Campaña internacional

Las y los abajo firmantes, ante la persistencia y gravedad de la pandemia del Covid-19 y la crisis mundial de los planes de vacunación, exigimos que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para el Covid-19.

Rechazamos el manejo irresponsable de la industria farmacéutica privada, su secretismo y el incumplimiento de las multinacionales de entrega de vacuna por su búsqueda de ganancias con la pandemia.

Los gobiernos deben exigir la exención de patentes y desconocer unilateralmente esas patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el Covid-19 mientras dure la pandemia y que se coordine un plan de producción y distribución masiva de emergencia de vacunas gratis para todos los países del mundo.

Nos sumamos a las diversas iniciativas que apunten a movilizarse por la exigencia de abolición o suspensión de las patentes hasta lograr la inmunidad colectiva mundial. Entre ellas las de Médicos sin Fronteras (“No a las patentes. La salud no es un negocio”) o la solicitud presentada a la OMS por India y Sudáfrica, apoyada por 99 países, que propone la exención de patentes de herramientas médicas para tratar el Covid-19.

 Firmá el petitorio a continuación

Desde Ambiente en Lucha, como parte de la @cbfs.plurinacional reproducimos el siguiente comunicado

Los días 4 de cada mes desde hace 18 años la población de Chubut sale a las calles para reafirmar que #NoEsNo. Para este jueves 4, desde la Coordinadora #BastadeFalsasSoluciones convocamos, en coordinación con las asambleas chubutenses, a una jornada de lucha en todo el país.

El año comenzó con un nuevo intento de imponer la aprobación de la ley de zonificación minera, presentado en la Legislatura por el gobernador Mariano Arcioni. El 21/1, Alberto Fernández reunió a Arcioni, al vicegobernador Ricardo Sastre y al diputado Carlos Eliceche, representantes de los 3 bloques mayoritarios, que juntos reunirían los votos necesarios para garantizar la sanción.

En medio del verano y de una crisis sanitaria, ecológica, social y económica, quieren pasar por encima de la voluntad popular que se expresó en masivas movilizaciones contra la megaminería y en defensa del agua de Chubut.

Mientras 8 millones de personas se encuentran sin acceso al agua potable en nuestro país, defender este recurso es urgente. Son inobjetables las experiencias devastadoras de la megaminería en otras provincias, como San Juan y Catamarca, con derrames de millones de litros de agua con sustancias tóxicas y metales pesados.

Con más de 30.000 firmas se ha presentado la Iniciativa Popular 2020 en la Legislatura de Chubut para prohibir la megaminería. Este reclamo del movimiento ambiental y de diversos sectores sindicales, profesionales, científicos y educativos, representa la verdadera voluntad de la población.

El argumento extorsivo de que la megaminería traerá progreso y crecimiento económico es un fraude ya que las legislaciones dictan que las mineras sólo dejan el 3% de sus ganancias. Con el pago de la deuda externa como prioridad, el gobierno nacional y provincial apoyan el avance de este crimen ambiental y social desoyendo el reclamo popular. Por eso es fundamental ganar las calles en todo el país contra esta política extractivista.

Llamamos a toda la juventud, el activismo ambiental, colectivos y sindicatos de todo el país a sumarse a esta jornada. #NoALaMegamineriaEnChubut.

Escribe Agustín Gigli

Esta semana Alberto Fernández ha dejado un poco de lado su doble discurso y salió a fomentar la instalación de la actividad megaminera en todo el país de manera descarada. Esto incluye a Chubut. 

Hasta el momento, la participación del gobierno nacional de Alberto Fernández en el tema minero estaba escondida, dejando centralmente todas las acciones en manos del secretario de Minería, Alberto Hensel. La semana pasada, el gobernador Arcioni organizó un pseudo debate entre los impulsores de la minería y la zonificación junto a Hensel. No fueron, entre otros, la Universidad Nacional San Juan Bosco (Chubut), organismos de ciencia y técnica, la mayoría de los legisladores (participaron solo cuatro de los veintisiete), ni la mayoría de los partidos políticos. El Zoom fue para homogeneizar al gobierno en la implementación del proyecto megaminero contra algunas críticas internas, como la de la diputada Artero, que pedía “más debate”. Además, el gobierno compró espacios en medios nacionales, como el de Rolando Graña, que se dedicó a difundir que “la meseta central de Chubut quiere minería”.

