En vista de la crisis del coronavirus reproducimos el Proyecto de Ley presentado por la diputada Mónica Schlotthauer en el Congreso de la Nación a fin de 2019 (Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda - Unidad) en defensa de la salud pública.

 (PDF) "Proyecto de la izquierda para salir de la crisis en la salud" | Mónica Schlotthauer lo presentó en 2019

PROYECTO DE LEY EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA

Art. 1. Creación del Sistema Nacional Único de Salud. Por la presente se crea el Sistema Nacional Único de Salud (SNUS) dependiente del Poder Ejecutivo Nacional que reunirá la totalidad de las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos destinados al cuidado de la salud sean estos de jurisdicción nacional, provincial o municipal. Todo el personal que presta servicios en estas dependencias pasará a ser empleado de planta permanente del Estado Nacional. El subsector privado y el de la seguridad social deberán integrarse transitoriamente al SNUS y subordinar sus funciones a las directivas que emanen de sus autoridades, hasta tanto se establezca su definitiva incorporación al sistema estatal.
 
Art. 2. Atención universal. El SNUS proveerá un servicio universal, al alcance de todos, sin diferencias de género, raza, nacionalidad, lugar de residencia, discapacidad, edad, orientación sexual, religión o creencia, transexualidad, embarazo y maternidad. El SNUS deberá mejorar la salud, prevenir, diagnosticar, tratar y reparar los problemas de salud tanto físicos como mentales con igualdad para todos los individuos y respeto a sus derechos humanos. Asimismo, deberá prestar particular atención a los sectores socialmente vulnerables.
 
Art. 3. Garantía de acceso y derecho a la salud para toda la población.  El acceso a la atención en salud será basado en las necesidades clínicas y no en la capacidad de pago. Para garantizar el derecho a la salud a toda la población se establece la gratuidad absoluta de todas las prestaciones en las instalaciones dependientes del Estado nacional. Quedan prohibidos los bonos de cooperadora y toda otra forma de copago a cargo directo del usuario. Las prestaciones que el SNUS brinde a beneficiarios de la seguridad social y medicina pre paga, serán debitadas en forma automática por el Estado a las entidades correspondientes sin necesidad de su conformidad. Se instaura el boleto sanitario gratuito para ir y volver de los establecimientos. Se extenderá el horario de atención desde las 7 a las 21 horas con la adecuada dotación de personal.
 
Art. 4. Financiamiento.

El financiamiento del subsector estatal provendrá de la unificación de los presupuestos actuales de las distintas jurisdicciones en un solo fondo. El mismo será inmediatamente triplicado proviniendo tal financiamiento de rentas generales y el no pago de la deuda externa. Quedan derogada la Ley de la Dictadura 17.102/1966 que instituye los Servicios de Atención Médica Integrada para la Comunidad (SAMIC) y toda otra norma que se oponga a la presente. Los establecimientos encuadrados en esa ley pasarán al Estado nacional junto con su personal.
 
Art. 5. Distribución y organización del Sistema. Los establecimientos, los recursos tecnológicos y los recursos humanos se distribuirán en base a criterios sanitarios y de complejidad creciente jerarquizando los programas y acciones de promoción y prevención en los tres subsectores. El SNUS y todos sus establecimientos serán dirigidos por consejos que incluyan a representantes de los vecinos y de los trabajadores de los mismos. Éstos últimos serán elegidos por voto universal del personal.
 
Art. 6. Atención Primaria de la Salud. Se priorizará la Atención Primaria de la Salud (APS) a partir de los actuales Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), centros de salud, salas periféricas y demás establecimientos de atención extra hospitalaria a los que se les dotarán los recursos físicos y humanos necesarios para su operación. Se adoptará el enfoque interdisciplinario para el funcionamiento de estos establecimientos como así también de las acciones territoriales del área programática.
 
Art 7. Atención en Salud Mental con eje en la externación y recuperación social de los pacientes. La atención de la salud mental estará centrada en el objetivo de la externación y recuperación individual y social de los pacientes. A tal efecto se dará cumplimiento estricto a la Ley de Salud Mental, bajo la jurisdicción del Estado nacional en toda la República. Será su responsabilidad la instalación y funcionamiento de los dispositivos intermedios previstos como casas de medio camino, talleres, hospitales de día y cooperativas que faciliten la inserción laboral y social de los pacientes. Estas instituciones serán dotadas del personal correspondiente a las distintas disciplinas que concurran a su funcionamiento. Los consumos problemáticos y/o abusivos de substancias y las adicciones quedan en la órbita de la autoridad nacional de salud y no en la esfera de la Seguridad.
 
Art. 8. Medicamentos gratuitos para toda la población. La provisión de medicamentos, vacunas y prótesis será de carácter gratuito y universal y quedará a cargo del Estado nacional. Se reforzará la producción estatal de medicamentos y vacunas a partir de las instalaciones ya existentes en el ámbito público. Se confeccionará un vademécum de medicamentos esenciales con precios oficiales basados en el costo de elaboración que será obligatorio para toda la industria. Pasarán a poder del Estado nacional las industrias farmacéuticas actualmente paradas y su personal será reincorporado como empleados del Estado. Toda industria farmacéutica que suspenda o merme su producción, despida personal o cese de funcionar será estatizada bajo control de sus trabajadores e inmediatamente integrada al sistema de producción pública de medicamentos.
 
Art. 9. De los recursos humanos en la salud. Quedan prohibidas las cesantías y suspensiones del personal que desempeña tareas en el área de salud en todos sus subsectores. Se procederá a cubrir las vacantes existentes a la fecha en todos los establecimientos y a la reincorporación de los despedidos en los últimos años.  Los establecimientos de salud privados que no estén en condiciones de cumplir la presente prohibición serán estatizados bajo control de sus trabajadores. La plantilla de personal será determinada en base a criterios de necesidades sanitarias y no según la estadística de prestaciones. Se establece como principio rector la constitución de equipos estables que garanticen la continuidad y el mejoramiento de las prestaciones.  Quedan derogadas todas las formas de designación precaria de personal como becas, locaciones de servicios y otras. El personal que se hallare en esa situación pasará en forma inmediata a la planta permanente del Estado nacional.
 
Art. 10. Condiciones laborales. Se implementará una política salarial que haga innecesario el pluriempleo de los trabajadores de salud. Una carga horaria máxima de 36 horas semanales debe bastar para que puedan vivir dignamente. Para lograr esto último, se establecerá un salario inicial para todos los trabajadores del SNUS equivalente a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, calculándose a partir de esa base las distintas categorías. Se establece la movilidad salarial de acuerdo al alza del costo de la vida. Se establece el 82% móvil para todos los trabajadores de salud jubilados. En los tres subsectores, es obligación del empleador la promoción de la salud laboral y la prevención de accidentes y enfermedades profesionales de la totalidad del personal. Queda reconocida como enfermedad profesional el Síndrome de Desgaste profesional.
 
Art. 11. Del personal de enfermería. El personal de enfermería tendrá la categoría de Profesional de la Salud y así será considerado a todos los efectos. Los servicios de emergencia y de atención domiciliaria deberán contar con enfermería. Para paliar el déficit de esta especialidad, el estudio de la profesión será gratuito. Para dar cumplimiento a este precepto, la autoridad nacional de salud realizará los acuerdos necesarios con las universidades nacionales y habilitará las vacantes necesarias en los institutos estatales de formación de enfermería ya existentes. Se fomentará la orientación a la atención primaria en salud, salud escolar, educación para la salud y las que se vayan determinando de acuerdo a las necesidades.  
 
Art. 12. De la educación permanente en salud. El SNUS deberá ofrecer los más altos niveles de excelencia en la provisión de una atención de alta calidad enfocada en el paciente. Para ello promoverá y brindará capacitación permanente a la totalidad de su personal en todas las categorías y especialidades dentro del horario laboral, en forma gratuita y en colaboración con las universidades nacionales.  Se duplicarán las vacantes para residencias con igual salario y beneficios sociales que los trabajadores de planta permanente. Se aumentarán las vacantes en el actual régimen de residencias en todas las disciplinas que integran el equipo de salud con énfasis en residencias interdisciplinarias en Educación para la Salud, Gerontología, Salud Mental y generalistas. Los residentes percibirán salario y beneficios sociales como todos los trabajadores del área.
 
