Mientras sesionaban a espaldas del pueblo trabajador, algunos sindicatos se concentraban en la puerta de la Legislatura para repudiar la política reaccionaria y represiva del gobierno.

Fueron el gobernador Schiaretti y el Ministro de Seguridad Massei, que luego de reunirse con Macri, presentaron un proyecto de ley buscando liquidar la histórica conquista del movimiento obrero: el derecho de huelga, obligando por ley provincial a que los servicios de transporte, salud, entre otros, deban prestar “garantías mínimas” a fin de “asegurar su continuidad y regularidad” (como dice el proyecto finalmente aprobado). Un fraude con todas las letras, que denuncié en medio de la escandalosa sesión por su carácter antiobrero, reaccionario y antidemocrático con la que el gobierno busca impedir las luchas que los trabajadores libran contra el plan de ajuste de Schiaretti en Córdoba y de Macri en todo el país.

Fueron 57 legisladores oficialistas los que aprobaron esta impresentable ley. Un capítulo aparte es el rol de los legisladores sindicales como Jose Pihen, secretario general de la CGT Córdoba, e Hilda Bustos, de Gráficos, que no estuvieron presentes en la sesión y se limitaron a presentar un rechazo al proyecto por escrito sin denunciarlo públicamente.

Esto se da en el marco de la histórica huelga de los trabajadores del transporte urbano, quienes defendieron con su lucha el robo salarial, transformándose en un conflicto testigo para el conjunto de los trabajadores. Lo que hoy hacen con los choferes de UTA lo quieren hacer con todos los gremios: salarios de pobreza, mas flexibilización, y modificar los convenios de trabajo como hicieron en Renault, donde los nuevos trabajadores cobran 10% menos.

Desde nuestra banca denunciamos también que buscan judicializar y criminalizar las luchas obreras y populares. Con esta ley los paros o medidas de acción directa son tipificados como “faltas graves”, esto le servirá a las patronales como argumento para despedir con causa. Es un grave y preocupante avance sobre las conquistas de los trabajadores.

También se modificó el ya represivo Código de Convivencia para poder arrestar hasta por tres días a los que “interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos”. ¡Una vergüenza! Los responsables de destruir los servicios públicos quieren evitar que el pueblo trabajador y los usuarios se organicen para enfrentar el ajuste, declarándolos de carácter “esencial”. De esta manera la justicia, la policía y las fuerzas de seguridad podrán avanzar con más represión frente a la protesta de los trabajadores.

Como venimos insistiendo, hoy vienen por los choferes y mañana por todos los luchadores. Con esta ley pretenden garantizar el saqueo salarial y la precarización laboral. Los principales responsables de la crisis del transporte son Mestre, los empresarios, Macri y la UTA nacional del burócrata Fernández, quien firmó una paritaria miserable. A los que ahora se suma Schiaretti que por encargo del gobierno nacional cercena el derecho de huelga de los trabajadores.

Luego del encendido rechazo y denuncia de la ley antiobrera, nos retiramos del recinto para acompañar la movilización y el acto en donde, junto a trabajadores de UTA, Luz y Fuerza, Municipales, Surrbac (recolectores de residuos) y otros, llamamos a frenar esta embestida exigiendo a las CGTs y a las CTAs que convoque a un paro provincial y a un plan de lucha para derrotar esta ley.

Abrazamos con nuestra solidaridad a los choferes y operadoras de trolebuses, que seguirán luchando al igual que el resto de los trabajadores.