Escribe Alan Corbalán (dirigente Juventud de Izquierda Socialista) 

Miles de jóvenes que trabajan en empresas de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC, Green Eat o Mostaza sufrieron este mes descuentos de una gran parte de sus salarios cobrando en promedio 3.500, pesos lo que equivale a diecinueve horas de trabajo en una quincena cuando la ley marco del sector establece que el pago mínimo debe ser de treinta horas por quincena. Ni siquiera cobraron el presentismo que corresponde a la primera quincena de marzo, período en el que todes trabajaron. Se trata de empresas que tienen ganancias multimillonarias, y en el caso de McDonalds recibe además subsidios del Estado a través del programa Primer Empleo lanzado por el gobierno de Macri, que sigue en vigencia. 

La juventud precarizada se organiza

Esta situación generó la bronca de miles de trabajadorxs que, pese a sufrir el recorte salarial de parte de las empresas, no podían expresar con su nombre y apellido su inconformismo con la empresa en redes sociales porque en los contratos basura que firman se establece que cualquier crítica pública se considera una “difamación” a la empresa, motivo por el cual podrían sufrir sanciones. 

Frente a esta situación, los trabajadorxs de McDonalds hicieron flyers anónimos, donde denunciaban a la empresa, que se viralizaron y que llegaron a algunos medios de comunicación. Miles de jóvenes nos enteramos de la situación y nos solidarizamos con lxs pibxs de McDonalds. Así se logró que la difusión masiva del hashtag #McEstafa fuera tendencia en Twitter.  

Paralelamente, se fueron comunicando con grupos de whatsapp por local, que a su vez se conectaron entre sí. Al ver la organización que hubo en McDonalds trabajadorxs de otras empresas de comida rápida, que sufrían los mismos descuentos, comenzaron también a organizarse y a ponerse en contacto con compañerxs de las distintas empresas. 

Apoyemos la lucha de lxs trabajadorxs de cadenas de comida rápida 

La pelea de estos jóvenes precarizadxs es ejemplar porque se enfrentan a patronales supernegreras y persecutorias que con sus contratos basura sancionan o despiden a los trabajadorxs ante la mínima señal de rebeldía. Esta lucha la llevan adelante sin el apoyo del sindicato de pasteleros, que avala los contratos leoninos de las empresas. Tampoco tienen el derecho a organizarse sindicalmente, pese a que por la cantidad de empleados que trabajan en la rama les correspondería tener cientos de delegados. El sindicato mandó al muere a los pibes aconsejándoles que manden telegramas a las empresas, lo que los expone a futuras represalias, como ya viene sucediendo. 

Lxs pibxs lograron que el Ministerio de Trabajo reconozca que las patronales están incumpliendo la ley de contrato de trabajo del sector. Le exigimos entonces al gobierno nacional que actúe en consecuencia y que, lejos de ceder a la presión de la patronal, como hizo con Techint, garantice el cobro de la totalidad de los salarios. Exigimos además el fin de los subsidios a McDonalds y que se le cobren a estas grandes empresas impuestos extraordinarios para ponerlos al servicio de fortalecer el sistema de salud y paliar los efectos sociales de la crisis. 

Desde la Juventud de Izquierda Socialista criticamos cómo, ante la pandemia, las autoridades universitarias lanzaron un fallido, inconsulto e improvisado sistema de “clases virtuales”. Señalamos qué requisitos son necesarios para pensar algún tipo de “normalización” cuando el retroceso de la pandemia así lo permita; y nuestra propuesta de que del fondo de emergencia económica que nuestro país necesita para enfrentar la crisis del coronavirus también se contemple una partida de emergencia para el sistema universitario.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), recomendó a las universidades aplazar la fecha de inicio de las clases del 13 de abril, generando en algunas un corrimiento de las clases presenciales hasta al menos junio. Las resoluciones adoptadas nada dicen sobre cómo se va a garantizar una cursada con condiciones de seguridad e higiene para reunir a miles de estudiantes en pleno otoño e invierno y con la pandemia del coronavirus azotando a nuestro país y el mundo como prevén los especialistas.

Flexibilización laboral solapada

Paralelamente se observa la pretensión de avanzar en la flexibilidad laboral de la mano del “teletrabajo” que veneran el gobierno, las patronales, la Federación Universitaria Argentina (FUA, dirigida por la UCR) y las gremiales docentes conducidas por el oficialismo peronista. Como Feduba de la Conadu que sacó un infograma dando los “pasos” para disfrutar del trabajo desde la casa a sus afiliadxs.

Las primeras semanas de dicho cursado virtual han sido en gran medida fatídicas. Desde la UNC, por ejemplo, surgen numerosas denuncias del colapso de las “aulas virtuales”, reclamos de estudiantes por la dificultad de cumplir con las tareas domiciliarias dispuestas, así como también las amenazas de perder la regularidad por dificultades para conectarse en los horarios requeridos. Por su parte, lxs docentes señalan que se ven obligadxs a estar 24 horas pendientes de las consultas. En la UNLP también ocurrieron hechos como la expulsión y abandono a su suerte de lxs estudiantes que vivían en el Albergue Universitario.

