Escribe Mercedes Trimarchi

La ley 21.950, sancionada por Videla y Martínez de Hoz en 1979, habilita que los obispos perciban un sueldo equivalente al 80% de lo que gana un juez nacional. Tal como lo reconoció Marcos Peña a principio de este año, del presupuesto 2018 unos 130.421.300 pesos se destinan a pagarle los sueldos a los obispos que mensualmente reciben una cifra que ronda entre 40.950 y 46.800 pesos según el rango eclesiástico. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil de cualquier trabajador hoy es de 10.000 pesos.

A su vez, otras leyes como la 21.540, también de la última dictadura, le otorgan jubilaciones de privilegio a los obispos y la ley 22.430 les da jubilaciones a los sacerdotes aunque no hayan realizado ningún aporte previsional previo. Además, se les paga un sueldo a los curas y párrocos que estén en zonas desfavorables (ley 22.162) y se promueve la formación del clero diocesano con becas a todos los seminaristas (ley 22.950).

Asimismo, las instituciones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos están eximidas del impuesto a las ganancias (artículo 20 de la ley 20.628) y del IVA a los productos que importen (artículo 8° inciso b de la ley 20.631. El gobierno costea financieramente las obras y reformas de las catedrales, basílicas, templos y hasta entrega terrenos públicos.

Es decir, hay todo un arsenal de leyes que fueron pensadas exclusivamente para promover y financiar a la Iglesia Católica, leyes de la última dictadura genocida que siguen vigentes y ningún gobierno posterior atinó a derogar ni anular.
 

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada de Izquierda Socialista / FIT Dirigente de Isadora

A la par del debate por el derecho al aborto y luego de la media sanción obtenida gracias a la movilización de las mujeres, se está tratando en Diputados un proyecto de ley de “libertad religiosa” que presentó Macri el año pasado. Tiene como finalidad aumentar los privilegios de la Iglesia Católica y las demás religiones, otorgándoles totales garantías y beneficios impositivos para que continúen sus negociados en educación y salud. Y puntualmente, establece la objeción de conciencia institucional para que, de aprobarse la ley por el derecho al aborto, puedan no cumplirla en sus clínicas privadas. Denunciamos este proyecto del gobierno y exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda consideramos que las creencias y las religiones son del ámbito personal y privado de cada persona y, por lo tanto, no deben interferir en los asuntos del gobierno, del Estado, en salud o educación y, mucho menos, deben ser subsidiadas. El sostenimiento a la Iglesia Católica está amparado en el artículo 2° de la Constitución Nacional. En 1966, bajo el gobierno de Onganía, se homologó el Concordato entre la Santa Sede y la Argentina (ley 17.032) en el que se le otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio. También, en el artículo 146 del Código Civil se establece a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública, al mismo nivel que el Estado nacional, las provincias y los municipios, demostrando el alto grado de poder y extensión que tiene la Iglesia Católica en nuestro país.

El financiamiento económico con el dinero de los impuestos de los contribuyentes a la Iglesia Católica fue ratificado por las leyes de la última dictadura militar y ningún gobierno posterior, ni peronistas, ni radicales, ni la Alianza, ni el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno, ni ahora Macri y Cambiemos, las derogaron. Todos los partidos patronales que gobernaron están de acuerdo en favorecer y financiar a una institución reaccionaria y ultraconservadora como es la Iglesia Católica, que vive de privilegios y actúa siempre contra los derechos de las mujeres y de los demás sectores oprimidos que se movilizan y salen a luchar.

La Iglesia es parte de la educación

Uno de los negocios que mantiene la Iglesia Católica con los distintos gobiernos patronales de turno es el subsidio a sus escuelas confesionales privadas. Pero su injerencia en la educación no es sólo mediante el financiamiento, sino también en el plano de las creencias y costumbres. En 2006 se sancionó la ley 26.206 de educación nacional que fue una gran concesión a la Iglesia Católica al establecer el carácter integral de la educación, incluida la dimensión religiosa. Esto fue un salto cualitativo sin precedentes que habilitó a que en muchas provincias se enseñe religión en las escuelas estatales. Actualmente, en Salta, Tucumán y Catamarca se contempla la obligatoriedad de la educación religiosa en sus establecimientos. En Santiago del Estero se autorizan de manera optativa las clases de religión en el sistema educativo público. A su vez, Córdoba, La Pampa y San Luis establecen que la enseñanza religiosa debe impartirse con posterioridad al horario de clase.

