El fin de semana del 16 y 17 de marzo, en una plenaria que se realizó en la provincia de Córdoba y en la que participaron 190 compañeras y compañeros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se acordó el articulado del nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En él se establece que las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar podrán interrumpir un embarazo de manera voluntaria hasta la semana 14 de la gestación en los tres subsectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura de 100% en obras sociales, mutuales o prepagas. Además, el proyecto propone que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

Para las interrupciones que superen el plazo de las 14 semanas de gestación, el proyecto prevé que la persona gestante pueda solicitar la interrupción legal del embarazo en caso de violación, o si corren riesgo su vida o su salud integral, ésta entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, se incorporaron artículos en los que se refuerza la reclamada implementación de la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción gratuita.

Frente a los constantes ataques de los sectores fundamentalistas y antiderechos que actualmente obstaculizan -incluso en los casos de niñas violadas- el derecho a la interrupción legal del embarazo que ya está vigente, el proyecto de ley prevé sanciones para quienes busquen coartar el ejercicio de este derecho en el ámbito de las instituciones sanitarias, desde directores hasta el personal de salud y administrativo. Al mismo tiempo, otro elemento nuevo y muy importante que incluye el proyecto es que se despenaliza totalmente a las personas que deciden abortar fuera de los plazos y causales.

Finalmente, al igual que en el proyecto anterior, no incluye a la objeción de conciencia, ya que considera al aborto como una práctica de salud y como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias personales, religiosas o morales.

Desde el inicio del año, han tomado fuerte repercusión diversos casos de niñas violadas embarazadas en diferentes provincias del país como Jujuy, Tucumán y San Juan. En la mayoría de los casos, los gobiernos y sus funcionarios de los distintos Ministerios de Salud, forzaron a parir a las niñas, alegando que la interrupción de estos embarazos podían hacerse a través de cesáreas (La cesárea no está contemplada entre los métodos de interrupción del embarazo de la Organización Mundial de la Salud). Es decir, aplicaron métodos de tortura contra la integridad física, psicólogica y emocional de estas niñas, revictimizándolas luego de haber sido víctimas de violaciones. Estas prácticas aberrantes las hicieron por fuera de la ley, y por fuera del pedido de las niñas y sus familias que exigían el aborto que ya es legal en nuestro país. Con estas maniobras dilatorias expusieron la vida de las niñas para hacer “madurar al feto” y lograr que siga con vida fuera del saco gestacional. Una barbaridad.

Los gobiernos son responsables de no cumplir con la ley que debe garantizar el derecho a estas niñas a vivir sin obligarlas a gestar ni a parir, a la educación sexual, a la protección de las víctimas de abuso sin exponerlas ni forzarlas a la maternidad. Exigimos a Macri y a los gobiernos provinciales, la implementación y cumplimiento efectivo de los protocolos de interrupción legal del embarazo (I.L.E) en todas las provincias del país amparado en el código penal desde 1921, además del fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación que lo ratifica.

Desde Isadora llamamos al movimiento de mujeres a seguir repudiando con todas nuestras fuerzas a los responsables de estos aberrantes casos: los gobiernos y las iglesias, quienes impulsan las campañas contra la I.L.E y la ESI. Y por eso, debemos seguir peleando por la efectiva separación de la iglesia del estado. Seamos miles en las calles este #28M por el aborto legal, seguro y gratuito.

A las mujeres nos gritan y nos silban en la calle, nos apoyan o nos tocan mientras viajamos en colectivo, entre otras barbaridades. Esto para nosotras no es ninguna novedad, es con lo que cargamos a diario por el hecho de ser mujeres. Soportamos que cualquiera, aunque sea un desconocido que pasa caminando pueda opinar sobre nuestro cuerpo o sobre lo que llevamos puesto. Es más, fue el propio Macri, siendo jefe de gobierno quien dijo en 2014 que: “A todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo culo tenés”.

Sin embargo, el movimiento de mujeres con el que venimos dando enormes peleas y movilizándonos por nuestros derechos, desde hace años que venimos denunciando que el “piropo” es acoso callejero y es una de las tantas formas en la que se manifiesta la violencia de género.

Recientemente se aprobó en el Senado la reforma de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y se incorpora en el artículo 6º, al acoso callejero. El inciso g, del mencionado artículo quedó redactado de la siguiente manera: “Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.” También se aprobó la implementación de una línea telefónica gratuita destinada a dar contención e información y que el Consejo federal de educación elabore contenidos curriculares sobre la temática para trabajar en las escuelas.

