Venezuela. Contrato petrolero inconsulto

El gobierno de Maduro anunció la firma del contrato laboral petrolero, que nadie conoce. Lo denuncia José Bodas, secretario general de la Futpv (Federación de Trabajadores Petroleros), que tiene más de 50.000 afiliados, es dirigente de C-cura (corriente clasista) y del PSL (UIT-CI). Lo negoció solo Wills Rangel, presidente de la Futpv, a espaldas de todos los trabajadores. Bodas convocó a salir a la lucha en defensa de la contratación colectiva, los puestos de trabajo y por un salario igual a la canasta básica como lo establece el artículo 91 de la Constitución.

Ecuador. Se consuma fraude electoral

El Consejo Nacional Electoral acaba de confirmar que el segundo puesto es para el banquero derechista Guillermo Lasso, dejando fuera de la segunda vuelta al candidato indígena Yaku Pérez por unas décimas de diferencia. Pachakutik, la Conaie y otras organizaciones  indígenas denunciaron el fraude. Una gran marcha desde el sur del país ingresó en Quito este martes 23 exigiendo un nuevo recuento de los votos.

También en Perú. Escándalo del gobierno por la vacunación VIP

El ex presidente Martín Vizcarra (destituido de la presidencia por el Congreso en noviembre 2020), la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti y otros altos funcionarios o ex funcionarios, como Pablo Checa Ledesma, del PC -de la traidora CGTP-, familiares  y ¡más de cuatrocientos funcionarios! se aplicaron vacunas de la farmacéutica china Sinopharm. Todo a escondidas del pueblo, en contubernio con los laboratorios que mandan muestras gratis que buscan vender al mejor precio, cuando deberían ser propiedad de la humanidad y no de multinacionales. ¡El presidente y la ministra, a cargo de garantizar la salud del pueblo, usaron las vacunas en experimentación para intereses personales y salvarse ellos mientras el pueblo ha seguido muriendo en sus casas o en hospitales!

Myanmar. El ejército amenaza de muerte a los manifestantes, que igual salieron a las calles

Desde la mañana de este lunes 22 las principales arterias de Rangún, Naipyidó, Mandalay y otras localidades fueron ocupadas por los manifestantes, que reclaman el restablecimiento democrático y la liberación de los presos políticos durante la que podría convertirse en la mayor jornada de protesta desde el golpe de Estado perpetrado por el ejército el pasado 1° de febrero. Antes de estas manifestaciones el ejército anunció que no debían salir, ya que “la confrontación costará vidas”. En los últimos días ya asesinaron a dos jóvenes.

Pablo Hasél entrando en prisión por cantar raps contra la monarquía, la misma semana que Rato sale en libertad condicional tras ser condenado por «apropiación indebida», es decir, robo con las tarjetas black. Una imagen nítida de la justicia monárquica.

La condena a Hasel, como antes en Valtònic, hacen que España sea pionera en la censura a cantantes por sus canciones. Censura que no se aplica cuando unidades del ejército glorifican la División Azul que combatió junto a los nazis, ni cuando vanaglorian la dictadura de Franco.

La reacción sin embargo, del mundo de la cultura ha sido una declaración firmada por más de 200 artistas para reclamar la libertad de Hasél y advierte: «somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta acallar cualquier suspiro disidente».

Y también inmediata de reacción de la juventud en la calle, con las manifestaciones en más de 50 localidades catalanas y que han sido las más masivas desde el estado de alarma. Hay demasiada rabia acumulada, demasiada impotencia que debe salir, por mucho que el estado aumente la represión. Las movilizaciones se han extendido a todo el estado, donde la respuesta también ha sido la represión. La Plataforma libertad Hasél ha llamado a organizar la lucha con asambleas abiertas en los barrios.

Y esta vez, que los luchadores que sean detenidos, que no se sientan solos, para que no ocurra como con los juicios post-sentencia o los del banco ocupado, en que como decía una abogada penalista, llegamos a un “suicidio judicial”: es tal la desconfianza de la justicia, que se paga la multa y asumen los cargos para evitar el juicio.

Tampoco olvidemos que, quien detuvo a Pablo Hasél y quien ha provocado la represión han sido los Mossos, y se han vuelto a disparar balas de foam, con otra pérdida de un ojo de una compañera. ¡El Gobierno en funciones de ERC y JXC se ha limitado a decir que se abre una investigación!.

