Escribe Nicolás Núñez Legislador electo CABA Izquierda Socialista/FIT

Este 24 de marzo estuvo cruzado por un importante debate dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este espacio convoca a marchar los 24 “contra la impunidad de ayer y de hoy”, de manera independiente de los gobiernos de turno.
Organizaciones como el PCR-Liberpueblo, Venceremos (que impulsa Correpi) y el MST, entre otras, plantearon que este año había que ir hacia “un acto común” con el kirchnerismo. Más allá de que finalmente esta iniciativa no prosperó, creemos que dio lugar a un importante debate que corresponde aclarar con vista a acciones futuras. Las organizaciones que planteaban un acto común, con el argumento de “no dividir” ante Macri, sostuvieron que no se podía denunciar a los gobernadores.

El MST reconoció que la aparición de la palabra “gobernadores” en el documento dificultaba su intento de acuerdo con el kirchnerismo. ¡Precisamente los gobernadores que aplican el ajuste y la represión en sus provincias al mejor estilo macrista! 
Desde Izquierda Socialista y el FIT reivindicamos que hay que movilizarse unitariamente como viene haciendo el Encuentro en todos estos años cuando se trata de repudiar hechos de impunidad y represión. Lo hicimos ante el fallo vergonzoso del 2x1 de la Corte en beneficio de los genocidas, o en las convocatorias de la familia de Santiago Maldonado. Ahora decimos que el centro del 24 debe ser contra el ajuste y la represión del gobierno reaccionario y proimperialista de Mauricio Macri. Para que los Etchecolatz se pudran en la cárcel igual que los asesinos de Rafael Nahuel. Para derrotar la “doctrina Chocobar” y el gatillo fácil y contra el procesamiento a los luchadores populares. Pero una cosa es esto y otra lavar la cara a los actuales gobernadores peronistas y al gobierno anterior.
“La impunidad de hoy”, precisamente, incluye a los cómplices de Macri. No podemos silenciar que los gobernadores peronistas y kirchneristas firmaron el Pacto Fiscal para robarle a los jubilados; el asesinato de un chico de 12 años en la provincia de Tucumán, gobernada por el ex-ministro kirchnerista Manzur, ni el ajuste y la represión a los docentes por parte del gobierno de Alicia Kirchner.
Con su postura, el PCR y el MST también se olvidan de la “impunidad de ayer”, la que siempre el Encuentro denunció durante los 12 años de gobierno kirchnerista. No podemos olvidar a Julio López, al represor César Milani que está preso por el repudio popular, la ley “antiterrorista” aprobada por Cristina o los 200.000 millones de dólares que pagó el kirchnerismo reconociendo una deuda que viene de la dictadura de Videla.
El 24 es una jornada de lucha para repudiar tanto al gobierno de turno como al conjunto del régimen político de la impunidad. “A los milicos los salvaron sus amigos, la democracia peronista y radical”, se canta correctamente desde hace décadas.
Hacer un acto con el kirchnerismo es meter debajo de la alfombra parte de la historia que venimos denunciando. Tan equivocado es el planteo de un supuesto acto “de unidad” con el kirchnerismo que La Cámpora contestó que está muy bien el acto común “solo si se dice lo que nosotros queremos”. Esto es, reivindicar los años de gobierno kirchnerista y omitir la complicidad de los gobernadores con el ajuste.
Llamamos a la reflexión al conjunto de las organizaciones sobre lo equivocado que es intentar cambiar la autoridad ganada en 22 años del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en un acuerdo con el kirchnerismo. Tras una dura pelea y la propia realidad, esta política capituladora de estos sectores de la izquierda reformista ha sido derrotada: no habrá acto “único” con el kirchnerismo. Llamamos entonces a marchar reivindicando que no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos con los genocidas, la Iglesia, ni los empresarios, ni los partidos patronales cómplices.

El de Macri fue uno de los grupos empresariales más beneficiados por la dictadura entre escándalos y corrupción. El grupo Socma (Sociedades Macri), creado en 1976 con Franco Macri a la cabeza y su hijo Mauricio como uno de los principales directivos, pasó de tener siete empresas con una facturación anual que no superaba los 100 millones de dólares, a transformarse en uno de los emporios empresariales más importantes de la Argentina, con 47 empresas.

