El histórico fallo de la semana pasada en Córdoba por la causa La Perla puso en evidencia una vez más la cantidad de genocidas que fácilmente acceden al beneficio de la prisión domiciliaria. El fallo llamó a una revisión -no anulación- sobre las prisiones domiciliarias de 20 condenados a reclusión perpetua.

En diciembre de 2015 se lo vio a Luciano Benjamín Menéndez -que suma doce condenas a perpetua- atendiéndose en un hospital de Córdoba, violando su prisión domiciliaria.

“La impunidad siempre es impunidad, aunque se invoque, para lograrla, el derecho humanitario” (Página/12, 30/8). Es uno de los argumentos que esgrimió el juez Rozanski para oponerse al otorgamiento para Etchecolatz -de 87 años- en una de las 5 condenas a perpetua. “La edad avanzada no es una excusa para no detenerlos. Están condenados por los delitos graves que cometieron y cumplir la prisión perpetua en su casa, viendo televisión cómodamente o recibiendo visitas sin limitaciones ni restricción alguna, violenta la obligación de investigar y prevenir la violación de DDHH con seriedad” (Página/12, 30/8). Los abogados del ex policía Etchecolatz -acusado por ser responsable de la Noche de los Lápices y por la desaparición de Julio López- vienen pidiendo hace tiempo que el torturador pueda acceder a este beneficio, utilizando artimañas como simular una huelga de hambre o fraguar los certificados médicos en complicidad con el Servicio Penitenciario Federal. El pedido de domiciliaria para Etchecolatz encarna y representa a todo un sector reaccionario que viene pidiendo la reconciliación nacional, escudándose en “normas humanitarias” para los genocidas mayores de 70 años. Humanidad que los represores no tuvieron con sus víctimas secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas, o con el robo de bebés. Hay un claro guiño del gobierno de Macri a favor de este beneficio. El titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj, llegó a decirle a los familiares de Julio López que “deben entender que si el principal investigado por su desaparición sale de la cárcel, la pena continúa y sólo cambia el ámbito de su reclusión” (Página/12, 24/8).

Desde 2006 a la 2015 (gestión kirchnerista) 412 condenados fueron alcanzados con el beneficio de la domiciliaria. En lo que va del gobierno de Macri se sumaron 50 más, lo que arroja que sólo uno de cada cuatro represores juzgados está en prisión. Luego de años de movilización y de lograr la nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida, el otorgamiento del beneficio de las domiciliarias -amparadas en cuestiones “humanitarias” y de salud- responde a un intento más de garantizar impunidad. La prisión domiciliaria para los genocidas es una libertad encubierta de la que sólo gozan quienes llevaron adelante los más aborrecibles crímenes contra el pueblo.

Como afirma la incansable luchadora Nora Cortiñas: “Los delitos que cometieron no son plausibles de cárcel domiciliaria, no están sujetos ni al olvido ni al perdón” (Página/12, 31/8).

Debemos seguir organizados y movilizados, denunciando cualquier intento de beneficiar o ablandar las medidas de detención de los genocidas. El único lugar posible para los represores son las cárceles comunes y con prisión efectiva.

Nuevo juicio contra Bignone

El 20 de septiembre comienza un nuevo juicio contra Bignone por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de 3 conscriptos del Colegio Militar de la Nación. Santiago Rivero, ex jefe de Campo de Mayo, también es uno de los acusados y junto con Bignone están condenados en otras causas, y gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. La llamada causa “Colegio Militar” integra junto con otras la megacausa Campo de Mayo, por donde pasaron 5000 detenidos. Desde Izquierda Socialista en la Comisión Ana María Martínez estaremos acompañando a los familiares de las víctimas durante el juicio, exigiendo castigo con cárcel común y efectiva para todos los genocidas.