Escribe Gastón Godoy, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista

El ministro de Educación Nicolás Trotta hizo nuevos anuncios sobre un “posible retorno” a las clases presenciales en agosto, sin dar precisiones -como hasta el momento- de cómo se continuará durante estos meses. Desde la Juventud de Izquierda Socialista rechazamos este discurso triunfalista ante la pandemia que lleva meses, denunciamos el caos y la desorganización imperante y sostenemos lo que hemos señalado desde que se impuso la virtualización: que ha sido un fracaso, que generó la exclusión de cientos de miles de estudiantes de todos los niveles educativos que no tienen los medios para acceder y que profundizó la flexibilización laboral docente.

A lo largo de la cuarentena el ministro Trotta fue comunicando de forma poco clara que la evaluación en el nivel medio se relajaría producto de las quejas y problemas que acarrea un traslado mecánico de lo presencial a lo virtual. En el nivel superior ocurrió algo similar, sumado a que las autoridades de cada universidad o terciario proponen su propia forma de evaluación y trayecto de las materias, lo que generó en algunos casos la imposición de trabas para acreditar y validar lo cursado.

Ante ese contexto, donde se haya desarrollado una dinámica de cursado y dictado de contenidos respetada entre docentes y estudiantes rechazamos el bloqueo de la posibilidad de la promoción del cursado. Exigimos que se garantice ese derecho para no ahondar más en el abandono de los estudios ante la demora en las carreras. En todo caso, cuando la cuarentena se termine los comités de crisis podrán definir la ratificación de estas promociones extraordinarias. Asimismo, rechazamos las evaluaciones obligatorias y exigimos la regularización para el conjunto de los estudiantes que se anotaron a las cursadas y “acompañamientos”, por más que hayan padecido problemas para poder sostener el cursado fruto de las desigualdades del proceso forzoso de virtualización.

Fondo de emergencia para dar respuesta a las necesidades educativas

La educación pública en el marco de la pandemia no ha recibido un peso más de presupuesto, una situación ya de por sí grave, pero aún peor si se tiene en cuenta que continúa funcionando con el presupuesto de 2019, con una inflación que superó el 60% en este tiempo. El gobierno de Alberto Fernández destinó durante la pandemia millones al pago de la deuda externa, pero no pone plata para educación. Es urgente el fondo de emergencia ante la crisis, constituido sobre la base de las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. De ahí podría salir la plata para becas masivas y para la distribución de dispositivos (netbooks, notebooks, tablets) para garantizar el cursado mientras continúe el aislamiento social.

En ese sentido, desde la Juventud de Izquierda Socialista nos hemos propuesto llevar adelante una campaña nacional con un petitorio de exigencia por la liberación de datos para las distintas plataformas –y recursos del cursado virtual– y la entrega de dispositivos para combatir la deserción. Agregando también un aumento presupuestario urgente sobre la base de obtener recursos de un impuesto a las grandes fortunas, los bancos y las multinacionales. No queremos que la clase trabajadora y los sectores populares paguen esta crisis. No queremos más hambre, desempleo, pobreza ni deserción educativa.

Firmá el petitorio en el Facebook de Juventud Izquierda Socialista.

Escribe Ambiente en Lucha – Juventud de Izquierda Socialista

Pese a que millones de personas se encuentran cumpliendo la cuarentena, cada vez son más las denuncias y los permisos que el gobierno de Alberto Fernández concede a las grandes multinacionales extractivistas. A partir del decreto 450/2020, impulsado por Cabandié y el lobby minero, se habilitan las actividades vinculadas con la producción, distribución, comercialización forestal y minera, dando lugar a que la actividad de las megamineras contaminantes y el agronegocio continúe. Como ya dijimos, este gobierno de doble discurso llegó para profundizar los proyectos extractivistas que contaminan el ambiente, como la megaminería, el fracking, la deforestación, el monocultivo y el uso de agrotóxicos.

Durante la cuarentena han aumentado las denuncias de deforestación sufridas en el Norte de nuestro país. Los gobernadores Insfran, Zamora y Capitanich son los responsables de este avance en la deforestación en plena cuarentena, donde ya se perdieron más de 9.000 hectáreas, un poco más de 200 hectáreas por día. Esto va de la mano con los permisos que el gobierno concede para el uso de agrotóxicos. El avance de la frontera del agronegocio sigue arrasando los bosques autóctonos de nuestro país. ¿Cuál es el negocio? Imponer el monocultivo para que los grandes terratenientes y latifundistas ganen millones a costa de la destrucción ambiental.