Art. 13. Eliminación de la tercerización. Queda abolida la tercerización de las prestaciones tanto de la atención sanitaria como de los servicios generales (limpieza, cocina, lavaderos, mantenimiento, administrativos, entre otros). Quedan disueltas las cooperadoras, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que actúen al interior de los establecimientos o que lo hagan en nombre de estos para recibir donaciones ya que representan una forma encubierta de tercerización o de direccionamiento de la actividad sanitaria. En todos los casos mencionados el personal afectado pasará a la planta permanente. Está prohibido el uso del nombre de los establecimientos públicos por parte de instituciones privadas para recibir donaciones.  
 
Art. 14. De las Obras Sociales sindicales, estatales y el PAMI. En forma transitoria y hasta su efectiva incorporación al SNUS se establece el control por parte de trabajadores y afiliados de todas las Obras Sociales sindicales, de las estatales y del PAMI. Se procederá a la apertura inmediata de sus libros contables que serán públicos y de libre acceso. Se rescinden todos los contratos de gerenciamiento externo de estas entidades y tercerización de servicios, revirtiendo la conducción a los afiliados y trabajadores. Está prohibido a los dirigentes gremiales ser directivos de las obras sociales sindicales. Éstos últimos serán elegidos por voto universal de afiliados y trabajadores.  
 
Art.15. Ley Nacional de Salud. A partir de la sanción de la presente Ley, en un plazo de 180 días se realizará un Congreso Nacional de Salud integrado por trabajadores de salud y la comunidad que elaborará un proyecto de Ley Nacional de Salud que sancione la estatización definitiva del sector privado (sanatorios, institutos de diagnóstico y tratamiento y la industria farmacéutica), las Obras Sociales sindicales, mutuales, provinciales y el PAMI y la integración de todos sus recursos al Sistema Nacional Único de Salud, de propiedad estatal, gratuito y de excelencia para todos.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente: Es de público conocimiento que el sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes y legítimos reclamos de la población y los trabajadores del sector. Está claro que el gobierno de Macri (Cambiemos-PRO-UCR-CC) y los anteriores (el peronismo kirchnerista y otros) han tenido el objetivo de desentenderse del sistema de salud estatal, con el objetivo de fomentar el negocio privado capitalista de la salud.  Para revertir esto es que presentamos este proyecto de ley, que busca, por un lado, preservar el derecho del pueblo a tener una atención sanitaria universal, gratuita y de excelencia para todos mediante un sistema nacional de salud igualitario, con consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector. Y, por otro, terminar con el negocio capitalista privado de los mercaderes de la salud, de los cuales son cómplices los gobiernos de turno. En todos estos años de gobiernos patronales y pro empresarios se ha generado un doble estándar de salud. Por un lado, un hospital público cada vez más desmantelado y deficitario para atender a millones (a pesar de que debería ser garantizado por los impuestos que paga el pueblo, y no lo es), donde los fondos públicos se usan para pagar deuda externa y no para invertir en la salud de los más desprotegidos. Por eso es que vienen decayendo los presupuestos de salud (nacionales y provinciales) mientras crecen los compromisos para pagar deuda externa. A tal punto que en 2019 el presupuesto nacional destina más para pagar los intereses de esa deuda que lo que se destina a Salud y Educación. Y, por otro, existe una medicina privada (prepagas y obras sociales, por la cuales hay que pagar), donde se atienden desde sectores pudientes hasta aquellos que fueron empujados a hacerlo, entre ellos importantes franjas de trabajadores y de sectores medios. Una política consciente para financiar y fomentar con recursos de la población el negocio capitalista de clínicas, sanatorios y laboratorios privados.  El sector público-estatal cubre a quienes carecen de obra social o prepaga (34% de la población). También lo hace con una gran parte de la población que por distintas razones no llega a utilizar su cobertura. Este es el sector que está en continua decadencia, la cual se manifiesta en el deterioro de la infraestructura, la carencia de tecnologías modernas y el éxodo de recursos humanos en busca de mejores retribuciones.

 En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se redujo el presupuesto provincial (del 6,3% en 2016 al 5,5% en 2017), hay falta de medicamentos oncológicos, servicios cerrados, fuga de profesionales, falta de nombramientos y graves problemas edilicios que ponen en riesgo a pacientes y trabajadores. La crónica diaria habla del calvario que deben padecer miles y miles de pacientes para lograr su atención. Guardias de fines de semana vaciadas de profesionales, interminables listas de espera para cirugía, falta de insumos, inseguridad de pacientes y trabajadores, son solo una parte de los problemas que derrumban al sistema público. Esto se suma al aumento de la pobreza, desigualdad y marginalidad social, haciendo cada vez más fuerte la demanda en los hospitales públicos que los gobiernos desatienden. A su vez, los profesionales nucleados en la Cicop reclaman hoy a la gobernadora Vidal la reapertura de paritarias, que se cumpla con el reglamento de residentes y la falta de insumos, como antes se hacía contra el gobernador peronista kirchnerista Daniel Scioli.  Por otra parte, se extiende una forma de privatización encubierta a través de la derivación cada vez mayor al sector privado de prácticas que el estado paga con fondos que son restados al equipamiento y sostenimiento del sistema público. Completando este cuadro de extinción progresiva de la gratuidad de la salud, las cooperadoras y fundaciones obligan al usuario a pagar de su bolsillo las prestaciones e insumos que el sistema público debiera proveer y no lo hace. Sin descuidar que numerosas fundaciones y ONG reciben donaciones en nombre de establecimientos públicos, sin que estos puedan ejercer el mínimo control sobre los mismos. Completa el cuadro la enorme fragmentación del sector público en tres jurisdicciones (nacional, provincial y municipal), contribuyendo no solo a la anarquía organizativa y despilfarro de recursos sino al desentendimiento del gobierno nacional al no destinar los fondos suficientes para una correcta y suficiente cobertura, dejando en muchos casos a las provincias o municipios asfixiados económicamente, a que lo hagan de manera aún más deficitaria, agravando la desprotección. Una propaganda oficial falaz intenta responsabilizar de esta decadencia a los trabajadores y profesionales del sistema, cuando la realidad es a la inversa: son ellos quienes sostienen con su esfuerzo cotidiano el funcionamiento del mismo. La causa hay que buscarla en la escandalosa penuria presupuestaria en la que los sucesivos gobiernos han dejado y siguen dejando a la salud pública.  El sector privado de salud está constituido por las empresas de prepago, un subsector de la seguridad social integrado por las llamadas obras sociales y un subsector público estatal. A su vez, las obras sociales pueden ser sindicales, estatales y el PAMI, reconociendo de esta manera distintos criterios de funcionamiento.  El subsector que comprende a las llamadas prepagas constituye un sector privilegiado, creando una gran desigualdad. Cubre a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud. Este porcentaje del gasto total es el mismo que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población. No acaba aquí la participación de la empresa privada en la salud.  

 Se calcula que la tercera parte del gasto en salud lo absorbe la industria farmacéutica y si a eso le sumamos los prestadores privados de la seguridad social nos encontramos que cerca del 70% de este gasto va a parar a la industria privada. En cuanto al subsector de la seguridad social abarca a los afiliados a las obras sociales (56%). Éstas se financian enteramente con dos aportes que pone el trabajador. Uno, descontado del salario. El otro, aportado en forma indirecta también por el trabajador, pero bajo la forma de aporte patronal. Es decir que casi 26 millones de empleados y jubilados pagan de sus sueldos su propia atención. Esta enorme masa de dinero -administrada por los dirigentes sindicales y el gobierno nacional y los provinciales- va a parar a las empresas privadas de atención médica y a la industria farmacéutica, ya que la inmensa mayoría de las prestaciones se realizan a través de contratos entre los gremios, las obras sociales estatales (y el PAMI) con las clínicas privadas y no desde instalaciones propias. Se facilitan así negocios en perjuicio de la atención de la salud de los afiliados, generando corrupción y el “retorno”. El deterioro del sector salud afecta también al recurso humano. Quienes trabajan para el estado padecen salarios ínfimos que los obligan al empleo múltiple y, de acuerdo a las jurisdicciones, sufren extremas desigualdades en su régimen de trabajo. En el ámbito privado los profesionales carecen de derechos laborales y el resto del personal está, en su mayoría, en relación de dependencia precaria mediante los llamados “contratos basura”.  Tanto en el ámbito privado como estatal no está prevista la formación de equipos permanentes y la capacitación continua, que es lo que corresponde para mantener una alta calidad de las prestaciones. Esta última carencia es compensada con el sobre esfuerzo de los trabajadores que, además de su pluriempleo, sostienen su actualización extendiendo la duración de su jornada laboral. El desgaste profesional prematuro de los trabajadores de la salud encuentra parte de su causa en esta sobre exigencia laboral inhumana. El alto costo de los remedios, su uso irracional y el monopolio que ejerce la industria farmacéutica privada hace casi imposible el acceso a los mismos, sobre todo por parte de los jubilados. Se han dejado caer las instalaciones estatales aptas para la producción a bajo costo. El concepto de Atención Primaria de la Salud nunca logró instalarse efectivamente en nuestro anárquico sistema de salud. La concepción abiertamente mercantil que promueve el gobierno actual (como parte de un gran negocio capitalista) lleva al abandono definitivo de este enfoque. En cuanto a la atención en Salud Mental no se han dado los pasos que permitan concretar los objetivos señalados para el tratamiento humanitario y digno de los pacientes. El Decreto 908/2016 del presidente Macri, que instaura la pomposamente llamada Cobertura Universal de Salud, consolida la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente con el estigmatizante “carnet de pobre” y habilitar el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios. Este decreto presidencial, inscripto en las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, es por ahora el último de una larga serie de leyes, decretos y resoluciones de distintas jurisdicciones que a lo largo de décadas han tratado de imponer que, la atención en salud, sea pagada por los

