Los dos espacios mayoritarios “Juntos por el Cambio” de Macri-Pichetto y “Frente de Todos” de Alberto Fernández-Cristina Kirchner quieren instalar que en las PASO de agosto se define la presidencia y polarizar más la elección. Esto no es así, las PASO solo definen qué candidatos llegan a las elecciones de octubre. ¿Cuáles son los desafíos del FIT Unidad en agosto?

Escribe Laura Marrone, Legisladora porteña Izquierda Socialista/FIT y candidata a Diputada Nacional

Las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) se realizaron por primera vez en las elecciones presidenciales del 2011. Impulsadas por el kirchnerismo tuvieron dos objetivos. El primero ordenar las internas de los partidos patronales, para intentar reconstruir el régimen bipartidista luego del estallido popular del 2001 que golpeó duramente a los dos partidos patronales más importantes, la UCR y el PJ. Y el segundo objetivo era proscriptivo, contra los partidos de izquierda, ya que la fórmula presidencial que no superase el 1,5% de los votos quedaría afuera de la elección de octubre. Y no solo eso sino que hay que superar ese porcentaje de votos en cada una de las provincias (nosotros nos presentamos en 23 de las 24 provincias) y en cada una de las categorías (diputados, senadores, legisladores, etcétera). Recordemos que hasta el 2011 nunca la izquierda en nuestro país había superado el 1,5% de votos en una elección presidencial. Por eso con las PASO buscaban sacarnos del mapa político.

En estas elecciones del 2019, ninguna fórmula presidencial irá a internas y el gasto del estado nacional para costear la organización de estas elecciones será de 4 mil millones de pesos (casi 100 millones de dólares). Una fortuna en el marco de la grave crisis social y económica que sufre nuestro pueblo. Para colmo los partidos patronales mayoritarios se pusieron de acuerdo en reducir la publicidad gratuita en los medios de comunicación masivos (TV, radio, etcétera) y promueven los aportes privados para el financiamiento de las campañas, con el objetivo de blanquear los aportes de sus empresarios amigos.

En las elecciones del 11 de agosto de este año, lo único que se define es que candidaturas podrán participar de las elecciones de octubre, por eso son todas pre-candidaturas hasta que en cada cargo se supere el 1,5% de los votos y se confirmen las candidaturas. En el 2011 se constituyó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) avanzando en la unidad de la izquierda, tanta veces reclamada, para presentar una alternativa independiente y lograr derrotar la proscripción. Así fue como ese año obtuvimos 520.000 votos (2,46%), llegando a las elecciones definitivas. Otro tanto sucedió en 2015, cuando sumamos 730.000 votos (3,25%). Venimos de dos elecciones presidenciales donde vencimos la proscripción por la unidad de la izquierda conquistada con el FIT y ahora ampliada con el FIT Unidad.

En 2019 tenemos nuevamente el desafío de superar las PASO. La enorme polarización instalada entre Macri-Pichetto y Fernández-Fernández busca disminuir a su mínima expresión al resto de las fórmulas, desde la izquierda con el FIT Unidad nuestro primer objetivo es superar el 1,5% a nivel nacional, en las 23 provincias que nos presentamos y en cada una de las categorías que competimos, para en octubre fortalecer una alternativa política de los trabajadores y conquistar nuevas bancas que estén al servicio de las luchas obreras y populares contra el ajuste del FMI, que continuará gane quien gane. Por estos motivos te pedimos el voto para el domingo 11 de agosto.

Jujuy

Conferencia de prensa de presentación de candidatos. Sentados, Alejandro Vilca (PTS) en el centro; Leandro Rivero (MST) y Andrea Rua (PO). De pie, el tercero de derecha a izquierda, nuestro compañero Ivan Blacutt

Escribe Laura Eggers, candidata a diputada nacional

Tras muchos años ocupando el espacio de la centroizquierda en la provincia, dos partidos se pasaron a las listas de los partidos patronales, uno es Libres del Sur (organización dirigida por Humberto Tumini a nivel nacional)  y el otro es Unión de los Neuquinos (UNE, partido provincial).

Una panquequeada al por mayor para estas elecciones, ya que la principal figura de Libres del Sur y actual diputado provincial, Jesús Escobar, es candidato a diputado nacional por Consenso Federal de Lavagna-Urtubey; mientras su compañera, la actual concejal Cecilia Maletti, lo hizo como candidata a concejal en segundo lugar para las elecciones municipales del 22 de setiembre por el partido de Macri que gobierna actualmente el Municipio de la Capital. Este salto hacia los partidos patronales generó un gran descontento al interior de su partido, al punto que se anunciaron públicamente desafiliaciones y renuncias, generando una profundización de la crisis que arrastran desde las elecciones provinciales donde no pudieron renovar a ninguno de los dos actuales diputados.

