A los trabajadores se los condena sin ninguna prueba y con gravísimas violaciones a los derechos humanos, por la muerte del policía Sayago, ocurrida en la pueblada de esa localidad en el año 2006 cuando salieron a luchar contra el impuesto a las ganancias y por mejores condiciones de trabajo. Los abajo firmantes exigimos la absolución de los trabajadores, dado que este es fue un juicio absolutamente armado.

Durante el trascurso del mismo y en los alegatos, los abogados defensores de los petroleros (amenazados constantemente por este tribunal y sancionados) demostraron la inocencia de los trabajadores por no encontrase pruebas. Lo único que se pudo demostrar fueron las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones y las amenazas que sufrieron los petroleros, por la policía provincial durante los tres años que estuvieron detenidos, para obtener "pruebas". Un accionar propio de la dictadura militar. Denunciamos al Tribunal Oral de Caleta Olivia que llevó adelante el juicio y luego condenó avalando los testimonios arrancados bajo torturas. El mismo fiscal Candia se atrevió a decir con total impunidad como muestra de esto, que una bolsa en la cabeza y un par de "cachetadas", él no lo consideraba torturas.

Las denuncias que se realizaron durante el mismo, acompañadas por cientos de Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, sociales, políticas, llevaron a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación enviara a Caleta Olivia un pedido de informe sobre el juicio, que estuvo armado contra los trabajadores, plagado de violaciones a los derechos humanos, como las brutales torturas de las que fueron víctimas durante su detención y las amenazas constantes a sus familias.

Estas durísimas condenas, son uno de los más graves ataques contra los trabajadores, desde 1983 a esta parte, por haber salido a pelear por sus derechos. Su único objetivo es que esta condena sea ejemplificadora para que los trabajadores no se enfrenten a las petroleras y a las grandes patronales. Sentando un gravísimo antecedente para todos los luchadores del país, así como la impunidad de la justicia que avala condenar a trabajadores en base a testimonios obtenidos bajo tortura. Métodos propios de la dictadura militar. La condena a los trabajadores no implicó cárcel inmediata hasta que no quede firme la condena, tiempo que utilizaremos, hasta lograr la verdadera justicia, que es la absolución de los compañeros.

Los primeros días de febrero se apelará en la instancia de casación en el Tribunal Superior de Río Gallegos. Por eso exigimos: absolución inmediata e incondicional a los trabajadores petroleros de Las Heras".