La indignación contra el gobierno del islámico AKP está plenamente justificada. La privatización de Soma y otras minas destruyó la seguridad laboral para “abaratar costos” de los empresarios privados. Entre los trabajadores subcontratados (tercerizados) no existe el control público de seguridad. Por cada millón de toneladas de carbón extraído, en Turquía mueren 6,5 obreros, una cifra seis veces mayor que la de China, treinta veces mayor que la habitual en la India y Sudáfrica, y 200 veces por encima de la de Estados Unidos. Las minas privatizadas turcas tienen una mortalidad 6 veces superior que cuando eran estatales.

El Partido por la Democracia Obrera de Turquía, organización en proceso de fusión con la UIT-CI, fue parte de la convocatoria a las manifestaciones y huelgas. Señala que esta masacre es responsabilidad del gobierno de Erdogan y el AKP con sus políticas antiobreras. No a las privatizaciones y las condiciones de trabajo inseguras, por la reestatización de las minas sin indemnizacion y bajo control obrero. Castigo y cárcel a los responsables de la masacre. Dimisión del gobierno Erdogan, primer responsable de este masacre.

M.L.

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