 propios usuarios de los servicios, los cuales han contado con la resistencia de los trabajadores del sistema y la comunidad. Durante el gobierno peronista de Carlos Menem se hicieron los intentos más severos en este sentido. La movilización de los trabajadores junto a la comunidad derrotó estas políticas. Así sucedió con el intento de privatización del Instituto Nacional de Microbiología Malbrán, los Hospitales de Morón y San Miguel, y muchos más. La Ley N° 17.102/66 llamada Ley SAMIC promulgada por el Dictador Onganía en 1966, sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, es la que pretende aplicarse ahora como panacea para la crisis actual en combinación con el Decreto 908. Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó y planificó, se cuentan por millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud. Por todo lo expuesto consideramos que es necesario un instrumento legal radicalmente distinto al plan del Poder Ejecutivo Nacional, que no es más que una réplica de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales que dependen del imperialismo. Necesitamos la presente ley que fomente el hospital público, facilite la reorganización y centralización de los recursos y esfuerzos en un sistema nacional de salud único para garantizar al pueblo el disfrute de una salud pública universal, gratuita y de excelencia para todos en base a los fondos que se destinan a los pagos de la deuda externa. Y para que se termine con el negocio privado de la salud, que ha llevado a que pululen grandes empresarios ligados en muchos casos a multinacionales imperialistas, con ganancias siderales a costa de la salud de millones.  Por todo ello solicitamos a las señoras y señores diputados que acompañen este proyecto de ley.
 
 

El coronavirus se suma a los males del pueblo trabajador como la inflación, los despidos y los salarios de pobreza. El gobierno de Alberto Fernández pasó de minimizar la pandemia a improvisar medidas de emergencia. Pese a que hace meses el virus está causando muertes en el mundo, el ministro de salud Ginés González García dijo que “no esperaba que llegara tan rápido”.

El gobierno cerró las fronteras, canceló eventos públicos y ahora suspendió por quince días las clases. Lo hizo por presión de los docentes, ya que en muchos establecimientos escolares no hay lavandina, alcohol en gel, jabón, ni toallas, los baños son deplorables y los pastos están sin cortar.

Se esperan otras medidas, pero millones siguen viajando hacinados en los subtes, colectivos y trenes. Y hay preocupación en que no se respeten los puestos de trabajo y los salarios de quienes tengan que someterse a una cuarentena. En enero ya hubo 40.000 nuevos despidos y siguen las suspensiones.

El presidente dice que “es mejor tomar decisiones extremas a arrepentirse después”. Pero solo destinó 20 millones de dólares para la emergencia mientras Kicillof pagó de contado 250 millones de dólares por una deuda usurera. ¡Es mentira que este gobierno prioriza a los más vulnerables! Fernández ya le había sacado impuestos a las petroleras, mineras y a los bancos mientras les recortó 100.000 millones de pesos a los jubilados. Y se dispone a renegociar una deuda millonaria contraída por Macri y el FMI. Desde el Frente de Izquierda peleamos por lo opuesto: para que se deje de pagar ya esa deuda usurera y fraudulenta y se destinen todos esos millones a combatir el coronavirus, el dengue y la tremenda crisis sanitaria, escolar y social.

Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores

La situación es muy grave. Si hoy los hospitales públicos ya están colapsados antes del coronavirus, es por culpa de los ajustes de los sucesivos gobiernos. Imaginémonos lo que va a pasar si el coronavirus se extiende. La salud pública lleva años de recortes para favorecer la salud privada y sin dar abasto para atender a los pacientes. Por eso las y los trabajadores y profesionales vienen reclamando desde hace décadas por más presupuesto y mejores salarios.

¡Hacen falta medidas de fondo! Hay que invertir todo lo necesario para prevenir la epidemia y revertir el colapso del sistema sanitario y educativo. Hay que comprar todos los insumos y garantizar camas (incluyendo la de las clínicas privadas), aparatología, nombrar a todos los médicos, enfermeros y auxiliares necesarios. Hay que aumentarles los salarios y pagar las horas extras. Que los laboratorios garanticen medicamentos e insumos gratuitos para todos los hospitales y que todos los estudios se hagan gratuitamente en los hospitales o el sistema privado de salud.

Que se utilicen estos días de receso escolar para que el gobierno garantice los insumos y solucione los problemas de infraestructura en las escuelas. Si no cumple, que no se retomen las clases. Que el gobierno garantice la comida para todos los chicos y que haya licencias pagas por parte de las patronales para los padres que deben cuidar a sus hijos en las casas.

Hay que exigir protección laboral. Y donde no se garantice, suspender la actividad sin sanciones a los trabajadores. ¡Ningún despido ni rebaja salarial por esta crisis!

Para todo esto la plata debe salir del no pago de la deuda externa ya que no se puede priorizar a los usureros y banqueros por sobre la salud y la vida del pueblo trabajador. Y que se apliquen impuestos especiales a las multinacionales, bancos y grandes terratenientes para que sean ellos y no los trabajadores quienes paguen la crisis. Llamamos a luchar por estas medidas.

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
12 de marzo de 2020

El coronavirus ha sido declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Afecta a China, Europa, Estados Unidos y empezaron los primeros casos en Latinoamérica y Argentina. El tema se discute en los lugares de trabajo y estudio. Millones de trabajadores y vecinos, además de sufrir la pobreza y los bajos salarios, ahora tienen que hacer frente a las consecuencias del virus y el rebrote del dengue y el sarampión.

El gobierno de Alberto Fernández viene actuando con una total improvisación. El ministro de Salud Ginés González García dijo que el problema era “lejano”, luego que lo sorprendió que el coronavirus “llegara tan rápido” y ahora el presidente pide que no se marche el 24 de marzo. Se llega a decir que se va a penar hasta con prisión a quienes no cumplan con las disposiciones gubernamentales (como si el problema fuera de “falta de solidaridad” de la gente) pero no se toman las necesarias medidas de fondo. Lo mismo hace el gobierno de la Ciudad. Larreta suspendió los recitales pero deja que millones sigan viajando hacinados en los subtes, igual que ocurre con el resto del transporte en el país.

Desde el gobierno se vino minimizando el tema diciendo que en el país solo había casos “importados”, cuando ya fueron detectados cuatro casos “autóctonos”. Y ha dicho “estamos preparados” para enfrentar la situación. ¿Pero es cierto que los hospitales públicos están preparados? ¡Si todos sabemos que faltan gasa, alcohol, camas, aparatología, hay servicios cerrados y millones tienen que esperar meses para un turno!

En todos estos años los gobiernos se han ensañado con el hospital público, reduciendo presupuestos y teniendo a miles de médicos y enfermeros precarizados. Lo mismo pasa en Italia, con hospitales colapsados donde los médicos no dan abasto y tienen que elegir si priorizan la atención de un anciano o un niño. ¡Una barbaridad!

