Escribe Nicolás Núñez, candidato a legislador porteño
A pocos días de cumplirse otro año desde la persecución seguida de desaparición y muerte de Santiago Maldonado, Patricia Bullrich vuelve a desafiar nuestra capacidad de indignación. La resolución 598/19 publicada en el boletín oficial vino con otro premio a la Gendarmería, la fuerza involucrada aquel 1 de agosto de 2017. Ahora el gobierno pretende que ejerza una actividad de formación a jóvenes de entre 16 y 20 años, a través de la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores.
Una de las fuerzas más involucradas en la represión, el espionaje, el ocultamiento de pruebas, y actividades delictivas de variada índole, ahora se postula para dar lecciones sobre “valores democráticos y republicanos”. Valdría la pregunta sobre qué valores democráticos puede esparcir esta fuerza, y este gobierno. ¿Qué valores democráticos puede enseñar un gobierno que niega los 30.000 compañeros detenido-desaparecidos por la última dictadura cívico militar? ¿Qué valores democráticos puede infundir una fuerza en la que se reciclaron muchos de los milicos genocidas de aquel proceso? Estamos hablando de una formación en la impunidad y en el amparo de la represión estatal y el gatillo fácil, la temática predilecta de la gestión Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad con su doctrina Chocobar.
Un gobierno que se ha destacado por la profundización de la destrucción de la escuela pública y el acceso al empleo, ahora dice que la salida para los jóvenes “Ni-Ni” (que ni estudian ni trabajan) es que sean capacitados por la gendarmería. Un proyecto reaccionario por donde se lo mire, que tiene como horizonte el bolsonarismo brasilero, y la legitimación de las fuerzas represivas del estado como tutoras de la juventud.
Debe ser resaltado que este proceso de legitimación de las fuerzas represivas del estado ante la sociedad no es un invento macrista. Fueron los gobiernos kirchneristas los que impulsaron la “inserción” militar en la vida cotidiana de los barrios, desde el patrullaje hasta distintas funciones “humanitarias”, pasando por las cotidianas represiones a trabajadores en lucha con Sergio Berni y el espionaje a luchadores populares del “Proyecto X”. Y ni hablar de que pusieron a un genocida a cargo del ejército, César Milani. Hoy basta con ver la campaña de Kicillof en La Matanza, donde es un eje de sus spots el pedir que la gendarmería vuelva a los barrios. Por nuestra parte seguiremos diciendo: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con las fuerzas represivas del estado.
Rechazamos esta iniciativa de principio a fin. La regimentación de la vida social con una cada vez mayor presencia y protagonismo de las fuerzas represivas se ubica, en la otra cara de la moneda de las políticas que el FMI tiene pautadas con Macri y los Fernández para los próximos años en la Argentina. La “renegociación” con el FMI, que implicará pérdida de derechos a gran escala para el pueblo trabajador, la van a querer hacer pasar con más represión, y por eso para ellos es estratégico tratar de “limpiar la imagen” de las fuerzas represivas del estado.
La salida para la juventud no viene de la mano de los gendarmes, sino de dejar de pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta y brindar presupuesto para garantizar el acceso y la permanencia en la educación pública, por un plan de obras públicas a escala nacional que garantice el acceso al primer empleo como propone el Frente de Izquierda-Unidad.
