Escribe Malena Lenta
Sin lugar a dudas, las mujeres con nuestras luchas y demandas venimos ganando visibilidad. Las enormes movilizaciones contra las violencias, por el derecho al aborto o contra la brecha salarial son parte del fenómeno mundial que desde hace algunos años se conoce como la cuarta oleada de luchas feministas. Tanto es así que los políticos patronales, sean gobierno o estén de campaña, para no quedar mal hacen declaraciones abstractas por la igualdad de género.
El mejor ejemplo lo vemos en nuestro país cuando se sacan la foto con el cartel del #NiUnaMenos. Pero nuestras demandas van más allá de la foto o de las medidas cosméticas que puedan anunciar. Nuestra lucha es por conquistar cada uno de nuestros derechos y poder vivir una vida sin violencias ni discriminación.
Cuando Alberto Fernández anunció en campaña que de ser gobierno crearía el Ministerio de la Mujer, seguramente muchas lo vieron con simpatía. Lo mismo ocurrió en 2017 cuando Macri anunció el paso del Consejo Nacional de la Mujer a Instituto Nacional de la Mujer (INAM) con el objetivo de “profundizar y jerarquizar las políticas públicas que lleva adelante para favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación y la violencia de género”, según el comunicado de la Casa Rosada de aquel momento. Sin embargo, dos años después de la creación del mismo y luego de sufrir este año un recorte en el presupuesto destinado al Plan Nacional de Acción para erradicar los femicidios del 38%, poco se le puede reconocer a ese organismo.
En ese sentido, desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT Unidad, insistimos en que no sirven los cambios de nombres de los distintos organismos gubernamentales si no discutimos qué políticas llevarán adelante y con qué presupuesto. Actualmente, se destinan once pesos por mujer por año para combatir la violencia machista. Y las cifras de femicidios no bajan: seguimos contando uno cada 26 horas. Por eso, denunciamos que en el país del #NiUnaMenos se siga destinando millones de dólares a pagar la deuda externa y solo 11 pesos para combatir la violencia de género. Si de verdad quisieran combatirla, se tiene que empezar por declarar la emergencia en violencia de género y poner todo el presupuesto que se necesita para terminar con ella. Incluso deberían garantizar también la plata que falta para implementar las leyes que ya están vigentes, como la 26.485 o la Ley Micaela, entre otras, que por falta de presupuesto no se cumplen.
Escribe Mercedes De Mendietta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT
“Las mujeres siempre hemos vivido en toque de queda”. Es la expresión de miles de mujeres y disidencias que salen a las calles a enfrentar el gobierno ultrareaccionario, machista y misógino de Piñera. En las movilizaciones en todo el país, en las barricadas y en los enfrentamientos contra los pacos, en las asambleas barriales y en los cacerolazos, la presencia de las mujeres se hace notar, con la fuerza de la lucha revolucionaria en curso. Hay que destacar el heroico papel de la juventud y las secundarias que han sido motor de este proceso a través de la evasión al metro. Es que las chilenas tienen mucho para decir en esta revolución y ya no se callan más contra “el modelo chileno” que tiene especial cizaña contra ellas, sometiéndolas a las peores condiciones de vida.
En Chile el movimiento feminista viene desde hace varios años en ascenso, y ha pegado un salto desde el mayo feminista de 2018, con la rebelión contra todo tipo de violencia de género en las casas de estudio y por una educación no sexista. Es por esto que la fuerza de las mujeres ha tomado un gran protagonismo en la lucha del pueblo chileno para que Piñera caiga y contra el sistema capitalista patriarcal de saqueo de empresarios y multinacionales, que hoy está siendo cuestionado por la juventud, las y los trabajadores y demás sectores populares bajo la consigna: “no son 30 pesos, son 30 años”.
