Escribe Agustín Gigli

El gobierno del Frente de Todos de Chubut sigue con su embestida minera. Arcioni lo hace con el apoyo del gobierno nacional de Fernández, las grandes multinacionales de la minería (empezando por Pan American Silver) y las distintas facciones del justicialismo en la Legislatura.

Desde Ambiente en Lucha venimos impulsando la movilización para evitar la aprobación de la zonificación minera, que quiere entregar la meseta al saqueo. Lo hacemos junto con las distintas asambleas de Chubut y la coordinadora nacional Basta de Falsas Soluciones.

La megaminería es una nueva forma de colonización, como dijo nuestro diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, en la radio abierta que hizo esta semana la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.

El proyecto Navidad no va a solucionar la crisis económica provincial

Navidad es un proyecto minero en la zona de Gastre donde hace años querían poner un basurero nuclear. La canadiense Pan American Silver, que quiere explotarlo, estima que pueden extraerse 16 millones de onzas de plata anuales durante diecisiete años. La minera se llevaría unos 6.000 millones de dólares.

El gobierno promete aumentar las regalías a las empresas con la conformación de un “bono de compensación minera”, un “fondo fiduciario de infraestructura económica” y otros. Dice que las aumentará más de 3%, que es el máximo que permite el código minero menemista. Los “expertos jurídicos” dicen que esto sería “ilegal” y las mineras le iniciarían juicios a la provincia si antes no se deroga la ley nacional, algo que no va a ocurrir, entre otras cosas porque el gobierno nacional está a fondo con el desarrollo de la megaminería en todo el país.

De todas maneras, el proyecto Navidad estaría aportando de regalías solo 11 millones de dólares por año. Esto significa apenas el 4% de las actuales regalías petroleras. De esta plata, 5% sería destinado exclusivamente a la autoridad de aplicación de la ley de zonificación y a la autoridad de control ambiental. Los nuevos “fondos” que ingresarían estarían dedicados a la construcción de infraestructura para la zona, es decir, para la actividad minera y no para los habitantes de la provincia o de la misma zona afectada. O sea, las mineras se llevan 6.000 millones y dejan a la provincia 170 millones. ¡Un negocio redondo! Y nada de esto resolvería la miseria salarial de docentes y estatales, ni la destrucción de la educación y la salud pública provincial.

¿Veintisiete legisladores tienen más “licencia social” que miles de chubutenses?

El gobierno sabe que no cuenta con la llamada “licencia social” en la meseta y mucho menos en el resto de Chubut. A las miles de personas que nos estamos movilizando en toda la provincia el gobierno no puede confrontarlas más que con burócratas sindicales (como los de la Uocra y Petroleros Privados) y las fantasmales cámaras de proveedores mineros. Nunca logró movilizar miles a favor de la megaminería. Es por esto que el ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, actuando como vocero del proyecto minero, dijo que “la iniciativa popular es un mecanismo dentro de la democracia, un mecanismo perfecto […] 30.000 firmas representan un 5% de la población de Chubut, veintisiete diputados representan el 100%”. Con esta lógica, el gobierno se niega a escuchar a la población. Considera que veintisiete legisladores (tres de Cambiemos y veinticuatro de las distintas fracciones justicialista) representan mucho más que miles y miles de chubutenses que nos hemos manifestado en contra de la megaminería durante décadas.

Y para este “debate” el gobierno no duda en falsear investigaciones. En la documentación que presentó como respaldo de su proyecto de ley figura el Conicet como un organismo que estaría diciendo que la minería va a dar solución a los problemas sociales de la meseta chubutense. El investigador a cargo del estudio, Guillermo Velázquez, tuvo que desmentir al gobierno diciendo, como director del proyecto, que es exclusivamente sobre calidad de vida a nivel departamental y no de minería, aclaró que “el indicador ambiental considera los desarrollos mineros como negativos”. Esto se suma a los pronunciamientos de altos representantes de organismos estatales que trabajan en la zona, como el INTA, CeNPat-Conicet, UTN-Chubut y UNP San Juan Bosco.

