Escribe Papel Secundario CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se aproxima al comienzo del ciclo lectivo dejando bien en claro su horizonte en términos de política educativa: por un lado, uno de los presupuestos porcentuales más bajos en décadas y el ataque a los institutos terciarios y, por otro, un protocolo para criminalizar las tomas de colegios por parte de los estudiantes secundarios.

La normativa impulsada por la ministra Acuña pretende que las familias de los estudiantes se hagan presentes en caso de toma, para retirar a los chicos y/o para hacerse responsables económicos por posibles “desmanes” en los colegios. En declaraciones, la ministra fue clara en que su objetivo es combatir el derecho a la protesta y ponderar las “acciones coercitivas”. El gobierno intenta con esto responder al golpe que recibió por parte del movimiento estudiantil secundario que con la toma de decenas de colegios logró instalar el debate sobre la “secundaria del futuro”, y la política del gobierno de avanzar hacia una pauperización general del sistema educativo. Así como también continuar con la legitimación de una política represiva que incluye el ingreso de policías armados a los establecimientos educativos.

Resulta delirante que el gobierno que subejecuta el presupuesto de infraestructura escolar dejando decenas de establecimientos en situaciones criticas, incrementando el faltante de vacantes, quiera instalar que lo que hay que discutir es quién se hace cargo de los “daños” en los edificios por parte de las tomas. Son justamente las tomas de colegios las que, en casos como el del Plumerillo (Escuela Técnica Nº33), consiguen las respuestas edilicias que el gobierno retacea año a año.

Lo que el sistema educativo de la ciudad necesita no es un protocolo contra la protesta estudiantil, sino un plan de lucha unificado de estudiantes y docentes que frene la Secundaria del Futuro, exija un aumento presupuestario de emergencia inmediato y obligue al gobierno a escuchar los reclamos de la comunidad educativa.