En las escuelas ocurre lo mismo. La conducción de Suteba opositor de La Matanza acaba de emitir un comunicado denunciando “las condiciones críticas en las que se encuentran las escuelas para cumplir con las elementales condiciones de prevención sanitaria. No hay jabón en los baños y paños secantes para el lavado de manos, tampoco alcohol en gel ni repelente”. Y agrega: “Debido a la desinversión educativa los alumnos se encuentran hacinados en aulas superpobladas, agravado por la falta de vacunas contra el sarampión y los preocupantes casos de dengue facilitados por las malas condiciones de vivienda, falta de cloacas y aguas servidas que se transforman en focos infecciosos.”

Alberto Fernández ha destinado una partida completamente insuficiente de 1.700 millones de pesos para combatir la pandemia (equivalente a 20 millones de dólares, cuando Kicillof pagó de contado 250 millones de dólares de deuda, diez veces más). Y el presidente se apresta a seguir pagando una deuda usurera y fraudulenta vía una renegociación, en vez de disponer los millones necesarios para prevenir y combatir el mal. Hay que hacer al revés, como lo proponemos desde el Frente de Izquierda.

A su vez, los trabajadores no pueden seguir soportando los despidos o suspensiones por parte de patronales negreras que lo justifican por la crisis económica (como la multinacional General Motors, con la complicidad de la burocracia sindical). Y si se aconsejan las cuarentenas, hay que obligar a las patronales para que sigan pagando los mismos salarios, no tomen sanciones contra el personal, no descuenten el presentismo por las licencias médicas y se otorguen licencias sin pérdida de salario para las personas en grupos de riesgo.

Llamamos a exigir medidas urgentes y de fondo. Que se declare la emergencia sanitaria. Plata para combatir el coronavirus, el dengue y el sarampión, no para la deuda. Plata para salud y educación, no para los usureros y el FMI. Jabón y repelente en todas las escuelas y hospitales. Insumos y camas en los hospitales para enfrentar la pandemia. Que se nombren a todos los profesionales y personal necesarios. Todos a planta permanente.

Que se extiendan los horarios de los medios de transporte para trasladar a millones de personas en condiciones seguras. Que se prohíban los despidos y suspensiones. Impuesto especial a los que más tienen, a las multinacionales, a la oligarquía y bancos. En definitiva, que la crisis económica y social que ahora se une a los efectos de la pandemia la paguen los capitalistas. Medidas que deben ser parte de un plan económico obrero y popular para combatir de verdad todos los males que sufre el pueblo trabajador.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad de Argentina convoca a la realización de una conferencia latinoamericana en Buenos Aires para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo. Sobre la base de la presente declaración política llamamos a los partidos y organizaciones políticas de América Latina a impulsar y adherirse a esta convocatoria. Llamamos también  a militantes, dirigentes y organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres y sindicales a discutir, participar y sumarse a esa iniciativa. Aspiramos a abrir un profundo intercambio ante la el agravamiento de la crisis capitalista mundial y la actual oleada de luchas contra los planes de ajuste y el FMI que han tenido su epicentro primero, en Ecuador y luego en Chile, donde aún perdura. Y en especial sobre cómo coordinar esas luchas obreras y populares.

Ingresamos en un nuevo escenario mundial signado por la irrupción de grandes levantamientos obreros y populares. La disputa por los precios del petróleo y las consecuencias de la epidemia del coronavirus detonaron una caída generalizada de las bolsas el 9 de marzo mostrando un agravamiento de una situación de crisis de la cual ya había múltiples señales. Los efectos de estos acontecimientos están en pleno desarrollo pero seguramente agravarán las tendencias a los choques entre las clases.

La polarización social se combina con una onda ascendente de la lucha de clases que marca la situación y tiene sus expresiones en los lugares más diversos del mundo, con sus particularidades y puntos más altos en Medio Oriente y en América Latina que es otro de los epicentros de este proceso. Francia en Europa es otro puntal del ascenso de la lucha de clases. En estas zonas del mundo hay fuertes elementos y tendencias que marcan la apertura de un salto a situaciones de grandes luchas y avances del movimiento de masas.
 
Dentro de nuestro continente latinoamericano, que refleja varios de los mejores ejemplos de este nuevo momento, Chile es sin dudas la expresión más álgida de este fenómeno, al que se han sumado también los trabajadores y el pueblo colombiano, antecedidos por las rebeliones populares en Puerto Rico y Ecuador, y la huelga de los trabajadores públicos en Costa Rica. La lucha en Bolivia contra el golpe reaccionario recorrió  el continente. En estos días los petroleros de Brasil protagonizaron la primera gran huelga obrera contra el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro (siguiendo la huelga que desarrollaron los trabajadores del Correo contra el ajuste y la privatización). Estos levantamientos son inseparables de la crisis capitalista que viene haciendo su trabajo implacable de topo y cuyos efectos devastadores se hacen sentir sobre las masas, que reaccionan y ganan las calles para enfrentar brutales planes de ajuste y austeridad, así como frente al alarmante cambio climático. 
La actual oleada mundial de levantamientos y movilizaciones populares de los cuales son parte los  procesos latinoamericanos que hemos mencionado, viene desarrollándose desde 2018. Comenzó con la violenta y masiva irrupción de los “chalecos amarillos” en Francia, el levantamiento independentista en Cataluña y movilizaciones de masas en países de África (Argelia y Sudán), las movilizaciones y acciones violentas en Hong Kong contra el régimen de China que encabeza Xi Jinping, así como los levantamientos en Líbano, Irán e Irak. La resistencia del pueblo palestino al “acuerdo del siglo” de Trump. En EEUU las luchas de sectores de trabajadores marcaron un récord histórico en 2019. Estos procesos fueron precedidos por el desarrollo de un movimiento internacional de mujeres y por el despertar de la juventud que enfrenta la precarización de la vida y la amenaza de la destrucción del planeta por la irracionalidad capitalista.
 
En Francia se da un fenómeno particular, ya que allí sí la clase trabajadora mostró más claramente su potencial de lucha estratégico: las huelgas contra la reforma de las pensiones de Macron paralizaron las principales ciudades, en especial París, mostrando el poder de las y los trabajadores, que la burocracia sindical no quiso utilizar para organizar una verdadera huelga general que aglutinara al conjunto de explotados y oprimidos franceses (empezando por los “chalecos amarillos”) y derrotara al gobierno. Pese a esto Macron ha quedado muy debilitado y el proceso de lucha no está cerrado, con ejemplos de coordinación entre distintos sectores en lucha.
 
A la vez este ascenso y proceso de luchas que combina fuertes reclamos sociales con demandas democráticas en algunos casos, tiene sus debilidades y límites. Por ejemplo, por fuera de Francia y alguna otra excepción, la clase obrera que es un factor determinante, aparece de arranque interviniendo cada vez con más fuerza, pero por el rol nefasto de las direcciones burocráticas no lo hace de forma organizada como actor central, sino como parte del movimiento popular. Esto, sin embargo, no ha evitado que en varios países hayan tenido que convocar a paros generales. Este proceso y ubicación de la clase obrera hace que no haya todavía organismos de doble poder a escala nacional, aunque sí formas embrionarias de coordinación y autoorganización y la fuerza expresada en las acciones masivas en las calles.
 
La crisis capitalista genera el profundo descontento de las y los trabajadores y sectores populares quienes con sus luchas reflejan el nuevo momento que vivimos. A la vez la misma crisis manifiesta como parte de la polarización que existe otras salidas por derecha, nacionalistas, xenófobas, imperialistas. Son los casos de las fuerzas dirigentes del Brexit (la salida de Gran Bretaña de la imperialista Unión Europea) o Trump desde la presidencia de los Estados Unidos. Trump ha redoblado medidas ofensivas de competencia con China, con una “guerra comercial” que encubre la disputa de fondo por el predominio en áreas claves de la economía capitalista (como la tecnología) donde pretende mantener su supremacía. En el terreno político y militar, no ha disimulado su apoyo al Brexit, con el fin de debilitar a la Unión Europea, y ha aumentado las acciones guerreristas en varios países del Medio Oriente. En Latinoamérica, Bolsonaro, Piñera o Duque son expresiones políticas de este fenómeno a derecha al igual que el golpe reaccionario en Bolivia.
La economía mundial muestra aceleradas tendencias a una recesión, que es lo que a duras penas lograron evitar apelando al monumental rescate de los bancos por parte de los Estados luego de la crisis del 2008. La pandemia del coronavirus, originada en China pero que está afectando a varios países, llevando a paralizaciones de la producción, el comercio y el turismo, caída de las bolsas ha agudizado las tendencias recesivas en una dinámica impredecible. Las medidas de austeridad, los recortes presupuestarios son un común denominador en todo el mundo, incluidas las metrópolis, provocando un deterioro creciente de los sistemas de salud; si esto vale para países como Italia, con más razón para Latinoamérica.
Los síntomas de una debacle financiera como la del 2008 están a flor de piel. La capacidad de hacer frente a la perspectiva de una recesión internacional es sensiblemente inferior a la de diez años atrás. Los recursos de los estados para rescatar el capital se han ido agotando. Esta crisis capitalista es lo que está en la base de la intensificación de las guerras comerciales y es el caldo de cultivo para la intensificación de escaladas y conflictos bélicos, en desarrollo.
 
