Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad 

El femicidio de Úrsula Bahilo dejó al descubierto que en el país del #NiUnaMenos las víctimas de violencia de género están completamente desamparadas y a merced de sus victimarios. En 2021 ya son más de cuarenta los transtravesticidios y femicidios según los distintos observatorios, que cuentan uno cada veintitrés horas. Estamos ante una emergencia y es urgente que se tomen medidas efectivas.

Hasta ahora qué viene haciendo el gobierno frente a esta avanzada machista. Puro verso. La ministra Gómez Alcorta anunció con bombos y platillos que se venía un cambio de paradigma, pero las insuficiencias del plan nacional contra la violencia de género están a la vista. En su primer año el plan fracasó y ahora, de un volantazo, crean el “Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios”. Otra articulación burocrática interministerial (Mujer,Género y Diversidad, Justicia y Seguridad) o, como les gusta llamar, “mesa de trabajo”. El gobierno pone las ministras, nosotras las muertas.

Medidas urgentes para combatir la violencia de género

Para prevenir y erradicar la violencia de género se necesita mucho dinero. No alcanza con las migajas que sobran luego de pagarle a los organismos financieros internacionales en cada renegociación de la deuda. Por eso exigimos presupuesto para combatir la violencia machista sobre la base del no pago de la deuda externa. ¿Para qué se usaría ese presupuesto?

1. Para que se apliquen en todo el país las leyes 26.150/06, de educación sexual integral (ESI), y la  26.485/09, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Ambas normas tienen quince y doce años de antigüedad, respectivamente. Y a pesar de tener más de una década no se aplican por falta de presupuesto. Sería bueno empezar por ahí.
2. Para darle una solución habitacional a las víctimas que tienen que huir de su hogar para salvar su vida. Se va adonde se puede, a veces a la casa de otros familiares, o amigas, o se termina en refugios que, además de insuficientes, son muy precarios. Por eso reclamamos una solución habitacional urgente para las víctimas de violencia de género utilizando las viviendas ociosas que pertenecen al Estado, otorgando créditos a tasa cero para la construcción de viviendas y llevando adelante un plan nacional de viviendas en el que tengan prioridad las víctimas.
3. Para que las víctimas tengan un acompañamiento psicológico y patrocinio legal gratuito con perspectiva de género. El femicidio es el desenlace final de una cadena de violencias previas. Hay distintos tipos (física, psicológica, económica, simbólica y sexual), pero todas apuntan a un mismo objetivo, que es la dominación y aniquilación de la víctima. Por eso las políticas públicas deben acompañar a las víctimas y fortalecerlas en vez de revictimizarlas, como sucede actualmente cuando se hace la denuncia. A la vez, exigimos un resarcimiento económico que cubra la canasta familiar y que así ayude a lograr la autonomía financiera de la víctima.
   

De acuerdo con el registro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por un miembro de las fuerzas represivas (Suplemento Las 12, 19/2/21). De las 674 mujeres asesinadas por agentes policiales desde 1996 hasta hoy, 393 fueron femicidios. Es decir, que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres y en situaciones de violencia machista y patriarcal.

Otro dato es que el 90% de los femicidios cometidos por miembros de la policía son ejecutados con el arma reglamentaria y fuera del horario laboral, lo cual resulta sumamente peligroso, sobre todo para las víctimas de violencia de género que se animaron a denunciar a sus victimarios policías. Estamos ante una grave situación si tenemos en cuenta que solo en la policía bonaerense, a cargo de Berni y Kicillof, hay seis mil policías que tienen denuncias por violencia de género y hasta el momento continúan en sus funciones.

Corresponsal de Isadora

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia Buenos Aires (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Finalmente se conoció el proyecto de ley denominado “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto” que propone el gobierno y que venía siendo retrasado desde el 1° de marzo. El anuncio lo hace el mismo día en que se votó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2021 al servicio de los planes de ajuste del FMI, y el aporte solidario que pagarán por única vez los empresarios más ricos del país y que nada tiene que ver con un verdadero impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT-Unidad. 

Más allá de la fecha elegida por el presidente, lo cierto es que el anuncio venía siendo muy esperado, sobre todo porque el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto estaba al borde de caer por octava vez. Pero ahora se tratarían ambas iniciativas en las sesiones extraordinarias y tenemos que imponer con la movilización callejera que el proyecto que finalmente “gane” y se apruebe sea el de la Campaña, el que construimos con las más de setecientas organizaciones feministas y que tiene el aval de la #mareaverde. 