El gran salto fue resultado de la obtención de grandes contratos de obras públicas para el Banco Hipotecario Nacional a través de una de las empresas del grupo, Sideco, que le reportaron ganancias por 1.700 millones de dólares sólo hasta 1979 (entre otras obras: la represa Yacyretá, el puente Posadas-Encarnación, las centrales termoeléctricas de Río Tercero y Luján de Cuyo). Sin embargo, la mayor conquista fue la creación de Manliba junto con el contrato por diez años para la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires en 1980 que los Macri acordaron con el brigadier Osvaldo Cacciatore, el intendente de la dictadura.

En 1979, el grupo compró el Banco de Italia gracias a la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, en una maniobra oscura que una posterior investigación del fiscal Guillermo Moreno Ocampo calificó de una estafa al Banco Central por 110 millones de dólares. Pero la gran maniobra vendría en 1982 con la compra de 65% de las acciones de Sevel (una fusión de las automotrices Fiat y Peugeot para Argentina) por el irrisorio valor de 30 millones de dólares. El misterio tenía su razón, y es que Macri logró que la deuda de Sevel con acreedores extranjeros por 170 millones de dólares fuera estatizada por el Banco Central dirigido por Domingo Cavallo. Mientras Macri y otros grandes empresarios amasaban fortunas, la dictadura ejecutaba un genocidio y sometía al pueblo y los trabajadores a un plan de hambre y saqueo y a la condena de la deuda externa. Lamentablemente, a partir de 1983, los distintos gobiernos de la democracia no impidieron que los negocios del actual presidente siguieran expandiéndose. M. M

Escribe Guido Poletti

La imagen de Néstor Kirchner haciendo bajar el cuadro de Videla en el Colegio Militar de la Nación y, mucho más todavía, las innumerables declaraciones de Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini reivindicando la política de derechos humanos de Néstor y Cristina, ha generado en muchos honestos luchadores la imagen de que se trató de un gobierno que, por primera vez desde el fin de la dictadura llevó adelante efectivamente la lucha contra la impunidad.

Nada más lejos de la realidad. Si en el año 2003 se logró la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final se debió a un proyecto presentado en el Congreso por la izquierda que terminó siendo votado en medio de una fuerte presión popular. La continuidad de las luchas y movilizaciones fue también la que obligó a la Corte Suprema de Justicia a derogar los indultos de Menem.
Los juicios a los genocidas avanzaron trabajosamente hasta el día de hoy gracias a la persistencia de la lucha de familiares, abogados y militantes de distintas organizaciones que fueron salteando los mil y un obstáculos que se le ponían delante. Justamente fue en medio de uno de los juicios más emblemáticos, a Etchecolatz en La Plata, que se produciría en 2006 la desaparición de Jorge Julio López, luego de que éste declarara como testigo. La respuesta del gobierno kirchnerista fue terrible. El entonces ministro Aníbal Fernández llegó a poner en duda que estuviera desaparecido: “A lo mejor está en la casa de la tía”, afirmó. Desde ese momento, ni Néstor Kirchner hasta su muerte, ni después Cristina, nombraron a Jorge Julio López. 

En 2010 se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria de Pedraza, la misma que había concurrido días antes a un acto en la cancha de River con Néstor Kirchner. El autor material, Christian Favale, tenía profusión de fotos con los principales dirigentes K para los que hacía campaña. 

Durante eso años se dio un ataque sistemático al pueblo qom de Formosa, incluyendo varios asesinatos. Los qom tuvieron que instalar durante años una carpa en la avenida Nueve de Julio, mientras pedían infructuosamente ser recibidos por el gobierno de Cristina.

Mientras ella era presidenta, también se implementó el espionaje interno con el proyecto X, acompañado por la ley antiterrorista. El peronismo K fue el responsable de innumerables represiones a luchas obreras y populares. Las más recordadas son las que se produjeron en la Panamericana a los obreros de Kraft y años después a los de Lear, Gestamp y la línea 60, o en Puerto Madero a los trabajadores del casino. Menos prensa tuvieron las del interior del país, siendo particularmente feroces las represiones en Santa Cruz, la provincia natal del kirchnerismo. Como consecuencia de todo esto, los gobiernos K terminaron con un saldo de 5.000 luchadores populares procesados.