Algo parecido ocurre con UNE que ha practicado una voltereta política despreciable, porque en las elecciones provinciales de marzo fue parte de un frente opositor kirchnerista denunciando al MPN del actual gobernador Gutiérrez, como responsable de las graves carencias que sufrimos los neuquinos, y ahora, para las elecciones de la municipalidad capitalina, inscribió al UNE como colectora del MPN, detrás de la candidatura a intendente del actual Ministro de Trabajo y Seguridad de Gutiérrez. Para completar el escandaloso giro a nivel nacional apoya la candidatura de los Fernández.

Desde el FIT-Unidad llamamos a los trabajadores, las mujeres y la juventud votantes de Libres del Sur y UNE a darle la espalda a estas falsas alternativas que van tranzando por un cargo y apoyar las candidaturas de la izquierda que va unida.

Escribe María Cristina González, candidata a senadora nacional

En nuestra provincia, los partidos patronales presentan tres alternativas: Juntos por el Cambio, Frente de Todos (FT) y Juntos Somos Río Negro (JSRN) del gobernador Weretilneck. Como alternativa para los trabajadores y sectores populares, desde el  FIT-Unidad llevamos, además de mi candidatura a senadora por Izquierda Socialista, como senador a Gabriel Musa (PO) y como diputados a Laura Santillán (PTS), Jorge Paulic (MST), Ivanna Albornoz (PO) y Armando Aligia (Izquierda Socialista).

Los principales recursos provinciales son el turismo, la minería, los hidrocarburos y el sector frutihortícola del Valle rionegrino. Este último, hace años que viene en crisis y las empaquetadoras son las verdaderas beneficiadas del rubro. En estos años, el gobernador Weretilneck ha basado su obra pública en lo que llaman el Plan Castello, que no es otra cosa que un gigantesco proceso de endeudamiento. Las verdaderas consecuencias de este Plan se advertirán a partir del 2023 cuando opere la presión financiera por tres años consecutivos de los vencimientos de su capital, pagos que ascenderán a unos 100 millones anuales.

Nuestras propuestas específicas para la provincia son: No al Plan Castello y sus negociados. Por una junta nacional de frutas y precio sostén para ayudar a pequeños productores, garantías laborales a los trabajadores rurales y terminar con el monopolio de Expofrut, Moño Azul, Patagonian Fruits, etcétera. No a la megaminería y la depredación del medio ambiente. Restitución de la ley 3981 anti-cianuro y planteamos que toda la industria basada en los recursos minerales e hidrocarburíferos tiene que ser estatizados bajo control de los trabajadores al igual que los servicios públicos. Por una ley que prohíba la explotación megaminera a cielo abierto con lixiviación de oro, plata y uranio en todo el territorio. Que se declare el agua como un derecho humano esencial. Desprocesamiento de los luchadores en defensa de los bienes comunes. Estas son medidas de fondo que solo desde el FIT-Unidad estamos promoviendo contra el ajuste y la depredación que continuará con Cambiemos y el peronismo kirchnerista.

El gobierno de Cambiemos, a través del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien estuvo en Estados Unidos con una comitiva de funcionarios, volvió a instalar el tema de la reforma laboral diciendo explícitamente que la intención del macrismo es que se apruebe este año con la actual composición del Congreso.

Escribe Gastón Godoy

La reunión no fue informada oficialmente por el gobierno, pero los trascendidos son muy claros. El macrismo pretende instalar nuevamente la discusión sobre la reforma laboral. Un hecho que denota dos cuestiones: que no han podido aprobarla en estos casi cuatro años de mandato producto del enorme rechazo popular que genera y de las luchas que suscitaría, y para reafirmarle al FMI y al imperialismo que el gobierno quiere mantener el acuerdo y que hará lo imposible para poder imponerla, ya que es una de las exigencias del organismo.

Dujovne se habría mostrado “optimista” a pesar de admitir que en 2017 no pudieron aprobarla. Desde Izquierda Socialista somos claros en decir que la reforma no pretende traer ningún avance en los derechos de la clase trabajadora, sino todo lo contrario: busca más flexibilización, menor carga social a las empresas en perjuicio del trabajador y peores condiciones laborales. Hay variados ejemplos de sectores como el petrolero, donde la reforma se ha aplicado de hecho (en complicidad con las burocracias sindicales peronistas) y su saldo al día de hoy es totalmente negativo, vulnerando derechos básicos y llegando al límite de que han muerto varios trabajadores por las condiciones deplorables en las que desarrollan su labor.

También habló Dujovne de la reforma fiscal y se enorgulleció de cómo este gobierno está bajando el déficit. Obviamente los banqueros y empresarios aplaudieron, y el ministro dijo que el año próximo el déficit se reducirá todavía más. El problema es que, como contrapartida, seguirán subiendo el hambre, la inflación, la desocupación y la miseria.

La complicidad del peronismo

El rol del peronismo para Dujovne es clave, y en ese sentido Miguel Pichetto, actual candidato a vicepresidente de Macri, sería una pieza fundamental en el objetivo de que se pueda conseguir la mayoría en ambas Cámaras. Pichetto tiene “buen diálogo” con la mayoría de los gobernadores peronistas y eso facilitaría la tarea del macrismo. 