Las elecciones presidenciales norteamericanas definirán quién conduce la principal potencia imperialista. En el Partido Demócrata la candidatura de Bernie Sanders expresa buena parte del descontento de la juventud con el establishment político y más en general con el capitalismo, recibiendo también el apoyo de la gran mayoría los votantes latinos en la interna demócrata. Programáticamente, Sanders pretende conciliar los reclamos de las masas e incluso la reivindicación del “socialismo” con la defensa del estado imperialista norteamericano y sus instituciones. Una prueba de ello fue el apoyo a la provocación del imperialismo yanqui a Venezuela camuflada bajo la forma de ayuda humanitaria. Es una ilusión pretender que el Partido Demócrata represente una alternativa a las políticas imperialistas, antiobreras y depredadoras del medioambiente. Está planteado buscar caminos hacia la construcción de una alternativa independiente de trabajadores, mujeres, la juventud y migrantes en los propios Estados Unidos, socialista y revolucionaria.

América Latina: Ecuador y Chile marcan un salto en la lucha de clases regional

La crisis capitalista golpea fuerte América Latina sobre todo a partir de 2013/14, consecuencia de la caída de los precios de las materias primas que constituye el grueso de las exportaciones latinoamericanas; de las tendencias recesivas y del freno del comercio mundial, agravado por las mayores barreras comerciales y tensiones entre EEUU y la Unión Europea y China; del encarecimiento del crédito y las fugas de capitales hacia las metrópolis imperialistas. La etapa anterior de superávit a partir del precio internacional de las materias primas fue utilizada por los gobiernos nacionalistas o frente populistas para rescatar a los capitales internacionales.  El mecanismo usurero, opresor y confiscatorio de las deudas públicas, dejó a países como la Argentina, nuevamente en un escenario de quebranto. De conjunto, los acontecimientos en América Latina ponen de relieve la incompatibilidad entre el sometimiento del FMI y el imperialismo, con la satisfacción de las necesidades populares. Y muestran el rol de los gobiernos capitalistas de la región en gobernar para que la crisis la paguen los trabajadores y los sectores populares.

Las luchas en curso son una bocanada de aire fresco combativo para derrotar los ajustes y ponen al rojo vivo la necesidad de una reorganización integral de la región sobre nuevas bases sociales. La lucha por la expulsión del FMI, para que la crisis la paguen los capitalistas, por el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, con un salario y jubilaciones que partan de cubrir la canasta familiar, por el no pago de las deudas externas; por la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, sin indemnización y bajo control obrero, para terminar con las devaluaciones y la fuga de capitales y poner los recursos al servicio de un plan de industrialización y la satisfacción de las necesidades apremiantes del pueblo y de protección del medioambiente, tienen vigencia en toda América Latina. 

El pueblo ecuatoriano a mediados del 2019 obteniendo un primer triunfo con la derrota del aumento de la gasolina y el plan dictado por el FMI, marca un cambio y un impacto, en especial en Sudamérica, que empieza a extenderse en distintos países de la región. El gobierno de Lenin Moreno debió retirarse de la capital tomada por el pueblo indígena, apoyado por el movimiento estudiantil, trabajadores y sectores populares. El gobierno debió ceder para retomar el control.

La consecuencia inmediata fue el sorprendente levantamiento popular iniciado el 18 de octubre en Chile. Miles y miles de jóvenes, trabajadores y mujeres se rebelaron contra el gobierno de derecha liberal de Piñera, sorprendiendo a toda la burguesía y al imperialismo, incluso a las direcciones reformistas. La movilización tomó un carácter permanente y nacional. Pese a que el gobierno de Piñera retrocedió en el aumento de las tarifas del metro, la población sigue en las calles reclamando fuera el gobierno y contra toda la herencia económica del pinochetismo y los gobiernos posteriores, desconociendo el estado de emergencia y el propio toque de queda. La represión del gobierno de Piñera dejó decenas de muertos, centenares de heridos y miles de detenidos. Tal ha sido la fuerza de la movilización que pese a esa represión la lucha y los intentos de desmovilizar del gobierno y de todos los partidos del régimen la lucha continúa desde octubre, con los bajones propios del desgaste, sin que la situación se cierre. Hubo movilizaciones de más de un millón de personas, huelgas generales y violentos choques con los carabineros. La movilización no solo reclama Fuera Piñera sino la estatización de todos los servicios públicos, la condonación de la deuda universitaria y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana para liquidar la constitución de Pinochet. El “Acuerdo por la Paz” en Chile, rubricado por casi toda la oposición para llevar adelante un “proceso constituyente” apunta a un salvataje del gobierno de Piñera y a sacar a las masas de la calle. Este “desvío” fue lanzado luego del gran paro nacional del 12 de noviembre, en una gran acción donde confluyó la juventud combativa que enfrenta valientemente la represión con sectores claves del movimiento obrero. 

La perspectiva de una verdadera huelga general política que uniera a toda la juventud y el pueblo en lucha alrededor de la clase obrera para hacer saltar por los aires el régimen pos-pinochetista, fue contenida por las direcciones sindicales y sociales, en particular la CUT, el PC y el Frente Amplio (que además firmó el “Acuerdo por la Paz”). Denunciamos la reforma constitucional que se está cocinando y la convención constituyente amañada emanada de ese pacto. Llamamos a reforzar la lucha para que se vaya Piñera mediante el impulso de las movilizaciones masivas en las calles y de una huelga general política y por los reclamos sociales, por una Asamblea Constituyente libre y soberana que discuta un programa para reorganizar el país sobre otras bases sociales, en la perspectiva de lograr un gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado que garantice los cambios de fondo que reclama el pueblo en las calles.

En Chile se hace necesario el impulso a toda forma de coordinación y autoorganización democrática de los sectores de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y de mujeres en lucha (tendencia que se puede ver en las asambleas populares y territoriales o en los comités de emergencia y resguardo) apuntando a que la clase obrera, por su capacidad de paralizar el funcionamiento de la economía y el estado capitalista, asuma el liderazgo. 

Ecuador y Chile marcan un antes y un después para América Latina porque se demuestra que la movilización de masas puede derrotar medidas de ajuste ordenadas por el FMI y enfrentar en las calles a los gobiernos que aplican ajustes, abriendo una nueva perspectiva de lucha en 2020. Contagiados por Ecuador y Chile los trabajadores y la juventud han salido a las calles en Colombia contra el gobierno liberal de derecha de Iván Duque. El gobierno colombiano ha intentado asentarse en el poder por medio de un plan de reformas ajustadoras: una reforma laboral que instituye la contratación por horas, la elevación de la edad jubilatoria, la formación de un holding financiero con empresas estatales, la privatización de Ecopetrol, y la regimentación de la protesta social. Desde fines de 2019 la respuesta han sido huelgas generales y multitudinarias movilizaciones de rechazo. Esta convocado a un paro nacional para el 25/3.

En Brasil el gobierno ultra reaccionario de Bolsonaro, agente de Trump en la región hizo aprobar en el Congreso una nueva reforma jubilatoria, precedida por la aprobación de la reforma laboral bajo el gobierno de Temer, sin que los grandes sindicatos (orientados por el PT) hayan llamado a la menor lucha de resistencia. Bolsonaro ha llenado el gabinete de militares y utiliza la movilización de sectores fascitizados para fortalecer su presidencia e imponer su agenda política. Pero la ola de luchas se está haciendo sentir en Brasil. El  año pasado, tuvo lugar  una  gran rebelión educativa contra los planes  del gobierno. En febrero  de este año, se ha lanzado una dura huelga de los trabajadores petroleros contra los nuevos intentos de privatizar la industria y atacar las conquistas laborales. Nuestra solidaridad está con los trabajadores petroleros, que fueron dejados aislados por las principales centrales sindicales como la CUT y la CTB.

