El senador, jefe del bloque de senadores del PJ y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, viajó a Estados Unidos, donde realizó una conferencia en la Universidad de Columbia y se reunió con varios de los principales fondos de inversión con intereses en la Argentina.

Su visita coincidió con los días de mayor crisis del dólar y el riesgo país de la semana pasada por lo que Pichetto tuvo que explayarse y dar respuestas sobre el tema. Fue clarísimo: “Si gana nuestro espacio habrá un fuerte compromiso de pago”. Buscaba así exorcizar cualquier fantasma de que un eventual triunfo de la oposición peronista llevara a una ruptura con el Fondo o a una suspensión de los pagos de la deuda. Más claro, imposible.

El 9 de abril salió a la luz la noticia de la sanción por parte de la empresa de colectivos Indalo, con catorce días de suspensión al chofer Javier Carreras de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. El hecho generó un gran repudio social y fundamentalmente en la comunidad educativa, ya que la sanción se debe a un gesto solidario del chofer para con los niños estudiantes de una escuela de las afuera de la ciudad donde asisten alumnos de las barriadas vecinas.

Desde hace un tiempo la empresa y el municipio, arbitrariamente, cambiaron el recorrido obligando a que los chicos tuvieran que caminar cerca de quince cuadras para llegar al establecimiento educativo por un sector descampado y con riesgos de sufrir robos, violencia y peligros, como efectivamente ocurrieron. La dirección del establecimiento solicitó por nota que se restituya el recorrido anterior, pedido que la empresa ignoró completamente. El trabajador, al enterarse de hechos delictivos, tomó la decisión de cambiar el recorrido para acercarlos a la escuela. La empresa, en vez de convalidar dicha determinación, hizo lo opuesto, sancionando al chofer.

La actitud represiva y persecutoria de la paternal hacia los choferes es un accionar cotidiano en todos los sentidos, ya que los obligan a trabajar sin condiciones laborales adecuadas y prestando un servicio muy deficiente hacia los usuarios, que diariamente manifiestan decenas de denuncias y situaciones de incumplimiento.  Detrás de este gesto del chofer existe un hecho de solidaridad y empatía entre trabajadores y usuarios que ninguna empresa podrá entender, y por esto sanciona a quien muestra preocupación por sus pares.

Desde la banca de Izquierda Socialista/FIT, la diputada Angélica Lagunas llevó la denuncia a la Legislatura y se logró que la sesión plenaria votara una declaración de repudio a la sanción (solo votaron en contra los diputados de Cambiemos) que manifiesta en su artículo 1º su rechazo a la sanción por parte de la empresa Autobuses de Neuquén contra el chofer de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. Los restantes artículos exigen de las autoridades competentes, como la Secretaría de Trabajo, que arbitren los medios para quitar la sanción. En el mismo sentido se está impulsando una declaración similar en el Concejo Deliberante de la ciudad por parte de nuestro concejal Manuel Sánchez. A su vez se avecina una pelea legal porque la empresa inició una causa penal contra la diputada por respaldar al chofer.

Corresponsal

El gobierno de Macri quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años mediante una ley que se debate en el Congreso llamada “nuevo régimen penal juvenil”. Apunta contra niñas, niños y adolescentes a quienes considera peligrosos. Es parte de la política de mano dura de Patricia Bullrich. Nuestros diputados Juan Carlos Giordano y Laura Marrone expusieron en el Congreso repudiándola. Lo mismo hicimos acá en la Legislatura de Córdoba.

Escribe Ezequiel Peressini Legislador de Izquierda Socialista/FIT de Córdoba

Decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, juristas y especialistas en el tema nos plantamos contra esta iniciativa que busca criminalizar a la juventud. Con una campaña demagógica, Macri y sus funcionarios buscan bajar la edad de imputabilidad diciendo que con eso habrá más seguridad. Una mentira total.
Ni siquiera las estadísticas lo acompañan. Solo el 4% de los delitos son cometidos por menores, y de ellos solo el 1% es grave. Quiere decir que los verdaderos delincuentes están en otro lado.

El gobierno y la oposición patronal están por bajar la edad

El gobierno dice que es necesario modificar el decreto aberrante que viene de la dictadura. Pero lo van a cambiar para peor, bajando la edad de imputabilidad y fijando penas más altas para los menores.
Todos los gobiernos “democráticos” sostuvieron ese decreto durante décadas y ahora todos coinciden en bajar la edad. En 2009, el kirchnerista Scioli promovió bajar la edad a 14 años. La ley se aprobó en el Senado y fue defendida por Cristina Kirchner diciendo que era “una adecuación a los tiempos que corren”. Massa también acuerda con bajar la edad a 14 años.
Se argumenta que otros países la bajaron aún más, a 12 años en Brasil, a 13 en Nicaragua y a 14 en Chile. Pero lo que no dicen es que en esos países aumentó la criminalización hacia los pibes y no bajó la inseguridad.