¡Disolución de la Brimo!
Libertad inmediata y sin cargos detenidos y detenidas en las manifestaciones
Libertad de Pablo Hasél
Amnistía para todos los y las represaliadas por la justicia monárquica

Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el estado español.
18/2/2021
www.uit-ci.org

Alejandro Carvajal, joven de 19 años, preso político, lo están acusando de ser el único responsable material del incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia ocurrido el día 8 de noviembre del 2019, en cercanías a Plaza dignidad, Santiago. El compañero entró a la universidad, como cientos ese día escapando de las bombas lacrimógenas que Carabineros tiraba al cuerpo de los manifestantes, y estos lo agarraron mientras escapaba y montaron el caso en base a una farsa: que la mochila de Alejandro, la cual ellos incautaron, tenía un líquido acelerante en la tela de la misma. Además al compañero lo filmó un carabinero infiltrado de civil (hecho que la misma fiscalía aceptó) donde se lo ve con una botella de bebida en el patio del primer piso de la sede de la Universidad. Es importante aclarar, que fuentes y testigos del hecho declararon que el incendio comenzó en la terraza de la universidad. Ahora lo condenaron y este viernes 19 leerán su sentencia. La fiscalía está pidiendo 10 años para este joven, completamente inocente. Esta es la línea política del gobierno: encarcelar a los luchadores que salieron a las calles a manifestarse en su legítimo derecho, para aplacar la movilización contra su propio gobierno y amedrentarnos a todos. La lista A darlo vuelta todo, en conjunto con los partidos MST y PTR apoyamos a la familia de Alejandro y exigimos su inmediata liberación y la anulación del juicio. ¡Basta de criminalización de la protesta social! ¡No a los montajes policiales! ¡Disolución de Carabineros por corruptos y asesinos! ¡Fuera Piñera!

Lista a diputados constituyentes “A darlo Vuelta Todo”

Movimiento Socialista de las/los Trabajadores (MST)

Partido de las/los Trabajadores Revolucionarios (PTR)

17/2/2021

Escribe Miguel Lamas

Una huelga general iniciada el lunes 8 de febrero y multitudinarias movilizaciones conmueven Myanmar (ex Birmania). Rechazan el golpe de Estado militar del lunes 1° de febrero que disolvió el Parlamento electo en noviembre y apresó al presidente Win Myint, a la líder nacional consejera de Estado Aung San Suu Kyi y a decenas de miembros del Gobierno civil.

La huelga general tiene alta participación e incluye a trabajadores textiles convocados por su sindicato, maestros, médicos, enfermeras, estudiantes y hasta bomberos. Centenares de miles están en las calles de Yangón, la capital, y en otras grandes ciudades por tercer día consecutivo.

El partido encabezado por San Suu Kyi (Liga Nacional para la Democracia), formalmente en el gobierno desde 2016, ganó las elecciones parlamentarias con el 83% de los votos, poniendo así en riesgo el dominio militar del Estado que se sostiene desde hace más de medio siglo. La Constitución que hicieron los militares en el 2008 con una supuesta apertura democrática, permite las elecciones pero deja a los militares el control total de los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras, y los generales eligen el 25% de los escaños parlamentarios. Para cambiar la Constitución hace falta la aprobación militar.

Suu Kyi, hija del general Aung San, héroe de la independencia birmana, se convirtió en uno de los íconos del movimiento pro-democrático del país. En 1991 ganó el premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la democracia y los derechos humanos. Fue sometida a arresto domiciliario desde 1995 al 2010 por la dictadura militar. Ahora fue arrestada nuevamente bajo la acusación ridícula de tener en su casa varios walkie-talkies “importados ilegalmente”, con lo que podrían condenarla a tres años de cárcel.

Myanmar, con 54 millones de habitantes, es uno de los países con más pobreza de Asia. Durante años se ha perseguido a las minorías étnicas, al pueblo musulmanes rohingya se le negó la nacionalidad, miles fueron asesinados y unos 700 mil debieron huir del país. En las minas se han denunciado trabajos forzados.

Su economía es en gran parte agraria. Los militares controlan cientos de licencias de explotación en las lucrativas minas de rubíes y jade, cuyo valor total en el país se estima en unos 31.000 millones de dólares, casi la mitad del PBI nacional. China tiene presencia económica creciente y excelentes relaciones con los militares. Es el principal socio comercial (un tercio del comercio exterior) y hay 69 multinacionales chinas en minas, hidroeléctricas, producción de automóviles, extracción de petróleo y gas. Pero también hay profundos lazos con las multinacionales occidentales. El portavoz de la ONG Justice for Myanmar, Yadanar Maung, asegura que Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) es el negocio militar más lucrativo, con contratos con multinacionales como la francesa Total, la estadounidense Chevron y la surcoreana Posco. La multinacional española Zara tiene contratos con empresas para fabricar ropa de lujo con obreras a menos de 80 dólares al mes.

