Escribe Claudio Funes

La red de corrupción de Odebrecht tiene alcance continental. Incluye al PT y a Lula en Brasil, a Ollanta Humala y Kuczynski en Perú, a Maduro en Venezuela y tanto a Cristina como a Macri en la Argentina. Con distinto ropaje, todos los gobiernos patronales avalan los negociados corruptos capitalistas.

 En 2007 Calcaterra, el primo del presidente, “compró” la constructora Iecsa a la familia Macri. La firma es parte del grupo Obras, Desarrollos y Servicios (ODS) junto con otras empresas. La italiana Ghella S.P.A. participa de su paquete accionario.

El 23 de enero de 2008 el gobierno de Cristina Fernández adjudicó a Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En la actualidad, tras el escándalo Odebrecht, Ghella es la dueña mayoritaria de las obras.

Ahora el juez federal Martínez De Giorgi resolvió citar a declaración indagatoria a más de cuarenta empresarios, intermediarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de pagar y recibir sobornos para adjudicar la mencionada obra. Un gigantesco túnel de corrupción.

Entre los 49 imputados se destacan Angelo Calcaterra; Javier Sánchez Caballero, gerente de Iecsa; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex secretario de Obras Públicas José “Bolso” López y el intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez.

Según mails obtenidos por la policía de Brasil de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, director de Odebrecht, en junio de 2010 mantuvo reuniones con Sánchez Caballero, de Iecsa, para negociar coimas que “excederían los 20 millones de dólares”. “Entre 2007 y 2014 Odebrecht ordenó que se realizaran pagos en concepto de sobornos por más de 35 millones de dólares a intermediarios, sabiendo que dichos desembolsos tenían como destino final a funcionarios públicos argentinos”, agregó el juez De Giorgi.

Luis Antonio Mameri, máximo ejecutivo de Odebrecht para América Latina, declaró que hubo dos etapas en los sobornos por el soterramiento. En la primera, entre abril de 2008 y agosto de 2013, el interlocutor para el pago de las coimas fue el gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y eran destinadas a gente ligada al Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido. Las coimas recibidas por los funcionarios argentinos son sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que Odebrecht pagó en otros once países para obtener obras. Es tan grande la red de corrupción que salpica a diestra y siniestra a figuras políticas del continente. En Brasil, Lula está preso, y golpeados Michel Temer y Dilma Rousseff. El presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar; el ex presidente Alejandro Toledo, también de Perú, está acusado y prófugo, mientras que Ollanta Humala y su esposa estuvieron detenidos hasta hace pocos días. La lista continúa.

Como se puede apreciar los casos de corrupción no son aislados, ni son un vuelto. La obra pública y la corrupción conforman uno de los principales mecanismos por medio del cual los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, obtienen sus superganancias en América latina. En estos días se conoció la noticia de que Techint, la empresa de la familia Rocca, montó una red offshore para la gestión de fondos negros y pago de sobornos.

Los gobiernos de turno, sean “progresistas”, “socialistas del siglo XXI”, “nacionales y populares” o de CEOs, junto a la Justicia y otras instituciones, son los garantes de la subsistencia de esta trama corrupta de negociados capitalistas. Con la obra pública no buscan resolver, por ejemplo, el déficit de viviendas, la mejora de la salud pública con la construcción de hospitales, ni evitar inundaciones con obras de infraestructura. Sólo aspiran al retorno y a beneficiar a las grandes patronales amigas. Así funciona el capitalismo, de la mano con la corrupción.

Tal como lo planteó Juan Carlos Giordano cuando presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado, que debe ser estatizado y utilizado para resolver las más urgentes necesidades populares.