Esto es parte del encubrimiento por parte del gobierno de Macri y Bullrich, cuyo objetivo es proteger a los gendarmes responsables de la desaparición forzada de Santiago. Necesitan asegurarse de que esa fuerza pueda seguir actuando en defensa de los intereses de las grandes patronales contra los reclamos populares, en este caso para desalojar a los mapuches de las tierras apropiadas por Benetton.
Por eso el gobierno y el juez dejaron pasar semanas antes de investigar las camionetas y Unimog usadas por Gendarmería en el operativo donde desapareció Santiago, permitiendo que se destruyeran y ocultaran pruebas. En dos meses el gobierno y el juez Otranto difundieron una cantidad de versiones falsas como las de que Santiago se encontraba en Entre Ríos o en Chile. Luego el juez organizó un inmenso operativo promoviendo la idea de que se había ahogado en el río Chubut. Y los medios de difusión que apoyan a Macri se encargaron de difundir todas las campañas difamatorias que acusaban a los mapuches del crimen.
Al día de hoy el presidente Macri insiste en sembrar sospechas sobre los mapuches mientras calla sobre los operativos policiales y parapoliciales a sus comunidades. Gobierno, jueces y legisladores de la oposición patronal están todos en la misma trinchera en defensa de los intereses de los terratenientes extranjeros y las multinacionales mineras, hidroeléctricas y petroleras que vienen robando las tierras ancestrales de las comunidades originarias para saquear sus riquezas.
Sin embargo, la presión de la movilización popular no deja de provocar grietas en el manto de encubrimiento ideado por el gobierno, el juez Otranto y los medios de comunicación.
Si bien la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue teniendo el respaldo total del presidente Macri, y aun cuando parte de la estrategia del gobierno apunta a usar a algún gendarme como chivo expiatorio para salvar a la cúpula de la institución y a sus funcionarios, la recusación de Otranto fue resultado incuestionable de la movilización popular. Su reemplazante, el ex juez federal de Rawson Gustavo Lleral, tampoco nos merece ninguna confianza. “Es un juez serio”, manifestó uno de los principales asesores de Macri, mientras el mismísimo ministro de Justicia Germán Garavano advertía que “la Justicia no está preparada, lamentablemente, para investigar este tipo de hechos”.
Desde Izquierda Socialista seguimos sosteniendo, junto con la familia de Santiago y las organizaciones nucleadas en el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que Macri y Bullrich encubren el accionar criminal de la Gendarmería que, con la orden judicial del juez Otranto, arremetió contra la comunidad Pu Lof el 1° de agosto, y que allí se produjo la desaparición forzada de Santiago.
Estamos convencidos de que solo la movilización popular nos permitirá llegar a la verdad. Como ocurrió con la anulación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y el 2X1 en favor de los genocidas.
Y junto con ello insistimos en que ni el gobierno ni la Justicia van a garantizar una investigación de los hechos y el castigo a los culpables. Por eso es imprescindible la constitución de una comisión investigadora integrada por los familiares de Santiago y los organismos de derechos humanos.
Seguimos impulsando esta amplia campaña unitaria y democrática, nacional e internacional, de cara a una nueva y masiva movilización convocada por la familia de Santiago para el domingo 1° de octubre, al cumplirse dos meses de su desaparición forzada y uniéndola a la pelea del pueblo mapuche por sus tierras: ¡Aparición con vida de Santiago Maldonado! ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos! ¡El gobierno es responsable! ¡Que se vaya Bullrich! Por una comisión investigadora independiente. Fuera Benetton y todas las multinacionales saqueadoras. Tierra para las comunidades mapuches y libertad a Facundo Jones Huala.