Escribe Malena Zetnik
Empezó el debate en la Cámara de Diputados con diferentes proyectos. El de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es el único que expresa el reclamo de la mayoría de las mujeres. Hay que seguir en las calles para que se apruebe.
En una histórica jornada, este 20 de marzo sesionó por primera vez un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para dar inicio al debate sobre la legalización del aborto. Durante dos meses se realizarán audiencias públicas en donde se expresarán las diferentes posiciones en torno del tema que se trataría en junio en la Cámara baja.
El principal proyecto presentado es el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con 71 firmas de diputados de diferentes bloques, desde el Frente de Izquierda (el único que lo apoya unánimemente) pasando por PRO, el kirchnerismo y los distintos sectores del PJ. Propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que se garantice su realización de manera gratuita en todo el sistema de salud, desde los hospitales públicos hasta las empresas de medicina prepaga.
Sin embargo, a pesar de ser éste el proyecto con más firmas y con el contundente apoyo de centenares de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país el pasado 8 de marzo, existen otros proyectos presentados para “embarrar la cancha” y tratar de cercenar nuestro reclamo.
Los diputados Wisky y Lipovetzky, junto con otros siete diputados de PRO y la UCR proponen una modificación del artículo 86 del Código Penal para incluir entre las causales de aborto no punible a la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación y a las malformaciones fetales graves. De esta manera, solo se despenalizaría el aborto, pero no se legalizaría, es decir, el Estado no regularía la práctica y las mujeres deberían pagar, manteniéndose las mismas desigualdades para las mujeres pobres. A su vez, los mismos diputados presentaron otro proyecto complementario sobre el procedimiento para la interrupción legal del embarazo. Allí proponen una serie de pasos por los que debería pasar una mujer que decide abortar, como la creación de un equipo interdisciplinario que debería intervenir de manera obligatoria y le ofrecería a la mujer propuestas como la adopción u otras modalidades de apoyo económico para que continúe el embarazo, lo que sin dudas constituye una forma de violencia cuando la mujer ya ha tomado la decisión. En este mismo sentido se redactó el proyecto de Marcelo Wechsler, de PRO, presentado junto con otros dos legisladores. Además, se plantea la existencia de la objeción de consciencia individual, dando lugar al reclamo de la Iglesia para que los médicos puedan exceptuarse de intervenir en un aborto.
A la vez se presentaron dos proyectos que abogan directamente por la prohibición del aborto: uno cuenta con veintiuna firmas de PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el PJ y Córdoba Federal y el segundo solo con dos firmas de diputadas de Unidad Justicialista de San Luis.
Ambos plantean la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la embarazada y de los niños por nacer, lo que incluiría una asignación universal por hijo por nacer (cuestión que ya se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández) y otras medidas de protección a las mujeres embarazadas como el transporte público gratuito y apoyo telefónico 24 horas. Ante los casos de violaciones, el planteo de ambos proyectos es la adopción o el acompañamiento de comités de bioética para convencer a las mujeres de que crien al posible bebé. Es decir, incluso se plantea un retroceso respecto de los derechos actuales de las mujeres que, desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal plantea como abortos no punibles al caso de violación o peligro de vida o la salud de la mujer.
Frente a todos estos proyectos, es importante tener claro que el único que garantiza terminar con la muerte de mujeres jóvenes y pobres y que les permite decidir sobre sus propias vidas es el proyecto de la campaña nacional. Proponer solo la despenalización del aborto no alcanza. Y utilizar la protección de los derechos de las personas que quieren ser madres o dar en adopción a sus hijos para contraponerlo al derecho al aborto es una burda maniobra de los mismos sectores religiosos que son financiados por el gobierno y que defienden a los curas abusadores.
No tenemos que depositar ninguna confianza en las maniobras parlamentarias que buscarán “consensuar” los distintos proyectos. Ni en Macri, que junto con la mayoría de sus ministros sigue diciendo que está en contra; ni en Cristina, que durante todo su mandato no habilitó el debate y sigue sin pronunciarse. El único camino es la movilización. Por eso, hoy más que nunca tenemos que seguir en las calles hasta lograr la legalización del aborto. Ni una muerta, ni una presa más por abortar. Vivas y libres nos queremos.