Con la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) pasó algo similar. Fue el Episcopado quien rápidamente publicó un documento llamado “Educación para el amor” en el cual se establecía cómo dar los contenidos de ESI en las escuelas confesionales. Allí, por ejemplo, se habla solamente de relaciones heterosexuales, del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la condición natural y no social del género, de las relaciones sexuales circunscriptas a la procreación, de la defensa de la vida desde la concepción y se condena la interrupción voluntaria del embarazo y a los métodos anticonceptivos.

Por la inmediata separación de la Iglesia del Estado

La existencia de una cifra enorme de abusos sexuales de niños y niñas por parte de los curas (obispos incluidos) no es una cuestión puntual ni esporádica. Por el contrario, se trata de un sistema muy organizado. El libro “Lujuria” del periodista italiano Emiliano Fittipaldi describe cómo la Iglesia tapa los casos de pederastia y encubre a los violadores. Por ejemplo, en 2013 hubo 1.200 denuncias de acoso a niños y niñas en todo el mundo que fueron llevadas al Vaticano. El papa Francisco los encubrió y recién se reacomodó cuando aparecieron escándalos periodísticos o movilizaciones de masas, como en Chile. Es más, Bergoglio sabía que en el instituto para niños sordos Antonio Próvolo de la Argentina se refugiaron durante muchos años sacerdotes violadores.

Es inadmisible que una institución con este prontuario y que tuvo estrechos vínculos con la última dictadura militar esté hoy a cargo de la educación de miles de niños y niñas en nuestro país. Y que encima sea beneficiada con dinero que sale de nuestros impuestos. Por eso exigimos que el gobierno deje de subsidiarla y que retire el proyecto de libertad religiosa que le otorga más beneficios. Hoy, con la fuerza del movimiento de mujeres que está en las calles, exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa de Izquierda Socialista/FIT y dirigente de Isadora

Estamos frente a una nueva oleada feminista de lucha a nivel mundial. La Argentina es un país que está a la vanguardia y desde hace varios años, el ascenso no para. Desde el #NiUnaMenos de 2015 hasta la reciente media sanción en Diputados de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una muestra de ello. Con la movilización vamos logrando conquistas y obtenemos algunos triunfos que se verán amenazados si no peleamos por cambios más de fondo. Esa es la pelea que te invitamos a dar desde nuestra agrupación Isadora y desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda.

Por supuesto que las mujeres fuimos ganando espacios y conquistamos lugares públicos que históricamente nos fueron negados, pero eso no se traduce linealmente en mejorar la situación de todas. Por ejemplo, las mujeres nos incorporamos al mercado laboral desde hace tiempo en igual proporción que los varones, sin embargo la diferencia salarial sigue siendo de 23% menos que los varones. Tenemos los trabajos más precarizados y somos las primeras despedidas en épocas de crisis y ajuste de los gobiernos. A su vez, las tareas domésticas, como el cuidado de la familia o la limpieza del hogar, son tareas que seguimos realizando nosotras y que no nos pagan nada por hacerlo. Y según los datos del Indec, si tomamos el 10% de la población más pobre de nuestro país, el 70% está integrado por mujeres y niñas. Esto es lo que se conoce como la feminización de la pobreza y que se puede observar en todo el mundo. ¿Por qué esto es así?
Actualmente vivimos en una sociedad que combina dos sistemas: el capitalismo y el patriarcado. En el capitalismo, que tiene unos cientos de años, hay una división de clase. Un grupo minoritario de ricos y empresarios se llevan las ganancias que produce la clase trabajadora explotada con salarios de hambre, que apenas alcanzan para poder vivir. Este sistema capitalista, se combina con uno, milenario, que es el patriarcado y que sostiene una división entre los géneros, en el que las mujeres son oprimidas por los varones. Es decir, que somos consideradas inferiores y tenemos menos derechos. Ambos sistemas se refuerzan mutuamente haciendo que las mujeres trabajadoras seamos superexplotadas en el ámbito laboral y suframos todo tipo de violencias de género. 
Por eso es necesario que nos organicemos contra la opresión y también contra la explotación, hasta lograr la destrucción de los sistemas que las sostienen: de ahí nuestra consigna “que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos”. Estamos convencidas de que con la movilización podremos obtener conquistas que mejoren nuestra vida, pero éstas serán parciales, ya que en cuanto dejemos de luchar, los gobiernos y las patronales nos las quitarán. Para terminar con estas desigualdades impulsamos que la pelea feminista contra el patriarcado sea aliada de la lucha del conjunto de la clase trabajadora contra el capitalismo. Por eso nos reivindicamos feministas y socialistas. Porque luchamos hermanadas para conquistar todos nuestros derechos y dentro del movimiento feminista nos organizamos con las trabajadoras para acabar con la explotación capitalista, en la lucha por el socialismo. Tal como lo sostuvo Rosa Luxemburgo, peleamos para vivir en una sociedad en la que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Este martes 10 comienza el debate en el Congreso. La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal concentra frente al Anexo para exigir que se apruebe su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Mercedes Trimarchi, diputada electa por Izquierda Socialista en el FIT e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, señaló: “Cientos de miles de mujeres ya nos pronunciamos por el aborto legal el pasado 8M en el segundo paro internacional y se multiplican los pañuelazos a favor de ese derecho fundamental. Todos los martes vamos a estar frente al Congreso exigiendo que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital."

