El pacto Macri-FMI ratificó lo que venimos anunciando en las últimas semanas: se trata de un superajuste que llegará hasta 2021, con especial incidencia el año próximo donde se recortarán 250.000 millones de pesos.
Tendrá una muy fuerte incidencia en la obra pública, que prácticamente se detendrá, con la consecuencia de decenas de miles de trabajadores de la construcción que quedarán sumidos en la desocupación, además de miles de kilómetros sin asfaltar, rutas y calles sin arreglar, o escuelas y hospitales sin la más mínima refacción.
Otro aspecto importante del ajuste es que caerá principalmente sobre las provincias, ya que el gobierno nacional achicará al mínimo la transferencia de partidas y otras directamente las eliminará. Un ejemplo de esto último será la desaparición del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que es hasta ahora la única partida del gobierno nacional que financia algo del salario docente.
También el programa del FMI exigirá el achicamiento de estructuras en todos los organismos del Estado. Esto implica el despido de 7.000 personas que trabajan actualmente bajo distintas formas de precarización, a lo que se sumará la reducción, cierre o “fusión” de entes estatales.
Están en la mira los trabajadores de la Biblioteca Nacional y de varias de las universidades del conurbano. Además de los despidos, también se intentará que todos los trabajadores del Estado reciban salarios sustancialmente a la baja.
El ajuste también va contra los jubilados, tanto los actuales como los futuros. Plantea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (el dinero que ingresó al sistema a partir de la estatización de las AFJP y que es el sustento de reserva de las jubilaciones futuras) debe comenzar a ser utilizado para financiar las jubilaciones corrientes, con lo que en el corto plazo se agotará y llevará a la quiebra del sistema. También se debe terminar con los llamados “regímenes especiales”, como el de los docentes, para equipararlos con las jubilaciones de miseria actuales, sin tener en cuenta que hayan aportado de más durante toda su vida.
Finalmente, el plan del FMI también exige continuar con los tarifazos, desmintiendo rotundamente todos los planteos que desde el gobierno afirmaban que “ya se había terminado con el ajuste de tarifas”. Al contrario, continuarán este año y los siguientes.
Este auténtico “plan de guerra” contra los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de garantizar a los acreedores el cobro de los vencimientos de la deuda externa, será monitoreado estrictamente por el FMI, mediante auditorías trimestrales para verificar su complimiento.
G.P.