La mano dura fracasó

Las organizaciones que trabajan con menores se han manifestado en contra porque viola los derechos de niñas, niños y adolescentes. Luis Pedernera (Comité de los Derechos del Niño de la ONU), recomienda no reducir la edad de imputabilidad y no aumentar las penas. Unicef advirtió que el sistema penal juvenil “no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes”. (La Nación, 29/4).

La política de mano dura nunca trajo seguridad. Desde 1983 subieron las penas máximas de 25 a 50 años y el delito creció 400%. Si a esto le agregamos que (según Correpi) se asesina una persona cada 23 horas en manos del gatillo fácil, donde el 50% de las víctimas son jóvenes, el cuadro es desolador.

Combatir el hambre y las mafias, no a los menores

El titular de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Gallo, señaló que “el 98% de los 667 pibes que defendí en 2016 tenía derechos básicos insatisfechos, estaban en situación de calle y no se alimentaban bien”.
En provincia de Buenos Aires las partidas presupuestarias para los menores son 29 veces más bajas que las destinadas para las fuerzas represivas. Y en la Córdoba de Schiaretti hay más policías que maestras.
El mismo gobierno que hunde en la pobreza al 48% de niños impidiéndoles acceso a sus derechos básicos, ahora solo les ofrece el encierro represivo.

Los más chicos no son un peligro, están en peligro por el ajuste de Macri, que destina un millón de pesos por minuto para la deuda externa mientras recorta y vacía los programas socioeducativos.
Mientras los grandes delincuentes de guante blanco como Calcaterra o Paolo Rocca (Techint) fueron sobreseídos, hay represores de la dictadura en funciones, como el fiscal general Fernández Garello en Mar del Plata, o el intendente de Cambiemos de Paraná, que está ligado al narco, se quiere apuntar contra los jóvenes.

Para combatir la inseguridad se necesita combatir a las mafias que trafican con el delito, donde están implicados el gobierno, políticos patronales, comisarios y jueces. Y hay que terminar con este plan económico al servicio del FMI, caldo de cultivo de la violencia. Se necesita presupuesto para los programas que protegen a niñas, niños y adolescentes, para garantizarles alimentos, vivienda, salario y trabajo para ellos y sus familias. Es la única manera para que los menores y adolescentes no sean empujados a ser carne de cañón del narcotráfico, las bancas delictivas o el delito callejero.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a sostener la movilización para derrotar este intento represivo y no permitir que el gobierno de la mano de la oposición patronal apruebe este proyecto que viola los derechos más elementales de los más chicos, criminaliza a la juventud y fortalece al podrido aparato represivo.

Esta consigna, una de las fundamentales de nuestro programa, es un complemento absolutamente necesario de otras como dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, nacionalizar el comercio exterior y reestatizar las empresas privatizadas. Cual es su importancia y cómo llevarla adelante

Escribe José Castillo

En la economía capitalista imperialista los bancos cumplen un rol estratégico. Concentran las mayores cantidades de recursos en sus arcas bajo la forma de depósitos (en cuenta corriente, cajas de ahorro, plazos fijos, fondos comunes de inversión e incluso otros instrumentos más sofisticados), allí está el dinero de las empresas (grandes y pequeñas) y también el de todos los trabajadores y jubilados que cobran vía cuenta sueldo y van retirando su dinero “de a poco” a lo largo del mes. Los bancos también reciben y concentran todo el dinero que ingresa por compras con tarjetas de débito o crédito, teniéndolo en su poder varios días antes de acreditarlo a los comercios. Así como innumerables operaciones comerciales entre empresas e incluso compras, ventas y transferencias de y hacia el exterior.

Esa enorme masa de dinero es utilizada por los bancos, que la ponen “a trabajar” el tiempo que está en su poder, obtienen enormes ganancias por los intereses a través de la especulación con el tipo de cambio o con diversos instrumentos a los que solo tienen acceso las entidades financieras (como actualmente las Leliq, que se las ofrece el Estado -vía el Banco Central- a siete días con tasas anuales que superan el 70%). Los bancos utilizan todo ese dinero para volcarlo a préstamos, según ellos mismos determinan. Así, tienen la capacidad estratégica de aprobar créditos multimillonarios a grandes empresas y negárselos a un trabajador o un pequeño comerciante. Las entidades financieras, al definir las tasas de intereses que cobran por los préstamos que otorgan (o las tasas de financiación de tarjetas de crédito, los descubiertos en cuentas o las simples comisiones de mantenimiento de una cuenta), también se transforman en auténticos usureros, esquilmando el ahorro popular.

Los bancos, finalmente, también son importantes en el capitalismo por su capacidad de concentrar una enorme cantidad de información estratégica: ahí están los patrimonios de las empresas y los grandes millonarios guardados bajo siete llaves con la excusa del “secreto comercial” o “la inviolabilidad de la información sobre la propiedad privada”.

