En 1994, Menem y Cavallo comenzaron el proceso de privatización, desregulación y desmantelamiento del sector energético. La CNEA fue dividida en varias empresas para facilitar la privatización de áreas “rentables”. Así surgieron NASA: centrales de potencia Embalse, Atucha I y II; Conuar: Combustibles Nucleares (hoy mixta con capitales de Pérez Companc); Dioxitec: fabricación de polvo de uranio para combustibles nucleares; FAE: aleaciones especiales y ENSI: agua pesada y otras.
Ahora, Macri y Aranguren firmaron el Decreto 882 para continuar con las privatizaciones y despojar el 51% del paquete accionario de Dioxitec a la CNEA y ofrecerlo al capital privado. Este avance privatista es acompañado por 65 contratos finalizados en NASA, el cese de actividades en minería de uranio, conflicto salariales y denuncia de vaciamiento en la Autoridad Regulatoria Nuclear encargada de la de la seguridad radiológica y nuclear; y lo completan con el recorte presupuestario para la CNEA, pasando de 4.881 a 3.102 millones de pesos en 2018. No figura el Proyecto RA10 (reactor producción de radioisótopos e investigación) en marcha, medicina nuclear está recortada en 70%, y hasta el valor nominal de salarios es menor que en 2017.
A pesar de que las autoridades tratan de llevar tranquilidad al personal, los más de 300 becarios, 437 monotributistas y 1.085 contratados precarizados, que hace años esperan entrar a planta permanente, experimentan una situación angustiante. Asambleas en diferentes Centros Atómicos han decidido participar en jornadas de protesta y coordinar con otros organismos del estado como INTI, INTA y las universidades nacionales, también drásticamente afectadas por el ajuste del gobierno de Cambiemos.