Son dos proyectos distintos. Estamos con el de la Campaña

Si bien el proyecto de Alberto Fernández sostiene en su artículo 4° el acceso a la IVE hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional, sigue criminalizando a quienes luego de ese período aborten por fuera de las tres causales ya establecidas en el Código Penal. Primera e importante diferencia con el proyecto de la Campaña que justamente deja explícitamente aclarado que en ningún caso se castiga o penaliza a quienes decidan interrumpir un embarazo. 

Por otro lado, en el artículo 5° del proyecto del gobierno se establece un plazo de hasta diez (10) días corridos para que se realice el aborto desde su solicitud. En cambio, en el proyecto de la Campaña el plazo máximo establecido es de cinco (5) días corridos. Esta diferencia de días no es menor ya que nuestro planteo radica en los posibles condicionantes que podría tener una persona gestante para que no ejerza su derecho. 

En el artículo 10 del proyecto del gobierno se incorpora la objeción de conciencia individual que, sin dudas, es una concesión a las iglesias que buscan obstruir nuestro derecho a decidir. Pero además, en ese artículo (ni en ningún otro) no aclara si la institución de los objetores estará obligada o no a garantizar la práctica. Alertamos que esto puede ser muy grave a la hora de la reglamentación de la ley, tal como lo vimos en protocolo ILE de la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta acordó con los antiderechos para poner más restricciones en el acceso. 

Este acuerdo con las iglesias se refleja también en que, junto con su proyecto, el gobierno presentó el proyecto de ley de “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” conocida como el plan de los 1.000 días, en el que entre otras cosas se amplían la asignación universal por hijo/a (AUH) y la asignación por embarazo. ¿Pero qué tendrán que ver las asignaciones con una decisión autónoma y el derecho a decidir interrumpir un embarazo no deseado?

No es un presidente, es la #mareaverde que no abandonó las calles

Las organizaciones de mujeres del Frente de Todos festejan y aclaman la presentación del proyecto de ley de IVE del gobierno como si fuera un gran triunfo de él mismo y esgrimen argumentos como que “Alberto nos da el aborto”, pero eso sería ningunear la lucha que dimos durante décadas y que seguimos dando las mujeres y todas las personas con posibilidad de gestar para conquistar este y cada uno de los derechos que nos faltan. Nadie puede dudar de ese potencial que tenemos cuando salimos a las calles, porque fue así como ganamos el debate y la despenalización social hace dos años. Ese es el camino que hoy tenemos que seguir y profundizar porque solo con la movilización ganaremos nuestras demandas. Desde Isadora te invitamos a que participes con nosotras este miércoles del pañuelazo frente al Congreso y que te sumes a todas las actividades que hay en el país para exigir el aborto legal, seguro y gratuito ya. Seamos miles, hagamos historia y que esta vez sí #QueSeaLey.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (mc) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

En autos, bicicletas, motos y a pie salimos desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Fuimos miles las que participamos de la caravana verde el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires y en las distintas actividades que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó en todo el país. Fue un evento muy importante no solo por la masividad sino porque se puso en evidencia que nuestro reclamo es urgente y prioritario.

Al día siguiente de la caravana verde, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo que recibir a la Campaña pese a que en dos oportunidades anteriores había cancelado la reunión. Este lunes la secretaria legal y técnica de la nación, Vilma Ibarra, anunció que el ejecutivo mandaría durante noviembre su proyecto para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias dejando en claro que el gobierno no está con el proyecto de la Campaña. Lo mismo había dicho antes la asesora  presidencial, Dora Barrancos, pero no cumplió. Barrancos había confirmado en los medios que el proyecto del gobierno se presentaba antes de que terminara octubre. Sin embargo, ese proyecto secreto, que lo vienen anunciando desde marzo, sigue sin aparecer.

Hasta el momento, más allá del amague, lo que explican las funcionarias es que la iniciativa vendría también con la ley de los 1.000 días, que consiste en el acompañamiento de la maternidad y de los primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Pero ¿Qué tiene que ver esto con la decisión de las mujeres que quieren interrumpir un embarazo? Para nosotras, nada. Evidentemente lo que hace el gobierno es jugar a dos puntas y negociar nuestros derechos con las iglesias. Por eso, el mismo día que Massa recibió a la Campaña, también se reunió horas más tarde con los antiderechos, ubicándolos en el mismo lugar que a la Campaña, como si fueran interlocutores válidos.