En Bolivia asistimos a un golpe de Estado llevado adelante por el imperialismo yanqui, las burguesías latinoamericanas y las FFAA y la oligarquía local. El objetivo de este golpe es establecer un régimen de ofensiva contra las masas que permita un copamiento imperialista del país en mayores proporciones. Ante este golpe, la salida del país de Evo Morales y los consensos del MAS con el gobierno reaccionario estuvieron en contradicción con la heroica resistencia popular, como la de los trabajadores, pobladores y jóvenes de El Alto, con los bloqueos a La Paz (en particular a la planta de combustibles de Senkata), mostraron su capacidad de afectar el conjunto del funcionamiento de la capital. Pero la burocracia de la COB impidió la confluencia y a su vez Morales decidió renunciar sin promover una rebelión en nombre de evitar un "derramamiento de sangre". Como parte de esta adaptación votaron en el Congreso una convocatoria a elecciones sin que por ello el gobierno golpista cese en las persecuciones, encarcelamiento y las proscripciones. Repudiamos esta política represiva y que se le niegue a Morales y a otros dirigentes sus derechos políticos y civiles sin que esto signifique prestarle apoyo político a su gestión pasada o a la política actual de dirigentes y parlamentarios del MAS. En Bolivia es necesaria la lucha independiente de la clase obrera, de la juventud y los campesinos por la expulsión de las multinacionales del litio, de la soja y por la expropiación del gran capital agrario.

Nuestra total oposición al golpe y al gobierno golpista de Añez no implica dejar de señalar un balance crítico respecto de los gobiernos de Evo Morales y el MAS, que llegaron al poder luego de los grandes levantamientos e insurrecciones que sacudieron Bolivia al comienzo de la década de los 2000. Medidas antipopulares (como el gasolinazo, el enfrentamiento a los pueblos originarios del TIPNIS o la reforma de ley de pensiones) y el carácter cada vez más personalista y discrecional del gobierno (como el desconocimiento del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016) le hicieron perder base social y favorecieron el rearme de la derecha y su ofensiva reaccionaria y pro imperialista, que cínica y demagógicamente utilizó planteos democráticos para preparar el golpe reaccionario. Las elecciones pactadas entre el gobierno de Añez y el MAS de Evo Morales apuntan a dar a la crisis una salida reaccionaria. También en Bolivia urge la organización política independiente de la clase trabajadora.

No se nos puede escapar que en los acontecimientos en desarrollo van a tener incidencia en los planes de militarización en marcha, de los cuales Bolivia es un laboratorio. Llamamos a enfrentar las tendencias a la “bolsonarización” que existen al interior de diferentes Estados latinoamericanos y, más de conjunto, al reforzamiento del aparato represivo y la criminalización de la protesta social que se viene constatando en el continente.

El atropello, la violencia y la saña contra las comunidades indígenas refleja el odio y prejuicios de clase ancestral de las clases acomodadas contra los sectores más humildes y postergados. Pero el racismo actual, asimismo, está asociado además a la concentración de la tierra y la expulsión de los campesinos y las poblaciones aborígenes que la habitan al servicio de una depredación sin precedentes. Detrás del golpe de Bolivia están los sojeros de la medialuna occidental, fuertemente entrelazados económicamente con los hacendados brasileños que vienen llevando adelante el desmonte y la desforestación de la región a niveles récord, sectores con los cuales Morales había pactado
Enfrentar el golpe en Bolivia significa también denunciar a las Iglesias, católica y  evangélicas, que jugaron un papel activo en los preparativos y en el sostenimiento del golpe. Al igual que los viejos conquistadores, los golpistas han consumado esta conspiración enarbolando la biblia y la cruz. Bolivia desnuda como nunca al clericalismo, en sus diversas variantes, como un bastión de la reacción, del mismo que los tiene como enemigos número uno de los derechos de la mujer, encabezando en todos los rincones del continente las cruzadas contra el derecho al aborto, la educación sexual y cualquier otra reivindicación democrática.
 
El carácter reaccionario y proimperialista de la ofensiva golpista en Venezuela, emprendida por la oposición de los Guaidó y el imperialismo, no exime a los revolucionarios de balancear la experiencia chavista. Quien supo ser la expresión más radical de los llamados gobiernos “progresistas” latinoamericanos, incluso utilizando la bandera del “socialismo del siglo XXI”, aunque nunca terminó con la estructura capitalista ni rompió definitivamente con el imperialismo, carga con sus propias responsabilidades por la crisis venezolana. Con el derrumbe de los precios de las materias primas, quedó al desnudo que su esquema se basaba en el monoextractivismo, y el régimen chavista fue degenerando de concesiones parciales al movimiento de masas apoyada en la movilización controlada y en las FF.AA. en el marco de los choques con el imperialismo yanqui, a tener con Maduro un régimen bonapartista autoritario y represivo, con características cuasi-dictatoriales, aplicador de brutales ajustes y un giro entreguista que generó un gran descontento que alentó la ofensiva derechista. Además avanzó en los acuerdos y concesiones a multinacionales extranjeras tanto para la explotación petrolera (donde varios venían de la época de Chávez) como de distintos minerales, en este último caso en el llamado Arco Minero del Orinoco, bajo las llamadas “empresas mixtas”.
Maduro lleva años aplicando muy duros ajustes que padecen los trabajadores y el pueblo, pagando deuda externa hasta dejar al país carente de las cuestiones más elementales y en la ruina, imponiendo por decreto una brutal contrarreforma laboral sin precedentes en el país, llevando el salario a niveles insignificantes y respondiendo a las luchas obreras con persecución, encarcelamiento de dirigentes y uso de organismos militares. Sobre la catástrofe económica y social se monta la reaccionaria agresión imperialista que busca sencillamente una recolonización de Venezuela para aplicar otra modalidad de los drásticos ajustes y el entreguismo al capital transnacional que ya Maduro viene aplicando. Una ofensiva apoyada en una oposición de derecha lamebotas de EE.UU. 

En México, como en Argentina, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se presenta como una vía “progresista” para canalizar de forma “institucional” la bronca de los explotados y oprimidos. Lo ilusorio de este proyecto se demuestra en que terminó firmando un nuevo tratado de libre comercio (TMEC: México, EEUU, Canadá) con mayores concesiones al imperialismo, mientras Trump continúa la construcción del Muro en la frontera y otras políticas xenófobas contra los migrantes desde el sur del Río Bravo y el gobierno mexicano reprime las caravanas que marchan desde Centroamérica. Además implementó un fuerte ataque contra trabajadores estatales con más de 300 mil despidos (en su mayoría eventuales) y profundización de la precarización laboral. Ambos gobiernos “progresistas” impulsan como “alternativa”, megaproyectos de explotación minera y petrolera. En Argentina, fue el pueblo de Mendoza el que frenó la derogación de la ley de protección del agua, impulsada por el gobernador macrista/radical en acuerdo con Alberto Fernández.

El movimiento de mujeres y disidencias sexuales ha tenido especial protagonismo en gran parte de nuestros países latinoamericanos, empezando por Argentina y Chile. Este 8 y 9 de marzo en el marco de un nuevo paro internacional de mujeres ha habido movilizaciones multitudinarias en Chile, México, Argentina y otros países. Las organizaciones convocantes a esta Conferencia estamos en primera fila de la lucha contra los femicidios, la discriminación de todo tipo, por los derechos de las mujeres trabajadoras, por el aborto legal, seguro y gratuito, contra la injerencia de las Iglesias en las vidas y derechos de las personas. Levantamos un programa de reivindicaciones para la lucha, a la vez que sostenemos que la lucha por terminar definitivamente con el patriarcado es inseparable de la lucha socialista por terminar con el capitalismo. 

Latinoamérica tiene la tradición de la lucha de negros y negras marcada desde la revolución haitiana hasta las revueltas en Brasil, país con la mayor población negra fuera de África. Ahora se expresa nuevamente en la rebelión en curso en Haití, que renueva la necesaria lucha contra el racismo que es indisociable de la lucha contra el imperialismo y el capitalismo.

