El Cordobazo, en mayo de 1969, y los distintos “azos” que se dieron en varias ciudades del país habían marcado el inicio de una nueva etapa en la lucha de clases, signada por el ascenso del movimiento obrero y estudiantil. Desde 1971, el entonces dictador Alejandro Lanusse, el radical Ricardo Balbín y el propio Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, fueron poniendo en marcha una apertura electoral para cerrar el ascenso.

En octubre de 1973, Perón asumió su tercer período presidencial, pero falleció en julio de 1974 sin detener el ascenso. Su esposa, Isabel, asumió la presidencia en medio del accionar de las bandas fascistas de la Triple A y de las organizaciones guerrilleras. Los conflictos obreros no cesaban a pesar de la complicidad de la burocracia peronista con el gobierno. En junio de 1975 sucede el “Rodrigazo”, la gran movilización y huelga que evidenció la incapacidad de Isabel para derrotar a la clase obrera. Pero la traición de la burocracia sindical impidió que se pudiera enfrentar la política del gobierno y evitar el golpe militar. Las acciones de la guerrilla exacerbaban la represión y creaban confusión entre las masas con su “guerra de bolsillo”. La ausencia de una dirección revolucionaria reconocida por las masas impidió desarrollar la lucha para frenar el golpe.

El 24 de marzo de 1976 finalmente se produjo el alzamiento militar que derrocó a Isabel. Su objetivo fue derrotar el ascenso obrero y popular e imponer un plan económico de ajuste y proimperialista. En esa tarea, Videla y los militares no estuvieron solos. Sectores importantes del empresariado venían promoviendo la salida golpista desde 1975 y fueron sus principales beneficiarios. Martínez de Hoz, Pérez Companc, Rocca o Franco Macri son algunos de los nombres de aquellos grandes patrones que fueron cómplices o protagonistas directos de la dictadura, así como las multinacionales Ford, Mercedes Benz y tantas otras. Por su parte, Balbín acusó a las huelgas obreras de “guerrilla industrial” y días antes del golpe en una reunión con Videla dijo: “¿Van a dar el golpe? Hagan lo que tengan que hacer” 1. El empresario peronista Jorge Antonio decía a la revista Siete Días: “Si las fuerzas armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean” 2. El PJ, la UCR y el PS aportaron funcionarios de todo rango a la dictadura, mientras el PC afirmaba que Videla era el representante del “sector democrático” de las Fuerzas Armadas.

La caída de la dictadura y la lucha por justicia

A pesar de la feroz represión, los 30 mil detenidos-desaparecidos y los exiliados, ya en 1976 empezaron a aparecer las primeras manifestaciones de resistencia. Surgen algunas luchas obreras y las madres de los desaparecidos, dando la vuelta a la Plaza de Mayo. Al iniciarse la década de los ochenta comenzó a sonar el “se va a acabar, la dictadura militar”. En 1982, luego de la traición a la lucha por la recuperación de las Malvinas, la movilización popular se desarrolló aún más.

La debilidad del general Bignone, sucesor de Galtieri, señalaba el final de la dictadura. Tras la caída de la dictadura y con la conquista de libertades democráticas, comenzó a desarrollarse la lucha contra la impunidad y la exigencia del juicio y castigo a todos los militares genocidas y sus cómplices. También, la búsqueda y recuperación de los bebés robados a sus madres en los centros clandestinos de detención. La lucha popular logró en estos años el juicio a las juntas militares, terminar con las leyes de impunidad, enjuiciar a los genocidas por la apropiación de bebés y la realización de nuevos juicios a militares por cometer “delitos de lesa humanidad”. Lamentablemente, los gobiernos radicales y peronistas buscaron siempre salvar a los militares. Alfonsín, primero, impuso las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Menem, los indultos a los genocidas. El kirchnerismo produjo la cooptación y división de organismos de derechos humanos, los juicios a cuentagotas y, utilizando el doble discurso, colocó como jefe del Estado Mayor Conjunto al genocida César Milani.