Tras cada intento del gobierno surgen desde todos lados los argumentos para repudiar la política de entrega a las multinacionales, el saqueo a los recursos naturales y la destrucción de las distintas actividades productivas que ya se realizan o que se pueden realizar en las zonas afectadas. Y, como queda cada vez más claro, en cuanto a la megaminería no hay grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Solo la movilización popular de los chubutenses y el apoyo nacional a nuestro rechazo podrá seguir frenando los intentos de Arcioni y Fernández de imponer la megaminería en Chubut.

Organizaciones ambientalistas, sociales y partidos de izquierda, entre los que se encontraban Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista junto al FIT Unidad, realizaron una concentración frente a la Casa de la Provincia del Chubut  y luego marcharon al Ministerio de Producción, donde se realizó un acto en repudio a la megaminería y en apoyo a la lucha de los chubutenses contra su implantación.

Nuestro compañero, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, se dirigió a los presentes resaltando el valor de la acción unitaria, reivindicó a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y llamó a continuar la movilización  para derrotar el proyecto de saqueo, contaminación y muerte.

Escribe Mario Luaces

La lucha de los vecinos de Virrey del Pino contra la multinacional suiza contaminante Sika-Klaukol es una pelea emblemática que deja en evidencia el funcionamiento del sistema capitalista, priorizando las ganancias a costa de vidas humanas.

Klaukol es una poderosa empresa multinacional en su país, Suiza, mantiene un firme argumento de no contaminación, pero a su vez externaliza la contaminación en países dependientes como el nuestro. Opera en veintidós países y tiene cinco plantas en la Argentina, siendo la más importante la ubicada en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. Opera desde los años ’80 en el barrio Las Mercedes. En 2009 explotó una chimenea que contaminó todo el barrio y puso en evidencia el accionar de la empresa.

En ese momento, la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) inició una investigación y en mayo de 2014 se realizó un relevamiento sanitario en el barrio que arrojó como resultado que el 100% de los chicos analizados de entre 0 y 12 años presentaron plomo en sangre. El análisis también encontró metales pesados en el agua corriente, por lo que la Acumar debió proveer de agua mineral a los vecinos, tres litros por familia.

Todos los gobiernos son cómplices

La empresa califica en grado 3 de contaminación, no pudiendo estar en un radio inferior a 8 kilómetros de ningún casco urbano. Según la ley provincial 11.459, estos establecimientos “se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Pese a esto ningún gobierno se encargó de garantizar el traslado de la planta. El gobierno municipal del peronista Espinoza llegó al colmo, en la última entrevista con los vecinos, de negar lo ya demostrado por la Acumar hace varios años, sosteniendo que la fábrica “tiene valores normales de emisión”.

“Es el mundo al revés, nos están matando y nosotros tenemos que demostrar que nos están matando”, afirmó Susana Aranda, referente de Vecinos por Klaukol, en una entrevista, a la vez que nos contaba las maniobras constantes de la Justicia para que la causa siga “cajoneada”en juzgados de Morón y La Matanza. Demostrar contaminación es costosísimo para cualquier estudio de abogados, por lo que los vecinos vendieron hasta sus propias pertenencias para poder costear  el seguimiento de la causa. La empresa además mantiene un blindaje mediático por los aportes que destina a tiempos de publicidad en los grandes medios. “Un día entero estuvo Canal 13 con el programa de Lanata acá, pero después esa investigación nunca vio el aire. Me llamó un productor al mes para pedirme disculpas, pero la investigación no iba a salir”, nos dijo Susana.

La situación de los trabajadores no es mejor que la de los vecinos, también son perjudicados por la contaminación. Están imposibilitados de iniciar alguna demanda ya que la empresa suiza les hace firmar un compromiso, antes de contratarlos, de que no la van a denunciar.

En el barrio Las Mercedes no quedan vecinos o vecinas mayores de 65 años, ya son más de cien los muertos por enfermedades cancerígenas o relacionadas con las vías respiratorias.

La empresa, los gobiernos (nacional, provincial y municipal), la Justicia y las corporaciones mediáticas están unidos para garantizar el lucro capitalista a costa de la vida de sus trabajadores y los vecinos del barrio.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista seguimos acompañando a los vecinos exigiendo algo tan elemental como el traslado de la fábrica, garantizando los puestos de trabajo y que se respeten estrictamente las condiciones ambientales necesarias para una vida digna, poniendo el foco en la salud de la población, de sus trabajadores y el cuidado del ambiente.