Sin dudas, esta reforma de la ley es producto de la movilización de las mujeres y que vamos imponiendo con nuestra lucha este tipo de cambios. Sin embargo, denunciamos que al igual que toda la ley 26.485 es papel mojado o letra muerta si no cuenta con el presupuesto necesario para que se aplique. Por eso, este #3J debemos seguir movilizadas contra las violencias machistas y exigir plata para la ley 26.485 y no para la deuda externa.

Como parte de la política de Isadora contra la violencia machista, estamos impulsando una campaña para que se apruebe el proyecto de “Declaración de Emergencia en violencia de género en CABA” presentado por la legisladora de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Laura Marrone.

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta (PRO) otorgó $250 millones de pesos del presuopuesto 2019 para la Dirección de Mujer que representa el 0,08%. Pero sin embargo, le destina 2.300 millones de pesos para veredas, o sea diez veces más. Es decir, que para e PRO, las mujeres valemos menos que las veredas.

Nuestro proyecto busca darle respuesta a uno de los reclamos más sentidos del movimiento feminista, que parte de crear un Plan contra la violencia machista con un fondo dónde se sextuplica el presupuesto, en base a impuestos a las empresas, entidades financieras y bancos radicados en la ciudad y la cancelación de los pagos de la deuda externa. La aplicación de ley será controlada por la comisión de control y seguimiento compuesta por trabajadoras de la Dirección de la Mujer y organizaciones feministas.

Con este fondo se financiará un Plan Integral de vivienda para que las mujeres en situación de violencia de género puedan salir de los hogares violentos, política central ya que más del 60% de los femicidios ocurren por parejas, ex parejas o personas del vínculo familiar en sus hogares. Estas medidas junto con un plan de salida laboral y la construcción de escuelas públicas para garantizar vacantes para sus hijas e hijos, ayudará a dar una respuesta material ante la necesidad de independencia económica, que se profundiza con la brecha salarial de género que en la Argentina llega según el INDEC al 27%.

Además, incluimos la conformación de equipos interdisciplinarios en centros de salud, hospitales y Centros Integrales de las Mujeres (CIM) para dar una contención integral para las víctimas.

Por otro lado, se garantiza la capacitación en servicio de todo el personal del sistema educativo en el marco del cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, con perspectiva de género, laica y científica y de todo el personal de la administración pública en el marco de la Ley Nacional Micaela. También, se establece la licencia por violencia de género para el personal de la administración pública de la CABA, entre otras medidas. Te invitamos a sumarte a esta campaña para que se apruebe la emergencia en violencia de género.

En el mundo:
- En el 2017 se cometieron en el mundo 87.000 femicidios, siendo asesinadas 137 mujeres por día. Un tercio de ellas por sus parejas.
- El 70% de las mujeres en el mundo sufrió violencia de física y/o sexual por parte de sus parejas.
- Las mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas de trata en el mundo, de las cuales tres de cada cuatro son con fines de explotación sexual.
- 200 millones de mujeres y niñas sufrieron mutilación genital femenina, práctica que crece entre migrantes y refugiadas.
- 15 millones de jóvenes entre 11 y 15 años son víctimas de abuso sexual en el mundo.
- Las mujeres ganan un 23% menos que los hombres a nivel mundial.
- Un estudio en 27 Universidades de EEUU reveló que el 23% de las estudiantes fue víctima de agresión sexual.
- En Oriente Medio y África del Norte entre el 40% y 60% de las mujeres declaró haber sufrido acoso sexual en la calle.
- En los países donde existen datos, menos del 40% de las mujeres víctimas de violencia buscan ayuda y pocas confían en instituciones y mecanismos oficiales.

En Argentina:
- Entre 2008 y 2017 hubo 2679 femicidios.
- 72 femicidios en los primeros tres meses del 2019.
- En la provincia de Bs. As. Hubo 48 ataques sexuales por día a mujeres en 2018.
- La principal causa de muerte de mujeres gestantes es el aborto ilegal desde hace décadas.
- La expectativa de vida de las travestis y trans es de 35 años.
- La brecha salarial entre varones y mujeres es del 27.5%.
- Las mujeres llevamos a cabo el 75% de las tareas domésticas.