Resulta que en 2006 se aprobó una “ley de emergencia”, la 26.160, con el fin de relevar y demarcar las tierras indígenas y suspender los desalojos. Pero a 11 años de su promulgación solo hay un 48% de relevamiento (menos de la mitad) y a pesar de su prohibición se han producido varios desalojos y desplazamientos forzosos. Esto es lo que ocurre actualmente con el denominado “Francés”, un extranjero llamado Huberto Bourlon de Rouvre que con armas de fuego y con la complicidad política y judicial, se arroga como supuesto propietario de la finca Tres Pozos, Salta, resistida por la comunidad de Pueblos Originarios de Embarcación.

A la reunión concurrieron autoridades del Poder Ejecutivo y del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), quienes brindaron evasivas ante el reclamo fundado y desesperado de los representantes de las comunidades presentes.

Nuestro diputado Juan Carlos Giordano, que integra la comisión, llevó la solidaridad de Izquierda Socialista al acampe y a su lucha. La misma de los Qom durante el kirchnerismo, el pueblo mapuche contra Benetton, y ahora las comunidades salteñas. Denunció que “la ley de 2006 después de 11 años ni siquiera terminó con el relevamiento de tierras ni impidió los desalojos”. Señaló que es una pelea difícil porque “es contra todos los gobiernos, el nacional y los provinciales (Urtubey de Salta, Morales de Jujuy, el MPN de Neuquén, etcétera), cómplices de los terratenientes, petroleras, mineras, oligarcas del campo y latifundistas, y empresarios del agro negocio”.

Ahora las comunidades reclaman por una nueva ley para que se les otorguen los títulos de las tierras (denominada de propiedad comunitaria indígena).

Corresponsal