Escribe Agustín Gigli 

El avance de la política megaminera del gobernador Arcioni, con el aval del Frente de Todos, se volvió a encontrar con la lucha del pueblo chubutense que rechaza el saqueo y exige la generación de puestos de trabajo y producción genuinos.

Más de seis mil personas marchamos en Esquel. Pero también hubo marchas multitudinarias en Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew, Madryn y en los pueblos de la meseta patagónica en defensa de sus fuentes laborales y en rechazo a la entrega del territorio. En la Casa de la Provincia del Chubut, en Buenos Aires, estuvieron estudiantes chubutenses junto con el diputado nacional electo Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista/ FIT Unidad, Ambiente en Lucha y la coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

Arcioni se envalentona con el apoyo de Fernández

En la actualidad el gobierno provincial debe dos meses completos de salario y el medio aguinaldo de junio a la mayoría de los trabajadores activos y pasivos de la provincia. Solo se sostiene por el apoyo de los partidos patronales tradicionales y del gobierno nacional de Fernández. Por eso no tiene nada que perder al imponer el saqueo megaminero cuando la gran mayoría de la población ya se expresó en contra. Lo hace presentando un proyecto de ley para zonificar la meseta patagónica, en la región de Gastre y Telsen. Empiezan por donde creen que no hay resistencia, por donde más golpearon durante años, pero la intención es entregar toda la provincia a la actividad extractiva. Lo dijo Arcioni frente al secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, diputados y gobernadores mineros.

Con la falsa idea del desierto, el gobierno quiere imponer como única salida la entrega de los recursos negando todo tipo de actividad productiva. Está demostrado que una actividad agrícola podría desarrollarse si se hicieran las inversiones necesarias. Pero para cumplir su cometido, ninguna opción tiene apoyo estatal.

Sin tocar la 5.001 y sin cianuro

El proyecto elevado por Arcioni intenta confundir a los chubutenses regulando el saqueo y la contaminación. Sin necesidad de modificar la ley 5.001, que plantea la zonificación provincial, y expresando la prohibición del uso de sustancias químicas como el cianuro, busca habilitar a Panamerican Silver con su proyecto Navidad. También quieren realizar consultas únicamente en la zona donde están los bienes, negando la existencia de las cuencas hídricas que contaminarán a casi toda la provincia, y que los recursos son provinciales. Y si el Estado pasa a subsidiar a las empresas, como sucede en otras provincias y con el petróleo en Chubut, lo hará con recursos de todos los chubutenses. También quieren poner por ley un “compre local” y regular la mano de obra en busca de la contratación de pobladores.

Pero son mentiras. El objetivo inmediato es habilitar la actividad, luego podrán modificar toda la legislación hasta lograr que el saqueo sea el máximo.

La única salida es derogar el Código de Minería a nivel nacional, suspender toda actividad megaminera que ya se encuentre en funcionamiento y legislar a partir de la experiencia que han ganado las distintas asambleas y organizaciones de vecinos y ambientales a lo largo del país.

Los legisladores votaron pasar el proyecto a comisión. Un pase para adelante para tratar de desconcentrar la presión que están generando y apostar al desgaste. Dicen que quieren “discutir”, pero volvemos a insistir con lo que decíamos en 2003, “¿qué parte del NO no entienden?”. Llevamos veinte años argumentando y desmintiendo el discurso de las mineras y los gobiernos.

Sin represión no pasa

Es por eso que hoy, después de la manifestación en la Legislatura provincial, la policía nuevamente reprimió a vecinos que estaban retornando a sus casas en Trelew (ver enlace El Socialista 486). Lo hizo con agentes de civil, sin identificación, y otros uniformados con la cara tapada. Arrestaron e hirieron a varios manifestantes. Es que, sin represión, la megaminería no entra en Chubut.

No queremos que pasen a comisión el proyecto de zonificación generando un falso debate donde se discutan puntos y comas y se garantice el saqueo contaminante. Cuanto más tiempo pasa, más claro y fuerte decimos NO es NO.

Este martes 24 se realizó un acto multisectorial para repudiar la nueva embestida megaminera en Chubut. Convocado por la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs por el No a la Mina de Esquel, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el FIT Unidad. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha participamos con una delegación encabezada por el diputado nacional electo Juan Carlos Giordano.

¡No a la megaminería! El agua vale más que el oro.