Escribe Mercedes de Mendieta, candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires
Las mujeres representamos el 70% de los pobres a nivel mundial. Es que el capitalismo patriarcal nos utiliza como una variable más de ajuste para que los empresarios obtengan mayores ganancias, lo que se conoce como feminización de la pobreza.
En nuestro país el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI viene produciendo especiales efectos sobre las mujeres. Más allá de que las y los políticos patronales se sacan fotos con la consigna #NiUnaMenos, con el ajuste sobre el presupuesto nacional 2019 se destina solo el 0,13% para políticas hacia las mujeres y sólo 11,36 pesos por mujer contra la violencia de género, mientras millones van a pagar la deuda externa. En la ciudad de Buenos Aires, Larreta otorgó sólo 250 millones de pesos para la Dirección de la Mujer pero 2.300 millones de pesos para arreglar veredas.
Entre la clase trabajadora las mujeres recibimos los peores salarios y somos la mayoría de las empleadas en el sector informal, siendo las jefas de los hogares más pobres. Estamos en los trabajos peores pagos como salud, educación y limpieza, ligado a la división sexual del trabajo y los estereotipos de “ser mujeres”. Hoy una enfermera gana en ciudad de Buenos Aires 21000 pesos muy por debajo de la canasta básica (sin alquiler) que llega a 30.000 pesos. El 97% de quienes se dedican al servicio doméstico son mujeres y representa el 20% de total de las trabajadoras en el país, siendo una de los empleos más precarizados y totalmente en negro. En Argentina más del 35% de los trabajadores están en negro, número que sube entre las trabajadoras asalariadas a más del 37%, mientras que en los varones es del 32,1%. En las mujeres jóvenes el desempleo subió al 23%.
La brecha salarial del género asciende al 27,5%, número que crece entre los empleos más precarios y peores pagos. Además, las mujeres somos el 62% entre las jubiladas y pensionadas del país, la mayoría que reciben la jubilación mínima de miseria. Además, realizamos el 75% del trabajo doméstico no remunerado en los hogares.
Ante esta situación, desde el FIT-Unidad decimos que no hay salida para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras de la mano del FMI como plantea Macri-Pichetto ni “renegociando” como plantean Fernández.-Fernández. El FMI buscará aplicar las reformas jubilatorias y laborales, como ya está ocurriendo en Brasil, con el misógino de Bolsonaro. Todas estas reformas sólo se aplicaran con mayor crudeza sobre las mujeres. Llamamos al movimiento feminista a votar por el FIT-Unidad para romper con el FMI y que ese dinero vaya a políticas contra la violencia de género, salud y educación.
En un fallo escandaloso, dictado el mismo día del Orgullo LGTBIQ+, la “Justicia” condenó a una mujer por besar a su esposa. Una sentencia que expresa toda la fuerza de un homo-lesbo-trans-bi-odio que repudiamos. Nos comprometemos a seguir movilizándonos hasta obtener la absolución de Mariana Gómez.
Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada provincial Izquierda Socialista/FIT y candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires
Mariana Gómez recibió una condena de un año en suspenso por haber cometido el “delito” de besar a su esposa en Constitución, mientras se resguardaba de la lluvia, el 2 de octubre de 2017. Sí, el “delito” de besar a su esposa porque Mariana y Rocío están casadas desde 2016. Hace más de un año y medio que Mariana fue detenida por dos policías de la Ciudad, maltratada y golpeada. Cuando la apresaron le abrieron una causa por resistencia a la autoridad y lesiones leves.
Mariana recuerda que aquel día, luego de que un agente la haya estado observando mientras besaba a Rocío, le dijo: “Pibe, apagá el cigarrillo”, y a pesar de que ella le decía que era mujer, le pegaron en el pecho, la tiraron al piso y la esposaron. Todo delante de Rocío, quien gritaba que era la esposa, y burlándose de ellas, les pidieron hasta la libreta de casamiento.
Una causa totalmente armada que tiene como único objetivo castigar a las lesbianas y, junto a ellas, a todo el colectivo de la diversidad sexo-genérica. Tan discriminatoria y “aleccionadora” pretende ser esta causa que la jueza eligió el 28 de junio, Día Mundial del Orgullo, para dictar la condena.
Hace cincuenta años la revuelta de Stonewall cambió la historia
El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York se realizó un levantamiento de lesbianas, gays, travestis y trans que dio comienzo al surgimiento del movimiento LGTBIQ+. Durante tres noches se tomaron las calles para oponerse a las razzias, enfrentando a la División de Moral y los antidisturbios de la policía neoyorquina. Su lucha contra la represión cuestionaba el orden sexual existente, la monogamia impuesta por la iglesia, la patologización de la sexualidad y las identidades y los edictos contravencionales; fue la punta de lanza del movimiento. Los hechos se conocieron en todo el mundo como la revuelta de Stonewall y desde entonces el 28 de junio se transformó en el día internacional del orgullo.
Cincuenta años después de aquella gesta heroica las lesbianas, gays, travestis y trans siguen peleando contra todos los gobiernos y sus políticas represivas y discriminatorias en todo el mundo. En la Argentina, el brutal ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI significa más marginación para el colectivo de la diversidad. Un claro ejemplo de esto es que la expectativa de vida de la comunidad travesti es de 35 años y que la gran mayoría se ve forzada a recurrir a la prostitución como medio para subsistir.
El desfinanciamiento en la salud pública profundiza, aún más, los recortes en los anticonceptivos, la medicación y las campañas de prevención para las infecciones de transmisión sexual y los tratamientos hormonales y quirúrgicos para garantizar la Ley de Identidad de Género. También es atacado el presupuesto en educación y junto a ello, se posterga la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) vigente desde 2006, entre otras cosas, por la injerencia de las iglesias (católica y evangélicas).
