Desde la izquierda siempre sostuvimos que la deuda es una estafa y un mecanismo de sometimiento para el país y el pueblo trabajador. Esa deuda viene de la dictadura y ya se pagó varias veces con tremendos ajustes. Por eso hay que desconocerla y no pagar. A lo largo de estos años se ha instalado una polémica alrededor de si hay que investigarla (o hacer una auditoría) para determinar qué parte es “ilegítima” y pagar la legítima, la cual se reedita en estos días.

Escribe Atilio Salusso

En enero surgió el llamamiento “Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda”. El mismo está encabezado por Pérez Esquivel y las firmas de diversas organizaciones (ver al final de la nota). Luego de decir que el gobierno ha entablado “negociaciones poco transparentes y sin adecuada información pública” en relación a la deuda (lavándole la cara a Alberto Fernández cuyo objetivo es pagar tanto la deuda contraída por Macri como la anterior que viene de la dictadura), señala: “creemos que antes de continuar con los pagos es necesario iniciar una auditoría integral y participativa […] investigar la legitimidad y legalidad de la deuda que se propone pagar y mientras no se haya completado esa investigación o auditoría integral hay que suspender todo pago”. Es decir, supedita la suspensión de los pagos a una auditoría o investigación. Pero si el mismo gobierno reconoce que la deuda de Macri se usó para la timba financiera, el planteo de investigación se vuelve funcional al Frente de Todos, desviando la lucha por el no pago.

Esta postura que criticamos es la que históricamente levantó la centroizquierda argentina y mundial, la que vino proponiendo Pino Solanas (hoy designado embajador a la Unesco por Alberto Fernández) o Claudio Lozano (recientemente designado director del Banco Nación por el Frente de Todos, quien a su vez es firmante).

Hay que señalar que la deuda actual -a la que se suma la contraída por Macri- tiene la particularidad que viene de la dictadura, se impuso con el genocidio de los 30.000 desaparecidos y es una estafa escandalosa (no había ni registros contables de la misma cuando cayó la dictadura). De esa manera Argentina fue obligada a pagar desde 1976 miles de millones de dólares por una deuda que el pueblo no contrajo.
La deuda pasó de 45.000 millones de dólares en 1983 a los más de 400.000 millones de dólares actuales luego que se pagara varias veces a costa de severos planes de ajustes en todos los gobiernos. Desde Alfonsín, pasando por el peronismo menemista de los años ‘90, el gobierno radical De la Rúa y los doce años del kirchnerismo, donde a pesar de que se pagaron 200.000 millones de dólares terminó dejando una deuda similar.
Plantear que hay que investigar para determinar si hay una parte legítima implica que podría haber una parte “buena” que habría que pagar, lo cual llevaría a negar que toda la deuda es un mecanismo de sometimiento en beneficio de los bancos usureros, las multinacionales y el imperialismo.

Es equivocado insistir en que se debe investigar cuando, además de lo dicho, ya se investigó y se llegó a un fallo judicial histórico en el año 2000 por parte del juez Ballesteros declarando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. Hasta la propia Cristina Kirchner dice que la deuda es “ilegal”, para luego decir que hay que pagar. A esto hay que agregar que la rebelión del Argentinazo de 2001 impuso el no pago por varios años. Argentina está en un estado de necesidad que precisa esos fondos para dar trabajo, salario, salud y educación, no para seguir engordando a los usureros como acaba de hacer el ex ministro de Cristina y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires Kicillof.
Con todos estos antecedentes consideramos que es equivocado el llamamiento que pone el centro en la investigación (aunque la adornen diciendo que a la vez hay que suspender los pagos). Lamentablemente está respaldado por el MST-Nueva Izquierda integrante del Frente de Izquierda Unidad con las firmas de Bodart, Ripoll y Celeste Fierro. El MST a su vez dice: “proponemos una auditoria ciudadana que demuestre quiénes se han enriquecido con este mecanismo perverso”. ¿Pero acaso no sabemos que quienes se han enriquecido son los usureros, el FMI y el imperialismo?

Mientras el 29 de enero el MST participó del acto del FIT Unidad frente al Congreso en repudio a la ley que autoriza renegociar la deuda, horas antes era parte también de una conferencia de prensa convocada por dicho llamamiento con la línea de investigar.

Resumiendo, este llamamiento no parte de ser opositor al gobierno de Alberto Fernández (como sí lo fueron muchos otros que se dieron bajo gobiernos anteriores). Y quienes lo firman llaman a movilizar. Estamos de acuerdo en la más amplia unidad para ello y en impulsar un gran movimiento amplio en repudio a la deuda como hemos impulsado en otras oportunidades, partiendo de una férrea denuncia al actual gobierno y siguiendo con un claro pronunciamiento por el no pago y la ruptura con el FMI. Este es el camino a seguir de la mano de los pueblos latinoamericanos como Chile y Ecuador que vienen enfrentando los planes de ajuste del FMI y a sus gobiernos capitalistas.
 
(*) Firman el llamamiento, entre otros: Nora Cortiñas, Serpaj, Claudio Lozano (Unidad Popular-CABA), Carlos del Frade (Diputado Provincial Santa Fe), Eduardo Gruner (profesor UBA), Eduardo Lucita (EDI), Enrique Gandolfo (Sec. Gral. CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Gustavo Teres (Sec. Gral. Amsafe y CTA-Rosario-Santa Fe), Luis Zamora, María del Carmen Verdú (Correpi), Norberto Señor (Sec. Gremial ATE Sur), CTAA Capital, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Ataac y Opinión Socialista.