Milani era presentado como un defensor del “modelo nacional y popular” de los Kirchner y era especialmente defendido por Hebe de Bonafini. “Fue un buen Jefe del ejército”, dijo el ministro de Defensa Agustín Rossi. Sin embargo en su “despedida” se despachó contra los organismos de derechos humanos independientes del gobierno nacional diciendo: “a los que me atacaron, mi desprecio”. Y remató señalando que su gestión la juzgarán “mis soldados, familiares y amigos”. Estas declaraciones se suman a su negativa a comparecer frente a los tribunales que lo investigan por causas de desapariciones, secuestros y torturas pero también de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
La figura de Milani es el pico más alto del doble discurso K en materia de derechos humanos en la supuesta “década ganada”. Y se va hablando como Videla, Massera y compañía en su momento: negando la autoridad de los tribunales civiles y las denuncias de sus víctimas y sus familiares. Su sucesor Ricardo Cundom no es mucho mejor: en su “prontuario” figura el haberse negado a sofocar el alzamiento carapintada de 1988, priorizando a sus camaradas de armas.
Milani debe ir preso en lugar de retirarse a su mansión en San Isidro, por ser partícipe en la desaparición del soldado Ledo en 1976 y tantas otras violaciones a los derechos humanos. Como reclama Graciela Ledo, no como reclama Graciela Ledo puede quedar en la impunidad bajo ningún punto de vista. Para que vaya a la cárcel tendremos que seguir luchando en unidad, entre los organismos de Derechos Humanos, las nuevas generaciones y la izquierda.