Los acontecimientos en América Latina muestran la incompatibilidad entre el sometimiento del FMI y el imperialismo y la satisfacción de las necesidades populares. La amenaza de pandemia  del coronavirus lo  pone más al rojo vivo. Ya enfermedades como el  dengue y sarampión, erradicado años atrás, se vienen multiplicando. Su proliferación se potencia por las deficiencias y precariedad en la atención sanitaria, la falta de vacunas y el encarecimiento que han experimentado los medicamentos. Nos estamos refiriendo a enfermedades conocidas y evitables. Con más razón vale para el coronavirus. Llamamos  la atención  de la  vulnerabilidad  en que se encuentran los países de Latinoamérica para hacer frente a este flagelo en momentos que los recursos se direccionan al pago de la deuda y subsidiar a  los capitalistas.

La expectativa que abriga el nuevo gobierno de Fernández en la Argentina de llevar adelante una reestructuración de deuda en la cual el FMI y los acreedores privados aceptarían extender plazos de pagos sin poner condiciones draconianas, se viene revelando infundada. Su discurso basado en repetir la experiencia de Néstor Kirchner del 2003 carece de una base “realista”, porque la situación de la economía mundial y en particular su impacto en los países periféricos es muy diferente. Sus primeras medidas apuntaron a “ahorrar” recursos fiscales reduciendo los aumentos que les correspondían a las y los jubilados, es decir un nuevo ajuste, impedir que los trabajadores recuperen el poder de compra del salario que se perdió en los últimos años y ya se habla de nuevos tarifazos.

El Gobierno de Fernández cuenta, para estas medidas de ajuste, con todas las alas de la burocracia sindical de la CGT y las CTA y, el triunvirato piquetero cooptado, que pretenden imponer una paz social contra los trabajadores y en favor del pago de la deuda externa. Es la misma burocracia que le garantizó al gobierno de Macri la “gobernabilidad” en el marco del brutal ajuste y la devaluación. Contra esta política de entrega, reivindicamos las grandes luchas de la etapa. La lucha contra la reforma jubilatoria que llevó a las grandes jornadas de lucha del 14 y 18 de diciembre de 2017. Las luchas contra los despidos, con ocupaciones de lugares de trabajo. Las luchas por el salario, como las grandes huelgas docentes en Chubut, Chaco, Neuquén o Tucumán. La lucha de las fábricas bajo gestión obrera contra el ahogo económico y las amenazas de desalojo. Luchamos por sindicatos clasistas y por la expulsión de la burocracia sindical. Defendemos la pelea de los sindicatos, comisiones internas, delegados y agrupaciones del sindicalismo combativo. La lucha del movimiento piquetero combativo, que ganó la calle con piquetes contra el hambre movilizando en todo el país a miles de compañeros.

Por supuesto, la enorme movilización de la ola verde por el aborto legal y por la separación de la iglesia del Estado. Sobre la base de esta experiencia, llamamos a enfrentar y derrotar todas las medidas de ajuste del gobierno de Fernández, organizando asambleas y plenarios de delegados y poniendo en pie al movimiento obrero y popular para quebrar la política de pago de la deuda a costa de las necesidades populares más urgentes.

La lucha por la independencia de clase

Importa señalar que los ajustes de cuño fondomonetaristas, ya sea con el acuerdo formal o no del FMI, no sólo han sido llevados adelante por gobiernos que se reclaman derechistas -como los de Piñera en Chile, Duque en Colombia, Macri en Argentina, o Bolsonaro en Brasil- sino también por los “nacionales y populares” y frente populistas, como los de Lenin Moreno en Ecuador, Maduro en Venezuela, el Frente Amplio en Uruguay y el sandinista Ortega en Nicaragua. Evo Morales, pactó en 2008 con los que ahora le dieron el golpe: los “cívicos”, empresarios, Fuerzas Armadas, garantizando las ganancias capitalistas y profundizando la dependencia de la exportación de materias primas (agroindustria y minería). Esto habla del callejón sin salida  que representan estas experiencias para proceder a una emancipación nacional y social de los países latinoamericanos. Sus ataduras de clase les impide dar una respuesta y una salida favorable al pueblo trabajador frente a las tendencias dislocadoras de la crisis capitalista, Esto conduce a una desorganización y descalabro económico, a penurias para las masas y abre paso o pavimenta el camino a la reacción derechista.

La política de colaboración de clases es un escollo para conducir la lucha de los trabajadores y las masas a la victoria. La izquierda latinoamericana mayoritariamente ha terminado siendo arrastrada como furgón de cola de esta política. Hoy vemos en Argentina al conjunto de la “izquierda popular” integrarse al gobierno de Fernández, repitiendo la triste historia del “ministerialismo” (ocupar cargos de gestión estatal para “garantizar” determinadas políticas, prestando aval al gobierno capitalista en su conjunto) que ya fuera condenado en el movimiento socialista a fines del siglo XIX. Es el camino que llevó a Syriza en Grecia a traicionar las expectativas y el mandato popular que tenía y convertirse en un gobierno ajustador, o más recientemente a Unidas Podemos en el Estado Español a terminar siendo parte del gobierno imperialista subordinados a los “social liberales” del PSOE. 

Cómo luchar por la independencia política de los trabajadores y postular a la izquierda socialista será un punto importante del debate en la Conferencia Latinoamericana. Todas las organizaciones convocantes reivindicamos la independencia de clase, que enarboló el anterior FIT y también nuestro actual FIT-U, con un programa de reivindicaciones transicionales que agitamos con el fin de contribuir a movilizar a las masas en la perspectiva de lucha por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Nuestro compromiso es a tomarlo como ejemplo internacional de defensa de la independencia política de la clase trabajadora.

La experiencia de un frente de izquierda de estas características la ponemos como un aporte, en el plano internacional, claramente opuesta a toda estrategia de colaboración de clases, que más tarde o más temprano siempre terminan adaptándose a las fuerzas burguesas en pugna.

En el FIT-U además del programa común que tenemos, hemos acordado declaraciones y acciones comunes ante acontecimientos nacionales y varios de escala internacional, estamos presentes en las luchas y nuestros diputados, diputadas y referentes públicos han mantenido en lo esencial una conducta acorde al programa de nuestro frente, apostando a la movilización en las calles y lugares de trabajo y estudio, impulsando la más amplia organización obrera y popular, con el objetivo estratégico de pelear por la perspectiva de la revolución.

No se nos escapan sin embargo, las contradicciones y límites del FIT-U: somos partidos que mantenemos diferencias políticas en cuestiones nacionales e internacionales y de práctica política en el movimiento obrero, de desocupados/as y estudiantil. Tenemos como desafío hacer todos los esfuerzos por mejorar y ampliar el horizonte de acción del FIT-U a todos los terrenos de la lucha de clases y la lucha política, reivindicando el debate político franco, para clarificar diferencias.

En el plano latinoamericano, tenemos diferencias en torno a Venezuela y como desarrollar ahí la lucha contra el imperialismo y, simultáneamente, la delimitación con el régimen de Maduro. También de análisis y política en el período previo a Bolsonaro en Brasil sobre la caracterización de lo que estaba ocurriendo. Hay debates y distintas visiones sobre la caracterización actual del grado de la restauración capitalista en Cuba. Hay discusiones sobre cómo utilizar la consigna de Asamblea Constituyente y su relación con las consignas de poder. Hay distintas apreciaciones sobre la caracterización de los procesos en la región, en el marco de las visiones comunes que expresamos en este documento. Tenemos debates en torno a qué políticas adoptar desde la izquierda en distintos países, por ejemplo, frente a alianzas, partidos y nucleamientos con fronteras de clase difusas y frente a la emergencia de “partidos amplios” que se reivindican anticapitalistas y/o socialistas. Hay entre nosotros distintas valoraciones en la relación de dichas experiencias con la batalla a favor de la independencia política de los trabajadores y la construcción de partidos revolucionarios de la clase trabajadora a nivel nacional e internacional, que todos los firmantes  reivindicamos, aunque, hay diferencias de caracterización y método en relación a dicho objetivo. Es un debate que llevamos a la vanguardia obrera y juvenil para verificar las posiciones sobre la base de la experiencia común en la lucha.

Enfrentando a todos los gobiernos y sectores de la derecha, partidos tradicionales o llamados progresistas, y en oposición a la política de colaboración de clases, reivindicamos el método de la lucha de clases y la estrategia obrera y socialista. E invitamos sobre esta base a la izquierda que se reivindica clasista, al movimiento obrero combativo, a la juventud que se rebela, al activismo feminista y ambiental, y a la intelectualidad comprometida a ser parte de esta Conferencia Latinoamericana.