Macri quiere más impunidad

Después de su asunción, Macri decidió profundizar la política de impunidad. Sus funcionarios salieron a cuestionar la cantidad de desaparecidos. Darío Lopérfido, por entonces ministro de Cultura porteño, dijo “no hubo 30 mil desaparecidos” 3. El ex carapintada y director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, dijo “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras” 4. Lo que buscan es ocultar que no existe un registro oficial con el número de las víctimas del terrorismo de estado, una consecuencia de la política de impunidad, siendo que la mayoría de los archivos de la dictadura no han sido desclasificados. 5 También, desde el gobierno se reflotó la “teoría de los dos demonios” y ahora el debate por la “memoria completa”, asumiendo la posición de los genocidas de que existió “una guerra” en los setenta. Este planteo, lamentablemente, también es defendido por ex guerrilleros. Una posición que oculta que existió un plan sistemático de secuestro y asesinato por parte del estado, que no golpeó sólo a las organizaciones armadas, sino también al sindicalismo de base, la izquierda y todo opositor consecuente a la dictadura. El intento fallido de mover el feriado del 24 de marzo fue un nuevo manotazo de Macri para evitar las multitudinarias movilizaciones en todo el país contra la impunidad. Por eso, este 24 de marzo tenemos que volver a ser cientos de miles en las plazas de todo el país para seguir exigiendo juicio y castigo a los militares y sus socios civiles.

1. Alegato de J. R. Videla en juicio en Córdoba por el fusilamiento de 29 presos políticos. Fuente: Infobae. 21/12/2010
2. Revista Siete Días. 20/03/1976
3. Ver en Página/12. 27/01/2016
4. Ver en La Nación. 29/01/2017.
5. El número de 30 mil surge de una estimación a partir de la existencia de más de 600 centros clandestinos de detención, el número de hábeas corpus presentados, la cantidad de militares afectados a la represión e informes de la embajada norteamericana, aliada a la dictadura.

El PST ante el golpe

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, llegó a ser el partido trotskista más grande del mundo en su época. Fundado en 1972, había logrado una importante inserción en el movimiento obrero. En las elecciones de septiembre de 1973, que ganó Perón con 7 millones de votos, el PST presentó la fórmula Juan Carlos Coral-José Páez, logrando más de 200 mil votos. En marzo de 1975, volcó todo su esfuerzo en el apoyo a la lucha de los metalúrgicos de Villa Constitución. En junio, sus dirigentes obreros cumplieron un importante rol en la coordinación de las fábricas de zona norte del Gran Buenos Aires y en la movilización que desencadenó el “Rodrigazo”. El gobierno de Isabel y sus bandas fascistas se ensañaron con el PST. Desde mayo de 1974 hasta el golpe, sufrió el asesinato de 16 compañeros y atentados a sus locales. En el acto tras el asesinato de nuestro tres compañeros en Pacheco, Nahuel Moreno, dirigente del PST, llamó a “la unidad para formar brigadas y piquetes antifascistas obreros y populares” 1 Un llamado que sólo fue respondido por el Bloque de Base de Rodolfo Ortega Peña. En 1976, la lucha de la clase obrera acorralaba a Isabel y al plan de ajuste de su ministro de Economía, Emilio Mondelli. El PST estaba en primera fila impulsando la coordinación y el plan de lucha para derrotarlos. 2 Al mismo tiempo, denunciaba el peligro golpista ante la impotencia de Isabel para derrotar a los trabajadores y las acciones aisladas de la guerrilla que servían de justificación a los golpistas. Tras el golpe, la dictadura ilegalizó al PST, sin embargo, continuó su actividad en las condiciones extremas de la clandestinidad, la tortura y la prisión; y en el exterior junto a partidos trotskistas hermanos.

1. “Avanzada Socialista” Nº 106. Junio de 1974
2. “Avanzada Socialista” Nº 181. 15 de marzo de 1976