La caja de la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país en relación a su número de habitantes, esconde enormes negociados y actos de corrupción que oficialistas y oposición conocen desde siempre y guardaban celosamente. Con el calculado objetivo de desprestigiar al PRO frente a las elecciones de octubre, el FPV, que hasta ahora había guardado silencio sobre estos hechos, lanzó la denuncia contra Niembro y su socio Mesa, por el delito de corrupción, al haberse beneficiado de contrataciones directas por 20 millones de pesos, entregados a la consultora La Usina, propiedad de ambos, por el gobierno del PRO entre 2012 y 2015.

Efectivamente, el comentador de Fox Sport, candidato a diputado nacional por el PRO en la provincia de Buenos Aires, recibió ese dinero por contratos sin licitaciones previas, para realizar tareas muy diversas: publicidad, encuestas, cursos de capacitación, y hasta tratamiento de efluentes. La “empresa” se habría constituido poco tiempo antes de ganarlos, no tuvo personal a cargo y, a la fecha, no se conocen los resultados de los trabajos encargados. Niembro y su socio habrían logrado la derivación de fondos del estado haciendo uso abusivo de la norma que permite las contrataciones directas para casos de emergencia, pero ninguna cumplía ese requisito.

El affaire Niembro es apenas la punta del iceberg de un gigantesco mecanismo de corrupción. Pocos días después de la renuncia de Niembro a su carrera como diputado, la Fiscalía N° 1 de Misiones recibió la denuncia contra el propio Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por peculado y falsificación de documento público, realizada por Canal 4 de esa provincia. Carlos Valenzuela, su responsable, se enteró por los diarios que su canal estaba indicado como beneficiario de un contrato por 5,3 millones de pesos desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nunca gestionó.

Vidal, también estaría siendo investigada por corrupción, ya que la empresa de su marido, Poliarquía, habría sido beneficiada con contratos, siendo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 73 establece claramente la incompatibilidad de los funcionarios públicos de realizar contratos con empresas de su propiedad.

Estas denuncias habrían hecho saltar algo silenciado hasta hoy por el gobierno nacional: la mayoría de las contrataciones de Ciudad se estarían haciendo sin licitaciones previas. Vale señalar que gran parte de las empresas que se benefician de este tipo de contratos no proveen el servicio, no tienen empleados a su cargo sino que, a su turno, subcontratan otras empresas, con menos contactos políticos, cuyo personal suele ser el eslabón más débil de la cadena de precarización laboral. Es el caso de las empresas que reciben los contratos para arreglos de escuelas, hospitales, construcción de edificios públicos, arreglos de calles. La empresa contratada por el estado es una mera intermediaria que se queda con una tajada suculenta, por el único servicio de ser la gestora de los acuerdos políticos con el gobierno.

Sin embargo, hubo denuncias por contrataciones directas mucho más onerosas que no tuvieron el protagonismo del FPV como el caso Niembro. En 2014, algunos legisladores de oposición denunciaron la compra sin licitación de 86 vagones CAF 6000 usados, del metro de Madrid para la línea B, con sobreprecio, y que requirieron el costo adicional de cambio de las instalaciones eléctricas, vías y andenes porque no coincidían con las instalaciones existentes. En total se gastaron 108 millones de dólares, un precio que hubiera permitido comprarlos nuevos.

Sin el menor pudor, Macri y su equipo, dicen que la caída de Niembro “lo eleva”, porque es capaz de renunciar, un gesto que el Frente para la Victoria nunca tuvo frente a las denuncias contra su gente. Afirman que no van a responder más sobre el tema porque todo fue “legal”. ¡Caraduras! Niembro debería estar preso y ser obligado a devolver lo que robó al pueblo de la ciudad. Y Macri, Vidal y sus ministros deberán explicar ante la justicia su complicidad, por ser los que le dieron de comer al chancho de Niembro. ¿Quién autorizó las contrataciones directas; no realizó las inspecciones de los supuestos servicios o aceptó los pliegos de precios?

Esto demuestra que el PRO y el gobierno nacional se parecen cada vez más en hacer negocios capitalistas con corrupción.