Como hemos expresado siempre, el peronismo es cómplice del ajuste que aplica Macri. En las distintas provincias donde gobiernan ajustan igual que el actual presidente, siendo el caso de Santa Cruz, con Alicia Kirchner, uno de los ejemplos más brutales. 

La burocracia sindical peronista dirige la CGT y los gremios más numerosos del país. Ha dejado pasar los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales, la flexibilización laboral, el aumento de los índices de pobreza, la desocupación y la carestía de la vida. En síntesis, todo el ajuste de Macri. Si Cambiemos ha gobernado estos cuatro años sin mayores problemas es producto de que el peronismo, tanto en el Congreso como en los sindicatos, ha apoyado sus políticas. Héctor Daer, el principal dirigente de la CGT, que actualmente apoya la fórmula Fernández-Fernández, llegó a decir que “la reforma laboral no toca los derechos del trabajador”. Una frase que sintetiza el papel del peronismo.     

Rechacemos la reforma laboral

Desde el Frente de Izquierda-Unidad creemos que nada bueno puede traer la reforma laboral que exige el FMI y que el gobierno de Macri y la oposición patronal buscan aprobar. Por eso la rechazamos tajantemente y apostamos a la organización desde las bases junto al sindicalismo combativo, que está contra el ajuste. Planteamos romper con el FMI y pedimos el voto al FIT-Unidad para reforzar una perspectiva en ese sentido.

Escribe José “Pepe” Rusconi, Candidato a concejal de La Plata

El escandaloso apagón que dejó por más de cinco días sin luz a 100.000 usuarios del norte de La Plata puso en evidencia el deplorable servicio de distribución de energía eléctrica que brinda la empresa Edelap, del grupo de Rogelio Pagano (ex Grupo Mindlin).

Decenas de barrios de la ciudad quedaron sin luz y, como consecuencia, sin agua, generando la suspensión de clases en las escuelas e interminables pérdidas para los trabajadores y comerciantes. Además, la bronca entre los vecinos se agudizó cuando, a la luz de los acontecimientos, se difundieron las ganancias de la empresa, que en 2018 ascendieron a 2.528 millones de pesos. A su vez, los aumentos tarifarios (desde diciembre hasta hoy) treparon 3.800% y se sumaron a la vergonzosa compensación por “mayores costos” por la devaluación que paga el pueblo trabajador. Para coronar este andamiaje de corrupción y saqueo al bolsillo de los trabajadores debemos recordar que estamos hablando de una empresa que es subsidiada por el Estado. Pero esto no es todo. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires calculó que las pérdidas ocasionadas por la interrupción del suministro eléctrico sumaron más de 1.000 millones de pesos. Los vecinos apuntaron al intendente de la ciudad, Julio Garro (Cambiemos) y a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque primero habían anunciado que irían por la rescisión de los contratos con Edelap y, al final, le impusieron solamente una multa irrisoria de 150 millones de pesos. Una cifra insignificante que equivale a menos del 15% de las pérdidas que ocasionó el corte entre los usuarios. ¡Ni se compara con los miles de millones que gana la empresa al año! Es una burla total. La complicidad de los gobiernos de Garro y de Vidal, junto con el organismo que debe controlar a las empresas de energía, muestra a las claras que no han hecho nada para solucionar el problema. Todo lo contrario, evidencian que están solamente al servicio de los empresarios. Una vez más, el pueblo trabajador y los usuarios pagamos con nuestras penurias los negocios de Pagano, Mindlin y tantos otros empresarios socios de los gobiernos de turno. Desde Izquierda Socialista/FIT-Unidad planteamos que se debe anular el contrato de concesión de Edelap y reestatizar el servicio de energía eléctrica bajo control de los trabajadores y usuarios, única manera de mejorar la prestación y terminar con el saqueo que atenta contra las necesidades del pueblo.

Un hombre de las privatizadas encargado de “controlarlas”

 Edgardo Volosín fue designado en 2015 por María Eugenia Vidal como director de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Es esta dirección la encargada de fiscalizar y controlar a las empresas privatizadas de energía eléctrica, como Edelap. Pero eso no sucede, porque el mismo Volosín, que fue miembro del directorio de Edenor durante veintidós años, también trabajó en el Grupo Mindlin, con Rogelio Pagano, hoy dueño del monopolio energético bonaerense y actual CEO de Desarrolladora Energética S. A. (propietaria de Edelap, EDEN, EDES y EDEA). ¿Casualidad? No, la Dirección de Servicios Públicos y el Ministerio de Infraestructura están del otro lado del mostrador, atienden las necesidades de los empresarios y no actúan en favor de los usuarios. Además del pésimo servicio que brindan, de ser subsidiados, de ser favorecidos con tarifazos, los empresarios amigos de Macri y Vidal son protegidos por los organismos que deberían controlarlos. Peor aún, son los ex CEO de esas empresas quienes fueron puestos a “controlarlas”.