Ante la fuerza de las mujeres en las calles, la represión de los pacos y milicos ha mostrado su cara patriarcal. A los asesinatos, torturas y desapariciones se han sumado las repudiables violaciones y abusos sexuales, que buscan regimentar los cuerpos de las que luchan. Entre ellos, destacamos el caso de “la mimo” Daniela Carrasco, activista feminista de 36 años, que fue vista por última vez detenida por los pacos durante el toque de queda y que apareció colgada en una reja en el sur de Santiago. Ante la creciente violación de derechos humanos el último viernes se realizó una multitudinaria marcha del silencio, dónde miles de mujeres asistieron vestidas de luto con flores blancas y las manos en alto, para denunciar la represión, las violaciones y las desapariciones.
La lucha del pueblo chileno lleva más de 17 días de movilizaciones ininterrumpidas contra un modelo de hambre, saqueo y miseria que afecta principalmente a las mujeres y las somete a mayor precarización y empobrecimiento. La privatización del sistema de salud y educativo afecta principalmente a las mujeres, sobre quienes recaen la mayor cantidad de tareas reproductivas y de cuidado. Las AFP (sistema privado de jubilaciones) las someten a peores pensiones, obligando a muchas a seguir trabajando luego de jubilarse. Entre las jóvenes, la necesidad de tener ingresos para poder pagar los CAE (créditos para acceder a la educación universitaria) las lleva a tomar trabajos precarios, con salarios de miseria y pagas por día. Más del 50% de las chilenas perciben ingresos por debajo del salario mínimo y la brecha salarial de género llego al 27,2%.
Asimismo, en las asambleas barriales y feministas las mujeres son parte activa de la organización. Se discute como continuar el plan de lucha para que caiga Piñera, y se abren los debates sobre como se incorporan las demandas específicas de las mujeres y disidencias, como el aborto legal, la necesidad de un plan para combatir la violencia de género, los protocolos y la pelea por terminar con la brecha salarial de género. Las mujeres y disidencias, ya no se callan más, el toque de queda terminó y la lucha continua contra el sistema capitalista y patriarcal.
Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT
Sin dudas, uno de los temas centrales durante la campaña electoral fue la posición que los distintos candidatos y candidatas tuvieron en relación a la legalización del aborto. Solo el Frente de Izquierda Unidad lo planteó con claridad y sin fisuras: fue la única lista a favor del aborto legal, seguro y gratuito.
Si bien todavía no están los resultados del escrutinio definitivo, con los datos provisorios ya varios medios adelantaron cómo quedará la composición del Congreso a partir del 10 de diciembre. En estas elecciones se renovaba la mitad de la cámara de diputados y un tercio de la de senadores. Un escenario nuevo, con nuevas mayorías y minorías de acuerdo a cómo se terminen armando los bloques.
Según algunos portales feministas que comenzaron a realizar las proyecciones sobre cómo votarían los nuevos legisladores y legisladoras, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se presentó este año por octava vez en el Congreso tendría hoy los siguientes resultados: una mayoría verde en Diputados y una mayoría celeste en el Senado. Un escenario similar al de 2018, cuando se puso a votación ley que se aprobó en diputados pero que los senadores dinosaurios (peronistas y radicales) rechazaron.
Hasta el momento, los datos recopilados dan que de los 257 diputados y diputadas votarían 116 a favor, 108 en contra y unos 33 indecisos/as o que no se pronunciaron. En la Cámara Alta o Senado, la mayoría votaría en contra (36) y una minoría de 32 a favor. Quedarían cuatro senadores/as que aún no se pronunciaron. Más allá del dato numérico, que poco anticipa por la cantidad de “indecisos”, es importante analizar en términos políticos qué significa y cuáles son los desafíos del movimiento feminista en relación a cómo conquistar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
Lo primero a señalar es que si se llenó de celestes el Congreso es porque tanto Macri de “Juntos por el Cambio” como Fernández del “Frente de Todos” llenaron sus listas de antiderechos. Y lo hicieron conscientemente para seguir avalando la posición reaccionaria y conservadora de la iglesia católica, enemiga de las mujeres y que sigue haciendo campaña a favor del aborto clandestino, en contra de la educación sexual en las escuelas y a favor de que las niñas violadas sean obligadas a parir. Repudiamos esta política que va en contra nuestros derechos y en contra de la inmensa #MareaVerde con la que ganamos las calles.
¿Convencer de a uno o ganar las calles?