Necesitamos soluciones de fondo

La SPU sugiere dictar los dos cuatrimestres entre junio de 2020 y marzo de 2021. Reiteramos que, más que poner fechas de “normalización” que nadie sabe si van a poder cumplirse, las universidades deberían estar preocupadas por acompañar los reclamos que emergen del sistema de salud. En lo que hace al ciclo lectivo, decimos que deben prorrogarse vencimientos de materias y finales, regularidades, inscripciones y todos los trámites burocráticos que tienen las universidades.

Por otro lado, señalamos que no puede ocurrir ningún tipo de normalización de la cursada sin acuerdo y debate democrático con la comunidad de cada una de las universidades, y hasta que las condiciones de preservación ante la pandemia así lo permitan. También afirmamos que es necesaria una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar un aumento de las becas, en su cantidad y monto; también partidas extraordinarias para garantizar las condiciones de infraestructura, recursos higiénicos, presencia de profesionales de la salud, y demás recursos necesarios para preservar a la comunidad universitaria.

Dichos recursos deberían salir, como proponen Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda- Unidad, de un fondo de emergencia construido en base a impuestos a las grandes empresas y multimillonarios, así como también del cese del pago de la deuda externa que el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido incluso en medio de la cuarentena.

Juventud de Izquierda Socialista

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño de Izquierda Socialista/FIT Unidad

No nos cabe ninguna duda de la importancia de cumplir con la cuarentena ante la pandemia del coronavirus. Para garantizarla, el gobierno desplegó enormes operativos con las diversas fuerzas de seguridad. Mientras que en los barrios de clase media y alta en general, se limitaron a verificar los permisos para transitar, en barrios y asentamientos populares se vienen registrando preocupantes situaciones de abuso de las distintas fuerzas de seguridad.   

Hasta el domingo 29 de marzo 524.557 personas fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y notificadas del curso de una causa legal, y 13.006 fueron detenidas sin que se produzca aún su liberación. En el marco de esos operativos se viralizaron videos de efectivos forzando a personas demoradas a hacer flexiones o repetir frases como en los tiempos del servicio militar y de trabajadores de empresas de delivery siendo detenidos por la policía en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario. Desde ya que estos ejercicios de violencia y abusos se desarrollan en los barrios humildes y contra trabajadores. En contraposición, un directivo de la fraudulenta empresa Vicentin fue demorado en reiteradas ocasiones violando la cuarentena sin que nadie le ponga un dedo encima. Las fuerzas represivas actúan siempre con claras indicativas de clase.

Estos hechos pusieron en alerta a organismos de derechos humanos y al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) que emitió un comunicado denunciando los abusos policiales. El gobierno afirma que los efectivos filmados fueron sancionados, pero nada de eso se conoce oficialmente, y los hechos siguen sucediendo diariamente. Esto aumenta la preocupación ante la extensión de la cuarentena, y ni qué hablar si el gobierno no dispone medidas concretas para paliar la grave crisis económica y social que está creciendo en zonas como el conurbano bonaerense.

La declaración del EMVJ, que suscribimos desde Izquierda Socialista, finaliza señalando: “Las fuerzas de ‘seguridad’ que siguen impunes de todos los crímenes cometidos hasta la fecha, la policía del gatillo fácil, la gendarmería del gendarme carancho y de la desaparición en democracia no son quienes van a concientizar sobre la necesidad de la solidaridad y el cuidado mutuo”. El pueblo trabajador va a saber mantener la guardia alta frente a la pandemia y también frente a los abusos de las fuerzas de seguridad.

Escribe Jonathan Castronuovo, vicepresidente del Centro de Estudiantes del ISFD 45- Haedo

Nora Cortiñas, ícono de la lucha de Madres Línea Fundadora, se suma a la lucha del boleto estudiantil terciario provincial respaldando a todes les estudiantes. En una presentación de su libro biográfico, Norita firmo la bandera emblema de los Terciarios de Morón por su derecho al boleto. En la Bandera Norita escribió: VEN CE RE MOS.

Los terciarios provinciales seguimos impulsando fuertemente nuestro reclamo por el bolero estudiantil. Seguimos exigiéndole al gobierno de Axel Kiciloff : plata para la educación pública y no para la deuda. Que ningún compañero deje de cursar por no poder viajar. ¡Boleto estudiantil terciario ya!

Escribe Jonathan Castronuovo, vicepresidente del Profesorado 45

Les estudiantes de los profesorados de la provincia de Buenos Aires siguen luchando por su derecho al boleto estudiantil. El gobernador del Frente de Todos Axel Kicillof, ha priorizado pagarle a los bonistas de la deuda en vez de destinar ese dinero a la educación pública, y por ende al boleto estudiantil.

En el 2015 se sancionó la Ley 14.735 que otorgó el boleto gratuito a todos los niveles educativos. Fue gracias a la lucha del movimiento estudiantil que en el 2016 Vidal terminó reglamentándolo para el nivel primario, secundario y universitario. Sin embargo, se excluyó a terciarios y a algunas universidades.

La semana pasada nuestra diputada provincial de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Mercedes Trimarchi, realizó una conferencia de prensa en el anexo de la Cámara de Diputados, acompañada por estudiantes terciarios y universitarios, donde expuso nuestro proyecto de exigencia a Kicillof y al Frente de Todos  de que se reglamente para que nadie deje sus estudios por no poder viajar.