Finalmente, Cristina nombró al general César Milani, un probado represor de la dictadura, como jefe del Ejército. Un final emblemático para un gobierno peronista que llevó adelante un doble discurso donde por un lado “reivindicaba” los derechos humanos y la militancia de los años ‘70 y por el otro continuaba con la impunidad y la represión. 

Escribe Laura Marrone Legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT

El 13 de marzo la Corte Suprema falló contra el reclamo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro (AGTSyP), dejando en la indefinición el reconocimiento de su personería gremial, lo que favorece a la burocracia sindical de la UTA. La Corte Suprema, la misma que hizo el vergonzoso fallo del 2x1 para liberar a los genocidas, ahora contra el derecho democrático de los trabajadores a organizarse libremente.

La burocracia de la UTA es minoritaria entre los trabajadores del subterráneo desde hace décadas. En 2008 los activistas se organizaron masivamente en un nuevo sindicato, la AGTSyP, con delegados de base y democracia sindical, luego de luchas destacadas como el logro de la jornada laboral de 6 horas por la insalubridad y el pase a planta de la mayoría de los trabajadores tercerizados. En 2015 obtuvieron la personería gremial, medida que el gobierno de Macri pretendió desconocer.

La conducción de la UTA a cargo de Roberto Fernández, en cambio, ha sido y es una correa de transmisión vergonzante de los intereses de la empresa Metrovías y de los sucesivos gobiernos. Fernández es uno de los clásicos burócratas sindicales de este país, que desde 1984 no trabaja en un colectivo de línea, pero en cambio se sube a todos los gobiernos de turno. El 19 de diciembre pasado se negó a parar, cuando la CGT llamó tímidamente al paro general luego de la represión del 18 con la que aprobaron la reforma previsional. En febrero la UTA fue uno de los primeros sindicatos en firmar una vergonzosa paritaria de 15% en tres tramos, el último a cobrar en enero de 2019 y sin ningún tipo de cláusula gatillo. Cuando hubo reclamos en el subte por insalubridad o por los accidentes de trabajo que se cobraron la vida de 5 trabajadores del subte en los últimos años, Fernández y su gente siempre se pusieron del lado de la empresa Metrovías que maneja Benito Roggio.

Disciplinar a los sindicatos que no le responden, especialmente, el caso de los de transporte, es vital para el gobierno de Macri. En noviembre de 2017 el impresentable ministro de Trabajo Jorge Triaca, el mismo que viola las leyes de trabajo teniendo personal en negro, anunció que iría contra la personería de 450 sindicatos. La proximidad de la licitación abierta a empresas privadas internacionales de la nueva concesión de Subterráneos de Buenos Aires por 30 años refuerza el interés del gobierno para intentar derrotar la organización genuina de los trabajadores. Todas las conquistas obtenidas en sus condiciones de trabajo podrían estar cuestionadas por los posibles nuevos empresarios privados. Por eso desde el FIT presentamos un proyecto para reestatizar el Subte bajo control de los trabajadores y usuarios. (Ver El Socialista Nº 351)

La semana próxima se abrirían las negociaciones paritarias en el subterráneo y por la denuncia de la existencia de los coches con asbesto (material cancerígero). La comisión directiva de AGTSyP llama a desconocer el fallo de la Corte y reclama su derecho a sentarse en la mesa de negociaciones con la empresa Metrovías y SBASE, a la vez que denuncia el atropello de que se acepte a la UTA en su lugar. Además, presentarán reclamos ante la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su decisión es seguir representando gremialmente a los trabajadores del subterráneo, tal como sus compañeros así lo respaldan. Desde Izquierda Socialista les damos todo nuestro apoyo.
Los trabajadores son los únicos que pueden decidir quién los representa y quién no. El gobierno pretende interferir en las organizaciones obreras. El sindicalismo combativo se solidariza con los metrodelegados y se suma a la denuncia de esta inaceptable injerencia del Estado sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y a elegir libremente sus representantes. Nos preparamos para apoyar las medidas de lucha que definan democráticamente los trabajadores.

