izquierda que se reclama anticapitalista, de poder avanzar en la construcción de una alternativa política de izquierda independiente.

9/1/2021

www.uit-ci.org