Continúa la pugna entre el pueblo trabajador que enfrenta al ajuste y el gobierno de Macri, que intenta transferir la mayor cantidad de recursos posible a las grandes empresas. Gracias a las importantes movilizaciones y un repudio popular generalizado, el gobierno ha ido retrocediendo desde que el 31 de marzo aplicó un terrible aumento del 1.000% al gas de consumo doméstico. En julio se limitó a un 400% el aumento, y luego la Corte Suprema de Justicia falló el 18 de agosto anulando el tarifazo y ordenando la realización de una audiencia pública antes subir tarifas.

El gobierno ha anunciado que el aumento promedio sería del 200% a partir del 1o de octubre, pero no revelará en la audiencia la estructura de costos de la producción gasífera, el llamado gas en boca de pozo, pese a que el fallo de la corte lo ordena. Ello forma parte de sus esfuerzos por ocultar las ganancias de las empresas de hidrocarburos (el propio ministro Aranguren tiene 16 millones de dólares en acciones de Shell) y sostener un modelo que lleva 24 años drenando recursos públicos hacia ellas mediante los subsidios estatales y la fijación arbitraria del precio del gas.

Sigue la estafa

Según el ministro del Interior Rogelio Frigerio, la propuesta ha sido “consensuada y robustecida”. Pero el consenso se limita al gobierno, las empresas beneficiarias y los gobernadores de las provincias, todos partícipes de la aplicación del ajuste. El plan consiste en eliminar los subsidios al consumidor y aumentar los beneficios para las empresas privadas.

En gas a boca de pozo pasaría de pagarse a US$1,29 por millón de BTU (unidad de medición) a US$3,42, y en 2019 subiría a US$6,78. En el mismo período los subsidios estatales se eliminarían gradualmente para hacer recaer totalmente en los consumidores el sostenimiento de las ganancias de las empresas. El gobierno aboga por los intereses empresariales, argumentando que al aumentar sus beneficios crecerán también las inversiones en el sector. Pero esto es totalmente falso: las empresas no invierten pese a obtener grandes ganancias. La petrolera Pan American Energy, de la que es accionista la familia Bulgheroni, gracias a la decisión del gobierno macrista de aumentar el precio del gas a boca de pozo vio crecer en más de 100% sus ganancias en el primer semestre de 2016, llegando a US$693,56 millones. Durante ese período su inversión en exploración fue nula.

Las empresas también aplican esquemas de contabilidad fraudulentos para ocultar sus ganancias, simulando una condición precaria para no invertir y evadir impuestos, todo ello con la complicidad de los gobiernos de las últimas dos décadas. Por ejemplo, las transportistas de gas encubrieron sus dividendos como “honorarios de asistencia técnica” pagados a sus propias empresas accionistas. Bajo esta fórmula, entre 1998 y 2015 Transportadora de Gas del Norte (TGN) transfirió a sus accionistas US$ 63,2 millones y Transportadora de Gas del Sur (TGS) US$ 225,1 millones. Es el mismo esquema aplicado por TBA durante su gestión del tren Sarmiento (Página/12, 11/09/16).

Volvamos a Gas del Estado

Contra la intención del gobierno de Macri de legitimar en una audiencia tramposa un tarifazo de más del 200%, los trabajadores, los sectores populares y el Frente de Izquierda nos movilizaremos el 16 de septiembre. Las tarifas deben volver a los niveles del 10 de diciembre, y para romper con el modelo impuesto en 1992 debemos volver a una empresa estatal de transporte y distribución del gas, como lo fue Gas del Estado entre 1946 y 1992. Durante esos años se realizaron las principales inversiones en la red de distribución y se mantuvieron precios bajos para los consumidores.

Los 24 años de privatización han resultado un fracaso total en esos aspectos. Solo han servido para enriquecer a un puñado de empresarios y burócratas corruptos en perjuicio del interés público. Una empresa estatal, bajo el control democrático de los trabajadores y usuarios, invertiría sus dividendos en el mantenimiento y ampliación de la red de distribución, en vez de exportar ganancias mediante fraudes de contabilidad. Se harían públicos los costos de producción a boca de pozo y en todas las ramas de la actividad gasífera, demostrándose una vez más el gigantesco fraude en el que han incurrido las concesionarias durante todos estos años. Sería un paso importante hacia un manejo de los hidrocarburos con el criterio de que sirvan al beneficio colectivo y no a la ganancia de los capitalistas, complementado con una YPF 100% estatal para una nacionalización de la distribución, transporte y explotación petrolífera y gasífera.

Marcos Peña ¿Tarifazo con “consenso social”?

Escribe Atilio Salusso

El Jefe de Gabinete dijo en el Mini Davos: “Somos optimistas de que hay consenso social y político en la necesidad de ir cambiando ese sistema tarifario”, en referencia a la nueva propuesta para el gas diseñada tras el fallo de la Corte. Y agregó: “Las reuniones que tuvimos la semana pasada con gobernadores, sindicatos, em- presas y la sociedad civil hablan de un camino más gradual pero necesario”.

De esta forma el vocero presidencial justifica el nuevo robo al bolsillo popular con el aumento del 200% en el gas, en el que habría un supuesto “consenso social” dado por los gobernadores (que aplican el ajuste macrista), la burocracia sindical y las mis- mas empresas beneficiadas con el tarifazo.

¡Bajo ningún punto de vista hay consenso entre los trabajadores y el pueblo al aumentazo de las tarifas! ¡Al contrario! Fue la bronca y el repudio popular a fuerza de cacerolazos lo que obligó a la Corte a frenar momentáneamente los aumentos en el gas. Y si se va a aplicar una suba del 200% es porque los dirigentes de la CGT no llaman a enfrentar al tarifazo, hasta derrotarlo, con una lucha nacional.

No hay ningún consenso para el tarifazo, como no lo hay para avalar despidos, ajustes y salarios a la baja. Por eso nos vamos a movilizar este viernes 16 a la audiencia pública para reclamar que se anule el tarifazo y que se termine con el robo de las privatizaciones. Para exigir la reestatización Metrogás y demás empresas del sector, y que se vuelva a contar con una empresa como lo fue Gas del Estado, bajo control de sus trabajadores y usuarios, y así tener prestaciones eficientes y tarifas accesibles al servicio de millones de familias que lo necesitan, no de las ganancias patronales.