Decenas de miles nos hicimos escuchar en todo el país. Otra vez hubo grupos de vecinos que se convocaron en esquinas o plazas. Más allá de que en algunas localidades fue más grande y en otras más chica que la primera convocatoria, algo es indiscutible: por segunda vez la bronca popular se expresó masivamente.

Mientras tanto, el tarifazo del gas sigue suspendido. El gobierno aspiraba a que la Cámara Federal de La Plata, al mismo tiempo que elevaba el caso a la Corte Suprema, autorizara el aumento del 400% en el gas. Pero esto no sucedió. El tema efectivamente pasó a la Corte, pero por ahora a las empresas no les fue permitido emitir las boletas con los aumentos. Y también apareció un fallo judicial que suspende la suba de las tarifas eléctricas. Un nuevo revés para el gobierno. Y hay muchos rumores de que sucedería lo mismo próximamente con las boletas del agua.

Por supuesto que no confiamos ni un segundo en las resoluciones de los jueces. Y mucho menos en lo que pueda resolver la Corte Suprema. Tenemos experiencia de sobra de que esta es una justicia para ricos, siempre dispuesta a sacarle las papas del fuego al gobierno y a los empresarios. Si ahora aparecieron estos fallos fue producto de la movilización y la bronca crecientes. También, por supuesto, de las internas e intereses propios del reacomodamiento de distintos jueces.

El gobierno de Macri va buscando crear las condiciones para que la Corte falle a su favor. Por eso construyó un perfil dialoguista e hizo como que aceptaba la crítica de los aumentos abusivos cuando anunció un techo de aumento para el gas de un 400% (como si ese valor en sí mismo ya no fuera astronómico). Ahora juega a aceptar otra crítica, y está dispuesto a realizar “audiencias públicas no oficiales” para tratar el aumento.

El nombre de estas audiencias ya muestra que es una vulgar jugarreta: aceptar reuniones formales donde supuestamente las empresas y el gobierno explicarían la necesidad del aumento, mientras que algunas organizaciones podrían expresar sus objeciones. Terminada esta reunión, que por supuesto es no vinculante, o sea que no se vota ni decide nada, se habilitaría el tarifazo. Como se ve, toda una maniobra para que la Corte Suprema tenga la excusa para decir que “se cumplieron con todos los pasos legales”. Mientras, se sigue subsidiando millonariamente a las empresas privatizadas al mejor estilo kirchnerista.

No tenemos que dejarnos confundir con en estos vericuetos legales. El camino es otro: seguir movilizados para que se eliminen todos los tarifazos, retrotrayendo las boletas a los valores de diciembre pasado. Tenemos que continuar con las asambleas, autoconvocatorias y cacelorazos. Y unir este reclamo a los de la clase trabajadora por la reapertura de paritarias y contra la criminalización de la protesta, como se expresó en la marcha del sindicalismo combativo de este martes.

Al mismo tiempo, tenemos que continuar planteando la salida de fondo. Porque las empresas privatizadas han lanzado una ofensiva diciendo que, sin tarifazo, no pueden cumplir con el servicio. En varias zonas de Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano ya hubo reiterados cortes de luz. Estas empresas ya han demostrado de sobra que no sirven. Se embolsaron por años subsidios millonarios y nunca cumplieron ni con la calidad de los servicios requeridos ni con las inversiones a las que se comprometieron. Sumémosle que ni siquiera le garantizan a sus propios trabajadores los estándares de seguridad (ver nota en esta misma página). Hay que rescindirles las concesiones y proceder a reestatizarlas, poniéndolas a funcionar bajo control y administración de sus propios trabajadores y usuarios. Así se podrá garantizar tarifas accesibles para los millones que las necesiten, realizar inversiones y brindar servicios de calidad.