Macri en una señal más de su carácter reaccionario y antiobrero, sumó puntos ante los empresarios y el imperialismo vetando la ley. En un trámite exprés no esperó ni 24 horas desde la aprobación de la misma. Esto es lo primero que tenemos que repudiar. Una acción más de un gobierno que cada día se gana más bronca de millones de trabajadores. 

Pero en realidad se trató de una larga comedia que duró casi un mes, donde lo que menos se buscaba era solucionar el drama de los despidos. Recapitulemos. Ante el crecimiento de la presión por la ola de suspensiones y despidos, la burocracia sindical encabezada por Moyano, Calo, Barrionuevo y Yasky, en vez de ponerse a la cabeza para enfrentarla, unificar las luchas y plantear el paro general, “le pidió” al Congreso que diseñara una ley para la ocasión. Así nació la mal llamada “ley antidespidos”, que nunca se planteó prohibir ningún despido sino apenas que las patronales debían pagar doble indemnización. El proyecto original de diputados (con una retroactividad al primero de marzo y una duración hasta fines de 2017) fue rápidamente recortado en el Senado, quedando limitado a apenas 180 días y sin retroactividad. Los diputados de extracción sindical que habían presentado con bombos y platillos el proyecto original, rápidamente se acomodaron y pasaron a defender la versión más reducida del Senado, reelaborada por el Frente para la Victoria.

A partir de ese momento el Frente Renovador de Sergio Massa, a través de sus diputados “empresarios” como José de Mendiguren, trataron constantemente de embarrar más la cancha planteando que la ley no incluyera a las Pymes. El gobierno se jugaba a la vez a que no saliera nada, haciendo de vocero oficial de los empresarios que ni siquiera querían que se estableciera la “limitación” del pago de la doble indemnización.

Así se llegó a la sesión definitoria en Diputados. Allí la defensa del proyecto fue encabezada por Recalde, jefe de la bancada K. Cada uno de los partidos patronales jugó su papel tratando que el otro pagara el costo político, sin importarle en absoluto la realidad de los trabajadores. Macri ya resignado al no poder impedir que “saliera algo” había adelantado que iba a vetar la ley. Por eso Cambiemos decidió abstenerse en la votación, para que esta fuera aprobada. Así aceleraba el proceso y al día siguiente podía vetarla.

El peronismo en todas sus vertientes -kirchneristas y renovadores esencialmente a través de Facundo Moyano- posaron de “grandes defensores” de los trabajadores (con una ley que, como vimos, ni siquiera prohibía los despidos). Sabían que al día siguiente la ley desaparecería, pero ni siquiera lo denunciaron.

Las CGT de Moyano y Caló, que se la habían pasado todo el mes cacareando y que hasta habían convocado al acto el 29 de abril para apoyar la ley, ya habían arreglado con Macri que, una vez vetada, no lanzarían ninguna medida, muchísimo menos un paro general.

La ley una vez vetada “volvió” al Congreso que puede ratificarla con los dos tercios de los votos. Pero el kirchnerismo, que tiene esos dos tercios en el Senado, dice que no lo hará ya que primero “tiene que pedírselo la CGT”. Mientras la burocracia se mantiene en silencio. Una verdadera vergüenza.

En esta trágica comedia de enredos el único que pierde es el trabajador. Quedó demostrado que nada tenemos para ganar con estos enjuagues parlamentarios. Sólo podemos confiar en nuestra fuerza y en la lucha. Con ese proyecto de ley el kirchnerismo y la burocracia sindical quieren posar de “luchadores” contra los despidos. Cosa que es falsa. Porque la ley “prohíbe” despidos solo por 6 meses. Ni habla de reincorporar a los 150 mil que ya se dieron. Tampoco impedirá los despidos futuros. No tiene nada de progresiva. Fue sólo una maniobra para “oponerse” a Macri. El propio Recalde tuvo que reconocer que ellos rechazaron un proyecto similar cuando era presidente Cristina Kirchner.

Por eso, una vez más, reafirmamos desde Izquierda Socialista que la única salida es la que plantea el programa del Frente de Izquierda: prohibición real de despidos y suspensiones; que toda empresa que viole esta disposición sea expropiada y puesta a funcionar bajo gestión de sus trabajadores; el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; la reincorporación de los 150 mil despedidos a la fecha y la puesta en marcha de un gran plan de obras públicas que, financiado con el no pago de la deuda externa, genere efectivamente trabajo genuino para todos los actualmente desocupados.