Nos unimos al reclamo popular por la libertad de los presos, porque se vayan los militares y se respete el resultado electoral. El Consejo de Seguridad de la ONU expresó “preocupación” por los hechos, pero por el veto de China y Rusia, se ha negado a condenar el golpe. Estados Unidos y Europa “condenan”, pero siguen haciendo buenos negocios y explotando a los trabajadores en el país.

Cabe destacar que durante el gobierno capitalista de Sann Suu Kyi desde el 2016 no hizo nada por cambiar o denunciar la brutal represión al pueblo, ni la superexplotación de los trabajadores. Eso refleja que defiende los intereses de la burguesía de Myanmar asociada al imperialismo y no de los oprimidos.

Este gran levantamiento democrático del pueblo contra el golpe militar, muestra también la necesidad de una alternativa política del pueblo trabajador, por plenos derechos para las minorías nacionales y derechos laborales contra la explotación imperialista.  

Escribe Miguel Lamas

El arresto del político opositor Alexei Navalny en Moscú el 17 de enero último desencadenó una ola de protestas por toda Rusia, con más de 40.000 personas manifestando en el centro de Moscú y miles más en casi todas las ciudades.

Los manifestantes, con consignas contra la corrupción y a favor de la liberación de Navalny, fueron violentamente reprimidos. El centro de Moscú fue cerrado y hubo 10.000 presos.

Navalny se convirtió en referente de la disidencia contra Putin, centrando su campaña contra la corrupción y la represión del régimen. Fue detenido al regresar de Alemania luego de recuperarse de un sospechoso envenenamiento. Acusa a Putin con un video de haberse construido un gigantesco Palacio de 1.000 millones de dólares en el Mar Negro, algo que aquel ha negado. Arkady Rotenberg, oligarca amigo de la infancia de Putin, declaró que él es el dueño.

Algunos sectores de la izquierda consideran a Putin como “progresivo” por sus choques políticos y económicos con Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Putin no tiene nada de progresivo. Encabeza un régimen capitalista y dictatorial. Sus choques son en defensa de las ganancias de la nueva oligarquía rusa.

Putin consolidó la restauración del capitalismo centrando la economía en lograr rápidas ganancias para sus nuevos ricos con las exportaciones de petróleo, gas y minerales, que en los últimos dos años han bajado enormemente sus precios.

Putin intenta, como todos los gobiernos capitalistas, que la crisis la pague el pueblo y no sus amigos oligarcas. Se han ido aplicando ajustes en salud, educación y una reforma jubilatoria que subió la edad de retiro a 65 años. El salario mensual promedio de los trabajadores de Rusia es de 245 dólares, pero aún menor es el de los empleados públicos que están en 125.

Navalny es parte de un movimiento político burgués liberal que tiene apoyo de sectores del imperialismo europeo. Lo que no denuncia Navalny es que más allá de Putin y el Palacio, 98 rusos se mencionan en una lista global elaborada por la revista Forbes en la que aparecen personas cuya riqueza está valorada en más de mil millones de dólares. Esto fue obtenido de la superexplotación de los trabajadores, una política de expansión imperialista en los países que integraban la ex Unión Soviética y en otros también, y del robo de la propiedad pública con la restauración capitalista. Ocho de ellos incluso se encuentran entre los 100 más ricos del mundo. Esto es capitalismo puro. Y con todos sus peores vicios, como la corrupción de los políticos “amigos” que actúan al servicio de estos capitalistas, y la represión y superexplotación de los migrantes, que son empleados en la construcción y otros sectores industriales. Por eso las denuncias de Navalny contra la corrupción de Putin caen en terreno fértil. Su video filmando con un dron el supuesto Palacio de Putin que circuló por las redes fue reproducido 100 millones de veces (en un país de 144 millones de habitantes).

Desde la UIT-CI nos sumamos al reclamo por la libertad de Alexei Navalny y todos los presos políticos rusos por protestar contra Putin y la corrupción y su régimen represivo. Pero creemos que desde la izquierda y los trabajadores no se le debe dar ningún crédito político a Navalny, ya que su proyecto es mantener el mismo régimen social, sin Putin, pero con los mismos capitalistas super explotadores amigos del actual mandatario.