El retorno de la minería es otro privilegio que le otorga el gobierno a las megamineras contaminantes en medio de las luchas contra la actividad, como la triunfante rebelión mendocina en defensa del agua y el ambiente o la que, a pesar de la cuarentena, llevaron adelante en Esquel contra el peronista de confianza y amigo del presidente, Arcioni, gobernador de Chubut, que no solo avanza con la megaminería, sino que además precariza, despide y adeuda salarios a cientos de trabajadoras y trabajadores.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, impulsó la quita de aranceles a las importaciones de insumos para la fabricación de agrotóxicos. El mismo Felipe Solá que fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Carlos Menem y abrió las puertas a multinacionales como Monsanto para impulsar el agronegocio en el país. Esta reducción de aranceles sirvió de modelo para que la imiten otros países que integran el Mercosur, demostrando la política a favor de los agronegocios en el resto de los países del cono Sur.

Crece en todo el mundo un movimiento ambientalista que lucha directamente contra los intereses de los grandes capitalistas que intentan avanzar sobre los recursos, esto se ve en las masivas huelgas mundiales por el clima. Desde Izquierda Socialista creemos que hay que seguir luchando para poner fin a la megaminería a cielo abierto, a la tala indiscriminada y por la prohibición de los agrotóxicos. ¡Fuera Monsanto y Barrick! En defensa de los pueblos fumigados. Nos unimos en la lucha por un ambiente sano y por una producción racional al servicio de las necesidades populares.

Escribe Barby Pick

Con el hashtag #YoNoReparto se visibilizó el paro internacional que llevaron adelante los repartidores el 22 de abril pasado.

Trabajadores de reparto de las apps Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras, realizaron un paro de actividades coordinado con trabajadores de seis países para reclamar mejores condiciones laborales. Exigen “100% de aumento del pago por pedido y elementos de seguridad e higiene que sean de calidad y en cantidad”, acorde con la tarea que realizan en plena crisis sanitaria, además de una reducción de la jornada laboral sin que suspendan sus cuentas.

La juventud es uno de los sectores que más sufre las consecuencias de la precarización laboral, dos de cada diez jóvenes están desempleados (Indec). Eso explica que entre Rappi y Glovo estén registrados alrededor de 18.000 repartidores.

La medida del gobierno de considerar la tarea de reparto como esencial sin garantizar derechos de resguardo y salariales se tradujo en superexplotación para los trabajadores y superganancias para las empresas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de reparto y exigimos que se cumplan de inmediato sus reclamos, se prohíban despidos y suspensiones y se les otorguen licencias con goce de sueldo para todos los trabajadores que deban permanecer en sus hogares. 

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los gobiernos capitalistas del mundo han optado unánimemente por un discurso bélico para presentar sus políticas ante la pandemia. Mucho se ha dicho respecto de cómo de esa manera se busca una idea de “unidad” contra el virus y se justifican medidas “excepcionales” en nombre del enfrentamiento contra el “enemigo invisible”. Sin embargo, la imagen de la guerra también pretende instalar otra idea, y es la de que estamos haciendo frente a algo que viene “desde afuera”, a algo externo, casi una amenaza extraterrestre que se hizo presente entre nosotros de forma inesperada. Pero resulta que el coronavirus es todo lo contrario.

En estos días se han apilado informes sobre cómo en los últimos años desde todos los ámbitos se venía insistiendo sobre la inminencia de un nuevo brote que podría poner sobre las cuerdas el sistema sanitario mundial. Hasta se hicieron películas al respecto (Contagio, 2011), y la Organización Mundial de la Salud había advertido sobre que estaban más que dadas las condiciones para la aparición de un nuevo virus con síntomas similares a los de una gripe que podría surgir en un punto recóndito del globo para luego expandirse a escala planetaria. El propio gobierno de los Estados Unidos había recibido informes de su Departamento de Defensa al respecto, que fueron descubiertos en estos días, mientras Trump se paseaba diciendo que esta crisis era imposible de haber sido prevista.

Diversos análisis, entre los que se destacan el de Rob Wallace (autor del libro Grandes granjas generan grandes gripes), que dedicó los últimos veinticinco años al estudio de epidemias, y los de Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (que realiza estudios independientes con estatus consultivo en la ONU), han señalado con vehemencia y fundamento la relación entre la cada vez más frecuente proliferación de procesos de zoonosis (en los que se producen las mutaciones y saltos de virus de animales a humanos) y las políticas de destrucción ambiental e impulso de los agronegocios a escala planetaria. 

Señalan cómo, por un lado, el calentamiento global y la deforestación que produce la migración masiva y la puesta en contacto entre distintas especies fomentan la circulación de virus que en su ambiente natural no resultaban dañinos. Así como también la proliferación de feedlots, donde millones de cerdos son hacinados y vacunados constantemente con antibióticos y antivirales, que funcionan como megalaboratorios descontrolados en los que mutan los virus. Ya la Organización Mundial de la Salud en 2017 hizo un llamado a “las industrias agropecuarias, piscicultoras y alimentarias a que dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento de animales sanos”. Nadie hizo caso a pesar de que teníamos el antecedente en 2009 de la llamada gripe A H1N1, cuyo virus tuvo origen en la empresa productora de cerdos Granjas Carrol, en Veracruz, México, en ese momento propiedad de la entonces mayor productora de carne a nivel global, Smithfield, y que fuera luego comprada en 2013 por el WH Group chino.

