Ana María Martínez, militante del PST (Partido Socialista de los Trabajadores), fue secuestrada el 4 de febrero de 1982 por un grupo de tareas, en un Falcon verde, frente a su domicilio de Villa de Mayo cuando volvía de hacer unas compras. Su cuerpo asesinado fue encontrado el 11 febrero de ese año en un zanjón en Punta Querandí, un descampado que separa a los partidos de Tigre y Escobar.

Pasaron 33 años de impunidad, y fruto del trabajo y la movilización de la Comisión encabezada por Carmen Metrovich, cuñada de Ana María, y la irrenunciable lucha de quienes buscamos juicio y castigo para todos los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983), tres represores del Ejército fueron llamados a declaración indagatoria y luego procesados por delitos de lesa humanidad.

El juzgado federal n° 2 de San Martín a cargo de la jueza Alicia Vence y con una destacada labor del esquipo de la fiscalía encabezado por Miguel Blanco García Ordaz -quien tiene la denominada megacausa Campo de Mayo que incluye las causas Ford, Mercedez Benz, El Campito, Contraofensiva Mon- tonera, entre otras-, procesó a Raúl Guillermo Pascual Muñoz (teniente coronel, Jefe del Departamento Personal en Campo de Mayo), imputado en otros 47 casos de lesa humanidad; Jorge Norberto Apa (General de Brigada, condenado y detenido con prisión domiciliaria por desapariciones y torturas en la causa “Contraofensiva montonera”, ex jefe de Inteligencia Terrorista Subversiva del Departamento Interior de la Jefatura de inteligencia del Estado Mayor del Ejército de la zona 4 con asiento en Campo de Mayo) y Héctor Ríos Ereñu, ex Jefe del Departamento de Operaciones (G3) del Estado Mayor de Comandos de Institutos Militares. Todos ellos imputados por privación ilegítima de la libertad, amenazas y homicidio agravado por alevosía.

“Si bien no se pudo determinar hacia dónde fue trasladada la víctima luego de haber sido privada de su libertad, lo cierto es que el hecho ocurrió dentro de la Zona de Defensa IV y las personas que formaron parte del operativo respondieron a las órdenes emanadas del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo [...] resultaría impensado que todo ese raid delictivo se hubiera llevado a cabo sin las órdenes de los Jefes del Área, Departamentos de Personal y Operaciones y Destacamento de Inteligencia 201”, dice el auto de procesamiento.

También se está avanzando lentamente con la complicidad y connivencia de la “pata policial”, tratando de avanzar sobre la función que cumplió la Policía Bonaerense y quienes integraron la patota que secuestró y asesinó a Ana María. Del expediente judicial se desprende la labor de inteligencia e infiltración que se llevó adelante desde la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) en el seno del PST y su coordinación con el Ejército (ver nota).

La causa Ana María está llegando al final de su instrucción y el próximo paso es elevarla a juicio oral. El kichnerismo, una vez más, deja al desnudo su doble discurso, parando el nombramiento de nue- vos jueces en el Consejo de la Magistratura -donde tienen mayoría- y así imposibilitando conformar los Tribunales Orales Federales que son los encargados de llevar adelante los juicios y dictar sentencia sobre los acusados.

Es por ello que los juicios de lesa humanidad hace tiempo están parados o con muy pocas novedades. El avance de la causa Ana María, el procesamiento de los militares y el aporte de nuevas pruebas, a pesar del “olvido” del gobierno de los Derechos Humanos, es posible gracias a la tarea que venimos haciendo desde la comisión, donde Izquierda Socialista participa activamente, aportando testimonios y otras pruebas, exigiéndole a la jueza medidas concretas y encontrándonos en un estado de movilización permanente.

Inteligencia sobre el PST

De la causa Ana María Martínez se desprende el accionar de los servicios de inteligencia de la policía bonaerense, organizados en lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA).

La DIPBA efectuó un trabajo de infiltración en el grupo de militantes donde lo hacía Ana María, a finales de 1981 (ver foto), cuando el PST actuaba activamente en el conflicto bancario que se daba en esa época a través de la agrupación Lista 3 Verde “Agrupando Bancarios”. Fue en el ex Banco de Londres en San Martín donde un agente de la DIPBA, Juan Pedro Peters, alias “Juan”, se hizo pasar por trabajador bancario.

