Esta reforma pretende avanzar sobre un modelo de “formación para la producción” convirtiendo a nuestros alumnos en mano de obra flexible, a expensas de la inestabilidad del empleo, generando nuevos ejércitos de subocupados y desocupados.

Para avanzar con cierto consenso social, este gobierno, al igual que los anteriores, se ha ocupado de denunciar el estado de crisis de la educación pública en nuestro país sin hacer mención siquiera al constante desfinanciamiento del sistema educativo que los mismos gobiernos realizaron con el aval de los partidos opositores patronales. Precisamente el Plan Maestro basa su diagnóstico en los resultados obtenidos en 2016 con el operativo Aprender, es decir, con la toma de evaluaciones masivas a nuestros alumnos de nivel primario y secundario.

Estas evaluaciones son rechazadas por amplios sectores de la educación por tener tremendas limitaciones que hacen que de ningún modo sirvan de reflejo real del estado de los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros pibes. Son instrumentos externos a nuestras escuelas, realizados por tecnócratas financiados por los organismos internacionales, por lo tanto no toman en cuenta los recorridos de cada comunidad y de los estudiantes. La primera conclusión que impulsan desde el gobierno es que el estado de crisis de la escuela pública es la responsabilidad absoluta de los docentes, sentencia que permitiría avanzar en la precarización de sus condiciones laborales y salariales. También estos datos servirán para realizar una base de datos que abra las puertas a la confección de un ranking de escuelas, generando la profundización de la fragmentación educativa, entre otros efectos.

La docencia combativa, en unidad con miles de familias, el año pasado llevó adelante un boicot que tuvo muy buena repercusión en distritos como Santa Cruz, Neuquén, las seccionales bonaerenses dirigidas por la Multicolor, y en CABA, donde a instancias de Ademys y las asambleas de distritos se logró un alto ausentismo estudiantil el día de la evaluación -alrededor del 60% en las escuelas primarias-, y el gobierno enfrentó un rotundo fracaso.

Este año se agregó el operativo Enseñar que se tomó este martes a los estudiantes del último año del profesorado, buscando preparar el cierre de la mayoría de los institutos de formación de educación superior del país. El rechazo en la CABA fue contundente, no llegando a una decena los estudiantes que realizaron la evaluación. En el Gran Buenos Aires hubo un importante rechazo también.

Este fracaso del gobierno nos deja en mejores condiciones para enfrentar la jornada del operativo Aprender en la que debemos hacer un gran esfuerzo para que también fracase esta evaluación al servicio del ajuste educativo. Necesitamos que las familias de los trabajadores y de los sectores populares tomen esta tarea para frenar el avance de la reforma sobre la escuela pública.

Ante la pasividad y el silencio de la burocracia sindical de la Ctera, es urgente -y en ese sentido hemos realizado un llamado desde Ademys- la unidad de todos los sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes combativos y antiburocráticos para coordinar acciones a nivel nacional, así como también exigir a la Ctera y demás centrales docentes la convocatoria a un paro nacional contra la evaluación externa para el día 7 de noviembre, fecha en que se llevará adelante el operativo Aprender 2017.