La llamada “informalidad laboral”, que traducido significa tener trabajadores en negro sin pagarles jubilación ni obra social, muchas veces sin vacaciones, con salarios por debajo de los que cobran quienes están en blanco, creció de 33,6% a 34,2 por ciento. Estamos hablando de uno de cada tres trabajadores, sumando un total de casi 4,7 millones. Hay zonas del país donde los números son terroríficos: el trabajo en negro es de 40,7% en San Luis, 42,7% en Salta y Tucumán y 44,8% en Río Cuarto.

El crecimiento del trabajo en negro desmiente las afirmaciones del gobierno sobre que “se estaría generando empleo”. Lo concreto es que los puestos en blanco que se perdieron, fundamentalmente en la industria, fueron reemplazados por changas o trabajos directamente en negro. En concreto, más ventajas y facilidades para que las patronales aumenten la superexplotación.

El gobierno de Macri, que al igual que su antecesor kirchnerista hace la vista gorda, teniendo empleados en esas condiciones hasta en el mismísimo Ministerio de Trabajo, propone como solución el llamado “blanqueo”. En concreto, que las patronales no tengan que pagar nada por todos los aportes no realizados, ni sean multadas de modo alguno. Por el contrario, serían premiadas con rebajas en los aportes patronales a abonar en el futuro. La solución es exactamente la inversa: hay que exigir que todos los trabajadores en negro sean blanqueados inmediatamente, reconociéndoles la antigüedad y con el salario de convenio respectivo y que las patronales paguen lo que adeudan en concepto de cargas sociales.