Peters fue ganando poco a poco la confianza de los compañeros del PST que se acercaban a los bancos de la zona a llevar su solidaridad y materiales del partido, a pesar del riesgo que significaba militar desde la clandestinidad.

En la causa se probó que “el 7 de abril de 1981 tuvo su primer contacto con Rosalía (apodo de Ana María) y el 3 de mayo de ese año, viajó en tren con ella hasta la estación Vicealmirante Montes donde los esperaban otras dos personas, entre ellas “Pedro” y a partir de un furgón facilitado por el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, se obtuvo una foto de la víctima, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre la DIPBA Delegación San Martín y el Destacamento indicado, dirigido por el Teniente Coronel Jorge Norberto Apa”.

Los servicios elaboraban en una “Mesa de trabajo” las características de la organización, las de los compañeros y de nuestra política frente a los conflictos gremiales. Realizaron un dossier personal de los militantes, cuadros, contactos o cualquier persona que se relacionara de manera directa o indirecta con el PST, sugiriendo a la “superioridad” los pasos a seguir. Armaban pruebas falsas para justificar la represión, como el robo de armas u otros delitos. Actuaban en cooperación y de manera muy organizada con el Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército a las órdenes del teniente coronel Apa, quien le proveía la logística necesaria para realizar las tareas de seguimiento, filmación y escuchas.

Esta inteligencia ocurrió hace décadas bajo la dictadura. Pero en “democracia” también lo siguen haciendo. Prueba de ello es el Proyecto X, donde se persigue a luchadores sociales, realizando espionaje interno y armando miles de causas judiciales. Con personajes como el burócrata de la UOCRA, mimado de Cristina Kirchner, Gerardo Martínez, quien fuera agente del Batallón 601.

Por eso es imperioso seguir luchando por la apertura de todos los archivos de inteligencia; por la disolución de estos organismos y por el desmantelamiento de todo el aparato represivo que viene de hace años.

M. F.

Recordando a Ana María

Llegó a Buenos Aires proveniente de Mar del Plata, donde la dictadura, ya lanzada a una feroz represión, obligó a nuestra compañera a cambiar su lugar de militancia luego que una patota allanara su domicilio.

En Mar del Plata había sido operaria en un laboratorio y en la emblemática fábrica Havanna. Instalada en la zona norte de la provincia, fue obrera fabril, trabajando en la fábrica de tubos Sylvania y luego en la autopartista Dunit y DEA, su último trabajo.

Militante del PST y de una personalidad inquieta, Ana siempre llevaba la iniciativa en todas las tareas para desarrollar el partido y hacer llegar a los trabajadores nuestra política. Carmen Metrovich, referente de la Comisión y cuñada de Ana María, recuerda que “Ana era una abnegada militante. Por sobre todas las cosas pensaba primero en la familia y sus compañeros. Siempre despojada de lo material se brindaba a los suyos, pasándose días sin dormir para cumplir con las obligaciones políticas de un cuadro. Los chicos del comedor de San Fernando, donde ella colaboraba, esperaban siempre a Ana María que, cuando cobraba su quincena, se acercaba al barrio a llevarles golosinas y alimentos. Estoy orgullosa de lo que fue y representa Ana María para todos nosotros”.

En la propia causa judicial consta: “Resulta importante recordar que Ana María militaba activamente desde hacía ya muchos años en el Partido Socialista de los Trabajadores -PST- [...]” y luego de mencionar su persecución, agrega “sin embargo y a pesar de ello, nunca dejó de militar dentro de ese mismo partido. Claro está que Ana María Martínez estaba siendo perseguida a raíz de su actividad política dentro del Partido Socialista de los Trabajadores. Y no sólo ella, sino también su pareja, José Santiago Metrovich”.

Ana María estaba embarazada y tenía 31 años cuando fue asesinada. Compañera Ana María Martínez: ¡Presente, ahora y siempre!

M.F.