Seguimos en las calles por nuestros derechos
El viernes pasado se realizó la marcha contra los travesticidios y transfemicidios que fue de Plaza de Mayo hacia el Congreso. Miles de personas nos movilizamos exigiendo además del fin de estos crímenes de odio, la absolución de Mariana Gómez, condenada ese mismo día, la separación de la Iglesia del Estado y el aborto legal, seguro y gratuito. Desde Izquierda Socialista – diversidad en el Frente de Izquierda–Unidad, estuvimos presentes reclamando además la implementación del cupo laboral travesti-trans.
Escribe Daniela Cooper, Candidata a intendente
Hace un año un grupo de adolescentas, cansadas de sufrir acosos por parte de un chofer de colectivo de una línea local, se organizaron para hacer una denuncia social y, desde Isadora Mujeres en Lucha, junto a otras agrupaciones feministas las acompañamos y decidimos ir por más.
Lejos de ir solo por el camino punitivo y después de darle una pelea al gobierno y sus funcionarios, que desde un comienzo intentaron minimizar esta situación, logramos imponer en varias reuniones nuestra política y, tomando el ejemplo de las compañeras ferroviarias y su trabajo con la agrupación Mujer Bonita, propusimos que de manera obligatoria todos los choferes participaran de talleres de sensibilización con perspectiva de género. Exigimos que se abriera un cupo laboral para mujeres y disidencias y ya podemos decir que todo eso hoy es una conquista.
En agosto de 2018 conseguimos que se aprobara y reglamentara la ordenanza 7.132 que creó el Programa de Perspectiva de Género en la Formación Profesional de Conductores de Autotransporte Público y Privado de Pasajeros. Esto obligó al gobierno local a destinar fondos para que se creara el dispositivo para llevar adelante los talleres, y el 10 de junio pasado logramos que en el nuevo contrato de renovación a la empresa que domina los recorridos en la ciudad de Luján se la obligue a incluir en todas sus categorías a trabajadoras mujeres y disidentes en igualdad de condiciones de ingreso, salario, desarrollo y formación.
Durante la última semana la frase “feministas en las listas” fue el lema de una campaña impulsada por diferentes espacios políticos y, en particular, por las militantes mujeres que apoyan la legalización del aborto en las filas del kirchnerismo, el radicalismo y PRO, como Dora Barrancos o Silvia Lospennato. Pretenden lograr el apoyo del movimiento de mujeres para que los dirigentes de sus espacios las incluyan entre las candidaturas. Desde el Frente de Izquierda–Unidad denunciamos que se trata de una maniobra con la que se busca encubrir el rol conciliador de todas las fuerzas políticas patronales con las iglesias.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio (Macri-Pichetto) como los del Frente de Todos (Fernández–Cristina) coinciden en que el derecho al aborto no sea parte de su programa político ni de la agenda de discusiones. Por ello, Macri no vaciló en reunirse con la diputada antiderechos de Santa Fe Amalia Granata a pocos días de que ganara una banca. Y tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández no pierden oportunidad para reafirmar que no es momento para debatir el tema del aborto y que hay que hacer unidad con las iglesias “juntando a los pañuelos verdes con los celestes”, es decir, bajando la bandera del aborto mientras siguen muriendo en la clandestinidad cientos de mujeres jóvenes y pobres y las niñas son obligadas a parir.
No criticamos porque sí. Durante los doce años de gobierno kirchnerista, mientras el candidato a vicepresidente Pichetto era jefe del bloque oficialista en la Cámara de Senadores y tenía mayoría parlamentaria, no solo no se trató el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sino que, aun cuando muchas de las firmantes del proyecto pertenecían al entonces bloque oficialista, la presidenta Cristina se empecinó en rechazarlo. Y luego las mismas firmantes de su partido la justificaban. Algo parecido podemos decir del gobierno de Macri, en donde al instante de asumir en el Consejo Nacional de Mujeres Fabiana Túñez decidió bajarse de la pelea por la legalización del aborto, ya que esto “no entraba” en el programa del gobierno.
Por eso, desde el Frente de Izquierda-Unidad afirmamos que no solo basta que haya “referentes feministas” en las listas electorales, sino que necesitamos un programa que de verdad contemple los reclamos históricos del movimiento de mujeres como la legalización del aborto, el presupuesto para la implementación de programas de prevención y atención de las violencias de géneros, o el combate real a las redes de trata, entre otros. Todo ello apoyado en la movilización permanente en las calles, único camino para arrancar nuestros derechos en el Congreso, esa cueva de ladrones y defensores de la Iglesia. El FIT-Unidad es el único que lleva estas propuestas en su plataforma. Sus listas están conformadas íntegramente por luchadoras y luchadores por estos derechos que darán la pelea en la calle y en el Parlamento para que el aborto sea ley y conquistemos todas nuestras reivindicaciones.
Muchas militantes de la marea verde encuentran en el Frente de Todos y en la fórmula Fernández-Fernández cierta expectativa para que se legalice el aborto.
Pero es importante tener claridad: se trata de una lista en la que abundan candidatos antiderechos como el ex ministro de Salud Juan Manzur, los nefastos gobernadores Rosana Bertone o Gildo Insfrán, y el propio Sergio Massa, quien durante las votaciones de 2018 logró que el 100% de su bloque se posicionara en contra. Pero, para ser más claros, al redactar su programa político no escribieron una sola palabra sobre el aborto o la educación sexual integral.