Ya se lo conoce como “el hit del verano”. Nació en una cancha de fútbol, se extendió a otras, se canta en la popular y en las plateas, luego se lo escuchó en los recitales, en las calles… hasta cuando se quedó el subte. Increíblemente, periodistas y supuestos analistas políticos y sociales cercanos al gobierno se ponen a discutir “qué significa”. Es muy simple: que la bronca crece día a día. Que pegó un salto desde aquellos días de diciembre pasado, con cientos de miles indignados en las calles mientras se les robaba a los jubilados y el gobierno reprimía con saña. Es la expresión más simple y visible de millones que dicen que la plata no les alcanza ante los astronómicos aumentos de tarifas, los precios de los alimentos y otros artículos de primera necesidad, ante los miles de despedidos, o ante la corrupción creciente de funcionarios llenos de cuentas en el exterior. Es la bronca ante un gobierno que quiere imponer un techo salarial de 15% a las paritarias, sin ninguna cláusula de ajuste, cuando ya se ve que la inflación va a ser, como mínimo, de 25.

El “hit del verano” no es la única forma en la que se manifiesta la bronca. Hubo una multitud en la 9 de Julio el 21 de febrero y un altísimo acatamiento en los paros docentes. La bronca contra Macri también estuvo presente en la impresionante jornada del 8M, donde una marea de cientos de miles de mujeres se movilizó por sus derechos. A Macri no le sirvió la maniobra de presentarse demagógicamente como “el feminista inesperado”: la inmensa mayoría de las presentes repudió una y otra vez al gobierno de Cambiemos, mientras exigía la legalización del aborto, el fin de la violencia de género y el conjunto de las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras.

A pesar de todo esto, muchos trabajadores se preguntan qué pasa que no logramos que haya una lucha más general, que efectivamente derrote el ajuste que están llevando adelante Macri y los gobernadores. Evidentemente el problema no es que falte predisposición. Al contrario. La culpa es de los burócratas traidores, cómplices de los despidos y el robo salarial. Son los Daer, Gerardo Martínez, Pignanelli, Barrionuevo, Acuña o Andrés Rodríguez, que ahora se reúnen directamente para armar una CGT oficialista. Son los mismos que están firmando los acuerdos salariales por el 15% en cuotas, aceptando reventar nuestro salario. Así sucedió en Comercio, Aguas Argentinas, UPCN, el sindicato de municipales de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) y otros. Los que viajan a Europa acompañando en su gira al ministro Triaca. Los mismos que están negociando en cada gremio entregar los convenios y aceptar que se avance con la flexibilización. Los que dejan aislados a quienes hoy están luchando contra los despidos o tratando de romper el techo en las paritarias.

Moyano y Yasky, por su parte, se juegan con su nueva corriente sindical a canalizar la bronca contra Macri y los dirigentes traidores. Dicen oponerse al ajuste. Pero el sindicalismo combativo, sin depositar ninguna confianza, marchó el 21 reclamando paro y plan de lucha. La realidad es que de esa marcha no salió ninguna continuidad, como tampoco de Ctera después de las jornadas de paro.

Del otro lado estamos los que acompañamos incondicionalmente a los trabajadores del INTI, del Posadas, del Ministerio de Hacienda y de Río Turbio, a los docentes en huelga, a los trabajadores del Subte, o a los aceiteros de Cargill que también salieron al paro. Los que decimos que hay que coordinar las luchas para que estén más fuertes para triunfar. Los que exigimos la urgente necesidad de un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste de Macri y los gobernadores. Miles de activistas que ya están peleando, y se suman nuevos compañeros todos los días. Ese es el desafío que tratamos de llevar adelante desde el sindicalismo combativo, con los ferroviarios del Sarmiento, los docentes de los Sutebas multicolores, Aten Neuquén o Ademys, el Sutna y todas las nuevas direcciones que han aparecido o se han fortalecido en los últimos tiempos.

La pelea es por una nueva dirección sindical, y también política, que plantee cambios de fondo y una auténtica salida a los que dicen que “no se puede hacer otra cosa que ajustar”. El primer paso es dejar ya mismo de pagar la deuda externa y poner todos esos recursos al servicio de aumentar los salarios de docentes y trabajadores de la salud, para crear trabajo con un gran plan de obras públicas y priorizar la educación y la salud públicas. ¡Ese es el único programa alternativo al ajuste de Macri y los gobernadores!