La represión provocó vecinos heridos, incluyendo niños, niñas y mujeres embarazadas. El desalojo de la toma continuó con razias en los barrios aledaños hasta la madrugada del domingo, cuando la policía ingresó a las viviendas, amedrentando y golpeando a los vecinos que se encontraban en sus casas.

Como no podía justificar la brutal represión, el gobierno del MPN, a través del subsecretario de Seguridad Gustavo Pereyra me acusó de haber
organizado hechos de violencia en Melipal a través de las redes sociales. También acusó a Daniel Huth, secretario general de Aten. Un delirio
completo, ya que ese fin de semana me encontraba en Buenos Aires participando de una reunión política y no hay prueba alguna en mi cuenta de Facebook (que es pública) que sustente la denuncia de Pereyra. El gobierno busca un chivo expiatorio mintiendo descaradamente. En cambio,
nosotros y el pueblo tenemos contundentes pruebas de quién es el responsable de los hechos de violencia. Las imágenes televisivas y fotográficas muestran a la policía tirando a quemarropa balas y gases en las calles del barrio donde se habían protegido los vecinos desalojados, poniendo al descubierto que el MPN en vez de dar soluciones reprime a las jóvenes familias que buscan un techo. Por la represión que desató y por las calumnias, desde la banca pedimos la renuncia del funcionario responsable, y si Pereyra no se retracta por sus dichos vamos a presentar una demanda por falsa acusación ante la justicia provincial.

No nos sorprenden las calumnias del MPN. De la misma forma que a los ferroviarios el gobierno K los acusa de realizar ataques contra el tren para no hacerse cargo del desastre que es el sistema ferroviario argentino, en Neuquén nos acusan para intentar ocultar el grave problema de vivienda que sufren los trabajadores y sectores populares de la provincia. La escandalosa represión puso al descubierto el grave déficit habitacional que afecta a Neuquén. Para solucionar ese problema se necesitarían construir alrededor de 40.000 viviendas en toda la provincia, 20.000 de ellas en la ciudad capital. Es indignante que en la provincia de Vaca Muerta se garanticen ganancias multimillonarias a las empresas petroleras, mientras el pueblo sufre un grave déficit habitacional, además de las miles de viviendas en situación de extrema precariedad. La solución es la construcción inmediata de una parte de las viviendas faltantes con los fondos adicionales que ingresarán al presupuesto de la provincia a lo largo del año que sumarán más
de 3.500 millones de pesos, además de la aplicación de impuestos extraordinarios a la explotación hidrocarburífera. Esta emergencia es en el camino de una solución de fondo a la salud, a la educación y al problema habitacional, con dinero proveniente del no pago de la deuda provincial y la estatización del 100 % de nuestros recursos naturales bajo control obrero. Mientras luchamos por ese objetivo de fondo, nuestra banca y nuestro partido seguiremos apoyando incondicionalmente la lucha de todos los vecinos que pelean por tener un techo.