Las actividades y campañas que puedan surgir fruto de esta conferencia, apuntarán a fortalecer todo el proceso de luchas en curso y a colaborar con el esfuerzo que vienen realizando los trabajadores que están desafiando la contención y los pactos que se están cocinando a sus espaldas. Está planteado, por ejemplo, impulsar una gran campaña contra el FMI, el pago de las deudas externas y los planes de ajuste de los gobiernos. También redoblar nuestro apoyo a los reclamos del movimiento feminista, de las disidencias y de la juventud que se moviliza contra la destrucción ambiental. Por supuesto el apoyo a los pueblos de Chile, Colombia y otros que siguen realizando acciones de lucha.

Un aspecto fundamental que pone al rojo vivo las grandes rebeliones en curso es la cuestión decisiva de la dirección del movimiento obrero.  La batalla por recuperar las organizaciones de masas, en primer lugar los sindicatos, expulsando a las burocracias entreguistas reviste un carácter estratégico. Esto plantea alentar en el propio curso de las irrupciones populares todo tipo de organismos (comités de huelga y todos los que, en forma embrionaria, hemos visto surgir en Francia, Chile, Bolivia) que permitan coordinar la lucha y llevarla al triunfo. El escenario convulsivo de Latinoamérica le otorga especial vigencia al fortalecimiento de espacios democráticos del sindicalismo combativo,  al llamado a congresos o coordinadoras de delegados de base de los sindicatos, de las y los ocupados (incluyendo a toda la gama de precarizados/as) y desocupados, y de las masas que luchan, lo que va unido a la batalla por una nueva dirección clasista en el movimiento obrero. Esto apunta a que la clase obrera emerja como un factor independiente en la crisis y se desarrolle como alternativa de poder, al frente de una alianza de todos los explotados y oprimidos. El equilibrio y la conciliación de intereses entre el capital y los trabajadores, que pregona el nacionalismo burgués y la centroizquierda, no es más que una utopía reaccionaria, que apunta a entrampar a los trabajadores como furgón de cola de la burguesía. En oposición a eso, planteamos la lucha por una salida anticapitalista y una transformación integral del continente bajo la dirección de la clase obrera.

Llamamos a luchar por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina y el Caribe.

Avancemos mediante la conferencia en el debate político común, el intercambio de opiniones y experiencias y en acordar formas de unidad y coordinación para apoyar las luchas en curso y las que vendrán. En momentos que la derecha continental se organiza en el Grupo de Lima, por  un lado y la irrupción del Grupo Puebla, por el otro, que se presentan así mismo como un polo “alternativo” pero que ha  revelado su impotencia, desde la izquierda que defiende la independencia política de los trabajadores  necesitamos construir espacios comunes de coordinación internacional y latinoamericana, para fortalecer un polo por una salida obrera y socialista.

Aportamos para el debate  los puntos de un programa de lucha que hemos ido consensuando en el FIT-Unidad como una base para la discusión.

1)    Por la ruptura con el FMI y el no pago de las deudas externas para que la crisis la paguen los capitalistas, por el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, con un salario y jubilaciones que partan de cubrir la canasta familiar; por la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, sin indemnización y bajo control obrero, para terminar con las devaluaciones y la fuga de capitales y poner los recursos al servicio de un plan de industrialización y la satisfacción de las necesidades apremiantes del pueblo y de protección del medio ambiente.
 
2)    Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; una jubilación equivalente como mínimo al 82% del salario del trabajador en actividad; derecho al convenio colectivo de trabajo; control obrero de los procesos de trabajo; fin a la desocupación, por el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial.
 
3)    Por la defensa del Amazonas brasileño, boliviano y venezolano, la Patagonia y los Andes de la depredación capitalista: defensa de los derechos de las comunidades indígenas, no al fracking y a la megaminería contaminante. Fuera las multinacionales mineras, petroleras o del agro negocios. Apoyo a las luchas campesinas contra la expulsión por los latifundistas y el capital financiero. Por la expropiación del gran capital agrario y la nacionalización de la tierra, respetando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños chacareros. Basta de trabajo en negro para los trabajadores rurales.  Por el derecho a la vivienda y contra los negociados de los especuladores inmobiliarios.
 
4)    Por la anulación de las privatizaciones de los servicios de energía, salud, educación, agua, puertos, entre otros, como lo reclama la lucha del pueblo chileno. Por la expropiación sin indemnización de las empresas privatizadas y la estatización de los servicios bajo el control y gestión de los trabajadores y los usuarios. En defensa de la educación y la salud pública. Abajo  los ajustazos  Por  un  aumento de emergencia de los presupuestos de salud para hacer frente a la epidemia del coronavirus y las restantes epidemias y enfermedades.

5)    No a la criminalización de la protesta social. Reclamamos la libertad de todos los presos políticos de la clase trabajadora. No a la militarización de la lucha contra el narcotráfico; derogación de todas las leyes que criminalizan la protesta social y permiten el espionaje contra el pueblo. Fuera el ejército de Río y las favelas, de La Paz y de Bogotá; disolución de las bandas parapoliciales, Impulsamos el frente único de las organizaciones de trabajadores y populares para luchar contra la represión estatal y por el desarme de los ‘grupos de tareas’ y ‘escuadrones de la muerte’, mediante la acción directa y la organización de la autodefensa. Justicia por Marielle Franco. Absolución de todos los y las procesados en Chile, como Dauno Tótoro acusado por “delito de opinión”, así como de Daniel Ruiz, Sebastián Romero y Cesar Arakaki, luchadores obreros y militantes de la izquierda revolucionaria, enjuiciados por luchar contra la reforma jubilatoria en Argentina. Reclamamos la máxima libertad de organización de los trabajadores y el pueblo en Venezuela y Nicaragua, y denunciamos la represión estatal y paraestatal. Planteamos la libertad a los presos estudiantiles y populares por las protestas en Nicaragua. Libertad al obrero Rodney Alvarez en Venezuela, que ya lleva 9 años injustamente detenido, del dirigente obrero Rubén González y otros trabajadores petroleros. Denunciamos las amenazas de muerte y los ataques contra los dirigentes estudiantiles y docentes universitarios en Colombia por parte de grupos fascistas y los asesinatos de decenas de dirigentes sociales.

6)    Fuera las bases militares extranjeras de América Latina. Derogación de la ley antiterrorista en Argentina y toda América Latina Llamamos a luchar y derrotar el criminal bloqueo imperialista contra Cuba, lo mismo que las sanciones que pesan sobre otros países de la región como Venezuela, que son un arma de guerra de Estados Unidos para someter aún más a nuestros pueblos.

7) Apoyamos e impulsamos el conjunto de las luchas y reivindicaciones del movimiento de mujeres. Llamamos a impulsar la movilización por la separación de la Iglesia y el Estado; por el derecho a la educación sexual integral, la anticoncepción gratuita y la legalización del aborto; basta de femicidios; por la organización independiente de la mujer para luchar contra la violencia social y estatal y en particular de las mujeres trabajadoras por sus derechos. Apoyamos las luchas por los derechos LGTTBI

8) Por la recuperación de las organizaciones de masas, en primer lugar de los sindicatos, expulsando a la burocracia sindical entreguista. Por una nueva dirección sindical clasista, combativa y democrática del movimiento obrero. Llamamos a impulsar todo tipo de organismos (asambleas barriales/territoriales como en Chile, comités de huelga, coordinadoras de delegados de base de los sindicatos) que permitan coordinar la lucha para llevar a su triunfo  las huelgas y las irrupciones populares en desarrollo, peleando por el liderazgo de la clase trabajadora en una perspectiva revolucionaria.  

9)  Por la independencia política de la clase trabajadora. Por la unidad de la izquierda que defiende la independencia política  de los trabajadores y las/los trabajadores en el terreno de la lucha y también en el plano electoral para impulsar esta perspectiva anticapitalista y socialista. No a las alianzas políticas de colaboración de clases.  

10) Por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina y el Caribe. Al fracaso y desmoronamiento del Mercosur, que no pasó de ser una integración de los monopolios radicados en la región y los crecientes enfrentamientos, tensiones y rivalidades entre las naciones latinoamericanas, le oponemos una acción común entre los pueblos del continente contra el imperialismo, sus multinacionales y sus agentes locales, buscando la unidad con la clase obrera multiétnica y la juventud de Estados Unidos, como parte de la lucha por gobiernos de trabajadores

Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) – Partido Obrero (PO) – Izquierda Socialista (IS) – Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)
Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad