Alberto Fernández viene insistiendo en que una de sus políticas prioritarias será para “combatir el hambre y la pobreza extrema”. A esto ha dedicado una parte significativa de sus reuniones en aras de un futuro pacto social, con la UIA, los burócratas sindicales y la dirigencia de los movimientos sociales, sobre todo a los ligados a la iglesia católica. Pero ninguna de sus medidas resolverá el drama de la pobreza en nuestro país.
Escribe Adolfo Santos
Por intermediación de Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, el pasado miércoles 13 Fernández se reunió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina con organizaciones de movimientos sociales como la CTEP, el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán o la CCC/PCR, entre otras. Uno de los temas centrales en debate fue el plan “Argentina contra el hambre”, que según el nuevo gobierno será “la primera política de Estado del siglo XXI”.
Daniel Arroyo, participante de esa reunión y futuro ministro de Desarrollo Social, explicó que el plan funcionará mediante una tarjeta que permitirá comprar alimentos a su portador: “El sistema beneficiará entre 1.800.000 y 2 millones de personas y el presupuesto, que este año fue de 27 mil millones, en 2020 será de 40 mil millones de pesos”. Como vemos, no alcanza a cubrir ni de lejos, al total de la propia población afectada. Primero, porque según informa el propio Arroyo, “hoy hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria”. Entonces, no queda claro cómo será atendido casi el 80% que quedarán por fuera del plan anunciado. Segundo, porque si consideramos una inflación anual, en 2019, de 55%, los recursos destinados por Fernández para combatir el hambre, serán proporcionalmente inferiores a los de Macri.
El plan “Argentina contra el Hambre” es completamente insuficiente. Veamos las declaraciones del propio Arroyo: “Argentina está yendo a una generación de chicos obesos y petisos […] 14% de los niños tienen lo que se llama inseguridad alimentaria severa […]”. El gobierno debe asistir con alimentos a la población más vulnerable de forma urgente, pero eso será apenas un paliativo si no se combina con medidas que combatan de verdad la pobreza.
Hay efectivamente que agrandar las partidas alimentarias. No sólo para los comedores populares. Las escuelas deben recibir presupuesto para que la comida que reciban los niños en ella garantice la nutrición suficiente. También deben aumentarse los montos de las asignaciones universales por hijo y, por supuesto, ningún desocupado debe quedar sin recibir una cobertura. Pero la real solución pasa por la creación de trabajo genuino. Para eso hay que lanzar un gran plan de obras públicas, que debe comenzar con la construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales, o la refacción de los existentes.
Los burócratas sindicales ya abren el paraguas acerca de que no se debe esperar recomposiciones salariales que recuperen lo perdido. La excusa es que “la prioridad es el hambre”, contraponiéndola a las necesidades de los trabajadores. Somos claros: no hay real combate a la miseria si los salarios y las jubilaciones están por debajo de la línea de pobreza. Por eso, parte de esa “lucha contra la pobreza” requiere un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.
Por supuesto que todas estas medidas requieren responder a una pregunta básica: ¿de dónde saldrá el dinero para financiarlas? La respuesta es simple y sencilla. Todo esto será posible si suspendemos inmediatamente los pagos de deuda externa y rompemos con el FMI. Por eso insistimos en la disyuntiva de hierro: plata para acabar con la miseria o para los pulpos acreedores. Esa es la cuestión.
Se está montando una base militar (según el informe oficial) del gobierno de Estados Unidos acordada con el presidente Macri y el gobernador Gutiérrez. Se la pinta como de “ayuda humanitaria” ya que de presentarse como base militar necesitaría la aprobación del Congreso de la Nación. La base se está instalando en un punto estratégico en la ciudad de Neuquén, ya que está a la vera de la Autovía Norte y próxima al Aeropuerto Internacional, donde nace la ruta del Petróleo camino a Vaca Muerta y a 500 metros de una comunidad mapuche.
Desde hace dos años varias organizaciones de izquierda y sociales estamos rechazando esta instalación. Un paso más en este rechazo se generó desde la banca de nuestro compañero, el concejal Manuel Sánchez, de Izquierda Socialista/FIT, que el jueves 14, en una nueva sesión del Concejo Deliberante, presentó a debate el proyecto donde se “rechaza la instalación de bases militares científicas o de cualquier naturaleza vinculada con el gobierno de los Estados Unidos en la ciudad” (Expte: CD-129B-2019). En la sesión estuvieron presentes organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales en apoyo al proyecto. Terminada la sesión, que fue respaldada por seis votos de los bloques opositores (minoritarios), Manuel Sánchez hizo la siguiente reflexión: “rechazamos la instalación de la base yanqui no solo porque afecta a nuestra soberanía, sino porque resulta muy sugestivo la instalación en el momento en que está en marcha la explotación de Vaca Muerta. Además, cabe recordar que sus impulsores, el famoso Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, fue ámbito de formación de la mayoría de los dictadores militares del cono sur”.
Corresponsal
Escribe Martín Fú
El pasado lunes una nueva movilización se realizó en Buenos Aires. Bajo la consigna central “No al golpe en Bolivia” marchamos unitariamente junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ). En la cabecera de la columna marcharon nuestros compañeros Juan Carlos Giordano, diputado electo, y Laura Marrone, legisladora porteña junto a otros referentes del FIT-Unidad, entre otras agrupaciones políticas, sindicales y asociaciones sociales y de derechos humanos.