¿Cómo nacionalizar?
El primer paso es la eliminación de la actual Ley de Entidades Financieras (vigente desde la época de Martínez de Hoz) y su reemplazo por otra que plantee la eliminación de todas las licencias para funcionar de los bancos privados. Todos los depósitos serán transferidos a la banca estatal, así como los archivos con información de cada cliente. Cabe mencionar que, a diferencia de lo que sucedió en innumerables crisis (como la de 2001), la banca nacionalizada respetará rigurosamente el dinero de cada trabajador, jubilado, cliente individual, o pequeño comerciante, industrial, o productor agropecuario. Esa tarea será sencilla: bastará convocar para dirigir las entidades financieras a los propios trabajadores bancarios, que tienen acceso a las claves, los sistemas y los conocimientos específicos. Las instalaciones de los actuales bancos privados, el dinero físico que eventualmente se encuentre en sus bóvedas y las redes de cajeros automáticos pasarán automáticamente a la banca estatal.

Esta nacionalización de la banca cumplirá tres funciones esenciales. En lo inmediato, terminará de cuajo con la especulación financiera, la fuga de capitales, corridas contra el dólar o cualquier otra maniobra con que los grandes capitalistas tratarán de boicotear a un gobierno de los trabajadores. En segundo término, permitirá que toda esa masa de recursos sea redirigida planificadamente a otorgar préstamos para el consumo popular, la vivienda, o incluso para financiar a tasas reducidas al pequeño productor o comerciante. Y, en tercer lugar, permitirá dar acceso a toda la información estratégica sobre las grandes empresas y sus reales “números” (patrimonios, ganancias, depósitos), estas ya no podrán evadir impuestos, poner como excusa que “no pueden” otorgar aumentos, o despedir trabajadores. El control y centralización de esa información será el primer gran paso para poder expropiar a los grandes monopolios capitalistas y empezar a avanzar hacia una economía socialista.

Escribe José Castillo

El sistema financiero argentino está concentrado en una pequeña cantidad de grandes entidades, muchas de ellas extranjeras.

Tanto por cantidad de depósitos como por préstamos otorgados, el banco más grande es el estatal Banco de la Nación Argentina. Ello se debe a que es el único que llega a todos los lugares del país, cumpliendo las funciones que otros no quieren realizar porque no les da rentabilidad, como pagar sueldos y jubilaciones o cobrar servicios públicos. El otro gran banco del Estado es el Provincia de Buenos Aires, que cumple idéntico rol que el Nación, en particular en los pueblos más pequeños del interior de la provincia. Los bancos estatales de las otras provincias han sido mayoritariamente privatizados en la década del 90.

Los grandes negocios, y las grandes ganancias, quedan en manos de un puñado de entidades privadas: los españoles Santander Río y BBVA Francés, los de patronales privadas argentinas Galicia (Grupo Escasany) y Macro (Grupo Brito). Completan el ranking de los más importantes los chinos HSBC e ICBC y el argentino Credicoop.

Estos bancos privados en las últimas décadas fueron los grandes ganadores, encabezando las tablas de posiciones de superganancias. Incluso en medio de la debacle económica de 2018, el conjunto de las entidades financieras, especulando con el dólar, las Lebac y las Leliq y fugando capitales, ganaron 172.106 millones de pesos (121% más que el año anterior). Mientras tanto, estafan a los ahorristas pagándoles tasas por debajo de la inflación y aplicando tasas usurarias por los préstamos y las tarjetas de crédito.

Una historia de extranjerización y entrega

En la historia argentina la banca siempre estuvo mayoritariamente en manos de capitales privados extranjeros. Incluso cuando se creó el Banco Central de la República Argentina en 1935, fue originalmente privado y hecho a medida de los intereses británicos. Salvo entre 1946-1955 y en 1973-1976, cuando hubo nacionalizaciones parciales de la banca (ver recuadro), el peso de los bancos de los países imperialistas siempre fue determinante.

Pero el salto cualitativo se pega en 1977. En ese momento Martínez de Hoz (ministro de Economía del dictador Videla) dicta la Ley de Entidades Financieras (21.536/77), que está vergonzosamente vigente hasta la actualidad. Ninguno de los gobiernos posteriores la derogó. A partir de esta ley se les da vía libre a los bancos para hacer prácticamente lo que quieran. Prestar (o no) a quienes ellos decidan, a cualquier tasa, participar en negocios especulativos, incluso vaciar y quebrar entidades, estafando a los propios ahorristas, todo está “legalmente” permitido.

El sistema financiero argentino, una de las mayores cuevas de ladrones, lleva décadas robando el ahorro popular, fugando millonadas y siendo una pieza fundamental en la fuga de capitales y la megaestafa de la deuda externa, de la que muchas de las entidades participan directamente. Esa sola razón es más que suficiente para expropiarlos y nacionalizar la banca.

Leer: http://izquierdasocialista.org.ar/index.php/periodicos-ediciones-anteriores/el-socialista-n-423/8796-que-significa-nacionalizar-la-banca