Pero Arcioni no logra imponer la minería, por eso el propio Fernández tuvo que salir a presionar. El 21 de enero se reunieron en la Casa Rosada Fernández, Arcioni, el vicegobernador Sastre, y Eliceche, presidente de la “Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente”, donde está el proyecto de zonificación. Fernández pidió explicaciones sobre por qué todavía no se aprobó la zonificación. En la reunión se resolvió la convocatoria a una sesión especial para tratar de aprobar el proyecto y habilitar así la entrega de los bienes comunes de la provincia.

Este lunes hubo otro encuentro entre Fernández, Linares, presidente del PJ oficial y ex candidato del peronismo kirchnerista a la gobernación, y Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, para agrupar al PJ y lograr los votos necesarios que permitan aprobar el proyecto de ley.

Linares pasó de prometer “sanciones” a los diputados que voten a favor a decir “no estamos en contra de nada, simplemente queremos un debate sincero, con todos los sectores”. Según Metadata Noticias: “El presidente fue claro y le dijo a Linares que el gobierno nacional no puede dejar escapar más inversiones en un contexto de escasez y sequía de fondos inyectados por privados, pero además le dejó en claro que un nuevo revés en la minería, como ocurrió en Mendoza, dejaría al gobierno muy debilitado y hasta habría anticipado que, de no aprobarse, se podría producir un movimiento para desalentar la actividad en provincias que tienen la actividad consagrada, como San Juan y Santa Cruz”.

En toda la provincia las asambleas, organizaciones y militantes ambientales estamos en alerta sabiendo que si no se instaló la megaminería fue por el rechazo en las calles de la gran mayoría de la gente. Por eso sectores del peronismo no se animan a votar la ley minera que reclama Fernández. La única forma de frenar el saqueo contaminante es como lo venimos haciendo hace años, desde el comienzo en Esquel y en toda la provincia, con la movilización y la contrainformación.

Este lunes ya se comenzó con una vigilia en Puerto Madryn, el martes en Esquel. Trevelin y El Hoyo se movilizaron y Trelew, Rawson y Comodoro también se están organizando para marchar.

La Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones continúa impulsando acciones en todo el país.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista llamamos a no bajar los brazos y seguir en estado de alerta y movilización como único camino para frenar el saqueo contaminante.

Escribe Martín Angel, referente de Ambiente en Lucha y de Izquierda Socialista de La Rioja

Desde 1993, con Menem, se vienen explotando todos los recursos naturales al servicio de las ganancias de grandes multinacionales que, a cambio, dejan territorios saqueados y contaminados. Se llevan todo, pagan retenciones mínimas, no están obligadas a resolver el pasivo ambiental y generan menos de 1% de trabajo genuino en el país. La promesa de salvar la crisis con la megaminería es otro verso.

Por eso desde 2012 el pueblo de La Rioja le dice “No a la Megaminería”. Con imponentes movilizaciones se echó a la Barrick Gold y a Osisko Mining Corporation. Les dijimos que “acá no pasarán”.

No nos olvidamos de que estando Néstor Kirchner en el gobierno, en 2006, se trazó el Plan Estratégico Territorial, y durante el gobierno de Cristina, con Milani, se votó la Ley Antiterrorista que puso en marcha el Proyecto X. Hoy vuelven a insistir. Proyectan una inversión millonaria para el corredor bioceánico y la línea eléctrica minera mientras nuestros sueldos están entre los más bajos del país.

Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha repudiamos la nueva intentona de este gobierno peronista de Alberto Fernández que, junto al gobernador Ricardo Quintela, pretenden reactivar el doble discurso de que “con el oro de Famatina salimos de la crisis”.

Fernández dijo en una visita a nuestra provincia, ante el silencio cómplice del gobernador Quintela, sus ministros y laderos: “En Chilecito se fundó la primera sucursal del Banco Nación porque el Famatina traía la plata que hacía rica a la Argentina, y esa riqueza está acá, en el norte argentino”.

Una vez más decimos que no habrá megaminería en La Rioja y apoyamos y nos solidarizamos con todas las provincias precordilleranas, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que vienen luchando y resistiendo contra la instalación de las megamineras del gobierno y las multinacionales. Llamamos a unirnos contra la política de explotación, saqueo y contaminación de los gobiernos patronales.

Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.

Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.

El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.

Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.