¡Basta de concesiones a los antiderechos, no queremos más maniobras ni dilaciones! Exigimos que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que es el único que tiene estado parlamentario y que si hubiera voluntad política se podría aprobar ahora mismo. Lamentablemente las organizaciones de mujeres del Frente de Todos que están dentro de la Campaña impusieron su política de esperar y no movilizarse durante todo el año. Ahora, estamos al límite de que nuestro proyecto caiga por octava vez. No debemos permitirlo.

A las calles nuevamente hasta que sea ley

El impulso que nos dio la caravana verde debe ser el motor para convocar a una nueva movilización aún más masiva para conquistar nuestro derecho a decidir. Según las cifras oficiales, cada día hay un promedio de 106 internaciones en hospitales públicos por abortos inseguros en Argentina y siete niñas de entre 10 y 14 años violadas son obligadas a parir. Estas cifras demuestran que es urgente legalizar el aborto.

Las integrantes de Isadora no bajamos nuestro pañuelo verde y seguimos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Por eso denunciamos al gobierno que desde que asumió en diciembre del año pasado, puso toda su militancia al servicio de obturar el debate, el tratamiento y aprobación de la ley, generando expectativas en un proyecto que nadie conoce, pero que viene negociado con los antiderechos. Invitamos a todas las mujeres que luchan consecuentemente por el aborto legal a que se sumen a Isadora para dar juntas esta pelea. Vamos por el aborto legal 2020 con el proyecto de la Campaña.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (mc) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El mundo mira nuevamente a las mujeres polacas que resisten en las calles y luchan por su derecho a decidir porque el gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS) les quitó una de las causales con la que se practicaban casi el 97% de los abortos legales en ese país. Este era el plan de los sectores conservadores y eclesiásticos desde 2016, pero desde hace cuatro años se venía postergando por la resistencia feminista. Ahora, en plena pandemia, el Tribunal Constitucional declaró ilegal, el pasado 23 de octubre, la interrupción del embarazo cuando el feto tiene riesgo de enfermedad grave o muerte. Desde entonces, el movimiento feminista lleva semanas ocupando las calles y desde el día del fallo las protestas se han extendido desde las grandes ciudades a todo el país, llegando a setenta ciudades y pueblos. Así se fue concretando la huelga de mujeres del pasado miércoles que movilizó a unas cien mil personas en Varsovia.

Sin dudas, Polonia nos marca una vez más el camino. Por un lado, podemos ver cómo los gobiernos y los sectores conservadores buscan permanentemente arrebatarnos derechos, incluso los ya conquistados. Por el otro, cómo debemos organizarnos para resistir y defendernos de esos ataques. Así fue en 2016, cuando impulsaron el lunes negro y la huelga de mujeres, que fue incorporada en los paros internacionales de mujeres (PIM) de los 8M. 

Al igual que en Polonia, a nosotras también se nos niega el derecho a decidir. El aborto sigue siendo clandestino en nuestro país y el gobierno de Alberto Fernández, aunque había dicho que no, en la práctica y en clara alianza con los antiderechos, lo mantiene en la ilegalidad. Así se vulneran los derechos humanos de millones a quienes se les niega el derecho a la salud, a la vida y a la autonomía del propio cuerpo.

Las cifras que el gobierno esconde

En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir 1.300 por día. Por año se calculan entre 370.000 y 520.000. Las consecuencias de los abortos inseguros en la clandestinidad son hemorragias, infecciones, peritonitis, traumatismo de cervix, rotura uterina, lesiones varias en vagina y útero, entre otras. Sin dudas, la muerte es la consecuencia más extrema de los abortos inseguros y desde 1983 hasta 2019, donde se intercalaron gobiernos peronistas y radicales, se estima que al menos 3.200 mujeres murieron a causa de un aborto inseguro. Por otro lado, anualmente se registran alrededor de 50.000 internaciones por complicaciones de abortos inseguros en hospitales públicos. Es decir que unas 135 personas por día se internan en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto inseguro. Cifras que no se modificaron por la pandemia y, por lo tanto, se están ocupando camas en el sistema de salud que, si fuera legal el aborto, estarían libres para atender casos de Covid-19.

Por todo esto es que decimos que es urgente y es prioridad que se trate y apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya fue fue presentado en ocho oportunidades en el Congreso y que está a punto de perder, una vez más, estado parlamentario. No debemos permitirlo, al igual que las mujeres polacas debemos salir a las calles por nuestros derechos. La caravana verde de Plaza de Mayo al Congreso debe ser el inicio de un plan de lucha para evitar que caiga el proyecto de la Campaña y que se apruebe de inmediato. Solo así tendremos #abortolegal2020.