A medida que avanzaba la lectura de la sentencia la cara de los genocidas (algunos llorando o cerca del desmayo) avizoraba un triunfo del pueblo sobre el terrorismo de estado. Quienes otrora fueran los que decidían sobre la vida y la muerte, sentados en la primera fila y en muchos casos en tono desafiante, con miradas de odio, provocaciones y amenazas al tribunal y a los presentes, fueron otra vez condenados, la mayoría de ellos a la máxima pena. Un enorme triunfo popular.

El fallo fue muy importante por varios aspectos. Se trató de una sentencia para los hechos ocurridos en el centro de exterminio más grande del interior del país, y el segundo en importancia después del de Campo de Mayo. Un circuito de represión conformado con otros centros de detención conocidos como La Ribera, el Departamento de Información de la policía de Córdoba (D2), la cárcel UP-1 y numerosas comisarías y destacamentos. Funcionó desde 1975 (durante la presidencia de Isabel Perón) hasta su desmantelamiento en 1979.

Se investigaron 14.320 hechos, hubo 706 víctimas (365 asesinados o desaparecidos, 340 sobrevivientes un niño apropiado), pasaron 3.000 personas por esos centros clandestinos y la causa tardó casi 4 años. Entre los 581 testigos hubo compañeros del PST (Partido Socialista de los Trabajadores), como Laura Marrone (ver nota), Mónica Leunda, que testificó sobre el genocida Barreiro, y otros.

Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y máximo responsable de La Perla, sumó su doceava condena a cadena perpetua, acusado en 331 casos de homicidio calificado, convirtiéndose además en el genocida con mayor cantidad de condenas de este tipo. Ernesto “Nabo” Barreiro, ex carapintada y jefe de torturadores, por primera vez recibió reclusión perpetua, con 264 casos de homicidio calificado, igual que Mirta Cuca Antón, ex policía, la primera mujer en recibir la máxima pena. El ex policía Carlos Yanicelli -ex jefe del departamento de inteligencia D2- fue otro de los que recibieron la máxima pena. Hubo otras condenas menores y algunas absoluciones.

Es un fallo inédito, porque la justicia reconoce por primera vez que la represión ilegal y los delitos de lesa humanidad (que no prescriben) comenzaron antes de 1976, durante la presidencia de Isabel Perón (ver en esta página). Lo mismo para los delitos sexuales, considerados de lesa humanidad (las mujeres sufrieron especialmente los horrores de la represión, con violaciones, abusos sexuales y una metodología de tormentos como parte del plan sistemático represivo) y el robo de bebés en la provincia, bajo la figura de desaparición forzada de menores, para el caso del nieto de Sonia Torres, titular de Abuelas Córdoba, del que se probó que es varón y nació el 14 de junio de 1976.

Entre los testigos que hicieron sus valientes aportes estuvo el ex dirigente de Luz y Fuerza Agustín di Toffino, quien declaró: “La Perla se llevó a los obreros que hicieron el Cordobazo” (Página 12, 25/8). Entre las víctimas se encontraban trabajadores y dirigentes del Smata, lecheros, del caucho, docentes, del Sitrac-Sitram, entre otros, dejando en claro que la dictadura en Córdoba vino por lo mejor de la clase obrera, sus luchadores, para cerrar un proceso que se había abierto con el Cordobazo.

En el fallo también se llama a revisar el régimen de las prisiones domiciliarias otorgadas a algunos de los actuales condenados, como Menéndez y otros casi 20 genocidas, en contrapartida a la preocupante cantidad de genocidas que últimamente vienen siendo alcanzados con ese beneficio.

Un triunfo de la lucha y la movilización popular

Izquierda Socialista estuvo otra vez presente y en primera fila junto a los miles que desde afuera de Tribunales escuchaban con atención las condenas. El legislador Ezequiel Peressini y Liliana Olivero acompañaron a los referentes de organizaciones de derechos humanos y a los miles de movilizados que recibieron el fallo como un triunfo. Quedan todavía muchos genocidas por condenar, igual que la complicidad civil, policial, empresaria y eclesiástica, una tarea que debemos continuar y reforzar con las nuevas generaciones de luchadores a partir de este fallo.

En el marco de una política proimpunidad del gobierno de Macri (que pone en duda la cantidad de desaparecidos, pregona la “reconciliación nacional”, habla de “guerra sucia” y la teoría de los dos demonios, sumado al aumento de prisiones domiciliarias a los genocidas), este fallo es un gran envión para seguir movilizados, reconfirmando una vez más que no perdonamos ni olvidamos, exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, y que se termine con el privilegio de las prisiones domiciliarias.

Como a los nazis les va a pasar, adónde vayan los iremos a buscar. ¡30.000 compañeros detenidos-desaparecidos y asesinados! ¡Presentes!

Proyecto para ir a la marcha

Para impulsar la convocatoria del 25 frente a los tribunales, nuestro legislador Ezequiel Peressini presentó en la legislatura de Córdoba un proyecto de resolución para decretar asueto administrativo. El oficialismo (PJ) se negó, pero se le arrancó una declaración permitiendo que los que quisieran participar lo puedan hacer sin que se les compute falta en su lugar de trabajo. Así fue.