Repudiamos el golpe en Bolivia y dimos nuevamente nuestro apoyo y solidaridad al pueblo boliviano que está enfrentando a Jeanine Añez, la derecha reaccionaria de Camacho y sus aliados, con el apoyo de los mandos militares. Al mismo tiempo agrupaciones políticas, sindicales y sociales cercanas al kirchnerismo, como las dos CTA, CTEP, la CCC, Tupac Amaru, Suteba y Barrios del Pie realizaron un festival apoyando a Evo Morales, en Plaza de Mayo.
“Apoyo a la resistencia del pueblo en las calles”, “Solidaridad con las luchas populares de América Latina. Fuera el FMI y el imperialismo”, fueron algunas de las consignas centrales levantadas por el EMVJ y la izquierda, mientras marchábamos desde Plaza de Mayo a la embajada de Bolivia.
Escribe Martín Fú
Miguel Angel Etchecolatz, ex comisario de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar, deberá pasar sus últimos días con prisión efectiva y en una cárcel común, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, denegando un pedido del represor de que se le conceda detención domiciliaria, pedido que se había originado ante una vergonzosa ofensiva del gobierno de Macri y sus operadores que clamaban “trato humanitario” para los chacales y asesinos responsables de la muerte y desaparición de miles de trabajadores y activistas políticos, sindicales y estudiantiles entre los años 1976-1983.
Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue condenado a múltiples prisiones perpetuas. Entre los crímenes por los que fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices; la apropiación de menores y la desaparición del albañil platense, Jorge Julio López. Fue beneficiado por la aplicación de la Ley Obediencia Debida, pero una vez anuladas las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado en las causas que habían sido cerradas. Se lo responsabiliza también de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo en uno de los juicios en su contra. Los testimonios contra Etchecolatz lo ilustran como uno de los más crueles, inefables y sádicos torturadores y ejecutores que han participado de cientos de operativos, asesinatos y desapariciones. Que Etchecolatz continúe cumpliendo su condena en una cárcel común debe ser comprendido como un triunfo de la incansable movilización y pedido de juicio y castigo, que desde Izquierda Socialista venimos exigiendo y acompañando junto con otras organizaciones políticas y de derechos humanos.
Todos coinciden que la deuda es “impagable”. Sin embargo, Alberto Fernández insiste en que vamos a pagarla. Y que, aun así, eso no será problema para “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Nuestra posición es diferente: o dedicamos los recursos a resolver las necesidades populares” o le pagamos a los pulpos acreedores y al FMI. Es una cosa o la otra.
Escribe José Castillo
“No podemos pagar la deuda en las condiciones que está Argentina”, dijo textualmente el presidente electo Alberto Fernández en un reportaje para la cadena internacional Russia Today que le realizó el ecuatoriano Rafael Correa. Unas horas después, el ministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza, dijo que “coincidía” con los dichos de Fernández. Más tarde, sería nada menos que el economista ultraliberal Carlos Melconián el que también diría que no hay ninguna posibilidad de cumplir con los vencimientos de deuda que vencen en el corto plazo.
Es increíble. Ahora parece que todos están de acuerdo. Hasta hace muy poco tiempo, solo nosotros desde la izquierda martillábamos obsesivamente con que se estaba creando una bola de nieve insostenible y que la deuda se había transformado, una vez más, como varias otras veces en los últimos cuarenta años, en una factura impagable.
Pero lo sorprendente es que, después de decir esto, tanto Alberto Fernández como los economistas de su entorno, insisten en que, sin embargo, vamos a cumplir con los pagos a los acreedores privados y al FMI. Más aún, Alberto Fernández insiste en el mismo reportaje de que logrará una negociación favorable, donde los bonistas privados aceptarán cobrar unos años más adelante. Y que, de igual modo, se logrará que el FMI se someta a una renegociación de su deuda sin “condicionar” a la Argentina.
Nada de esto será así de “amigable” como sugiere Alberto Fernández. Los pulpos acreedores ya se están organizando en “comités” de buitres, para cobrar lo más posible y en el menor tiempo. Y el FMI fue, es y será uno de los principales instrumentos del imperialismo para obligar a los pueblos a ajustarse y justificar así el saqueo de sus riquezas.
Nosotros, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, tenemos otra opinión. Si, como efectivamente es cierto, la deuda es impagable, lo que habría que hacer es suspender inmediatamente los pagos. Si, como sin duda es así, para salir de la crisis hay que “redistribuir la riqueza y reactivar la economía”, pongamos en marcha un plan de emergencia para hacer esto de verdad, con la plata que ahora tendremos después de no pagar esa deuda. Que se le dé a todos los trabajadores y jubilados un aumento de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar y, a partir de ahí, que se reabran las paritarias, garantizando un reajuste mensual de acuerdo al alza del costo de vida. Que se retrotraigan los tarifazos y se reestaticen las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios. Que se ponga en marcha un gran plan de viviendas populares que, a la vez que resuelva el déficit habitacional, genere trabajo genuino. Que se prohíban por ley las suspensiones y los despidos. Que se nacionalice la banca y el comercio exterior para terminar con la usura de las altas tasas de interés la fuga de capitales. Que se aumente los presupuesto de educación, salud y ciencia y tecnología.
Claro que para poder efectivizar este programa, lo primero es romper con el FMI, ya que de otra forma,no sería posible. Por el contrario, nos exigirá un nuevo y mayor plan de ajuste, incluyendo dentro del mismo la realización de las reformas laboral y previsional.
Como conclusión, dejar de pagar la deuda externa, inmoral, ilegítima, originada en la dictadura genocida y “alimentada” y multiplicada desde entonces por todos los gobiernos, y romper con el FMI son las dos decisiones indispensables para priorizar las necesidades del pueblo trabajador.