Desde ya que a la hora de pensar en el coronavirus también hay que reflexionar sobre las condiciones de insalubridad y hacinamiento en que se alimentan los sectores populares empobrecidos por las políticas de la dictadura capitalista china. Pero lo que salta a la luz es que nada tiene de imprevisible ni de “natural” la actual crisis pandémica. Es la consecuencia de la ambición capitalista, de las multinacionales del agronegocio, de las empresas farmacéuticas que, por su baja rentabilidad, no se preocupan por investigar patógenos como los coronavirus, y de los gobiernos que destruyeron la salud pública para fomentar la medicina privada. 

Además de exigir a escala mundial políticas concretas de fondo para enfrentar la pandemia, es necesario poner en discusión los procesos de destrucción ambiental que “cocinaron” la actual crisis. Y de la mano de eso, denunciar lo enormemente peligroso e irracional de un sistema capitalista en el que un tercio de los alimentos que se producen anualmente se echan a perder sin que nadie los compre mientras mueren al año nueve millones de personas por problemas de malnutrición. Y sumarle a eso las 4.2 millones de muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire. No hay peor pandemia y amenaza a la vida que este capitalismo decadente y sus gobiernos. 

Escribe Alan Corbalán (dirigente Juventud de Izquierda Socialista) 

Miles de jóvenes que trabajan en empresas de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC, Green Eat o Mostaza sufrieron este mes descuentos de una gran parte de sus salarios cobrando en promedio 3.500, pesos lo que equivale a diecinueve horas de trabajo en una quincena cuando la ley marco del sector establece que el pago mínimo debe ser de treinta horas por quincena. Ni siquiera cobraron el presentismo que corresponde a la primera quincena de marzo, período en el que todes trabajaron. Se trata de empresas que tienen ganancias multimillonarias, y en el caso de McDonalds recibe además subsidios del Estado a través del programa Primer Empleo lanzado por el gobierno de Macri, que sigue en vigencia. 

La juventud precarizada se organiza

Esta situación generó la bronca de miles de trabajadorxs que, pese a sufrir el recorte salarial de parte de las empresas, no podían expresar con su nombre y apellido su inconformismo con la empresa en redes sociales porque en los contratos basura que firman se establece que cualquier crítica pública se considera una “difamación” a la empresa, motivo por el cual podrían sufrir sanciones. 

Frente a esta situación, los trabajadorxs de McDonalds hicieron flyers anónimos, donde denunciaban a la empresa, que se viralizaron y que llegaron a algunos medios de comunicación. Miles de jóvenes nos enteramos de la situación y nos solidarizamos con lxs pibxs de McDonalds. Así se logró que la difusión masiva del hashtag #McEstafa fuera tendencia en Twitter.  

Paralelamente, se fueron comunicando con grupos de whatsapp por local, que a su vez se conectaron entre sí. Al ver la organización que hubo en McDonalds trabajadorxs de otras empresas de comida rápida, que sufrían los mismos descuentos, comenzaron también a organizarse y a ponerse en contacto con compañerxs de las distintas empresas. 

Apoyemos la lucha de lxs trabajadorxs de cadenas de comida rápida 

La pelea de estos jóvenes precarizadxs es ejemplar porque se enfrentan a patronales supernegreras y persecutorias que con sus contratos basura sancionan o despiden a los trabajadorxs ante la mínima señal de rebeldía. Esta lucha la llevan adelante sin el apoyo del sindicato de pasteleros, que avala los contratos leoninos de las empresas. Tampoco tienen el derecho a organizarse sindicalmente, pese a que por la cantidad de empleados que trabajan en la rama les correspondería tener cientos de delegados. El sindicato mandó al muere a los pibes aconsejándoles que manden telegramas a las empresas, lo que los expone a futuras represalias, como ya viene sucediendo. 

Lxs pibxs lograron que el Ministerio de Trabajo reconozca que las patronales están incumpliendo la ley de contrato de trabajo del sector. Le exigimos entonces al gobierno nacional que actúe en consecuencia y que, lejos de ceder a la presión de la patronal, como hizo con Techint, garantice el cobro de la totalidad de los salarios. Exigimos además el fin de los subsidios a McDonalds y que se le cobren a estas grandes empresas impuestos extraordinarios para ponerlos al servicio de fortalecer el sistema de salud y paliar los efectos sociales de la crisis.