Ante el nuevo escenario, hay muchas organizaciones que ponen como eje central de la lucha por el aborto, convencer uno a uno a cada legislador/a, y que sería así como se lograría torcer la votación a favor de la ley. La tarea, entonces, sería ir despacio y de “puertas adentro” del Congreso.
Para nosotras es lo opuesto. Desde Isadora e Izquierda Socialista consideramos que la gran estrategia del movimiento feminista es copar las calles e impulsar desde ahora la movilización. Es lograr que nuevamente seamos millones reclamando por el aborto legal seguro y gratuito, lo contrario a “puertas adentro”.
Porque no se trata de la opinión personal de cada legislador/a sobre el tema. No le estamos preguntando qué opinión tiene al respecto o si ella se haría o no un aborto. Lo que necesitamos es que se legalice, porque no se puede esperar más. Porque en nuestro país se producen 500.000 abortos al año y se realizan de manera clandestina, con las peores consecuencias para la salud y la vida de las personas gestantes. Por eso insistimos una y otra vez que es un tema de salud pública, un derecho humano y no una opinión personal.
Llamamos al enorme movimiento feminista que supo construir una agenda y demandas concretas, a seguir movilizadas. Porque no confiamos en el parlamento que siempre votó leyes contra nosotras. Solo confiamos en nuestra propia fuerza. Que no dilaten el debate, ni nos obliguen a bajar nuestro pañuelo verde. Sigamos en las calles, redoblemos los esfuerzos para #QueSeaLey.
Escribe Malena Lenta
Una masiva movilización por el orgullo LGTTTBIQ+ colmó las calles de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de noviembre. Sin embargo, mientras que la mayoría de las organizaciones políticas se preocuparon por armar una fiesta en costosos camiones, desde el Frente de Izquierda – Unidad salimos a la calle por nuestras reivindicaciones y por un plan de lucha.
Partiendo del Consulado de Chile, comenzamos la movilización llevando nuestra solidaridad en apoyo al heroico pueblo chileno que enfrenta el ajuste de Piñera y el FMI y denunciamos la violencia represiva contra las personas manifestantes que se expresa brutalmente con las personas LGTTTBIQ+ y las mujeres a través de la violencia sexo-genérica. Luego, desde la Plaza de Mayo a la Plaza Congreso reclamamos por el fin de los transtravesticidios, por el cupo laboral trans que no se cumple en casi ninguna jurisdicción ni institución que lo tiene aprobado y por la entrega inmediata de los tratamientos necesarios de hormonización a las personas que así lo reclaman. Sin embargo, tanto las organizaciones kirchneristas como las macristas y radicales que encabezaron la marcha, decidieron tapar las históricas exigencias con música fuerte. Por eso, salimos a proponer un plan de lucha para conquistar nuestros derechos. Ni antes con Macri, ni ahora con Fernández nuestros derechos van a ser garantizados si no salimos a las calles con reclamos claros.
Escribe Malena Lenta
No, no fue así. La Chicho Chirinos no fue asesinada por sus palabras, sino por Tomás Cerletti, un joven de 22 años que supo encarnar el mandato patriarcal. No pudo soportar que una trans le hiciera ese comentario y el sábado 26 de octubre, en plena calle céntrica de la ciudad de La Plata, la acuchilló por la espalda. La Chicho Chirinos murió desangrada víctima de un transtravesticidio, otro crimen de odio que se suma a la cifra de uno cada 96 horas en Argentina, lo que contribuye a la reducción de la expectativa de vida de estas personas a 35 años.
Si bien Cerletti se encuentra preso en este momento al haber sido identificado en una filmación y a los pocos momentos de haber cometido el crimen, lo cierto es que las compañeras de la Chicho que se encuentran en situación de prostitución en la misma zona, temen por sus vidas ante las represalias posibles del joven cuando sea liberado. Es que el manto de impunidad para los crímenes de odio da cuenta del desprecio y la violencia hacia las personas travestis y trans aún vigente. Por eso no solo reclamamos justicia por la Chico sino también decimos basta de crímenes de odio. Y exigimos todos los derechos para las personas travestis y trans como el acceso a la salud con los tratamientos correspondientes, a la educación y al trabajo.