Trimarchi agregó: “En nuestro país se practican 500.000 abortos al año según estadísticas del propio Ministerio de Salud. El número es altísimo y demuestra que las mujeres tienen muchas razones para interrumpir sus embarazos no deseados. Se tiene que garantizar ese derecho fundamental para evitar que se sigan muriendo cientos de mujeres al año por abortos clandestinos".

Trimarchi finalizó: "Macri, el peronismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador están en contra de ese derecho junto a la reaccionaria Iglesia Católica, salvo algunos diputados individuales que firmaron el proyecto. Tenemos que ser miles para imponer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Educación sexual para decir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”

Contacto:

Mercedes Trimarchi

Teléfono: 11-5956-1007

Twitter: @MercedesTrimar ‏

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa de la provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT

Desde 1998, y por un decreto del gobierno peronista de Carlos Menem, se declaró al 25 de marzo como el “día del niño por nacer”. Desde entonces, los sectores reaccionarios y antiderechos de las mujeres, utilizan esta fecha para movilizarse contra el derecho al aborto. En esta oportunidad, y a días de que comience el debate parlamentario, diversas ONG nucleadas en “Unidad Provida”, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), la jerarquía de la Iglesia Católica y filiales de la Universidad Católica, organizaro

En la marcha estuvieron presentes Mariana Rodríguez Varela -ideóloga de la manipuladora campaña “El Bebito” que consiste en repartir réplicas de fetos de plástico- la defensora de genocidas Cecilia Pando y el nazi Alejandro Biondini. Por su parte, el senador y ex ministro de Educación Esteban Bullrich hizo alusión a la fecha a través de las redes sociales, dejando en evidencia su postura reaccionaria contra las mujeres. También vía redes sociales, setenta obispos impulsaron una campaña con el hashtag #TodaVidaVale. Denunciamos la hipocresía de estos sectores reaccionarios que dicen estar a favor de la vida cuando en realidad defienden el aborto clandestino.

El debate sobre la vida humana

Los sectores antiderechos pretenden igualar la condición de feto con la de persona humana. Pero lo cierto es que un embrión no es una persona, tanto en el plano jurídico como científico. Desde el plano jurídico, por ejemplo, los derechos civiles que se puedan reconocer son para los nacidos con vida. Desde el punto de vista científico un embrión en gestación no es un ser humano, es un embrión. Es equivocado poner como sinónimos embrión/feto a bebé/persona porque no lo son. En este sentido, la única vida humana que se pone en riesgo con el aborto clandestino es la de la mujer. Por eso insistimos en que los sectores que se movilizaron no están a favor de la vida, sino del aborto clandestino, que es el que termina con la vida de las mujeres pobres.

Es falso también el argumento que utilizan diciendo que si se legaliza el aborto las mujeres van a practicarlo más. La realidad demuestra que en los países donde se legalizó bajó considerablemente la cantidad de interrupciones de embarazos porque la cadena para evitar llegar al aborto funciona mejor. En nuestro país, por ejemplo, aún siendo ilegal aproximadamente unas 500.000 mujeres abortan por año. En el Estado Español, donde es legal, lo hacen unas 94.000. Además de reducir el número de abortos, en los países donde está legalizado no hay registro de enfermedades derivadas o complicaciones y tampoco muertes, ya que la intervención es segura.

El movimiento de mujeres viene reclamando terminar con el aborto clandestino, que se practica en pésimas condiciones con enormes secuelas para la vida y la salud. Por eso apoyamos el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que exige que sea legal, seguro y gratuito para que sea garantizado tanto en el sistema público de salud como en las prepagas.